La liquidación de la empresa, tierra sobre las pruebas contables de un fuerte daño a la nación

La liquidación de la empresa, tierra sobre las pruebas contables de un fuerte daño a la nación
Impunes, los más grandes beneficiarios y cómplices del saqueo de Conasupo en dos sexenios sucesivos
Álvaro Delgado
Pese a las contundentes pruebas del saqueo a que fue sometida la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), y no obstante el hecho de que los más importantes responsables del gigantesco daño a la nación no han sido sancionados, este lunes 5 de abril se consumará la decisión del gobierno zedillista de liquidar la empresa paraestatal
El caso es que, con la desaparición de Conasupo, que afianza la impunidad de quienes incurrieron en actos ilícitos y de quienes los propiciaron o toleraron, concluye un proceso de desmantelamiento que fue acelerado por el régimen de Carlos Salinas y operado por su hermano Raúl, acusado de tejer redes de corrupción y de tráfico de influencias en beneficio de prominentes políticos y empresarios que hasta el momento no han sido tocados por la justicia
Así, un informe del despacho contable González Cerroblanco y Cía, elaborado para la Comisión Investigadora del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales de la Cámara de Diputados —el documento había permanecido inédito hasta ahora—, involucra en graves irregularidades a varios miembros del gabinete salinista, como Pedro Aspe, Jaime Serra Puche, María Elena Vázquez Nava y Jorge de la Vega Domínguez
Con base en documentos de la propia paraestatal, el dictamen del despacho contable implica, además, a Jacques Rogozinski, coordinador de la Unidad de Desincorporación de la SHCP; a Roberto Abarca Ochoa, director adjunto de Banca Especializada de Banca Confía, y a Aaron Schwartzman, director general de Liconsa
El informe contable documenta las irregularidades cometidas en la privatización de tres plantas de Liconsa y cuatro marcas de leche de Conasupo en 1991 y, de acuerdo con sus funciones, los responsabiliza textualmente de:
“no haber promovido y aplicado (en su caso) las penalidades por falta de pago oportuno en la compraventa de las plantas de Aguascalientes, Delicias, Acayucan y sus respectivos centros de acopio; así como de las marcas Mileche, Nutrileche, Vitalac y Plenilac, según lo establece el Procedimiento para la enajenación de bienes del gobierno federal emitido el 12 de septiembre de 1990 por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento
Asimismo, les imputa anomalías como:
Haber firmado los contratos de compraventa de las plantas a desincorporar, toda vez que debe existir el acuerdo presidencial para la resectorización de las plantas de Liconsa, mediante el cual es facultad de la SHCP enajenar estas unidades Por tanto, la vendedora es la SHCP y no Liconsa
A Jaime Serra Puche, Jorge de la Vega Domínguez y Carlos Ruiz Sacristán —actual secretario de Comunicaciones y Transportes—, el informe los hace presuntos responsables de un pago indebido por el equivalente a 6 millones de dólares a Maseca, el emporio tortillero de Roberto González Barrera, cuando ambos formaban parte del consejo de administración de Conasupo, en 1989
Aunque existen elementos jurídicos para proceder penalmente en su contra, de acuerdo con un dictamen jurídico del despacho Daza Gómez, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha promovido la acción penal correspondiente, como lo ha hecho en casos de presunta responsabilidad de otros 144 involucrados en hechos de corrupción, si bien con ínfimos resultados
De las 122 averiguaciones previas que la PGR se vio precisada a iniciar, desde hace tres años, solamente pudo consignar 80 ante un juez, y únicamente en 12 hubo sentencia condenatoria contra funcionarios de nivel medio de Conasupo
De acuerdo con datos aportados por el diputado federal Miguel Alonso Raya, miembro de la Comisión Conasupo, han sido sancionados penal y administrativamente unos mil 600 funcionarios, pero ninguno de alto nivel
“Son intocables”, juzga el legislador “Se procede contra una parte importante de funcionarios menores, pero nunca contra personajes como Aspe, Serra y Rogozinski, porque son los instrumentadores y parte de la red de complicidades Con su detención se destaparía con mayor claridad la cloaca de Conasupo”
—¿Es el gobierno el que les ha garantizado la impunidad?
