Córdoba, Ruiz Sacristán y Ortiz, acusados del desastre en denuncia civil de Francisco de Paula; el beneficiario, Gutiérrez Cortina
Símbolo de la nueva era, el World Trade Center naufraga por “desvíos”, presiones y maniobras ilegales del gobierno”
Antonio Jáquez
Símbolo de la globalización y la apertura comercial impulsada a toda costa por los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, el World Trade Center (WTC) se hunde en una crisis financiera que, de acuerdo con una denuncia judicial interpuesta el miércoles 15, fue precipitada por maniobras ilegales de instituciones y personas, entre las que destacan la Secretaría de Hacienda y su extitular, Guillermo Ortiz
En la euforia por el viaje salinista hacia el Primer Mundo, el WTC fue botado con créditos multimillonarios de Bancomext, y luego remolcado por el aparato zedillista que aligera el peso de las deudas de la élite empresarial: el Fobaproa
Pero apenas encendía motores y cobraba velocidad, el gigante financiero y comercial empezó a hacer agua
Las causas, según la denuncia: que funcionarios federales de Salinas y Zedillo —sobre todo José Córdoba Montoya, Carlos Ruiz Sacristán y Guillermo Ortiz— dispensaron privilegios al poderoso Grupo Gutsa, de los hermanos Gutiérrez Cortina y, mediante “presiones y violencia”, desplazaron a los socios originales: Francisco de Paula y Alfredo Suárez Ruiz
Casi a la medianoche del miércoles 15, De Paula llegó hasta la ventanilla de un juzgado civil para denunciar a los hermanos Gutiérrez Cortina y al actual gobernador del Banco de México, a quien acusa de haberlo amenazado con “aplicar toda la fuerza del Estado” si se resistía a vender el WTC a los dueños de Gutsa
Asimismo, en la demanda —que importa al menos 17 millones de dólares “por daños y perjuicios”— sale a relucir que, de 1990 a 1992, los secretarios de Hacienda, Pedro Aspe, y de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo —”de quienes oportunamente se solicitará su testimonio”—, tenían diferencias respecto del llamado “Rescate de Proyectos Privados”, aunque en el fondo, indica el documento, la confrontación era por “intereses políticos”
En esa etapa, el entonces subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, aparece como un aliado de Córdoba Montoya y Zedillo y como un intermediario de los Gutiérrez Cortina
E inclusive señala el agraviado que, al acudir a una cita con Ortiz, él y sus acompañantes lo escucharon decir por teléfono: Aquí está este hijo de la chingada de Francisco de Paula León Trataré de intimidarlo para llegar a un acuerdo
Las maniobras de Bancomext
En su denuncia —de 52 fojas tamaño oficio, más 56 anexos—, De Paula relata que en 1986 se iniciaron estudios para abrir en la Ciudad de México una representación de World Trade Center, considerada la organización más exitosa del mundo en materia de comercio exterior, con oficinas en la mayoría de las grandes capitales del planeta
Dos años después, los socios obtuvieron la franquicia para establecer y construir en el Distrito Federal ese centro de comercio mundial El objetivo: “crear un espacio y una infraestructura de fomento y apoyo al comercio internacional de México, especialmente orientado a soportar la apertura comercial de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país”
Se formaron entonces las sociedades anónimas World Trade Center y Escala Internacional La primera, para impulsar el objetivo citado; y la segunda, para promover y administrar el proyecto inmobiliario, que se ubicaría en el “Hotel de México”, ideado por Manuel Suárez a finales de los sesenta
Tras una ardua negociación con la familia Suárez, se adquirió el inmueble, en la Avenida de los Insurgentes, mediante un fideicomiso que suscribieron Escala y la viuda de Suárez, doña Raquel Ruiz Ramón, en diciembre de 1988
Para entonces, se habían dado los primeros pasos con el fin de concluir y remodelar el edificio, con la contratación de Pedro Ramírez Vázquez Se esperaba, dice De Paula en entrevista, que este reconocido arquitecto diseñara “lo que pretendíamos fuera el símbolo de una nueva generación y una nueva era económica para el país”
Ese objetivo sintonizaba con los planes del presidente Miguel de la Madrid, quien en carta a los promotores manifestó su entusiasmo:
“El proyecto en cuestión se identifica plenamente con el impulso que la presente administración ha otorgado al fomento de las exportaciones no petroleras, en especial a las ventas externas de productos manufacturados Contar con un centro de exposición permanente de los productos que México ofrece al exterior, será de vital importancia para complementar las tareas que estamos desarrollando de manera concertada los sectores público, privado y oficial para promover el comercio exterior del país”
