Los alcaldes priistas de la zona metropolitana que fueron relevados el jueves 1 dejaron a sus sucesores un cúmulo de deudas, nóminas abultadas e innumerables problemas de seguridad, alumbrado público y vialidades atrofiadas con las que tendrán que lidiar los emecistas de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y el priista de Tonalá.
Las últimas dos administraciones priistas de la zona metropolitana – Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan– dejaron una voluminosa burocracia municipal cargada de “aviadores”, pero sobre todo de grandes deudas multimillonarias que hipotecan a los ayuntamientos a corto, mediano y largo plazos.
Gobernadas desde la semana antepasada por el partido Movimiento Ciudadano (MC), las tres primeras alcaldías están a punto de la bancarrota y necesitan funcionarios de probada calidad para atender las áreas de seguridad, obras públicas, alumbrado e infraestructura vial.
Respecto a Tonalá, encabezado por el priista Sergio Chávez Dávalos, los problemas son el adeudo de 40 millones de pesos a la empresa recolectora de basura que dejó Jorge Arana Arana a su correligionario.
Sin embargo, el caso más escandaloso es el del ayuntamiento tapatío, que el priista Ramiro Hernández García dejó a su sucesor, Enrique Alfaro Ramírez, con fondos tan mermados –25 millones de pesos en caja y bancos– que no alcanzan ni para el pago de la nómina, así como un sobregiro superior a 161 millones de pesos y el uso de cientos de policías municipales para tareas de seguridad privada a militantes del PRI, del PVEM y varios de sus colaboradores.
Según Alfaro, entre enero y septiembre de este año, la administración de Hernández García se sobregiró prácticamente en todos los rubros: agua, alumbrado, gas, transporte, mantenimiento de equipo y sustracción de dinero del fondo de ahorro, por lo que violó la Ley de Egresos de 2015.
El exalcalde tapatío, así como el exsíndico Luis Ernesto Salomón Delgado y quienes resulten responsables deberán responder ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto desfalco.
Alfaro declaró también que la deuda del ayuntamiento es superior a 3 mil 128 millones de pesos, de los cuales 674 millones deberán pagarse a corto plazo.
Seguridad para amigos
Durante su gestión, Ramiro Hernández comisionó a 681 policías municipales para la protección de empresarios, líderes sindicales y religiosos, exalcaldes, gobernadores de otras entidades, funcionarios del ayuntamiento tapatío, así como de su hija, declaró Alfaro el viernes 2 en rueda de prensa, aunque omitió la identidad de los beneficiarios.
Proceso Jalisco obtuvo una lista con los nombres de 103 uniformados habilitados como guardaespaldas. Algunos estaban asignados al propio Hernández García y a su hija Laura Patricia Hernández, presidenta del DIF; otros, a Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit; Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado electo del PVEM, y Francisco de Jesús Ayón López, titular de la Secretaría de Educación de Jalisco.
En la lista se menciona también al diputado local nayarita Raúl Mejía González; al delegado del ISSSTE Javier Galván Guerrero, acribillado el pasado 19 de junio en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara; a Miguel Castro Reynoso, secretario de Desarrollo e Integración Social, así como a diputados federales de la pasada legislatura, como los priistas Abel Salgado Peña y Claudia Delgadillo González.
Otros beneficiados fueron Salomón Delgado, síndico del ayuntamiento tapatío en la pasada administración; Pedro Guzmán Martín del Campo, cuando fue comisario general de Seguridad de Zapopan; los exsecretarios de Seguridad Pública de Guadalajara Carlos Mercado Casillas y Servando Sepúlveda Enríquez –actual titular de la Secretaría de Movilidad–; el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, así como un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia cuyo nombre no se menciona.
Una fuente cercana a la administración de Alfaro comenta a los reporteros que el secretario general de Gobierno del estado, Roberto López Lara, también disponía de escoltas proporcionados por Hernández García.
El resto de los uniformados tapatíos fueron desplegados en las siete zonas en que se divide Guadalajara, así como en las comandancias de los grupos operativos Lobos, Libras, Gamas, Tedax, Guardabosques y al Programa de Educación Preventiva contra el Abuso de Drogas (DARE, por sus siglas en inglés). Uno de los policías fue comisionado a la Coordinación de Seguridad Universitaria de la UdeG.
De acuerdo con Alfaro, la protección que brindaba la Secretaría de Seguridad Pública tapatía (hoy Comisaría) le costaba al municipio alrededor de 7 millones de pesos al mes porque, aclaró, ninguno de los beneficiados pagaba el servicio de protección.
El número de elementos habilitados como escoltas representa casi la cuarta parte de la fuerza policial, compuesta de 2 mil 514 efectivos de los tres turnos. A ello se debe, dijo el nuevo alcalde, el índice creciente de violencia, asaltos, robos a automóviles y asesinatos ocurridos los últimos años.