—Totalmente No hay que olvidar que al final de cuentas son el equipo que ha estado gobernando desde Miguel de la Madrid Son parte de un conjunto de camarillas Y aunque ahora muchos renieguen de Salinas, fueron, como parte de su gobierno, instrumentadores y cómplices de esa aventura
Sepultar la corrupción
La Comisión Conasupo presentará la última semana de este mes un informe final al pleno de la Cámara de Diputados para intentar que el Ejecutivo proceda legalmente y termine con la impunidad de los malos manejos en la empresa
Sin embargo, según el diputado perredista Alonso Raya, con la liquidación de Conasupo no sólo se pretende desaparecer un instrumento de política social —”innecesario desde la óptica de la tecnocracia”—, sino que se busca sepultar la corrupción y garantizar impunidad a quienes la saquearon y desmantelaron, como Raúl Salinas, quien trabajó en esa empresa de 1985 a 1989
“Raúl Salinas —dice el legislador— es la cabeza de la camarilla que se encargó del desmantelamiento de Conasupo, de su desprestigio y ahora de su liquidación, con la complicidad de Carlos (Salinas) y, evidentemente, también con la del actual equipo de gobierno”
Y “en esta red de complicidades”, continúa, se encuentran incluidas la PGR, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y la propia dirección de Conasupo, lo que hace concluir que “no existe voluntad política del Ejecutivo para aplicar la justicia a quienes urdieron los desfalcos”
—¿Es Zedillo responsable de esto?
—Yo no sé si Zedillo está dando directamente la instrucción o es la Secretaría de Gobernación la que está arrogándose facultades y tomando decisiones Lo cierto es que el Ejecutivo, como cuerpo, no está mostrando ninguna voluntad para que podamos aclarar las cosas
La Comisión Conasupo fue constituida en la legislatura pasada, luego de que el diputado independiente Adolfo Aguilar Zinser acreditó numerosos hechos de corrupción en la empresa, pero ese órgano legislativo detuvo sus trabajos con la decisión de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados que, el 8 de octubre de 1996, dio “carpetazo” a las indagatorias
Así, los diputados priístas lograron interrumpir temporalmente las investigaciones, sobre todo las referentes al pago que Conasupo hizo a Maseca y en el que, de acuerdo con Aguilar Zinser, tuvo intervención directa el presidente Ernesto Zedillo, cuando era secretario de Programación y Presupuesto
Sin embargo, las elecciones del 6 de julio de 1997 frustraron el intento priísta de echar al olvido el caso, pues la nueva composición en la Cámara de Diputados resucitó a la comisión, y los priístas quedaron en minoría
El gobierno optó entonces por ahogar presupuestalmente a la paraestatal para, en seguida, liquidarla
Según la interpretación de Alonso Raya, con la determinación de cerrar Conasupo y transferir parte de sus facultades a la Secretaría de Desarrollo Social y a la de Agricultura y Desarrollo Rural, se busca también desactivar la “bomba de tiempo” que los legisladores pueden detonar
Y acepta: “Con la desaparición de Conasupo se debilitan los resultados mismos de la investigación, porque se va a investigar a un organismo que ya no existe Nos dicen que los documentos ahí van a estar Sí, pero pierde fuerza la investigación”
De lo que se trata, acusa, es de evitar el castigo a los responsables del saqueo de la paraestatal y de su utilización para actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero producto de esa actividad, en la que comenzaron a hurgar el diputado independiente Aguilar Zinser, y el perredista Víctor Quintana
Difundido públicamente en febrero pasado, el informe jurídico del Despacho Daza Gómez contiene prácticamente las mismas conclusiones que el contable de González Cerroblanco que obtuvo el reportero, pero ambos difieren en los montos del daño patrimonial que causaron las decisiones de funcionarios de alto nivel, entre ellos tres secretarios de Estado, en el sexenio salinista
Según la firma contable, la venta de las tres plantas de Liconsa y de las marcas Nutrileche, Mileche, Vitalac y Plenilac, en 1991, arrojó un daño patrimonial a la nación por 57 millones 115 mil 150 pesos de entonces
Daza Gómez va más allá en el daño patrimonial e, incorporando un análisis de las averiguaciones previas que integra la PGR, calcula el daño patrimonial en 9 mil 162 millones 304 mil 544 pesos Todo, según la firma, resultado de un proceso de privatización que “se prestó para la corrupción y el beneficio económico de un grupo selecto de empresarios y servidores públicos”
El caso Atlacomulco
El despacho contable González Cerroblanco y Cía, encontró diversas irregularidades en los contratos de distribución y venta de harina de maíz, efectuados entre 1990 y 1991, porque las siete empresas favorecidas no sólo no cumplían con los requisitos mínimos, sino que Miconsa no tenía ninguna necesidad de efectuar esos convenios
En principio, los contratos se asignaron de manera directa, sin concurso de por medio; las siete empresas no tenían una antigüedad mayor de seis meses en relación con la fecha de la firma y, curiosamente, siendo empresas independientes, ubicadas en diferentes partes del país, todas ellas fueron constituidas ante el mismo notario público del Estado de México Ninguna contaba, además, con el capital social que asegurara su solvencia ni con la experiencia requeridas
