Expertos juristas alertan, en sendas entrevistas con Proceso, acerca de los riesgos que entraña para la autonomía del Poder Judicial la reforma que propuso, sin consenso previo entre magistrados y jueces federales, el ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar.
La iniciativa de reforma judicial que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión en febrero no se consultó con jueces ni magistrados federales, lamenta el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Ariel Rojas Caballero.
En entrevista para Proceso, el magistrado federal, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Guanajuato, agrega que la propuesta tampoco fue consultada con el resto de los ministros que integran el Pleno de la Corte, lo que preocupa dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación.
Además, advierte que la posibilidad de una reforma judicial se da en un contexto de ataques y descalificaciones a la independencia de los jueces y magistrados federales por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, situación que califica como “grave” en cualquier parte del mundo.
Para Julio Ríos Figueroa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y uno de los pioneros en el estudio de la vida interna de la judicatura, ni siquiera es momento de realizar una reforma judicial de gran calado, debido al contexto político, pues abre las puertas a que se realicen cambios constitucionales que minen la autonomía del Poder Judicial.
El investigador señala que aun cuando la iniciativa de Zaldívar tiene aspectos positivos y algunos riesgos internos por la concentración de poder en el Consejo de la Judicatura Federal, el riesgo real es que la mayoría parlamentaria afín al gobierno federal busque “colar” sus propias reformas, incluyendo los cambios que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha propuesto para ampliar la opacidad y discrecionalidad del Ministerio Público en los procesos penales, y por tanto, acotar el respeto a los derechos humanos.
“Si se abre la puerta a una reforma judicial en este momento, aun presentando la iniciativa del ministro Zaldívar, las reformas constitucionales generalmente se hacen en paquete y habrá otro tipo de reformas. Si las fuerzas políticas se animan a realizar una reforma, no sólo sería solamente la judicial, sino que entrarían las de procuración de justicia que pensaba meter Gertz Manero y otras reformas que los partidos quieran negociar. Justo en esas negociaciones se pueden colar un montón de cosas; si entra la propuesta de Zaldívar es poco probable que salga intacta y existe un gran riesgo de aprobar otro tipo de reformas que afecten al Poder Judicial”, advierte.
Exclusión de jueces y magistrados
Rojas Caballero explica que las dos grandes reformas en materia de justicia aprobadas en México en los últimos 26 años –la primera, en 1994, para otorgar mayor autonomía a la Suprema Corte, y la segunda, en 2008, para reforzar el respeto a los derechos humanos así como para implementar el sistema de justicia penal adversarial acusatorio–, fueron aprobadas tras lograr un consenso dentro y fuera del Poder Judicial.
Sin embargo, advierte que la iniciativa que se analiza actualmente fue elaborada de manera exclusiva por el equipo más cercano al ministro Zaldívar, como lo reconoció el propio titular del Alto Tribunal en entrevista con Carmen Aristegui.
“Carmen le hizo una entrevista al ministro Zaldívar”, explica. “Ahí se evidenció que fue un trabajo interno que se hizo con los colaboradores directos de Zaldívar. Fue un documento que se presentó a los ministros pero no para su aprobación, simplemente para que lo conocieran, a diferencia de las experiencias que hemos tenido en el Poder Judicial de la Federación.
“Tengo 25 años de servicio en la institución y puedo decirte que cuando hay este tipo de iniciativas de gran calado, normalmente la Corte saca una convocatoria para que participen ministros, consejeros, magistrados, magistradas, juezas, jueces y en general la sociedad.”
Reconoce que, a diferencia de las reformas judiciales de 1994 y 2008, aprobadas tras largos periodos de consulta y con un amplio consenso entre los operadores de justicia y la clase política, en la actualidad hay un entorno político desfavorable, propiciado por el presidente López Obrador con sus constantes ataques a las resoluciones del Poder Judicial.
“Desafortunadamente el entorno político era muy complicado y eso lo entendemos nosotros perfectamente, porque junto a esa iniciativa que hizo suya el presidente de la República, hay otras 30 propuestas, incluyendo algunas que quieren acabar con un contrapeso real del Estado, como lo es el Poder Judicial de la Federación”, asevera.
Incluso, Rojas Caballero observa que la posibilidad de reformar al Poder Judicial de la Federación se da en un momento en el que se presiona a los impartidores de justicia para que emitan fallos a favor del gobierno federal, tanto en los procesos penales que ha iniciado en materia de corrupción como en materia de obra pública, para evitar suspensiones en sus proyectos emblemáticos, como el Tren Maya.
“¿Qué mayor presión puede haber para un juez que desde la Presidencia de la República se le diga cómo resolver los asuntos? Eso es gravísimo, lo que está pasando en el país es gravísimo”, denuncia.
Con experiencia previa como juez y secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, el magistrado federal señala que el gobierno actual se ha caracterizado por confrontar a juzgadores y periodistas; a los primeros por sus resoluciones en casos relevantes, y a los segundos por sus reportajes y opiniones.
Destaca que ambas profesiones deben trabajar en este ambiente de confrontación generado todos los días desde la conferencia presidencial matutina; presión que ha puesto en alerta a los impartidores de justicia.
El viernes 4, tras un amparo concedido por un juzgado federal de Chiapas al accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, para impedir que se ejecute la orden de aprehensión en su contra, López Obrador advirtió que su gobierno va a solicitar al Consejo de la Judicatura Federal una investigación contra aquellos impartidores de justicia que emitan resoluciones favorables al empresario, actualmente detenido en España y sujeto a un proceso de extradición para que sea enjuiciado en México.
