Pleitos por la designación de candidatos, reclamos por los procesos de reelección, impugnaciones de nominaciones y fórmulas… Morena, cuya dirigencia descalifica a los órganos de justicia electoral, tiene una militancia que se acoge a las instituciones para controvertir acciones y decisiones de los órganos partidarios, poniendo en riesgo, incluso, varias candidaturas por aspectos tan elementales como no informar el proceso de selección o no notificar el resultado de dicho proceso a quienes se registraron para buscar un cargo de elección.
Al impugnar la sanción que le retiraba el registro, Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, confirmó que hubo un error en la rendición de informes de gastos por el periodo de precampaña y que éste fue de la dirigencia nacional de su partido. Él, dijo, había entregado un informe el 9 de enero último y el comité que encabeza Mario Delgado no lo presentó sino hasta marzo, cuando se habían agotado los plazos.
En ese contexto, Salgado, el michoacano Raúl Morón y 47 candidatos más se vieron afectados con la misma sanción, cuya causa apunta a la dirigencia de Mario Delgado; su equipo –según el propio Salgado Macedonio– era el único que tenía acceso al sistema de fiscalización.
El escrito del guerrerense confirmaba la existencia de actos y actividades de proselitismo en el periodo de precampañas, lo que por otra parte evidenció una falla en la estrategia de defensa del partido de la que tomó nota el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando el 27 de abril pasado resolvió la pérdida de registro para los dos candidatos porque de manera deliberada y dolosa negaron que hubo precampaña.
Más allá de las descalificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) y al TEPJF, proferidas tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por Mario Delgado –quienes respectivamente han anunciado la realización de una reforma electoral que implica el fin de ambas instituciones–, Morena se ha convertido en el partido con la militancia más litigiosa de México: acumula 88 procesos pendientes por resolver sólo en lo que va de 2021.
Una revisión realizada por Proceso a la lista de casos en instrucción del TEPJF refleja que, siendo un partido cuya dirigencia descalifica a los órganos de justicia electoral, tiene una militancia que se acoge a las instituciones para controvertir acciones y decisiones de los órganos partidarios.
De los 88 procesos en curso, 68 tienen como quejosos a sus propios militantes, 11 son por acciones oficiosas de los órganos electorales, tres son por quejas de sus aliados (PVEM y PT) y el resto por quejas de sus opositores.
Pelea intestina
Entre los 68 casos internos hay de todo: desde la demanda por desconocer a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) y, por lo tanto, todos los acuerdos que ha tomado, hasta una veintena de pleitos de cancelación de registro de candidatos a diputados plurinominales.
También hay asuntos por errores básicos, como el de incumplir con el derecho de audiencia o por no responder comunicaciones a quienes, habiéndose registrado como aspirantes a un cargo de elección popular, presuntamente cumpliendo protocolos, ni siquiera se les informó si fueron aceptados.
Hay numerosos casos por la simulación del cumplimiento de acciones afirmativas y otros vicios en los procesos de insaculación, e incluso existe una queja que llegó a la Sala Superior por no sacar del padrón a un ciudadano que renunció a su militancia.
Tanto en lo expuesto por Salgado Macedonio sobre el incumplimiento en los informes de fiscalización, como en los 88 asuntos en instrucción, la conducción del proceso y sus aspectos relativos al derecho electoral corresponden al senador Alejandro Peña Villa, quien funge como un jefe nacional de campaña, así como a Sergio Gutiérrez, representante del partido ante el INE.
Formado a la sombra de Gabriel García Hernández –el coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, a quien responden los superdelegados–, Peña Villa (quien llegó al Senado por ser suplente de García) también es responsable de formar la estructura territorial morenista.
La CNE es la instancia identificable en las inconformidades en 20 asuntos ante el TEPJF, que tienen que ver con la asignación de candidaturas; otra veintena de casos en instrucción la implican de manera indirecta.
El otro órgano partidario motivo de impugnaciones, que de lo interno llegaron a lo judicial electoral, es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), que sólo en lo que compete a inconformidades de este año acumula 32 procesos en trámite.