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y su presidente, Vicente H Bortoni, respaldaron el proyecto Bortoni estaba tan convencido, que cabildeó en su favor dentro del ámbito oficial; luego entró como socio y, en mayo de 1989, se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Escala, que operaba hasta entonces con De Paula como administrador único
En su querella, De Paula —quien conservó entonces una cuarta parte de las acciones— asegura que le entregó a Bortoni un proyecto “financieramente sano”: Según el avalúo de la casa de bolsa CBI, tenía un valor de 90 millones de dólares, con un potencial de ventas inmobiliarias que fluctuaba entre 500 millones y 800 millones de dólares
El proyecto marchaba con el apoyo publicitario de Televisa —mediante un acuerdo de intercambio comercial por 10 millones de dólares—, el espaldarazo del presidente Salinas y un crédito de Bancomext hasta por 35 millones de dólares para terminar la construcción del edificio
Pero con el préstamo de Bancomext llegó la discordia Se destinó, dice De Paula, a un fin diferente: en lugar de dedicarse a la construcción y remodelación, se le dio a la viuda de Suárez en liquidación de la mayor parte de las prestaciones establecidas en el contrato de fideicomiso
“El desvío del crédito —acusa el demandante— fue promovido por el Bancomext, que manifestó a los accionistas de Escala que era importante tener la propiedad del inmueble y prometió que, en 30 días más, el Banco abriría un nuevo crédito por 30 millones de dólares, el cual de hecho nunca fue otorgado”
Ese desvío descapitalizó el proyecto “toda vez que, con el tiempo, impidió la continuación de las obras y, como consecuencia, la disminución paulatina de las ventas y la creciente desconfianza entre el público inversionista, ya que en términos del contrato de fideicomiso los pagos a favor de la señora Raquel Ruiz tenían plazos más amplios que el crédito y se darían en función de las ventas logradas”
Dañado el proyecto, los accionistas y promotores del mismo fueron blanco de “presiones, abuso y prepotencia del gobierno federal, hasta culminar con la celebración de actos jurídicos simulados y viciados” Se trataba de forzar a De Paula y Suárez, “por todos los medios a su alcance, a enajenar, en precios desproporcionadamente bajos y absurdos, sus derechos”
De Paula protestó ante Bortoni y Bancomext En respuesta, el banco exigió a Escala aumentos de capital como condición para hacerle nuevos préstamos, “reduciendo con ello automáticamente la participación accionaria de quienes éramos accionistas en ese momento, a sabiendas de que no contábamos con recursos”
Los planes entraron en una “fase crítica de inmovilidad”, en medio de cuestionamientos periodísticos y la creciente desconfianza de la comunidad empresarial Tras seis meses de negociaciones, Bancomext decidió, con el objeto de “rescatar” el proyecto, tomar el control de Escala por la vía accionaria Eso ocurrió en 1991
Siete años después, De Paula pudo enterarse de los detalles de la operación mediante un documento interno del Bancomext, en el que analizan las opciones de intervención del banco en el WTC para evaluar la viabilidad y conveniencia financiera de la compraventa de acciones
El estudio concluye que el proyecto está en crisis, pero que resulta financieramente viable, que el valor contable de las acciones de Escala es de 402 dólares por acción, que el valor de mercado es de 282 dólares, y que la oferta del banco equivaldría a pagar 145 dólares por cada una, es decir —apunta De Paula en su denuncia—, “una cantidad considerablemente menor al valor contable de las acciones”
Así las cosas, Bancomext ofreció a De Paula comprarle su participación, con lo que el banco podría lograr 51% de las acciones de Escala El convenio se formalizó en febrero de 1991, por 64 millones de dólares
De Paula enfatiza que Bancomext —institución a la que también demanda— sabía que las acciones tenían un valor superior al convenido en el contrato, según puede advertirse en papeles internos, entre ellos el acta del Consejo Directivo del banco de marzo de 1991:
Se ha negociado un precio de compra por el mismo monto de recursos con los que Bancomext adquirió 25% del capital social en julio de 1989 El precio por acción resultante es sustancialmente menor que el valor estimado, de acuerdo a distintos métodos de valuación
De Paula aceptó la oferta —”para no constituirse en obstáculo a la consecución del proyecto”— en septiembre de 1991, pero Bancomext, dependiente de Hacienda, incumplió el trato original y orilló al empresario a una venta de sus acciones en condiciones aún más desfavorables, “viciándome mi voluntad y haciéndome incurrir en un error”
