La muerte en 2003 de un acaudalado floricultor cambió la historia de Tlanixco. Del fallecimiento se responsabilizó a ocho activistas defensores del agua; seis de ellos fueron sentenciados a penas que alcanzaban hasta medio siglo. Otros dos estuvieron huyendo. Las vidas de los ocho quedaron desgarradas, su patrimonio fue convertido en deudas y sus proyectos, deshechos.
SAN PEDRO TLANIXCO, EDOMEX.- Pedro Sánchez Berriozábal pensó en arrojarse al paso del camión que abastecía de alimentos al penal.
Su hermano Lorenzo decidió esconderse de su madre cuando tocaba visita familiar. La señora había advertido que no soportaría que sus dos hijos estuvieran en la cárcel. Le mintió. Pedro le dijo que había huido a Estados Unidos.
A Teófilo Pérez González le pasó que mientras limpiaba y daba de comer a unos cerdos, le inventaron que estuvo al pie de una barranca donde un poderoso empresario murió.
Con Rómulo Arias Mireles pasó algo similar. Mecánico, había llevado a rectificar el motor de una camioneta cuando el adinerado floricultor fallecía en el fondo de un despeñadero.
Marco Antonio Pérez González pasaba mucho tiempo fuera de su pueblo. Ir al bautizo de su hijo le costó el encierro.
Dominga González Martínez cuidaba la iglesia del pueblo cuando el empresario perdió la vida. En su ingreso a la prisión la destinaron al pabellón de las “psiquiátricas”.
Las historias de Rey Pérez González y Santos Alejandro Álvarez Zetina son parte de otro drama. Ambos evitaron la cárcel, pero conocieron otro tipo de prisión: la de prófugos. Rey era el principal objetivo de las autoridades mexiquenses y Santos pasó a culpable cuando su hermano Benito, sobre el que iban los judiciales, demostró que había estado fuera del pueblo el día en que perdió la vida el empresario.
Historia de una injusticia
Estos ocho indígenas de San Pedro Tlanixco –pueblo nahua del municipio de Tenango del Valle, a unos 40 minutos de Toluca–, participaban con diferentes intensidades y responsabilidades en la defensa del agua.
El conflicto se había iniciado en los ochenta, cuando en el municipio vecino de Villa Guerrero se instalaron varias empresas floricultoras que generaron una demanda creciente del agua que surte el río Texcaltenco, que atraviesa desde la parte más alta el poblado de Tlanixco.
En 2002 el problema se agravó cuando la Comisión Nacional del Agua anuló la concesión de la que gozaba la comunidad náhuatl y se la entregó a los empresarios floricultores de Villa Guerrero para su uso con fines comerciales.
La situación se fue complicando al grado de que los empresarios interpusieron denuncias penales federales contra representantes de la comunidad indígena que defendía su derecho al agua.
En el centro del conflicto estaba el negocio de los sembradíos de flor que deja ganancias de alrededor de mil 600 millones de pesos anuales, de acuerdo con estimaciones del abogado Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Pero el problema entró a un punto de no retorno la tarde del 1 de abril de 2003, cuando el presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero, Alejandro Isaac Bazo, junto con un grupo de acompañantes incursionaron en terrenos de Tlanixco, y en un incidente hasta la fecha no aclarado cayó a una barranca de aproximadamente 100 metros y falleció.
Las influencias de la familia del fallecido pesaron en las autoridades mexiquenses, que, encabezadas por el entonces gobernador Arturo Montiel, emprendieron una campaña de persecución y represión contra los pobladores de esta comunidad indígena, en especial contra las cabezas del movimiento, a las que responsabilizaron de la muerte del empresario.
El resultado: Pedro, Lorenzo, Teófilo, Rómulo, Marco Antonio y Dominga fueron sentenciados, cada uno, a 50 años de prisión, mientras que Rey y Santos tuvieron que dejar el pueblo para esconderse casi 16 años.
La historia de estos ocho indígenas tuvo un primer final en 2019 cuando quedaron exculpados del asesinato de Isaac Bazo.
Pedro y Teófilo permanecieron en prisión 16 años; Rómulo, 13; Lorenzo y Marco Antonio, 12; Dominga, 11 y medio.
El proceso iniciado por la administración del gobernador Montiel contra los ocho indígenas se extendió a los periodos de gobierno de Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y a un tercio del de Alfredo del Mazo.
La defensa
Organizaciones nacionales e internacionales, incluida la ONU, participaron en la denuncia y defensa de los activistas presos.
Jan Jarab, entonces alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó y entrevistó a los presos y familiares, revisó expedientes y concluyó, en una declaración que se difundiría por Youtube:
“Nuestra oficina identificó graves violaciones al debido proceso en el expediente judicial del caso que culminó en la sentencia de 50 años para cada uno de los seis defensores del agua de Tlanixco.”
