INEGI niega haber terminado un estudio del que circularon ejemplares

INEGI niega haber terminado un estudio del que circularon ejemplares
Ni Sedesol ni los gobiernos estatales tienen acceso a las cifras oficiales de la pobreza; “vienen muy duros los datos”
Carlos Acosta Córdova, Mónica Pérez, Gloria Leticia Díaz, Verónica Espinosa y Pedro Zamora
Tres años y medio de disciplina en las finanzas públicas, de una “correcta” conducción de la economía —suficiente para evitar la tradicional crisis de fin de sexenio, según dijo, el miércoles 22, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría—, arrojan este resultado: el número de mexicanos en pobreza extrema aumentó 53%, al pasar de 17 millones al inicio de la administración del presidente Ernesto Zedillo, a 26 millones actualmente, cifra dada por el nuevo secretario de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma
No sólo eso La concentración del ingreso se ha recrudecido de tal manera que, en algunos estados de la República, mientras el 20% de las familias más ricas concentra más de 50% del ingreso, el 20% de las más pobres apenas absorbe 4% de los ingresos corrientes totales de las familias en toda la entidad
Ha sido tan severo el impacto de la crisis devaluatoria de finales de 1994, que el gobierno no se anima a dar a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH), que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) levantó en el tercer trimestre de 1996 Encuestas similares realizó ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda en unos siete estados; sus resultados se compendiaron en sendas publicaciones —con fecha de abril de este año—, pero que no aparecen por ningún lado (La ENIGH permite conocer la concentración del ingreso y apreciar las características y dimensión de la pobreza en el país)
Versiones recogidas por corresponsales de Proceso señalan, inclusive, que el INEGI dio instrucciones de, en algunos casos, suspender la venta de la publicación, y en otros, como en Guanajuato y el Estado de México, llegó al extremo de recoger los ejemplares que ya estaban en poder de los gobiernos estatales “Vienen muy duros los datos; sin duda, adversos para el gobierno y para el PRI”, dijo un funcionario de Info-Guanajuato a la corresponsal Verónica Espinosa
Empleados del INEGI consultados por la reportera Mónica Pérez señalan, a su vez y de manera coincidente, que el instituto ya tiene concluido el análisis de los resultados de la encuesta nacional, pero que “por órdenes del Ejecutivo” se detuvo su difusión
Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social, cuando Carlos Rojas era el titular, fue insistente al solicitar expresamente al INEGI la entrega de los resultados de la ENIGH-96, pero en todos los casos la negativa fue rotunda, con el argumento de que aún no se tenía concluido el análisis de la encuesta a casi dos años de levantada Lo mismo ha sucedido con peticiones similares de la Cámara de Diputados
Interrogados al respecto, funcionarios del INEGI desmienten que ya se tengan resultados de la ENIGH-96: como se cambió el formato de la encuesta y se agregaron módulos con nuevos requerimientos de información del gasto y los ingresos de las familias, el proceso de análisis y conclusiones se lleva más tiempo Estiman que en septiembre ya puedan difundirse los resultados
“Es falso que hayamos instruido parar, en los estados, la difusión de los resultados, mucho menos que hayamos recogido los ejemplares Más irresponsable es, todavía, decir que ya están los resultados de la encuesta nacional y que nosotros no los queremos dar a conocer; la encuesta simplemente todavía no está Y por muy duros que vengan los datos, se darán a conocer en septiembre”, afirma Víctor Guerrero, secretario particular de Carlos Jarque, presidente del INEGI
Oaxaca y Tabasco
Proceso tiene copia de los resultados de las encuestas levantadas en Oaxaca y Tabasco —de los que no es posible conseguir un solo ejemplar ni en esos estados ni en las oficinas del INEGI en el Distrito Federal—, y de ellos se desprende una aguda concentración del ingreso; es decir, que los pobres, que cada vez son más, son más pobres, y los ricos, que cada vez son menos, son más ricos
Cuando se levantó la encuesta, en el tercer trimestre de 1996, Oaxaca contaba con 3 millones 340,905 habitantes, distribuidos en 719,790 hogares, con un promedio de 462 miembros por familia Como es habitual en los estudios de distribución del ingreso, las familias se agrupan en deciles, es decir, en rangos de 10% en orden ascendente: el primer decil está formado por el 10% de las familias más pobres, y así, hasta el decil décimo, en el que se ubica el 10% de las familias con mayores ingresos
En el caso de esa entidad, cada decil está formado por casi 72,000 hogares Y de acuerdo con la encuesta, las familias que integran los primeros dos deciles, el 20% de las familias más pobres (es decir, 144,000) concentra apenas 48% de los ingresos totales, mientras que las familias más ricas, las de los deciles IX y X, absorben 52% de esos ingresos
O bien, mientras que las 72,000 familias más ricas (decil X) concentran casi 35% de los ingresos totales, las 360,000 familias de menores ingresos (deciles I al V) —es decir, la mitad de la población— concentran sólo 193% de los ingresos totales
Otra forma de ver la desigualdad es a través de la estructura del gasto de los hogares En Oaxaca el 20% de los hogares más pobres utiliza poco más de tres cuartas partes (7636%) de sus gastos en alimentos y bebidas; en cambio, el 20% más rico dispone para ello de 466%, lo que le permite hacer gastos, en más de 21%, en educación, esparcimiento, turismo y fiestas Para esto último, los más pobres sólo disponen de 6% de su capacidad de gasto; es decir, más de tres veces menos
En el gasto en cuidados médicos y conservación de la salud el contraste es notable: el 20% más rico gasta en ello el doble de lo que gasta el 20% más pobre: 6% contra 3%, respectivamente
En materia de gastos en alimentación y bebidas, la encuesta del INEGI arroja estos resultados: Cuando se trata de consumir en proteínas de origen animal (carnes de todo tipo, huevo, leche y sus derivados), el 20% más pobre sólo puede disponer para ello de 46% de su gasto; mientras que el 20% más rico dispone de 81% de su gasto en ese tipo de alimentos Si de proteínas de origen vegetal se trata (leguminosas y semillas), la relación es inversa: el 20% más rico sólo destina a ello 5%, mientras que el 20% más pobre debe destinar casi 25% de su gasto en esos productos En el consumo de calorías, carbohidratos y grasas (sobre todo tortillas y diversos cereales) se nota más el contraste: el 20% más pobre gasta 86% y el 20% más rico gasta casi 49%
En el caso de Tabasco las cosas no son muy distintas Al levantarse la encuesta, tenía una población de 1 millón 915,143 habitantes, distribuidos en 397,023 hogares, cada uno con un promedio de 48 miembros Similar a Oaxaca, en Tabasco el 20% de las familias más pobres concentra 52% de los ingresos totales, mientras que el 20% de las más ricas absorbe casi 54%
La estructura contrastante del gasto de los hogares, en Tabasco, es muy parecida a la de Oaxaca Lo mismo en el gasto destinado a los distintos tipos de productos alimenticios, salvo en el consumo de proteínas de origen animal (carne, leche, huevo): no hay mucha diferencia entre lo que gastan en ello los más pobres y los más ricos El promedio de los diez rangos de ingreso (deciles) es de 43%
Las cifras de Salinas
La falta de información del INEGI sobre la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares coincide en tiempo con declaraciones del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en defensa de su política social, y del Banco Mundial, en las que revela un serio aumento de la pobreza en México
En efecto, a finales de mayo, Salinas escribió un artículo en el diario español El País que, en el fondo, es una crítica a la política social del presidente Zedillo Prácticamente todos los medios informativos recogieron sus afirmaciones Escribió:
“En México, entre 1989 y 1994, la distribución del ingreso mejoró tanto en las áreas urbanas como en las rurales, en las cuales el índice de concentración descendió casi 5% en las primeras y 43% en las segundas Este resultado es importante, sobre todo si uno considera como referencia que en Estados Unidos, en un periodo de 40 años (entre 1950 y 1991), el coeficiente de Gini (que indica la concentración del ingreso) en realidad empeoró, al aumentar 53%”
En relación con la pobreza, Salinas sostiene que en su administración hubo una reducción importante Afirmó: “Durante la primera mitad de los noventa, el 40% de la población en los estratos más bajos de ingreso aumentó su participación en el ingreso nacional un 6% en las áreas urbanas (llegando a 9%), y casi un 15% en las zonas rurales (llegando a 11%) Y el 10% más rico de la población redujo su participación en el ingreso nacional en un 6% en las áreas urbanas (bajando a 34%) y más de un 1% en las rurales (disminuyendo a 27%)”
El expresidente basó su opinión en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre pobreza y desigualdad en la región durante la última década, publicado el año pasado
El INEGI, empero, al hacer públicos en 1996 los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares levantada en 1994, dio otras cifras: el 10% de los más ricos del país concentraba 41% del ingreso nacional, mientras que la mitad de la población, la de los estratos de menores ingresos, apenas absorbía 161% del ingreso
