Preocupados porque la Fiscalía General del Estado no actuó contra los jefes y comandantes corruptos de la Fuerza Única que denunciaron en agosto pasado, varios agentes enviaron una segunda carta al titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez, en la que proporcionan una lista de los nombres y tropelías de los implicados. Pocos son los jefes que se salvan.
Por segunda ocasión en dos meses, un grupo de policías envió una carta al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Eduardo Almaguer Ramírez, en la que documentan las tropelías de su antecesor en el cargo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, y algunos de sus subordinados en la comisión de ilícitos como lesiones, abuso de autoridad, desaparición de personas, tortura, enriquecimiento ilícito, peculado, e incluso presuntos homicidios.
En la primera, entregada en agosto pasado, los inconformes le advirtieron a Almaguer sobre la corrupción en la fiscalía y le solicitaron hacer una limpia de los agentes corruptos (Proceso Jalisco 563).
Sin embargo, al percatarse de que sólo fueron despedidos algunos policías investigadores, ministerios públicos y elementos de la Fuerza Única Metropolitana (FUM) y no las cabezas, acordaron enviar una segunda misiva con información sobre los delitos en los que están implicados varios de sus jefes, incluido el propio Nájera Gutiérrez.
En el nuevo escrito, los denunciantes exponen: “El exfiscal es propietario de camiones de transporte público, estéticas y casas en el extranjero; Julio Sánchez Flores –quien fue su jefe de escoltas y hoy es su operador financiero– controla un laboratorio de drogas en Acatlán de Juárez y es uno de los presuntos relacionados con la muerte de Francisca Paula Mata Munguía”.
Mata Munguía fue directora de Recursos Humanos en la extinta Secretaría de Seguridad Pública y, según los firmantes de la carta, tenía relaciones sentimentales con Nájera Gutiérrez.
Otro de los integrantes del entorno del exfiscal es Francisco Solorio Aréchiga, comisionado de Seguridad Pública estatal, quien, aseguran, aprovechó su cargo para enriquecerse; hoy, puntualizan, tiene dos ranchos, uno de ellos en Copalita, municipio de Zapopan, que presuntamente perteneció a un narcotraficante.
También mencionan a Carlos René Torres Rodríguez, El Chagui, jefe de inspección de la policía, quien es propietario de autos, cuatrimotos y dos bares, incluido el de Calzada de los Enebros, entre calle Los Belenes y Pancho Villa, cerca del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.
“Cuando hay eventos de futbol o box –exponen los inconformes–, Torres Rodríguez suele disponer de patrullas (para su servicio personal) incluyendo sábados y domingos; además, tiene cuatro camionetas a su cargo placas JR 91402, JR 90512, JS 02638 y otra sin número.”
Otro funcionario es Jesús Alejandro Olivares Contreras, El Pollo, chofer del comandante Carlos Alejandro Torres Cárdenas, El Charly, quien presuntamente vende armas cortas y largas a células del crimen organizado: “Dichas armas son las que se roban en los reventones y las que se quedan de los enfrentamientos… Hace poco vendió un R-15 con mira telescópica y la mayor parte de las armas las vende por el rumbo de Oblatos”.
Señalan también que en el seno de la FUM hay un grupo denominado El Chipote, encabezado por el comandante Benito Santos Romay, quien tiene a su cargo a 20 elementos y presuntamente recibe dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Él y los uniformados bajo su mando, exponen los firmantes de la carta, se dedican a levantar jefes de células del crimen organizado que no se alinean y los entregan a los grupos contrarios; algunos ya no han aparecido. Además, suelen amenazar a los familiares de los afectados para que no los denuncien. Entre los colaboradores de Santos Romay están César Arroyo y Nemesio Llorente.
Mencionan también al comandante Isaac –del que no proporcionan apellidos–, jefe del grupo de Operaciones Tácticas Antinarcóticos, a quien señalan de tener nexos con el crimen organizado y “hacer el trabajo sucio a Solorio”.
La lista sigue
En el entorno de corrupción, los policías inconformes incluyen a dos comandantes de la Fuerza Única Regional (FUR): Basilio Aguirre y Martín Martínez, ambos tienen vínculos con El Sapo, quien presuntamente es propietario de una finca en Las Palmas, en Puerto Vallarta, y pariente de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, cabeza del CJNG.
Martínez, dicen, es propietario de un rancho en Teocuitatlán de Corona, en el que tiene “mucho ganado y varios vehículos”.
Otros mandos señalados de presuntos nexos con el cártel del Mencho son: Eduardo León Maldonado y José Luis Aguilar Ramírez. Este último es asesor de seguridad en el Congreso estatal.
Según los autores de la carta, Aguilar Ramírez es “el intermediario” entre Los Cuinis, cuñados del Mencho, y los diputados. Es él quien administra los camiones de transporte público al panista Alfredo Argüelles, exdiputado y exsecretario general del Congreso.
Aguilar, exponen, es socio de Rodolfo Ocampo –el exdirector del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, preso actualmente por el desvío de fondos de la dependencia– en el negocio de los camiones.