Durante un largo tiempo cada uno de los detenidos llevó su litigio en forma individual. Algunos llegaron a cambiar hasta cinco veces de “licenciado”, hasta que con el peso de las sentencias encima se empezaron a organizar y dieron con el abogado Antonio Lara, quien tomó su defensa en 2015, cuando algunos de los inculpados ya habían cumplido 13 años presos.
Primero se encargó del proceso de Marco Antonio, a los meses se incorporó Dominga, luego Pedro, más tarde Teófilo, después Rómulo y al último Lorenzo.
Invocar su calidad de indígenas y los derechos que les corresponden abrió la ruta de su liberación.
Primero, el Tribunal de Alzada de Toluca, derivado de la apelación que interpuso la defensa de Dominga, Lorenzo y Marco Antonio el 17 de enero de 2019, reconoció violaciones a los derechos de personas indígenas de los tres sentenciados y dejó insubsistente la sentencia de 50 años, pero ordenó reponer el procedimiento hasta el momento de la declaración preparatoria, como si apenas los hubieran detenido.
Para ya no continuar el proceso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó un escrito de desistimiento de la acción penal, lo cual derivó en la extinción de la materia de litigio y se ordenó su inmediata libertad.
Luego Lara presentó este escrito para que también se desistieran de los tres presos que quedaban detenidos, lo cual ocurrió y se ordenó la libertad de Pedro, Teófilo y Rómulo.
El 17 de febrero de 2019 dejaron la cárcel Lorenzo, Marco Antonio y Dominga, y el 5 de abril lo hicieron Pedro, Teófilo y Rómulo.
El abogado del Centro Zeferino Ladrillero firmó las seis notificaciones de libertad. Después promovió la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesaban contra Rey Pérez y Santos Alejandro, las que en septiembre del año pasado quedaron sin efecto.
El 11 de abril de 2019 Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los presentó como seis presos políticos liberados bajo el gobierno de la 4T, que hasta el momento ha conseguido la excarcelación de 47 activistas.
Encinas refirió que los detenidos de Tlanixco habían sido encarcelados por un crimen que no cometieron y que fueron “víctimas de abuso de autoridad por oponerse al despojo del agua y las tierras, que les fueron arrebatadas en actos de corrupción y complicidad”.
El juez que abrió y cerró el caso basó la sentencia en testimonios falsos y rechazó todas las pruebas de su inocencia que presentaron los acusados. Se llama Maximiliano Vázquez Castañeda. Sigue ejerciendo.
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Frescos en la comunidad nahua están los operativos en los que participaban decenas de personas con y sin uniforme, muchos de ellos con armas largas y quienes sin órdenes de cateo irrumpían en casas, torturaban a familiares de los inculpados o a vecinos.
Imborrables en el poblado las maniobras policiacas que destruían mobiliario y robaban dinero y papeles que acreditaban derechos de propiedad sobre parcelas y terrenos.
Arrasaban con todo, con personas y bienes, coinciden uno a uno los ocho entrevistados por Proceso.
El objetivo de fondo era descabezar, inmovilizar, destruir el movimiento en defensa del agua y… casi lo lograron.
La reparación del daño
Antonio Lara, del Zeferino Ladrillero dice que se están dando los primeros pasos en conseguir la reparación del daño. “Tardará en concluirse lo que los agraviados y las autoridades demoren en construir acuerdos. La pandemia prácticamente inmovilizó el caso”.
–¿En qué consistiría la reparación del daño?
–Hay mucho trabajo por delante para poder definir en qué puede consistir, lo que sí le puedo adelantar es que estará ajustada a los más altos estándares internacionales que ha fijado la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Hay los suficientes elementos para poderlo plantear así. Argumentos no faltan.
–¿Cuáles son esos estándares?
–Fundamentalmente la garantía de no repetición, también el desagravio a los defensores del agua y las medidas inmateriales que permitan subsanar el daño.
–¿Medidas inmateriales? ¿No habría petición concreta de los bienes materiales que perdieron los presos para la defensa de sus casos?
–No necesariamente hay una obligación de una cantidad económica, pero cuando llegue el momento de dialogar con las autoridades seguro se pondrán varias reflexiones sobre la mesa, obviamente buscando que sea en estricto apego a derecho y a los estándares internacionales.
–¿El conflicto por el agua está vigente en Tlanixco?
–Más que vigente está en pausa. No es poca cosa el conflicto que vivieron en 2003. Está fresco en la memoria colectiva y como lo habrá documentado usted, hubo una campaña de terror contra el pueblo después de las detenciones. Por lo tanto el conflicto no está solucionado y una parte de la reparación del daño puede ser el que se tomen medidas institucionales que le den una solución de fondo.