Ortiz al abordaje
El demandante ubica los líos por el control del WTC en el contexto de las pugnas palaciegas entre funcionarios salinistas Corrían los años 90-92:
Había diferencias entre Aspe y Zedillo sobre al papel que debería jugar Hacienda en el programa de “Rescate de Proyectos Privados” con fondos federales, justo en el momento en que se pregonaba lo contrario: la privatización y el retiro del Estado de los procesos económicos
En el fondo, apunta De Paula, se trataba de una confrontación política entre dos secretarios de Estado y sus aliados respectivos En este escenario, Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda, “no obstante su nombramiento, servía a los intereses de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para entorpecer la iniciativa” de Bancomext y de Hacienda en el sentido de adquirir el control accionario de Escala para corregir el error del desvío del crédito
Complementa De Paula en entrevista: Las diferencias entre Aspe y Zedillo eran conocidas en altos círculos políticos y empresariales “No era un pleito personal; era una pugna política por los feudos de las secretarías de las que eran titulares; la pugna pareció resolverse a favor de Aspe cuando Hacienda absorbió a Programación y Presupuesto y Zedillo fue reubicado en Educación”
No obstante la aprobación del contrato de compraventa de acciones por el Consejo Directivo de Bancomext —que presidía Aspe como titular de Hacienda—, Ortiz, “unilateralmente y sin tener un interés legítimo en el proyecto, sino más bien político, realizó diversas gestiones tendientes a dejar sin efecto el contrato”:
El 14 de junio de 1991, Ortiz citó a De Paula y al director de Bancomext a su despacho en Hacienda Les informó que “el gobierno federal” había decidido cancelar el contrato para la compra de acciones de Escala, para sustituir esa operación por otra, que se realizaría con una empresa privada —Gutsa—, por un precio de compra que no excedería los 5 millones de dólares
Fue en ese momento cuando Ortiz advirtió que aplicaría “toda la fuerza del Estado” para expropiar el WTC si no se acataba esa resolución, así como para “fincar las responsabilidades que fueran necesarias para castigar a los que se opusieran”
Además, Ortiz amagó con aplicar dicha fuerza mientras estuviera en el gobierno, ya que para ello contaba con la autorización de Córdoba Montoya, a quien “en su oportunidad se solicitará su testimonio”
El demandante admite que, en tanto subsecretario de Hacienda, Ortiz pudo estar legitimado para cancelar el contrato de Bancomext con Escala, pero cuestiona el hecho de que, “adicionalmente”, asumiera la posición “de negociador o defensor de intereses particulares como los del Grupo Gutsa, ya que no existe ley ni disposición alguna que lo autorice a ello”
Precisa que ese papel de Ortiz se evidenció “al pretender reducir el precio de las acciones a una cuarta parte del valor establecido en el contrato celebrado con el banco, para venderlas en beneficio de una empresa privada como lo es Grupo Gutsa”
De Paula asegura que, “no obstante las amenazas indicadas, se opuso a la propuesta”
Dos semanas más tarde, el 2 de julio, Ortiz volvió a la carga y citó a los socios de Escala a una junta en Hacienda Les informó, “que esta nueva junta sería una ‘reunión final’ para solucionar el problema” A dicha reunión acudieron también Santiago de León, socio de Escala, y Arsenio Farell Campa, abogado de De Paula en ese tiempo
De Paula y sus acompañantes se percataron de que Ortiz sostenía una conversación telefónica “con una persona desconocida, a quien, entre otras cosas, le dijo lo que enseguida se señala:
“Aquí está este hijo de la chingada de Francisco de Paula León Trataré de intimidarlo para llegar a un acuerdo, no obstante que nuestros abogados nos han indicado lo contrario”
Inmediatamente, Farell Campa pasó al privado de Ortiz para interrumpir su conversación y decirle que lo habían escuchado
Unos minutos después, Ortiz, “sudando profusamente, salió para ofrecernos una disculpa por lo sucedido e indicarnos que, en virtud de este infortunado incidente, no continuaría siendo interlocutor de la Secretaría de Hacienda para la solución del asunto, y que las negociaciones continuarían con Carlos Ruiz Sacristán”, funcionario de esa dependencia
Ruiz Sacristán —actual secretario de Comunicaciones y Transportes y parte del equipo compacto de Zedillo desde sus tiempos en el Banco de México— entró entonces en acción y, “en forma prepotente y altanera”, dijo a los socios de Escala que la única salida al problema era una nueva aportación de 100 millones de dólares para aumentar el capital social de la empresa Y esto, señala el afectado, “resultaba financieramente imposible”
