La conducción de Mario Delgado sobre Morena le ha costado al partido tres candidaturas en menos de una semana, sin contar la pérdida de cuadros que decidieron huir ante el desaseado proceso interno rumbo a las próximas elecciones. Además del caos administrativo, la opacidad del dirigente nacional ha sido un factor que juega contra el instituto político. Por citar un ejemplo: de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Morena vulneró desde el inicio “los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información, así como la garantía de debido proceso”.
La opacidad y el caos administrativo y político con el cual Mario Delgado Carrillo dirige a Morena rumbo a las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, le costaron en una semana la pérdida de dos candidatos a gobernador y uno a senador.
Por un lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco a las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán, respectivamente, tras concluir que ninguno de ellos presentó sus informes de gastos de precampaña en la contienda interna.
Por el otro, el ahora senador con licencia por San Luis Potosí, Primo Dothé Mata, renunció a ese partido y abandonó su escaño, argumentando que Delgado entregó cuatro candidaturas a diputaciones federales de ese partido y con amplias posibilidades de triunfo a “un sector de la mafia criminal, cuyos expedientes están contenidos y congelados por la Fiscalía General de la República e identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera”.
Formado en la lucha social con el extinto Salvador Nava, Dothé se refería a cuatro candidaturas que Morena le cedió a los partidos Verde y Del Trabajo, alianza estatal que postuló a Ricardo Gallardo Cardona como candidato a gobernador de San Luis Potosí; se trata de un político local que en 2015 fue imputado por el delito de delincuencia organizada.
Junto con su padre, Ricardo Gallardo Juárez, el actual abanderado de la alianza PT-Verde a la gubernatura potosina fue señalado en una investigación periodística por el presunto desvío de 700 millones de pesos, cuando padre e hijo ocuparon de manera consecutiva, entre 2012 y 2015, la presidencia municipal de Soledad de Graciano.
En su carta de renuncia, Primo Dothé también denunció que en San Luis Potosí, a diferencia de otros estados, no se respetó la insaculación de candidaturas y, por el contrario, la dirigencia de Delgado prefirió designar abanderados de ese partido a personas con perfiles de alta criminalidad, todas vinculadas con Ricardo Gallardo.
Omisiones
De acuerdo con los expedientes del caso, una de las razones por las cuales se cancelaron las candidaturas de Macedonio y Morón es que no presentaron sus informes de gastos de precampaña, como lo marca ley.
Sin embargo, en los antecedentes de la sentencia emitida el pasado 28 de abril en la sesión pública del TEPJF, hay constancias de que ambos aspirantes a gobernadores fueron víctimas de la dirigencia de Morena, partido que decidió no entregar los gastos de precampaña de ninguno de sus aspirantes, con el argumento de que el proceso interno se iba a definir por encuesta.
Incluso, en el caso de Guerrero, donde Salgado Macedonio se impuso a otros aspirantes, el TEPJF también les había cancelado el registro a tres de sus principales adversarios, el exdelegado del Bienestar Pablo Amílcar Sandoval; la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, y el exintegrante de Movimiento Ciudadano, Luis Walton; sanción que también les fue ratificada en la sesión pública del 28 de abril último.
Incluso, en el expediente del caso consta que Morena omitió inscribir a Salgado Macedonio y al resto de los aspirantes al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del Instituto Nacional Electoral (INE), irregularidad que la Comisión de Fiscalización del propio INE denunció desde el 10 de febrero de 2021 en uno de sus primeros dictámenes consolidados.
El Consejo General del INE validó el dictamen de la Comisión de Fiscalización, según consta en el acuerdo INE/CG118/2021, por lo que inició un primer procedimiento contra todos los precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero y lo notificó tanto a los afectados como a la dirigencia del partido que encabeza Delgado.
El representante legal de Morena respondió el 27 de febrero que en la convocatoria interna para el proceso interno de selección de la candidatura para la gubernatura de Guerrero “existía una contundente limitante para los aspirantes de procurar la generación de eventos o diversa publicidad que pudiera favorecer su posicionamiento como aspirantes”, por lo que la dirigencia “no efectuó registro en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos de los aspirantes en el periodo de precampaña”.
La primera defensa del defenestrado Salgado Macedonio fue negar “la realización de actos de precampaña” en carácter de precandidato de Morena, argumentando que el proceso interno “no contemplaba esa etapa”, pero en su última defensa argumentó que cualquier irregularidad era atribuible a la dirigencia de su partido, pues jamás le comunicó que debía rendir cuentas de sus gastos de precampaña.
Tras rechazar los argumentos del partido y de los precandidatos, el Consejo General del INE declaró fundado el inicio del procedimiento administrativo contra los aspirantes morenistas a la gubernatura de Guerrero y le impuso una reducción de 25% de la ministración mensual de su presupuesto, sanción equivalente a una reducción de 6 millones 573 mil pesos. Además, resolvió que era procedente la pérdida de su derecho a ser registrados como candidatos y candidatas de Félix Salgado Macedonio, Adela Román Ocampo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton.
De acuerdo con la resolución, que fue ratificada por los magistrados electorales, la omisión de reportar los gastos de precampaña recae tanto en los aspirantes como en la dirigencia de Morena, con independencia del tipo de procesos internos y sin importar que la dirigencia de Delgado haya decidido no registrar a los precandidatos en el INE para su correcta fiscalización.
También se desestimó el argumento de que Morena nunca realizó formalmente una etapa de precampañas, por lo que ningún aspirante adquirió el carácter formal y jurídico de precandidato.