“Las condiciones contractuales y sus posteriores modificaciones beneficiaron de manera importante a los distribuidores, ya que preveían penas convencionales y el pago de altas comisiones, hasta de 20% del monto de las ventas, lo que podría afectar el costo financiero de Miconsa hasta en 25 millones 857 mil 76250 al año”, dice el despacho
Y establece: El presunto responsable de estas irregularidades es el director de Acopio y Comercialización de Maíz Industrializado Conasupo, Jorge Segura Senday, por haber firmado en nombre de Miconsa con las siete empresas
El caso de la desincorporación de la planta de Miconsa en Atlacomulco, Estado de México, lo relata Julio Scherer en su libro Salinas y su imperio, que coincide con los informes de los despachos contratados por la Comisión Conasupo
Publicado por Alfaguara en agosto de 1998, el libro de Scherer revela:
En Miconsa no existieron los controles internos ni externos Sólo así, a partir de un extendido silencio, podrían entenderse los sucesos de 1990 en la planta de Atlacomulco: catorce días fueron suficientes para que pasara sigilosa al mundo de los negocios privados
A la vista de los documentos que detallan la operación, asombran sus irregularidades en cadena:
1 Sólo tres empresas fueron informadas del negocio
2 El valor nominal de la planta fue quebrado en beneficio de terceros
3 Las acciones también fueron castigadas, adjudicadas por debajo de su valor nominal
4 No contó el gobierno federal Hacienda y la Contraloría fueron excluidas de la trama
Las tres empresas invitadas a participar en la compraventa de la planta fueron: Promotora Empresarial de Toluca, Tablex y Abastos Especializados La apertura de proposiciones fue el 19 de octubre
El negocio quedó cerrado: La planta fue entregada a Abastos Especializados por 6,600 millones de pesos, según los contratos de compraventa No contó que en el relevo de la dirección de Miconsa, de Salvador Giordano a Carlos Alamán, el avalúo de las propiedades y los equipos sumara 10 mil 380 millones
En la auditoría se establece que ese monto de 6 mil 600 millones “resultó muy inferior a la cantidad ofrecida originalmente por la empresa ganadora, que fue de 29 mil 619 millones” Además, “la invitación a las empresas se realizó el 5 de octubre de 1990, y a esa fecha aún no se había constituido Promotora Empresarial de Toluca, lo cual no ocurrió hasta el 10 de octubre de 1990” Y recomienda “investigar el origen del dinero con el que se pagó la operación, en virtud de que la empresa ganadora solamente contaba con un capital social de 5 mil pesos”
Del mismo modo, en la construcción de una planta de Miconsa en Acapulco, el gobierno de Guerrero resultó ser el presunto responsable de la deficiente supervisión de las obras, y a este hecho se atribuye un quebranto económico de 15 millones 140 mil 760 pesos
Los presuntos responsables, dice el despacho, son los miembros del consejo de administración de Conasupo —dirigida por Ignacio Ovalle—, así como Angel Aguirre Rivero, entonces secretario de Desarrollo Económico (luego fue gobernador de la entidad, hasta el pasado jueves 1¼ de abril), y Adrián Cordero, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (fue coordinador de la reciente campaña de René Juárez Cisneros, quien, en medio de fuertes impugnaciones, sucedió a Aguirre Rivero en la gubernatura del estado)
El escándalo Maseca
Uno de los casos que detonó el escándalo en la pasada Legislatura y que motivó la profundización de las indagaciones en la actual fue el pago que, por 15 millones 760 mil 976 pesos —equivalente a 6 millones de dólares—, autorizó Conasupo a Maseca, en diciembre de 1989, por un presunto “deterioro financiero”
De acuerdo con el despacho Daza Gómez —según el cual sus integrantes fueron amenazados de muerte al difundirse su análisis—, el consejo de administración de Conasupo no tenía facultades para autorizar dicho pago, por lo que sus integrantes, Jaime Serra Puche entre ellos, “incurrieron en responsabilidad, afectando el patrimonio de la hacienda pública”
A su vez, Aguilar Zinser afirmó en junio de 1996 que fue Ernesto Zedillo quien, en su calidad de secretario de Programación y Presupuesto, conoció un informe de la Secretaría de la Contraloría que llegaba a una clara conclusión: el pago era jurídicamente improcedente (Proceso 1027)
Una andanada declarativa de todos los niveles del gobierno y del PRI se precipitó contra el entonces diputado independiente, y Jaime Serra Puche, el responsable de dar facultades al director de Conasupo, Ignacio Ovalle, respondió que era infundada la acusación contra Zedillo, porque se trató de un proceso transparente
El caso está vigente, de acuerdo con el dictamen jurídico de Daza Gómez Sin embargo, a él se refiere con cautela:
Debido a que no se cuenta con la documentación soporte del procedimiento y partida presupuestal, ni con los movimientos que realizó Conasupo para hacer el pago a Maseca, nos reservamos una opinión jurídica por la posible responsabilidad de la Conasupo y la Secretaría de Programación y Presupuesto