La CNHJ tiene como presidenta a Eloísa Vivanco y está integrada por Donají Alba, Zazil Carreras, Vladimir Ríos y Alejandro Viedma, quienes iniciaron su gestión el 4 de enero en una de las renovaciones internas más relevantes en la gestión de Mario Delgado. Las decisiones, sea por impericia o desaseo, han sido polémicas.
En el episodio más reciente destaca haber dado por muerta a Basilia Castañeda, la militante morenista que acusó de abuso sexual a Salgado Macedonio, sin que la presunta víctima –que está viva– pudiera ofrecer pruebas ni hacer alegatos, con lo que el caso fue sobreseído por ese motivo y por la pérdida de registro como candidato cuando aún no resolvía el asunto el TEPJF.
Rebatiña judicializada
Morena tiene 40 asuntos en trámite, entre los que destacan varios que impugnan prácticamente todo el registro de candidatos a diputados federales de mayoría y de representación proporcional.
Existen inconformidades que, por no cuidar procedimientos, han escalado, empezando por la integración de la CNE (expediente SUP-JDC-331/2021) e, inclusive, otro que no sólo exige revocar la integración de esa comisión, sino la nulidad de sus decisiones, en las que se incluye la designación de las listas de candidatos en las dos vías (expediente SUP-JDC-554/2021).
Esos dos asuntos, impulsados por militantes de Morena, están en trámite en la Sala Superior; si bien es cierto que han sido desestimados en instancia previa, en ambos se observa la inconformidad con las maneras de gestionar los procesos internos de la CNHJ del mencionado partido.
La CNHJ acumula 32 expedientes en instrucción en el TEPJF, la mayoría relacionados con quejas por el proceder en la selección de candidaturas que desestimó o sobreseyó. De hecho, los casos en trámite son por 31 candidaturas, sin contar 32 relacionadas con violación a la acción afirmativa que implicaba llevar en los primeros 10 lugares de sus listas de candidatos plurinominales a personas indígenas, LGBT+, migrantes, mujeres, jóvenes y ancianos.
Entre los casos sobresalientes por falsear la acción afirmativa destaca Pedro Carrizales, El Mijis, que fue postulado como indígena sin haber acreditado serlo, más allá de la autoadscripción incompleta, es decir, declararse indígena sin comunidad ni antecedente que respalde su dicho. Sólo contra este potosino hay ocho juicios en trámite, todos por reclamos morenistas.
Un caso similar es el de la zacatecana Mirna Zabeida Maldonado Tapia, a quien se le asignó calidad de migrante en la lista plurinominal para su reelección como diputada federal. Basta observar el currículum de la legisladora zacatecana para notar la trampa: es enfermera y veterinaria, con maestría y doctorado en educación; fue líder del sindicato del IMSS en Fresnillo; ha realizado actividades docentes desde el año 2000… Son 21 años en los que su currículum no refleja una estancia en el extranjero.
Este aspecto ocurre en medio de una serie de decisiones tomadas por la dirigencia nacional y las mencionadas CNE y CNHJ, por impulsar la reelección de legisladores federales.
Morena es un hervidero, y entre los numerosos casos de reclamo por incumplir la acción afirmativa está impugnada toda la lista de las cinco circunscripciones de los candidatos de representación proporcional (expediente SUP-JDC-699/2021, entre otros).
También hay pleito por la postulación de personajes repudiados entre sectores morenistas, como es el caso del experredista Mauricio Toledo, que entró por el PT para relegirse como diputado federal por Puebla, o la actriz Gabriela Goldsmith, candidata en su caso por el distrito 24, del Estado de México.
Proceso adelantó en su edición 2318 que en Morena se estaban iniciando una gran cantidad de litigios a partir de la publicación de sus listas de candidatos de mayoría y de representación proporcional en el límite de plazo, el 29 de marzo, de manera que las resoluciones sucederían en pleno desarrollo de las campañas electorales y que éstas atendían tanto al proceso de selección, encuestas, insaculación y hasta por derecho de audiencia.