Todos los argumentos de Morena se toparon con la falta de transparencia de un proceso interno que por esa misma razón había enfrentado impugnaciones de otros aspirantes que no fueron considerados para las encuestas.
Sin transparencia
Los enredos de Morena sobre la fiscalización de sus procesos internos comenzaron desde la emisión de la convocatoria y la metodología para elegir los perfiles de los aspirantes que iban a buscar alguna candidatura mediante el método de encuesta.
De acuerdo con la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-JDC 238/2021, Morena vulneró desde el inicio del proceso interno “los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información, así como la garantía de debido proceso”, en sus procedimientos internos para elegir candidatos a gobernadores, diputados federales y diputados locales, entre otros cargos.
Lo anterior, por las bases 2 y 6 de la convocatoria emitida por la dirigencia de Delgado, en las cuales se establecía que la Comisión Nacional de Elecciones calificaría los perfiles de todos los aspirantes y que sólo daría a conocer el resultado de las solicitudes que fueron aprobadas para participar en la encuesta.
Con el argumento de que los resultados de las encuestas internas que hace un partido político son información reservada, Morena restringió el acceso a la información de las encuestas y sus metodologías a quienes tuvieran un registro previamente aprobado.
Los magistrados electorales señalaron que todos los participantes en un proceso interno tienen derecho a conocer los procesos de selección de una candidatura, por lo que la reserva establecida en el artículo 31 de la Ley General de Partidos Políticos sobre deliberaciones internas, estrategias políticas y encuestas internas sólo es aplicable al exterior de un partido, pero no a los militantes que participaron en un proceso interno.
“Sin embargo, esa norma no puede ser aplicada ni interpretada de forma absoluta, aislada y restrictiva, sin tomar en consideración otros principios fundamentales, como los de legalidad, máxima publicidad y certeza que rigen en la materia electoral”, señala el fallo.
Por el contrario, la Sala Superior del TEPJF consideró que ante las impugnaciones de militantes de Morena porque fueron excluidos de la segunda etapa del proceso interno, por lo que no fueron incluidos en las encuestas de precandidatos, la Comisión Nacional de Honor y Justicia “debió armonizar el derecho a la autodeterminación de que gozan los partidos políticos” con el derecho de máxima publicidad que debe regir sus procesos internos.
Con ello, señala el fallo, se evitaría “una restricción injustificada que afecte derechos humanos y políticos de las personas”, debido a que está de por medio “la información que se genera durante las etapas del procedimiento (interno) y en el cual se debe garantizar el derecho a ser votado de la militancia”.
En consecuencia, los magistrados electorales hicieron una interpretación conforme a las bases cuestionadas de la convocatoria interna de Morena con lo señalado en la Constitución, concluyendo que Morena estaba obligada a proporcionar la información sobre sus registros a todas las personas que participaron en los procedimientos de selección interna.
De esta manera, la reserva sólo podría aplicarse a otros actores políticos fuera de la institución partidista.
Así, un partido político como Morena no debe imponer restricciones absolutas a los militantes que participaron en un proceso interno, “sobre todo porque tal información está directa e inmediatamente relacionada con el ejercicio del derecho a ser votado de la ciudadanía y la finalidad constitucional de los partidos políticos de hacer posible el acceso a los cargos públicos”.
La resolución agrega que obstaculizar ese derecho a la información, además de ser infundado conforme a los principios de máxima transparencia que deben regir dentro de un partido, puede impedir que un militante se oponga a las determinaciones de su dirigencia si no está conforme con el resultado del proceso interno.
“Lo anterior también es relevante en el sentido de que quienes participen en el proceso, eventualmente puedan oponerse a las determinaciones que emite la autoridad en el procedimiento, sobre todo cuando consideren que su derecho fue obstaculizado injustificadamente”, argumenta el TEPJF.
Los magistrados también concluyeron que los participantes en un proceso partidista de selección de candidaturas no pueden renunciar a “su derecho a cuestionar el proceso de selección interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información”.
Aunque el Tribunal resolvió no anular los procesos internos de Morena por dichas cláusulas, sí falló en el sentido de que ese partido estaba obligado a garantizar el derecho a la información de su militancia; así como a notificar de manera personal a todos los aspirantes a un cargo de elección popular que se inscribieron en sus procesos internos de selección.
La notificación, prosigue el fallo, debería ser entregada por escrito, y de manera debidamente fundada y motivada, a todos los aspirantes que así lo soliciten, con el fin de que conozcan los resultados del proceso interno.
Además, los magistrados electorales consideraron que Morena tendría que haber entregado a los precandidatos de ese partido “la metodología y los resultados de las encuestas que utilizó para definir sus candidaturas”.
La sentencia señala que “la entrega de esa información debería hacerse bajo una modalidad que considere el partido, a fin de salvaguardar lo relativo a sus estrategias políticas”.
Sin embargo, hasta la fecha, en la mayoría de los estados en los que Morena realizó encuestas para definir candidaturas, todavía se desconocen los resultados y metodologías de esas encuestas, causando el alejamiento o la renuncia de militantes de Morena. La salida más reciente es la del senador Primo Dothé, que fue aprobada por el pleno del Senado en su última sesión ordinaria.
Sobre esta baja y las acusaciones que hizo el legislador con licencia, Mario Delgado volvió a callar, pero anunció una nueva encuesta, sin aclarar perfiles ni metodologías, para elegir al sustituto de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero.
