Una vez pasada la euforia de su toma de posesión, con todo y las felicitaciones de sus allegados, los alcaldes que acaban de llegar al gobierno en los 125 municipios de Jalisco se enfrentan ya con un reto mayúsculo: no decepcionar –ni ahora ni más tarde– a quienes los llevaron al poder. Saben que sólo hay una forma de seguir contando con la aprobación de la ciudadanía: realizar un trabajo que redunde en beneficio a sus respectivas comunidades. El reto no es nada sencillo, sobre todo si se considera que los municipios del estado –unos más y otros menos– vienen arrastrando una serie de problemas y rezagos que no sólo se han ido acumulando con el paso de una administración a otra, sino que en muchos casos se han agravado hasta el punto de ser, desde hace años, un reclamo social permanente.
La lista de esos reclamos sociales la encabeza, sin duda, la insatisfactoria seguridad pública. Los habitantes de esta parte del mundo han venido diciendo, una y otra vez y en todos los tonos, que mientras la delincuencia nuestra de cada día (tanto la relacionada con el crimen organizado como la que se suele atribuir al hampa convencional) se ha mantenido al alza, el desempeño de los cuerpos de seguridad (de los tres órdenes de gobierno) ha venido a la baja, ya sea porque tanto los agentes de seguridad como sus dirigentes carecen de una buena preparación profesional o, peor todavía, porque están coludidos con equis o zeta organización criminal.
Pero no obstante su indudable condición prioritaria, la deteriorada seguridad colectiva, que se vive a lo largo y ancho del territorio jalisciense, es apenas uno de los muchos servicios públicos que muy precariamente han venido prestando muchos de los gobiernos municipales de la entidad, comenzando por los de la zona metropolitana de Guadalajara. En la lista de esos insatisfactorios servicios municipales hay que incluir también el aseo público, el cuidado del medio ambiente, la movilidad urbana, la regulación del comercio, el mantenimiento en buen estado de calles, banquetas, así como de los parques, unidades deportivas y otros espacios públicos de recreación, los panteones municipales, etcétera. Esos viejos problemas siguen ahí y no se van a resolver con la sola llegada de las nuevas autoridades municipales ni tampoco con los buenos deseos de éstas. De entrada, los gobiernos recién llegados tendrán que ofrecer mejores resultados que las administraciones anteriores, contando paradójicamente para ello con la misma policía, con la misma burocracia, e incluso con menos recursos materiales y económicos que sus predecesores, pues en muchos casos buena parte del presupuesto municipal ya está comprometido en el pago de los intereses de la deuda que en el pasado contrajeron quienes estuvieron al frente de esos municipios, así como en los pagos del capital que se vaya venciendo.
“Hacer más con menos” es una muy trillada frase retórica, que demagógicamente repiten muchos funcionarios. Sin embargo eso es precisamente lo que ahora están obligados o condenados a hacer los nuevos alcaldes, comenzando por los de la zona metropolitana de Guadalajara. Entre otras cosas, éstos recibieron en herencia obras inconclusas y plagadas de problemas. Ejemplo de ello es la construcción del nuevo mercado Corona, o la explosión demográfica de vendedores ambulantes que inunda el primer cuadro de la capital del estado. De cómo vaya a enfrentar éstos y otros problemas el flamante gobierno de Enrique Alfaro va a depender de que el susodicho pueda conservar o no el apoyo que hasta ahora le ha manifestado la sociedad tapatía.
En lo que hace, por ejemplo, al problema del comercio informal en el centro tapatío –problema que creció exponencialmente durante las administraciones priistas de Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández–, Alfaro se comprometió a resolverlo en un plazo de seis meses, es decir, a más tardar para la primavera del año entrante. Lo que está por averiguarse es qué significa en este caso “resolver” para el flamante alcalde tapatío. Aun cuando el reglamento municipal establece claramente que está prohibido el comercio informal en el primer cuadro de Guadalajara, Alfaro ha insinuado que piensa “resolver” ese problema “dialogando” con los vendedores ambulantes o con quienes los representan, para lo que no descarta construirles “quioscos” para que vendan sus productos.
De insistir en esto último, el nuevo alcalde no sólo estaría evadiendo su compromiso e incumpliendo con su responsabilidad, sino que además estaría disponiendo de recursos del municipio para habilitar esos quioscos comerciales, algo no muy diferente a lo que en su momento hizo el alcalde panista Alfonso Petersen Farah, quien con dinero del ayuntamiento de Guadalajara construyó para los vendedores ambulantes del centro tapatío locales comerciales en el estacionamiento subterráneo de la antigua plaza de los Laureles, una “inversión” que muy pronto resultó contraproducente para la ciudad, pues lejos de desaparecer de plazas, andadores, calles y banquetas del primer cuadro, el comercio informal creció y se ha seguido multiplicando hasta el punto de tener convertido ahora al centro tapatío en un tianguis permanente.
Si el gobierno de Alfaro cumple y hace cumplir el ordenamiento municipal que establece despejar el centro de vendedores ambulantes –y mayormente si lo logra en el corto plazo que él mismo se impuso– estará dando una prueba cierta de que no es jarabe de pico. Pero si comienza a ceder y hacer concesiones, se estará sumando una eslabón más a la larga cadena de administraciones municipales que, por acción o por omisión, han contribuido al deterioro de la zona más emblemática de Guadalajara.
Pero los problemas de la capital tapatía no se limitan a las demarcaciones centrales de los municipios metropolitanos, pues la vida urbana también se ha ido descomponiendo en los distintos barrios y colonias que conforman la amplísima ZMG. Cabe preguntar qué van a hacer las nuevas autoridades con el agravado problema de los apartalugares, que no sólo se limita a la omnipresencia de los “viene, viene”, pues incluye también a vecinos abusivos que se apropian del tramo de la calle que da al frente de su domicilio, colocando para ello todo tipo de armatostes, o de los automovilistas que de manera impune ya se han habituado en convertir las banquetas y otros espacios peatonales en zonas de estacionamiento, lo que ocurre igualmente hasta con ciclovías como la calzada del Federalismo.
Habrá que ver lo que son capaces hacer a este respecto las nuevas autoridades metropolitanas, particularmente los activistas sociales que se acaban de meter de funcionarios. Tal es el caso de Mario Silva y Jesús Soto Morfín, quienes acaban de pasar, sin ningún conflicto personal, de ONG como el Colectivo Ecologista de Jalisco o Ciudad para Todos, a ocupar cargos públicos en las nuevas administraciones de Guadalajara y Zapopan, respectivamente. En ambos casos y de manera por demás coincidente, llegaron al área de movilidad urbana. No habrá que esperar mucho para ver qué tan bueno resulta este paso súbito del topus uranus del activismo social a la expuesta realidad de la administración pública.
Por lo pronto, las nuevas autoridades municipales ya tienen frente a sí los viejos problemas, con los cuales habrán de lidiar durante los próximos tres años. De cómo los enfrenten y eventualmente los resuelvan dependerá no sólo el porvenir político de los alcaldes y funcionarios en turno, sino el presente y el futuro inmediato de Jalisco y de su capital. l