A mayor claridad: hay candidaturas en riesgo por aspectos tan elementales como no informar el proceso de selección o no notificar el resultado de dicho proceso a quienes se registraron para buscar un cargo de elección, e inclusive por no responder debidamente a un trámite de registro.
Los casos revisados por este semanario son apenas los que están en instrucción en la Sala Superior, por lo que falta acumular diversos asuntos aún radicados en salas regionales, entre ellos la mayoría de los 47 registros suspendidos por el INE en la misma fecha en que ocurrieron las defenestraciones de Salgado Macedonio y Raúl Morón.
Ejecutar a la autoridad
El pasado 30 de marzo, Porfirio Muñoz Ledo acusó su exclusión de la lista de candidatos a diputados federales plurinominales. Luego de haber presidido la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, protagonizando la fotografía histórica de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, el veterano político quedó fuera, lo mismo que Gibrán Ramírez, ambos contrincantes de Mario Delgado en la elección de la dirigencia nacional, resuelta el pasado octubre.
Para los últimos días de marzo Delgado asumía un dicurso más radical, convocando a la unidad partidista frente al INE por rechazar los registros de Salgado y de Morón, por el acuerdo para evitar la sobrerrepresentación y por el acumulado de sanciones, entre éstas las relativas a los spots partidistas que el órgano electoral ordenó sacar del aire.
El asunto, escasamente comentado, es apenas uno de los casos abiertos contra el dirigente morenista, pues en la Sala Superior se contabilizaban, hasta la noche del 29 de abril, ocho expedientes abiertos, cuando el TEPJF resolvió que Delgado no incurrió en actos anticipados de campaña por el spot conocido como “Tumor”, sobre el que versaban, entre otras imputaciones, al menos tres de esos expedientes.
El caso de “Tumor” fue polémico, inclusive por el lenguaje asumido, ya que habla de extirpar la enfermedad, refiriéndose así a sus opositores, y constituye uno de los siete expedientes en curso relacionados con actos anticipados de campaña.
De esos expedientes, tres competen a Indira Vizcaíno, la candidata al gobierno de Colima, y otro pesa sobre el candidato a gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. En ambos asuntos se trata de procesos impulsados por sus opositores, señaladamente el PAN.
Un tema llamativo entre los activados por la oposición, por el PRD, es el de Evaristo Lenin Pérez Rivera. El hijo del extinto dirigente del sindicato de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola, es líder moral del partido local Unidad Democrática de Coahuila, aliado del PAN en 2018 que lo convirtió en diputado federal.
Pérez Rivera pretendía la reelección, esta vez aliado con Morena, pero su registro fue impugnado y lo perdió. El litigio fue resuelto en la sala regional en su favor y ahora llegó a la Sala Superior (expediente SUP-REC-319-2021).
Además de la litigiosidad de los militantes morenistas, destaca también la existencia de tres quejas interpuestas por sus aliados: dos del PVEM, uno de estos en San Luis Potosí y otro en Chihuahua, por usar siglas del partido donde no son aliados y por actos anticipados de campaña. Uno más es un litigo con el PT por el reparto de candidaturas en el Estado de México.
En medio de todo el desaseo, las crisis –señaladamente locales– por reponer candidatos a mitad del periodo de campañas se están resolviendo, en algunos casos, colocando a parientes en sustitución: en Guerrero incluyeron en una encuesta a Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio, y en Torreón, Luis Fernando Salazar, defenestrado candidato al ayuntamiento, fue reemplazado por su padre y homónimo.
Mientras los reclamos de Morena se dirigen al INE y al TEPJF, la existencia de 68 casos iniciados por sus propios militantes por considerar que hay fallas, violaciones estatutarias y diversos agravios de la dirigencia nacional y de sus órganos intrapartidistas contrasta con los apenas 11 asuntos abiertos por instancias electorales, es decir, el INE o los organismos locales.
También contrasta con los datos de los otros partidos, pues con 88 casos pendientes de resolver sobre Morena en el TEPJF, el PAN sólo tiene 22 y el PRI 21, 13 de los cuales son sobre un mismo asunto, lo que deja el récord en ocho, y el PRD apenas suma seis.