Pero el despacho González Cerroblanco aporta otros elementos para aclarar ese pago en el que Zedillo fue involucrado:
Es de hacerse notar que dentro de la argumentación para justificar el retraso del pago de los subsidios que originaron el supuesto daño financiero a Maseca, se menciona la falta de presupuesto Sin embargo, al revisar entre otros documentos los dictámenes de los auditores externos de Conasupo de 1982-1996, encontramos que siempre existió partida presupuestal para subsidios
Y al igual que Daza Gómez, el despacho contable localiza a los “supuestos responsables” Además de Serra Puche, todos los miembros del Consejo de Administración de Conasupo:
Jorge de la Vega Domínguez, secretario de Agricultura; Carlos Ruiz Sacristán, director general de Crédito de la SHCP (actual titular de la SCT); Eugenio Carrión, subsecretario de Secofi; Pablo Lara Ontiveros, director de Secofi; Jorge Terrones, director general de Abasto y Productos Básicos, de Conasupo; Jorge Espinoza de los Reyes, director general de Banca de Desarrollo, de la SHCP; José Luis Perdigón Labrador, director general de Programación y Coordinación Sectorial de Conasupo, y Roberto Alor Terán, comisario suplente de la Contraloría
Al respecto, existe una denuncia de hechos ante la PGR —la 12096/FESPLE/96— por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de facultades y atribuciones, pero la PGR no ha ejercitado hasta ahora acción penal contra ninguno de los involucrados
Ventas perversas
Respecto de la desincorporación de las plantas de Liconsa y de tres marcas de leche del sistema Conasupo, el dictamen contable concluye que se trató de operaciones irregulares que causaron un daño patrimonial de “por lo menos” 57 millones 115 mil 150 pesos
El despacho Daza Gómez, tras realizar un análisis jurídico de la firma contable, recomienda a la Comisión Conasupo que exija a la Secodam presentar una denuncia de hechos por las irregularidades detectadas, ya que, “al menos por la documentación que se nos ha aportado hasta este momento, pudieran ser constitutivas de un ilícito penal”
Y es que, agrega, en la desincorporación de las plantas de Liconsa Aguascalientes y Delicias, Chihuahua, así como en la venta de las marcas de leche, fueron documentadas numerosas anomalías, de las que, afirma, son presuntos responsables:
Pedro Aspe, Jaques Rogozinski, María Elena Vázquez Nava, Aaron Schwartzman y Roberto Abarca Ochoa, director adjunto de Banca Descentralizada de Banca Cremi, agente o comisionista designado por la SHCP
“Esta firma —dice el dictamen de Daza Gómez, fechado en enero de este año— considera pertinente que la denuncia se haga a la brevedad posible porque, dependiendo del ilícito en que se encuadre la conducta, pudiera operar la prescripción, responsabilidad que corresponde valorar a la PGR”
De acuerdo con el dictamen de González Cerroblanco, que hizo una exhaustiva revisión de los contratos de compraventa de las plantas de Liconsa de Aguascalientes, Delicias y Acayucan, así como de las marcas de leche, los precios recomendados por el banco agente (Banca Confía), aceptados por la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento y autorizados por la SHCP, estuvieron en algunos casos por debajo del precio de los avalúos e inclusive de las ofertas recibidas
Peor aún, se violaron las cláusulas de los contratos de compraventa en cuanto a las fechas de los pagos —fueron extemporáneos— y no se aplicaron las penalidades convenidas ni se hicieron efectivas las garantías que ofrecieron los comprantes y que eran las propias plantas que adquirirían
Además, señala el documento, Banca Cremi estaba impedida para participar como agente por poseer 10% del capital accionario en una de las empresas compradoras, Metropolitana de Lácteos De esta irregularidad, el documento responsabiliza a Aspe, Vázquez Nava y Rogozinski
Aspe, Vázquez Nava y Rogozinski son también presuntos responsables de haber autorizado “dolosamente” al director de Liconsa la venta de las plantas y las marcas, ya que era facultad de la SHCP
“En todos estos hechos queda patente el dolo con que actuaron, realizando conductas indebidas e irregulares que deben ser investigadas por la PGR, que es la autoridad competente para determinar la posible existencia de un delito y para que, en su caso, ejercite acción penal contra los probables responsables”
Otra presunto ilícito: “Haber adjudicado a compradores con evidente insolvencia económica, lo que se demostró con la morosidad de los pagos más importantes, que fueron negociados con créditos de Banrural y otras instituciones financieras, manipulando las políticas de descuentos de créditos blandos de Nafinsa e involucrando a pequeños productores para lograrlo”
En efecto, según explica el diputado Alonso Raya, el caso de la planta de Aguascalientes se inicia con una visita de Carlos Salinas a Jalisco, en 1991, fecha en que los productores le hacen saber su preocupación por el Tratado de Libre Comercio y la necesidad de apoyo para ampliar la producción lechera
A los pocos días, aparece ante los productores un empresario desconocido, Carlos Barrón Maldonado, quien les propone comprar las plantas que se tiene previsto desincorporar, como la de Aguascalientes y Delicias
—¿Quién es Carlos Barrón Maldonado?