Proceso Jalisco buscó a Hernández García para entrevistarlo sobre el tema pero no lo encontró. Personal del Comité Estatal del PRI asegura que apenas terminó su gestión, Hernández viajó a Alemania.
El mismo viernes 2, Alfaro presentó su Programa de Cien Días, una estrategia de 10 líneas de investigación, encaminado a reducir en ese lapso los índices delictivos.
Estuvo acompañado por el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, Salvador Caro Cabrera, quien estaba a la espera del resultado de los exámenes de confianza para entrar en funciones, y Camilo González Lara, encargado de despacho de la corporación policiaca. Según el alcalde y sus dos colaboradores, Hernández García dejó una infraestructura deplorable para las labores de vigilancia y módulos de seguridad inoperantes.
Según Alfaro, 325 patrullas (59% del parque vehicular) están fuera de servicio por falta de mantenimiento; 32 estaban comisionadas y 27 siniestradas. De las motocicletas, 81 (61%) están dañadas; la mitad de las 153 videocámaras de vigilancia presentan fallas, mientras que de los 100 módulos de seguridad registrados en la Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales, 38 no se localizaron y el resto permanecen cerrados.
Alfaro Ramírez precisó que su gobierno no tiene los recursos para comprar más patrullas y tecnología de vigilancia, por lo que giró instrucciones para que se repare el equipamiento averiado.
En un diagnóstico previo de las zonas de la ciudad donde se presentan más incidentes delictivos, mencionó los polígonos de López Cotilla, Hidalgo y Chapultepec, en la Colonia Americana. Además, las colonias Artesanos, Plutarco Elías Calles, San Jacinto, Medrano, Linda Vista y las avenidas Terranova y Providencia.
Por lo anterior, Alfaro emprenderá reingeniería de los grupos policiacos especiales para crear unidades de apoyo según las necesidades de cada zona operativa; anunció también que el grupo de reacción Lobos se convertirá en la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz Pública.
De manera simultánea, dijo, creará la Unidad Compstat (Compared Statistics) para llevar el control de los resultados operativos. El propósito de su gestión es instituir un sistema de traslados entre las áreas de juzgados municipales y de Prevención Social.
Asimismo, se comprometió a modernizar el Centro de Comunicación y Observación Electrónica y a dar mantenimiento inmediato al edificio de la Comisaría y a las comandancias.
Todas esas acciones serán acompañadas por una dignificación de la labor policiaca con mayor capacitación e incrementos salariales, recalcó el alcalde. Y advirtió que los elementos que no actúen con honradez y legalidad serán expulsados de la corporación. Puso como ejemplo la detención del policía Jesús Rivas Salmerón, el pasado 1 de octubre, quien presuntamente cometió robos en algunos comercios del Mercado Felipe Ángeles.
Una práctica antigua
Entrevistado al respecto, el panista Alfonso Petersen Farah, quien presidió el ayuntamiento tapatío entre 2007 y 2009 y hoy es regidor de oposición, manifiesta que “cada jueves y domingo” le hacían peticiones para asignar escoltas a distintos personajes, cuyos nombres dice no recordar.
Dice que las cifras divulgadas por Alfaro Ramírez sobre los policías habilitados como guardaespaldas de funcionarios son poco creíbles. Son demasiados elementos; quizá se deba a que al nuevo alcalde “le encantan las noticias escandalosas”.
Durante su gestión, asegura, los policías comisionados eran poco más de 80; todos eran asignados a partir de información de riesgo específica que proporcionaba la Secretaría de Gobernación.
El coordinador de los regidores del PRI, Ricardo Villanueva Lomelí, también expresa sus dudas sobre ese mismo tema. Según él, es factible que muchos de los uniformados realizaban actividades administrativas. No obstante, admite que su correligionario Hernández García entregó a su sucesor “una ciudad muy sensible al tema de seguridad”.
En San Pedro Tlaquepaque, la alcaldesa María Elena Limón, también del MC, se quejó de su antecesor, el priista Alfredo Barba –hijo del cacique Alfredo El Güero Barba Hernández, líder de la CROC–, quien le dejó una deuda de mil millones de pesos.
A su vez, Pablo Lemus, quien llegó al ayuntamiento de Zapopan, tuvo que clausurar las oficinas de Obras Públicas para hacer un arqueo general, para evitar la “pérdida de documentos” y saber con precisión a cuánto asciende la deuda que le heredó su antecesor, el priista Héctor Robles Peiro.
Y en Tonalá, Sergio Chávez Dávalos –único alcalde del PRI en la zona metropolitana– admite que el ayuntamiento carece de fondos para liquidar los 40 millones de pesos que le adeuda a la empresa que recolecta la basura. l