Acorralados y forzados
En entrevista, De Paula cuenta que Bortoni —quien además de presidente del Consejo de Escala era el constructor del proyecto— también presionaba a los socios para que aceptaran la propuesta de Ortiz Esa actitud, “contraria a nuestros intereses, así como su asociación a la maniobra del desvío del crédito original, me llevaron a solicitar su renuncia”
Y destaca que la amistad de Bortoni con Aspe y Salinas, “y su participación activa en lo que en esa época se llamó el Pacto de Solidaridad Económica, representaba un nuevo riesgo de violencia gubernamental”
Los socios no resistieron las presiones y, para evitar que el problema creciera —dados los compromisos con terceros de buena fe que habían adquirido espacios del proyecto—, cedieron a las propuestas de Ortiz de vender las acciones de Escala a otra empresa
Para entonces, se había entrado en contacto con Gutsa “Desde su fundación, se había convertido en una empresa esencialmente contratista del gobierno dados los vínculos políticos de los Gutiérrez Cortina” (Son Juan Diego, Lucio Pablo, Alonso y Bosco, demandados junto con su empresa por De Paula)
En su querella, subraya el hecho de que, durante las negociaciones con Gutsa, se remitió a Ortiz copia de la correspondencia entre las partes, y que, en una de esas cartas, los Gutiérrez Cortina hacen una oferta que era un “fiel reflejo de las instrucciones” ya conocidas del subsecretario
Además, en varias reuniones, Juan Diego — presidente de Gutsa— expresó a los socios de Escala que había consultado con Ortiz y que estaba dispuesto a pagarles 5 millones de dólares por el total de las acciones
Acorralados, en marzo de 1992 los socios de Escala otorgaron un mandato a Bancomext para que vendiera las acciones a Gutsa, mediante un contrato “que en sí mismo era innecesario, toda vez que para entonces ya habían arrancado, por medio de engaños y violencia, el consentimiento de parte de los demandantes para la venta”
Ante las críticas públicas por “la evidente inclinación y favoritismo” de Ortiz hacia Gutsa, Hacienda, por conducto del subsecretario, inició unilateralmente un proceso de “licitación”
En realidad, no hubo tal licitación: “Se trató de una pantomima organizada directamente por Ortiz desde Hacienda Realizar una licitación en forma sería dar por hecho que el WTC era propiedad del gobierno, lo que no era cierto, así que todo se limitó a cubrir las apariencias”
El contrato en favor de Gutsa se formalizó el 29 de mayo de 1992, si bien el Consejo Directivo de Bancomext había asignado el proyecto del WTC a Gutsa desde el 29 de enero de ese año, según documentos del banco facilitados a Proceso
Sobrecarga de créditos
La asignación del WTC fue el campanazo que abrió a Gutsa de par en par las puertas oficiales:
Para empezar, el mismo día en que se firmó el convenio de asignación, fue suscrito otro de reconocimiento y reestructura de crédito por 325 millones de dólares, “habiendo quedado subordinado al cumplimiento de todas las obligaciones de pago de los nuevos créditos bancarios que obtuviera Escala Internacional para la terminación del proyecto”, dice un memorándum del Bancomext
Por otra parte —añade el memorándum, de la Dirección de Análisis y Seguimiento de Crédito—, con el objeto de financiar la construcción y equipamiento del Centro de Exposiciones, Bancomext autorizó en agosto de 1993 un crédito por 30 millones de dólares “a un plazo de nueve años con dos de gracia incluidos”
Entre las garantías por ese crédito, se fijó una fianza por 10 millones de dólares en caso de que la obra no se terminara en el plazo señalado, 31 de marzo de 1995, pero a pesar del incumplimiento nunca se hizo efectiva
En otro memorándum de la misma oficina del Bancomext —fechado el 25 de julio de 1995— hay más datos sobre el flujo de empréstitos para Gutsa:
Del primer préstamo, se dice que “en este apoyo se contó en un principio con el compromiso de Banco Mexicano de asumir como riesgo directo 20 millones del crédito otorgado por Bancomext, a más tardar el 24 de agosto de 1994, fecha que fue prorrogada al 31 de marzo de 1995 y posteriormente al 30 de julio de este año”
La participación de Bancomext “en el fondeo para el proyecto WTC a través de Banco Mexicano ha sido con los siguientes créditos” (que suman 58 millones de dólares):
38 millones de dólares a un plazo de dos años con seis meses de gracia a partir del 13 de julio de 1994; 10 millones de dólares a un plazo de cinco años con uno de gracia a partir del 15 de diciembre de 1993; 10 millones también a un plazo de cinco años con uno de gracia