—Sin duda, un prestanombres de Raúl Salinas de Gortari, porque en su nombre se dedicó a comprar Así fue en la mayoría de los casos de las desincorporaciones de Liconsa En todo esto siempre estuvo metida la mano de Raúl El problema es la comprobación plena
Lo cierto es que el despacho contable contratado por la Comisión Conasupo acreditó que Barrón Maldonado firmó los contratos de compraventa de ambas plantas de Liconsa y las marcas de leche en condiciones favorables de precio, incluyendo los créditos
El documento de González Cerroblanco aporta otro dato: Las dos plantas vendidas a Barrón Maldonado tienen adeudos que fueron a parar al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) Operadora de Lácteos de Delicias debe 75 millones 248 mil pesos, y Operadora Metropolitana de Lácteos, 32 millones 478 mil pesos Lantilac, el holding al que pertenecen las dos empresas anteriores, adeuda 231 millones 358 mil 5 pesos
En el documento del despacho contable se aclara: “Para verificar esta información se solicitaron al Fobaproa los elementos necesarios para conocer la integración de los adeudos de cada empresa y las instituciones financieras a través de las cuales llegaron a ese fondo, labor que no se ha podido realizar por tener respuesta en el sentido de que, en observancia al secreto bancario, no se puede proporcionar esa información”
La otra planta desincorporada, la de Acayucan, no está en mejores condiciones, establece el informe No sólo porque la empresa compradora, La Llanura, tiene adeudos también en el Fobaproa —65 millones 280 mil 772 pesos—, sino porque se trató igualmente de una empresa vendida de manera irregular
En este caso las autoridades la vendieron a un precio menor al precio base No obstante que el banco recomendó venderla en 43 millones 221 mil 600 pesos, se resolvió hacerlo en 11 millones menos: 32 millones 121 mil 300 pesos
Según el diputado Alonso Raya, la razón de esto es que algunos de los compradores, integrados en la empresa Prolesa, estaban “apadrinados” por Carlos Salinas y sus allegados Margarito Montes Parra y José Luis Díaz Moll, de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP)
Raúl dice que quiere hablar
Para el diputado Alonso Raya no hay duda de que Raúl Salinas es la cabeza de la camarilla que cometió todas estas irregularidades, pero también son responsables las actuales autoridades: “Son cómplices la PGR, la Contraloría y la propia dirección de Conasupo Utilizaron a Conasupo como una vaca de la que podía mamar todo mundo”
Y añade: “No se puede explicar lo que sucede en Conasupo sin una relación de complicidades del poder público con una parte de la iniciativa privada en un marco de impunidad Y quedan totalmente desacreditadas las instituciones encargadas de la fiscalización y el control: la Contaduría Mayor de Hacienda y la Secretaría de la Contraloría Han servido como tapadera de conductas ilícitas”
Hace apenas unos días, el legislador recibió una carta manuscrita de Raúl Salinas, fechada en Almoloya, el 3 de marzo, en la que manifiesta:
“Señor diputado: Por medio de la presente reitero a usted públicamente mi más firme y clara voluntad de declarar, contribuir y aportar sobre todos los elementos relativos a Conasupo”
—¿Se entrevistarán los miembros de la comisión con él?
—Sí Ahora que está sentenciado, es probable que quiera decir toda la verdad Habrá que ver
De todos modos, advierte, la Comisión Conasupo presentará su informe ante el pleno, y si el Ejecutivo no interpone las denuncias procedentes ante la PGR, lo harán los diputados