Ancira enfrentaba en México una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, derivado de los presuntos sobornos que recibió Emilio Lozoya para que Pemex le comprara a AHMSA la planta chatarra de Agronitrogenados en más de 275 millones de dólares.
“A todo mundo nos conviene que haya un Poder Judicial independiente, autónomo, profesional y dirigido con parámetros éticos. Son muy preocupantes este tipo de presiones; en cualquier otra latitud esto hubiera generado escándalos y reclamaciones. Desafortunadamente sabemos que el entorno actual en el que nos movemos no es favorable ni para periodistas ni a nosotros los juzgadores federales”, sentencia Rojas Caballero.
Riesgo para la autonomía
En un análisis realizado por la Jufed, los magistrados y jueces federales encontraron tres puntos que ponen en riesgo la autonomía e independencia de los impartidores de justicia para emitir sus fallos, debido al poder que concentra el Consejo de la Judicatura Federal para sancionarlos y cambiarlos de lugar de residencia.
“El proyecto que se elaboró en la oficina del ministro Zaldívar nos preocupa porque ataca la independencia judicial. El primero propone la desaparición de la facultad de la Suprema Corte de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, o sea, desaparecer esa facultad de revisar las resoluciones del CJF”, apunta.
En este marco, señala que el recurso de revisión administrativa es el único mecanismo de control constitucional que permite a los impartidores de justicia impugnar y ejercer su medio de defensa ante los acuerdos que emite el CJF, por lo que en lugar de desaparecer debe reforzarse para que cumpla con un estándar en materia de derechos humanos.
El magistrado agrega que esos acuerdos generales del CJF incluyen los criterios para cambiar a los juzgadores federales, secretarios de acuerdos y actuarios de sus centros de trabajo en un tribunal o juzgado, para moverlos o asignarlos a otro, cambio que incluye la posibilidad de que los trasladen a otro estado o circuito (cambio de adscripción).
Además, el propio CJF emite los acuerdos para suspender, remover y destituir a jueces y magistrados federales de manera temporal o definitiva, por lo que eliminar la posibilidad de que la Suprema Corte revise este tipo de resoluciones representa una amenaza para la autonomía judicial y un retroceso en materia de derechos humanos.
“Los acuerdos generales regulan todos los acuerdos de la vida judicial, todos los detalles, desde cómo se nombran, la adscripción, la transcripción, visitas de inspección, el trámite de los procedimientos administrativos de responsabilidad, por eso son tan importantes. Y como cualquier acto de autoridad, debe estar sujeta a control judicial y el único órgano que podría revisar esto es la SCJN”, afirma Rojas Caballero.
El también doctor en derecho agrega que las revisiones administrativas equivalen al juicio de amparo con que cuentan los operadores del Poder Judicial, por lo que eliminar este recurso, previsto en el artículo 100 de la iniciativa, los dejaría en la indefensión.
Incluso, considera que las suspensiones temporales de un juez o magistrado deberían ser recurribles ante la SCJN, ya que actualmente deben esperar hasta el final del proceso para poder impugnar la remoción o destitución.
“Estamos de acuerdo en un combate frontal a la corrupción, pero hay estándares que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas que no se aplican para juzgadores federales. Nosotros proponemos que las medidas cautelares en procedimientos de investigación o las que se llevan a cabo para determinar las responsabilidades administrativas de un juez o magistrado, sean revisadas por la Corte”, insiste.
Añade que actualmente la revisión administrativa sólo permite analizar cuestiones de legalidad para anular la resolución, pero la Jufed considera que para ser un recurso de defensa más efectivo, se debe permitir un análisis de los problemas de constitucionalidad y convencionalidad en casos de sanciones graves a un impartidor de justicia.
En lo que sí está de acuerdo es que se elimine la revisión en el caso de los concursos de oposición para ocupar plazas de jueces y magistrados, un tipo de inconformidad que no debe revisar la SCJN, sino las instancias de capacitación y de tipo académico dentro del propio CJF.
“En el caso de jueces y magistrados, las decisiones graves como destitución, inhabilitación, cambios de adscripción o esquemas de medidas cautelares, tienen que ver con la marcha de la justicia, de la defensa de derechos humanos, y es importante que se fortalezca la revisión administrativa”, remata.
Ríos Figueroa coincide en que otorgar demasiado poder al CJF y eliminar los mecanismos de defensa con que cuentan jueces y magistrados federales puede restar independencia a los impartidores de justicia, aunque no ve “mala fe” en el equipo de Zaldívar que elaboró el proyecto de reforma.
“En la reforma se le da mucho poder a la Judicatura, pero como la Corte está muy metida en el CJF, al final se le da más poder a los ministros de la Corte. Es una reforma con buenas intenciones, no creo que haya un deseo de control de los tribunales federales, pero se hizo desde la Presidencia de la Corte sin consultar de manera abierta, su elaboración se hizo de forma aislada y por eso tiene errores”, apunta.
Destaca que la SCJN y el CJF tienen el mismo ministro presidente, por lo que esa persona combina el poder jurisdiccional y administrativo de los tribunales y juzgados, lo que provoca mayor concentración de poder en la cúpula judicial.
“Si se quedan los jueces y magistrados vulnerables porque el CJF tiene la capacidad de transferirlos, de iniciarles una investigación, de suspenderlos, el CJF sí tiene medios para presionar de forma indebida a los jueces. Si lo hace o no de forma indebida, ese es el tema, en la reforma no se propone ningún mecanismo de control para la propia Judicatura. Si concentras mucho poder en el CJF, lo vinculas además con la SCJN y no tiene un mecanismo de control, ahí es donde se genera una tormenta perfecta y por eso se pone en riesgo la independencia interna de jueces y magistrados en caso de que se use ese poder de manera indebida”, concluye Ríos Figueroa.
