l incremento en las fumarolas del Popocatépetl, acompañadas por ceniza y continuos sismos, hizo que las autoridades del estado de Puebla decidieran desalojar a 75,000 habitantes de las zonas cercanas al volcán.
A finales de 1993, el Popo empezó a arrojar fumarolas, a veces imperceptibles, a veces más densas. Sin embargo, vulcanólogos, sismólogos, ingenieros y el Centro Nacional para la Protección de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación buscaron tranquilizar a la población.
Los argumentos principales eran que ya en otras ocasiones este volcán, que se calcula tiene más de 300,000 años y está localizado en los límites de los estados de Puebla, México y Morelos, había emitido este tipo de “precursores”, además de registrar sismos y erupciones pequeñas, sin que hubiera signos de una erupción mayor.
Sin embargo, en la madrugada del miércoles 21, las fumarolas crecieron notablemente, tanto en intensidad como frecuencia, y ahora contenían cenizas que cubrieron ligeramente a varias poblaciones de Puebla, incluida su capital.
El Cenapred informó que se habían registrado por lo menos cinco “explosiones freáticas leves”. Explicó que este tipo de explosiones “ocurren en los volcanes activos, como es el caso del Popocatépetl. Las leves explosiones de esta madrugada son similares, aunque de menor intensidad, a las ocurridas en 1921”.
El mismo miércoles 21, por la noche, minutos después de que el subsecretario de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación, Humberto Lira Mora, en el noticiario 24 Horas, había tratado de tranquilizar a los habitantes de las zonas cercanas, los encargados de protección civil del estado de Puebla no esperaron más y decidieron desalojar a cerca de 75,000 habitantes.
El jueves 22, cerca de 53,000 personas habían abandonado la zona; unas 20,000 se encontraban en albergues (escuelas y centros deportivos) en las ciudades de Puebla, Atlixco, Cholula, Huejotzingo e Izúcar de Matamoros. El resto se había refugiado en casas de parientes y amigos.
De acuerdo con información del Cenapred, quedaban sin ser desalojadas otras 24 poblaciones poblanas en la zona considerada de “mayor atención”, además de 15 del Estado de México y nueve de Morelos.
Asimismo, se cerró el albergue de Tlamacas, mientras que los pobladores de Amecameca se negaron a salir de sus hogares en tanto la dirección del viento continuara en la misma dirección: hacia el estado de Puebla y no al de México.
Entrevistados en octubre pasado, el sismólogo Carlos Valdez y el vulcanólogo Servando de la Cruz, ambos investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), insistieron en la necesidad de seguir observando el volcán antes de tomar una decisión de desalojo por sus implicaciones sociales y económicas (Proceso 936).
Desde finales de 1992, especialistas de la UNAM –ingenieros, sismólogos y vulcanólogos– instalaron una red de monitorio en el Popo.
En 1986, después de los sismos de 1985, Ana Lilia Martín del Pozo, investigadora del Instituto de Física, explicó que el tipo de actividad presentada en la historia del Popocatépetl “nos da un indicio de cuál es su comportamiento. Y resulta probable que se reactive a finales de siglo”.
No fue sino hasta 1992, año en que hubo el presupuesto necesario, cuando se empezó a instalar el equipo de monitoreo.
A mediados de 1994, el Cenapred empezó a repartir folletos entre los habitantes de las poblaciones cercanas al volcán, para explicarles los riesgos de vivir cerca de éste. Desde el pasado jueves 22, reparte información sobre las rutas de evacuación más rápidas.
En un informe interno del Instituto de Física de la UNAM, que recogía los registros del Popo entre noviembre de 1993 y marzo de 1994, elaborado por Carlos Valdés González y Guillermo J. González-Pomposo, advertía: “el Distrito Federal se localiza a una distancia de 65 kilómetros; la ciudad de Puebla, a 45, y Cuautla, a 41; por tanto, una erupción proveniente del volcán Popocatépetl puede afectar, potencialmente, a unos 20 millones de personas, que representan una cuarta parte de la población total del país, y provocar un fuerte impacto económico”.
El Cenapred informó el miércoles 21 que tanto el Distrito Federal como las ciudades de Cuernavaca, Cuautla, Puebla y las poblaciones no mencionadas como “zonas de mayor atención” no requerían “medidas preventivas de protección civil”, aunque advirtió que podrían presentarse manifestaciones secundarias, entre otras “lluvia de ceniza similar a la que tuvo la ciudad de Puebla”.
Señaló que el volcán puede permanecer en el estado actual –arrojando fumarolas y cenizas– “indefinidamente, sin representar riesgo alguno”. Sin embargo, agregó que “en virtud de la probabilidad de un incremento en la actividad, es prudente aplicar el programa de protección civil en las poblaciones circundantes”.
Recomendó a los encargados de protección civil de los tres estados mantener relación con el Cenapred para “evitar riesgos y alarmas innecesarias”.
Como el Popocatépetl existen en México otros once volcanes en actividad, localizados en el centro y sur del país, en una zona de fronteras de placas tectónicas, que aumentan el riesgo de sismicidad y actividad volcánica. Son los volcanes de Colima, Ceboruco, de Orizaba, Tuxtlas, Tacaná, Chichonal, Tres Vírgenes, Paricutín, Jorullo, Jabalí y Chichinautzin.
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