La lista incluye a los comandantes que en sus casas ocultan armas que no están registradas, así como el dinero que proviene de la delincuencia organizada, entre ellos: Eduardo Tavares, Javier Martínez, Santiago García Salazar, El Chago, y Samuel Betancourt. Este último, subrayan, “tiene un hermano que es escolta de Nájera”. Y añaden: “hace un año Samuel andaba vendiendo armas, cargadores y cartuchos en el cuartel de la FUR”.
Exponen que un comandante de la FUR de apellido Regalado y el “oficial Montes” encubren al Charly, El Chagui y a Jorge Téllez, quienes presuntamente causaron la muerte al padre de un custodio tras torturarlo.
E insisten: El Charly, El Chagui y Téllez torturan a la mayoría de los detenidos en “los baños y en el espacio que tenía el peluquero en el sótano del edificio de la calle Libertad… Los ingresan por la calle Ferrocarril, y cuando se les mueren, acostumbran sacarlos en la madrugada y tirarlos por el rumbo de Tlajomulco, Central Nueva y Antigua. Algunos los hacen pedacitos y los meten en maletas que tiraron por el rumbo de la Central Nueva y le ponen cartelones por chapulín, por rata, por extorsionador, secuestrador, esas son las leyendas que ponen”.
Dicen que esa práctica también la aplican a sus propios compañeros: a un policía de apellido Tejeda, acusado del robo de una pistola en un operativo, El Charly y El Chagui “lo desnudaron, lo metieron al baño, le pusieron cables en los testículos, una bolsa negra en la cabeza… El policía lloraba de la tortura.
“Posteriormente, la pistola apareció en la camioneta del Charly, pero como ya habían torturado a Tejeda y lo habían hecho firmar la renuncia le dijeron que se fuera y que si la hacía de pedo lo iban a levantar, a hacerlo pedacitos y le iban a poner un cartelón para desviar la atención de que estaba con el crimen organizado”, describen en el documento.
Agregan: “No es posible que los policías honestos tanto de la fiscalía central como de la policía estatal vivamos con la zozobra de ver a qué hora nos dan un levantón, nos torturen o nos siembren armas y droga o hasta nos inventan alguna averiguación previa. Así con ese precio, de qué forma vamos a tratar a la ciudadanía. Los jaliscienses ignoran la realidad que se vive dentro del gobierno con tanta basura, corrupción e impunidad, y todavía, quien no se alinea con ellos, es castigado”.
Complicidades
Un comandante –al que sólo identifican por el apellido Carrillo– es jefe de escoltas de Solorio Aréchiga y, dicen, “reventó un domicilio” en la colonia Lomas de Zapopan para detener a José Refugio Ochoa Moreno. Los agentes sacaron del lugar varias cajas con dinero y droga, pero sólo remitieron 60 kilos de cristal y cocaína que tenían en un Grand Marquis negro.
La familia de Ochoa admitió que él se dedicaba a trasladar la droga de Ixtlahuacán del Río a Tlajomulco. Los subalternos del comandante Carrillo amenazaron a los propietarios del inmueble con inculparlos si se quejaban ante el Ministerio Público.
Otro de los comandantes de la FUM mencionados en la carta entregada al fiscal Almaguer –al que los suscribientes identifican con el apellido Neri– se dedica a cobrar una cuota mensual “a las tienditas de venta de droga, tanto en Guadalajara como en Tonalá”. Él, dicen, “acostumbra tener varias patrullas en su domicilio”.
También se quejan del comandante Rogelio Andrade Sánchez, cercano al comisionado Solorio, a quien acaban de nombrar como supervisor. Es un corrupto de negro historial que no conoce de operatividad. “Cuando fue director de la policía rural tuvo fracasos (que trajeron como consecuencia) que lamentablemente murieran varios policías”, exponen.
Andrade Sánchez, quien trabaja con prestanombres y es dueño de taxis y camiones de transporte público, ha participado en “los reventones a casas, de donde se roba armas y cuatrimotos” que luego vende entre sus compañeros.
Cuando estuvo como “director del Palomar” –el servicio de urgencia 066–, Andrade Sánchez bloqueaba la información que solicitaba el gobierno federal. Y cuando había reporte contra gente del crimen organizado, “informaba primero a Solorio o al Charly para que ellos avisaran (a los sicarios) que ya los habían reportado”.
Otro de los señalados es el comandante Raúl Gómez Mireles, quien, según sus antecedentes, había sido cesado.
En resumen, escriben los policías inconformes, la fiscalía debe investigar “a todos los comandantes de la FUM y FUR, pues cada 15 días reciben cuota del crimen organizado, sin excepción”.
Exponen también que sus jefes les dieron la orden de no revisar vehículos ni personas “sospechosos” que transitan en caminos rurales, lo que facilita el trasiego de armas y drogas. Peor aún: la información de la base de datos que se resguarda en el noveno piso de la sede de la fiscalía de la calle Libertad se vende al crimen organizado.
“En la oficina de inspección –dicen– hay bases de datos del IMSS, licencias de conducir, de catastro, del registro público de la propiedad, de padrones vehiculares y de detenidos. Su función es investigar todas las quejas del actuar de los policías, pero de ahí sacan información, y se la dan al crimen organizado… a buen precio. l
