MADRID.- Veintiséis de abril de 2011. El choque que protagonizaron la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, y Ana Pastor, conductora del programa de información y debate de la televisión pública Los desayunos de TVE, sugería que el retorno al poder de esa organización política iba a traer consigo un retroceso en la apertura informativa que vivían los medios de comunicación del Estado español.
La dirigente del entonces primer partido de la oposición rechazaba la gestión de noticias de Radio y Televisión Española (RTVE) durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. “No está siendo imparcial desde el punto de vista político. Una televisión pública imparcial debería presumir de tener unos servicios informativos y unos instrumentos que sean de una objetividad meridiana”, dijo durante la transmisión, en vivo, del citado programa.
Cospedal llegó al gobierno de Castilla La Mancha un mes después, en junio de 2011, y entonces definió su criterio de “imparcialidad” y “objetividad meridiana”: Al frente de la Televisión Pública de esa comunidad (RTVCM) nombró a Ignacio Villa, jefe de información de Cadena Cope, la radio y televisión propiedad de los obispos a través de la Conferencia Episcopal Española. Desde entonces, la televisión manchega es un instrumento de propaganda del ideario más conservador del PP.
El líder de esta organización y jefe de Cospedal, Mariano Rajoy, asumió la presidencia de España en diciembre pasado, tras su triunfo en las elecciones del 20 de noviembre, y no tardó en mover sus piezas para tomar control de RTVE, en particular sus programas informativos, debido a su alergia al debate y a las entrevistas incómodas.
Como presidente de RTVE, el gobierno de Rajoy colocó a Leopoldo González-Echenique, “un abogado sin conocimiento de medios pero muy amigo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría”, y en la Dirección de Informativos designó “a Julio Somoano, responsable de Telenoticias 1 de Telemadrid, la televisora pública de la comunidad de Madrid a la que sus propios trabajadores acusan de manipulación informativa”, dice en entrevista un periodista especializado en medios que por política de su medio no puede ser citado.
“Es evidente el interés del gobierno del PP para tomar control del área informativa –añade el especialista– porque tiene alergia a los debates y a las entrevistas incómodas; no tienen empacho en controlar y censurar.”
Luego del anuncio del nombramiento de Somoano, circuló profusamente entre medios españoles y corresponsales extranjeros el texto de su tesis de maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, la cual titulo Estrategia de Comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales. En este trabajo sugería que el PP debía utilizar las series de televisión para deslizar “mensajes ideológicos”, así como evitar los debates que lo hicieran aparecer como “un partido demasiado conservador”.
Los nuevos directivos iniciaron una purga en RTVE, y de la larga lista de profesionales que salieron, destaca el caso de Fran Llorente, antecesor de Somoano, despedido por los trabajadores de pie y con un prolongado aplauso. Y la antes mencionada Ana Pastor. Ahora las tertulias políticas están pletóricas de periodistas defensores del pensamiento de la derecha política.
El martes 11 fueron ampliamente criticados por relegar la nota de la masiva manifestación independentista ocurrida en la Diada, la fiesta catalana, al minuto 18 del noticiario nocturno, mientras que con esa noticia abrieron las televisoras privadas.
Tufillo ideológico
Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), sostiene que medios públicos como RTVE y la misma agencia EFE enfrentan fuertes recortes debido a la crisis económica.
A RTVE se le recortaron 200 millones de euros del presupuesto y la agencia EFE –que preside José Antonio Vera– está en proceso de aplicar un Expediente de Regulación del Empleo (ERE), por el que esperan despedir a 443 trabajadores y el resto sufrirá una reducción de su salario y de su jornada laboral estimada entre 8% y 12%.
“El caso de EFE es una barbaridad, porque además de la afectación a los profesionales, la decisión es cerrar delegaciones en el mundo, lo cual se me hace uno de los peores errores estratégicos, porque EFE representa la mayor presencia de España en el mundo y posiciona información no sólo de España sino de América Latina”, afirma Del Riego.
También critica que Rajoy haya ido más lejos al modificar el modelo de designación de la radio y la televisión pública. “Solo hay una persona que se creyó de verdad qué debe ser una televisión pública, un medio de comunicación al servicio de los ciudadanos de una forma neutral: Ese fue Zapatero. Ni su partido (PSOE) ni el PP creían en ese modelo. Ese modelo consiguió que durante ocho años hubiera la mejor televisión pública que se haya hecho en los últimos tiempos”.
La designación de los presidentes de RTVE, explica, era por consenso de tres quintas partes del Congreso. Ahora, el gobierno rompió esa práctica y el PP los aprobó de forma unilateral.
Pero la mano del gobierno no sólo se inscribe en los medios públicos o en las frecuentes conferencias de prensa sin preguntas: En agosto, a los integrantes del Círculo de Corresponsales Extranjeros se les vetó el uso de instalaciones del Centro Internacional de Prensa (CIP), en Madrid, para tener un encuentro informativo con Baltasar Garzón, el exjuez de la Audiencia Nacional y actual abogado de Julian Assange, de Wikileaks.
El Círculo de Corresponsales, donde hay 80 profesionales de medios de todo el mundo, denunció a través de su página web que se trataba de “un intento de censura y una interferencia inaceptable por parte del gobierno en el trabajo de la prensa internacional”.
El presidente del círculo, el periodista alemán Hans-Günter Kellner, declaró que “las solicitudes se realizan para asegurar la disponibilidad de la sala, y en ningún caso para obtener el visto bueno del gobierno sobre el contenido de los actos. En esta ocasión, la Secretaría de Estado para la Comunicación denegó el uso de la sala para el acto con Baltasar Garzón, por considerarlo “no idóneo” y ser “demasiado privado”.
La funcionaria que tomó la decisión, Consuelo Sánchez-Vicente, responsable de la Dirección General de Comunicación, declaró a El País que Garzón “se dedica a la actividad privada, es el abogado de un particular, y las dependencias del gobierno son para actividades con personas de interés público e institucional”. No mencionó que Garzón fue el juez que instruyó el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en la que están implicados altos dirigentes del Partido Popular.
