Suspende Tribunal Constitucional consulta soberanista en Cataluña

Mariano Rajoy, presidente de España.
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MADRID (apro).- Por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) español acordó admitir el segundo recurso interpuesto por el gobierno de Mariano Rajoy contra la consulta del próximo domingo 9, aprobada por la administración pública catalana, para conocer el sentir ciudadano sobre la independencia de Cataluña.

Una hora después, en la sede de la Generalitat catalana, en Barcelona, el portavoz Francesc Homs aseguró que el gobierno de Cataluña “mantiene el proceso participativo” previsto para el domingo, desobedeciendo la suspensión cautelar de la consulta, como lo ordenó el TC.

Esta es la segunda ocasión que el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente el referéndum, y hoy lo volvió a hacer con la consulta alternativa propuesta por el gobierno catalán de Artur Mas.

A menos de una semana del sondeo, el ambiente político en España se crispó por la orden del máximo tribunal español y la actitud de desobediencia mostrada esta tarde por el gobierno catalán.

El presidente Mariano Rajoy optó por recurrir a una nueva consulta luego de que el Consejo de Estado le diera el visto bueno, con un estudio jurídico.

Sin embargo, Artur Mas parece incumplir la orden del máximo tribunal al mantener la convocatoria, mientras en Cataluña se continúa con los preparativos para instalar las urnas el domingo próximo.

El pasado viernes, en conferencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que la votación alternativa no tiene “ninguna base legal y ninguna de las garantías democráticas más básicas”.

La consulta de Artur Mas no es vinculante, por lo que carece de soporte legal, sin embargo, es interpretada como una demostración de fuerza del soberanismo catalán.

Por su parte, el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, consideró que mantener la consulta “es una forma de mantener la libertad de expresión”.

El gobierno de Mas, recordó Homs, mantiene su estrategia de presentar en breve una demanda contra el gobierno de España en el Tribunal Supremo por atentar contra el derecho a la participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica.