Las autoridades federales están enviando señales al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz para que atienda los problemas crecientes de inseguridad en el estado, pero éste parece no responder a las observaciones, inmerso como está en los comicios del próximo año, comentan a Proceso Jalisco dos investigadores. Si persiste en su sordera, dicen, puede pasarle lo mismo que a Guillermo Cosío Vidaurri en abril de 1992, cuando una explosión en el Colector Intermedio de Oriente en Guadalajara terminó con sus sueños presidenciales.
Inmerso en la inseguridad por las desapariciones de personas, los secuestros, asesinatos en Jalisco –incluido el del diputado federal del PRI Gabriel Gómez Michel– y del intento desesperado por parte de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz de maquillar las cifras delincuenciales, el gobierno federal encendió ya los focos rojos con respecto a Jalisco.
En 18 meses de gobierno priista en Jalisco, la inseguridad y la ingobernabilidad en el estado hacen crisis, sostiene Fernando Espinoza de los Monteros, excandidato a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza (Panal).
Exintegrante de la desaparecida corriente priista Democracia 2000 y actual catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Espinoza de los Monteros asegura que la alerta de la federación se encendió a causa de esos dos problemas.
Hoy, de manera directa se envían mensajes a Jalisco que parecen no ser escuchados, aun cuando en enero pasado el gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre el riesgo de transitar por varios estados del occidente del país, incluido Jalisco, a causa de la inseguridad, comenta el investigador a Proceso Jalisco.
Para él, la columna sindicada de Carlos Loret de Mola “Historias de reportero” –publicada en el diario El Universal el viernes 12 y en El Informador el martes 16–, en la cual alude al envío de elementos de la Gendarmería Nacional a varias entidades, es significativa. Su mensaje, dice, viene de las cúpulas del poder en el país y tiene el propósito de advertir al gobernador Sandoval Díaz la forma en que se le está viendo desde la federación.
“Esa alerta –insiste– debe ser vista con objetividad. Si la federación ya prendió focos rojos hacia Jalisco, falta que la administración local vea y reconozca la situación. Y lo digo por razones muy obvias, Loret de Mola es un periodista que trabaja para Televisa, muy cercana a la gente del poder; debe ser visto casi como un conducto oficial del gobierno federal de este país.”
Y aclara que la administración de Sandoval Díaz enfrenta una especie de autismo o “síndrome de Cosío” –en alusión a Guillermo Cosío Vidaurri, el antepenúltimo gobernante del PRI antes de la derrota de ese partido frente al PAN en 1995–, quien en la fase más crítica de su gestión se negaba a reconocer que el destino de su mandato estaba en manos del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Cosío fue destituido a raíz de las explosiones del 22 de abril de 1992, acusado de negligencia y corrupción ante el siniestro en el que hubo 212 muertos y los daños a casas e infraestructura en un área de 15 kilómetros fueron cuantiosos.
Respecto de Sandoval Díaz, organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) arguyen que al inicio de su gestión había 2 mil 300 desaparecidos, aunque la cifra no era reconocida por las autoridades estatales.
De ese total, 926 personas se desaparecieron entre 2013 y 2014, periodo que corresponde a la gestión de Sandoval Díaz. Hoy, según el Cepad, el número de casos es mayor.
En la edición del lunes 22, el periódico Reporte Índigo informó que a partir de marzo de 2013, cuando asumió Sandoval Díaz, la mayoría de esas desapariciones (67%) se registraron en la zona metropolitana de Guadalajara.
Otros reportes indican que en ese lapso hubo 108 casos en los 125 municipios de Jalisco. Según la publicación, en La Barca –donde a finales de 2013 se encontraron decenas de narcofosas en los márgenes del río Santiago, en los límites con Michoacán, con por lo menos 74 cadáveres– hubo 53 desaparecidas .
Llegaron los gendarmes
En Tlaquepaque, precisamente donde el lunes 22 fue levantado el diputado Gómez Michel cuando se trasladaba al aeropuerto de Guadalajara, las desapariciones crecieron 67% en lo que va del año. Este delito también se registra en el sur y el sureste de la entidad, así como en la zona Valles, comenta el investigador Jorge Rocha Quintero, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
El académico también llama la atención sobre el mismo fenómeno en municipios como Sayula, Atoyac, San Gabriel, Zapotiltic y otros lugares, como Jilotlán de Dolores.
La semana antepasada cundió la alarma en Zapotiltic por la desaparición de Daniela Isabel Magaña y otro estudiante de 14 años llamado Juan Carlos Valle Álvarez.
Magaña estudia en la Preparatoria Regional de la UdeG y no se sabe de ella desde la tarde del domingo 17, cuando salió de su casa rumbo a un gimnasio local. El rector Tonatiuh Bravo Padilla incluso exigió a las autoridades estatales investigar el caso. Con respecto a Valle Álvarez, el menor apareció poco después y aclaró que se ausentó “por problemas personales”.
En la región Valles, a través de redes sociales se solicita con frecuencia el apoyo de los usuarios para localizar a los desaparecidos. Sin embargo, la administración de Sandoval Díaz prefiere no hablar sobre el asunto; menos aun publicar cifras ni abordar casos concretos.
El lunes 22, horas después de que el fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco organizó una rueda de prensa para tranquilizar a los habitantes de Zapotiltic sobre una presunta banda de secuestradores dedicados a levantar gente para extraerle sus órganos y traficar con ellos, fue levantado el diputado federal Gómez Michel.
El cuerpo de legislador y el de otra persona, al parecer uno de sus colaboradores, fueron localizados en el poblado de Apulco, Zacatecas, los primeros minutos del martes 23. Ambos estaban calcinados en una camioneta Suburban azul, según informó la Procuraduría de Justicia de esa entidad. El miércoles 24, la Procuraduría General de la República decidió atraer el caso.
Este doble crimen se suma a los que han ocurrido en Jalisco en los últimos meses. Uno de ellos es el del secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, acribillado el 9 de marzo de 2013, justo cuando el gobierno de Sandoval Díaz tenía ocho días en Casa Jalisco. La Fiscalía General del Estado declaró que el funcionario tenía nexos con un grupo de la delincuencia organizada, a partir de testimonios arrancados a varios de los presuntos responsables de esa muerte.
Otro es el del acalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres, asesinado junto con su caporal en un rancho de su propiedad a principios de agosto pasado por un grupo de sicarios.
El lunes 1, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) informó sobre la llegada de 200 elementos de la Gendarmería Nacional a Jalisco con un propósito definido: fortalecer el control territorial y proteger la seguridad de las personas y los bienes, así como de resguardar las fuentes de empleo, según el comunicado enviado a los medios de comunicación.
La cerrazón
El catedrático Fernando Espinoza de los Monteros insiste en que la administración de Sandoval Díaz se muestra distante de la problemática social, de ahí que la federación y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza el mexiquense César Camacho Quiroz, ven con preocupación la administración jalisciense.
El entrevistado aprovecha para criticar al magistrado del Supremo Tribunal de Justicia Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador, quien no oculta su intención por llegar al ayuntamiento de Guadalajara sin que el PRI lo cuestione.
Y mientras el magistrado hace proselitismo y reparte despensas en colonias populares, dice el académico, Jalisco se empantana en materia de justicia, pues hoy es uno de los estados con mayores retrasos en la implementación del Nuevo Sistema Penal Adversarial.
Según Espinoza de los Monteros, Sandoval Figueroa y la organización Más por Jalisco tendrán un papel protagónico en la designación de las candidaturas del PRI para los comicios del próximo año; es posible que el PRI estatal y su presidente Hugo Contreras sean borrados del mapa:
“El padre de Aristóteles está conformando una red social y en internet; todo hace pensar que van a desplazar a la dirigencia del PRI. En el partido se requiere de un presidente con mayores alcances y contactos hacia el Comité Ejecutivo Nacional para enfrentar la actual situación.”
Dice que la ingobernabilidad se incrementó tras la salida de Arturo Zamora Jiménez de la Secretaría General de Gobierno. Cuando él estuvo en el gabinete de Sandoval Díaz, la relación con los partidos políticos y los grupos de la sociedad civil se deterioró; con su salida, la interlocución con ellos prácticamente desapareció.
Por ello, insiste, las visitas del presidente Enrique Peña Nieto a Jalisco tienen la finalidad de reforzar la imagen del gobernador y para intentar posicionar al PRI en los comicios de 2015 para impulsar sus reformas transexenales.
Espinoza de los Monteros expone: “Hay que recordar que hace unas semanas Enrique Peña Nieto concedió una entrevista al periódico El País, de España, en la que reconoció que tenía unos estados en calidad de foco rojo, entre ellos Jalisco.
“Y Peña viene a Jalisco para que vean los gobernados que el presidente está interesado en lo que sucede en esta entidad; viene a dar directrices al gobernador. Ya dependerá de este mandatario hacer caso o no.
“Hay que recordar lo que le pasó a Guillermo Cosío, quien tenía pretensiones transexenales. Sin embargo, las explosiones (en los ductos del Colector Intermedio de Oriente en Guadalajara en abril de 1992) acabaron con sus intenciones de buscar la Presidencia de la República. Eso todo mundo lo sabemos; y eso le puede pasar a Aristóteles (si no atiende las directrices).”
Su colega Jorge Rocha Quintero destaca que el principal problema de Jalisco es la seguridad pública. Lamenta que el gabinete del gobernador esté más preocupado por preparar la elección de 2015 que en ofrecer resultados ante la ciudadanía.
“Un proceso que se observa tan adelantado y polarizado –expone– no ayuda a que los funcionarios brinden buenos resultados a la sociedad. Ellos olvidan que antes de aspirar a algún cargo de elección popular, deben cumplir con su gestión.”
Sin embargo, las cosas no son así. Él interpreta esta situación como una perversión en la forma de gobernar el estado de Jalisco.
Habla de los problemas para combatir la pobreza y disminuir la inseguridad que, insiste, no le cuadran al gobierno. Y aunque insiste en que los indicadores de índices delictivos disminuyen, la percepción ciudadana es diferente, sobre todo en relación con los desaparecidos.
Jalisco, dice, se divide en dos estados: “Uno es el de la zona metropolitana, donde se concentran la inversión y los cuerpos policiacos; el otro, es el del interior, donde existe otro parámetro en materia de seguridad, combate a la pobreza y marginación. Mientras en la región sureste, en municipios como Jilotlán de los Dolores o en Santa María del Oro, por ejemplo, la pobreza extrema es de 25%, en los metropolitanos la extrema pobreza es de menos de 5%.
“El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social (Coneval) te dice que mientras en Zapopan o Guadalajara las personas sin carencia y sin pobreza es de 30%, en los otros municipios no registran ni siquiera 1% de ese tipo de población. Por eso hablamos de dos Jaliscos, de que en los municipios más marginados se registran mayores violaciones a los derechos humanos y más desaparecidos.”
Lamenta que el gobierno estatal pretenda combatir la inseguridad con estrategias de imagen y de marketing publicitario. “El hecho de que tú pongas policías en rondines de colonias –expone– tiene su efecto, pero eso no es una verdadera estrategia para brindar mayor seguridad al ciudadano.
Rocha Quintero difiere de Espinoza de los Monteros en torno a la llamada crisis de gobernabilidad. Para él, la situación que enfrenta el gobierno de Jalisco no es tan grave como en otras entidades.