Un nuevo memorándum revela más maniobras financieras en favor de Gutsa, realizadas por el Consejo Directivo de Bancomext en el periodo en que Ortiz lo presidía como secretario de Hacienda:
“Hacemos referencia a la autorización del H Consejo Directivo de Bancomext —informa el Centro Metropolitano de la institución— para otorgar a Escala Internacional un apoyo financiero en primer piso hasta por 78 millones, para trasladar a nuestra institución los créditos fondeados a Banco Mexicano por 58 millones y liberarlos del compromiso de asumir 20 millones de dólares” del crédito original
Por si fuera poco, los 58 millones de dólares “que nos cedería Banco Mexicano, junto con los 30 millones de dólares del crédito para el Centro de Exposiciones más los intereses acumulados a la fecha en que se formalice la operación, se reestructurarán a 17 años con tres de gracia para el principal y dos de gracia para intereses”
En el mismo documento se indica que auditores externos de Escala y la Contraloría de Bancomext recomendaron contar con un estudio de crédito para respaldar la resolución del Consejo Directivo, pero el órgano máximo de la institución “no condicionó su aprobación a contar con tales resultados”
En realidad, Bancomext —”banca de desarrollo”, según la terminología oficial— acataba fiel y velozmente los deseos de Escala-Gutsa:
Por ejemplo, en carta fechada el 12 de junio de 1995, el director del WTC dice a un funcionario de Bancomext que “me permito enumerarte las condiciones básicas que debieran de incluirse en los contratos de crédito a celebrarse”
Y, a los dos días, Bancomext respondió a Juan Diego Gutiérrez Cortina: “Es objeto de la presente informar a usted que nuestro Consejo Directivo autorizó” las peticiones, en los términos solicitados
Fobaproa, al rescate
En su demanda, De Paula señala que Gutsa no cubrió los créditos de Bancomext y del Banco Mexicano Tampoco otros del Banco Nacional de México, por lo que terminaron siendo comprados por el Fobaproa —según documentos de este organismo del Banco de México—, “causando un grave perjuicio a las finanzas públicas”
El Fobaproa asumió 235 millones de dólares en pasivos de Gutsa para desarrollar el WTC, parte de la deuda total por 424 millones de dólares que al 30 de septiembre de 1996 tenía Escala
El demandante subraya uno de los enigmas mayores de la historia Gutsa-Bancomext:
La empresa declaró al Fobaproa que había comprado el proyecto en 189 millones de dólares, muy por arriba de los 5 millones realmente pagados a los socios originales de Escala De Paula reclama que se indague esta diferencia:
Esa declaración de Gutsa “podría constituir una conducta que pudiera ser sancionada por el Código Penal y nuestras leyes fiscales”, dice, y solicita que “se dé vista” a la Procuraduría General de la República para que investigue los hechos
En la entrevista, redondea: El capital contable de Escala era de 25 millones de dólares; su valor de mercado era de 90 millones de dólares, según el avalúo de CBI; pero los socios tuvieron que vender la empresa a Gutsa en sólo 5 millones de dólares, cifra que en las cuentas de Fobaproa saltó hasta 189 millones de dólares
De Paula demanda la nulidad del contrato con Bancomext y Gutsa sobre la venta de sus acciones y reclama daños y perjuicios por “cuando menos” 17 millones de dólares Este, dice, es el importe resultante de restar el monto de la compraventa “al precio de las acciones que legítimamente debimos haber recibido”
No se trata “de un pleito por dinero —precisa De Paula—, aunque tengo derecho a que se me pague lo que es justo Mi demanda persigue más que nada un propósito de denuncia No la hice antes porque no tenía todos los elementos; ahora sé la magnitud de los engaños, por todos los documentos del Fobaproa y del Bancomext”
Esta historia del WTC “es un botón de muestra para conocer el modus operandi de estas personas que manejaron la privatización de los bancos y empresas, con licitaciones que no existían, avalúos manipulados, presiones, todo tipo de maniobras a las que ahora se les ve la punta en el Fobaproa”
Concluye: el colmo es que Fobaproa asumió los pasivos de Gutsa, pero cuando hace unas semanas se conoció públicamente el hecho, Bancomext retomó la deuda en condiciones cuyos detalles no han sido explicados “O sea, cuando el asunto salió de los sótanos del Fobaproa, se regresó al clóset de Bancomext, en una jugada de encubrimiento totalmente inútil”
Mientras tanto, la suerte de la denuncia contra Guillermo Ortiz, los hermanos Gutiérrez Cortina, Gutsa, Hacienda y Bancomext no se conocerá oficialmente antes del próximo 3 de agosto, cuando los jueces regresen de unas vacaciones que comenzaron cuatro minutos después de que la demanda fue interpuesta
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