Para su artículo, Salinas tomó, pues, los datos que le son más favorables Inclusive, se apoyó también —congruente con el autoelogio de que hizo gala durante su gobierno— en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de principios de este año, en el que se afirma que —y Salinas reproduce textualmente— el Programa Nacional de Solidaridad, dada su magnitud, “puede percibirse no sólo como un verdadero programa de combate a la pobreza, sino también como un programa de promoción de las iniciativas básicas de una comunidad”
“Y es que se trataba —dice él— de mucho más que un programa de alivio a la pobreza, ya que transformó su combate en una acción participativa y fortalecedora de la comunidad, consistente en la descentralización económica y la eficiencia”
Clásico en él, omitió los datos que le son desfavorables En 1992, el INEGI, en un estudio conjunto con la CEPAL (organismo dependiente de la ONU) reveló que en ese año había en México 136 millones de mexicanos en pobreza extrema Cuando el presidente Zedillo tomó posesión, en diciembre de 1994, afirmó que había 17 millones en pobreza extrema Es decir, en poco más de dos años se agregaron a ese rango más de 3 millones de mexicanos
El estudio del INEGI señalaba también que en pobreza en general había 236 millones en 1992 Luego, datos oficiales señalaban que al término de la gestión de Salinas la cifra rebasaba los 30 millones
Nada de eso recogió Salinas Pero su artículo fue destacado en los medios informativos nacionales
La política empobrecedora de Zedillo
Con eso encima, el gobierno del presidente Zedillo tuvo que sufrir declaraciones de funcionarios del Banco Mundial —hechas a principios de julio, en El Salvador—, en el sentido de que la pobreza y la desigualdad en México han ido en aumento, recrudeciéndose en áreas rurales, pero sobre todo en las comunidades indígenas, donde la pobreza alcanza “niveles alarmantes”
Antes, el Banco Mundial había sostenido que México es uno de los doce países donde se concentra 80% de los pobres del mundo
Las críticas a la política social del gobierno zedillista arreciaron cuando se anunció el tercer recorte al gasto público, el 8 de julio, como fórmula para enfrentar la persistente disminución de los ingresos públicos ocasionada por la caída en los precios internacionales del petróleo Fue tema recurrente en esos días y aún perdura
En un estudio próximo a publicar, la Comisión de Desarrollo Social, que dirige la diputada Clara Brugada, sostiene que “haciendo un cálculo bastante conservador de lo que implican los recortes a los programas de combate a la pobreza en términos de población, tenemos que más de 3 millones de pobres fueron directamente afectados por los recortes: o se canceló su crédito de vivienda, o se pospuso su incorporación al Progresa, o dejó de recibir subsidios alimenticios (leche, tortilla), o no contará con agua potable ni alcantarillado, entre muchos otros servicios”
El estudio, elaborado por la asistente de dicha Comisión, Fabiola Zermeño, hace el recuento de los efectos de los dos primeros recortes —aún no se evalúa el tercero— en la población más pobre:
Se dejarán de construir 57,000 viviendas de interés social; habrá diez hospitales rurales menos de los programados y también 34 Unidades Médicas Rurales menos; 250,000 familias pobres dejarán de beneficiarse con el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el principal programa gubernamental de combate a la pobreza extrema; a 42,200 personas no se les proporcionarán servicios de agua potable y alcantarillado; a 71,800 personas se les recortó el “crédito a la palabra”; 93,300 jornaleros agrícolas quedaron sin apoyos
“Todo ello, más los otros efectos que no son fácilmente calculables debido a las dificultades en el acceso a la información, más los efectos en cadena como resultado de los efectos directos”
De hecho, dice el estudio, “todos los programas de combate a la pobreza son realmente patéticos por su insuficiencia Sirva de ejemplo el Progresa, el programa social más importante de la actual administración Para este año se le destinó un presupuesto de 5,668 millones de pesos, cifra que equivale a 015% del PIB, al 065 del gasto neto total, y a 42% de lo que se destinará al pago de la deuda Sumando todos los programas destinados al combate de la pobreza extrema, se alcanza la cifra de 38,101 millones de pesos, que equivalen a 1% del PIB, a 43% del gasto neto total, a 28% del costo financiero de la deuda, y a 58% del costo del Fobaproa”
Con esos recursos, dice la Comisión de Desarrollo Social, “es imposible combatir la miseria en que viven 40 millones de mexicanos pobres, cifra aceptada por el titular de la Sedesol, Esteban Moctezuma, en su comparecencia del 16 de julio en la Cámara de Diputados”
Otro ejemplo que exponen los diputados de la Comisión de Desarrollo Social para mostrar la insuficiencia de recursos contra la pobreza es la continua disminución del gasto destinado al ramo presupuestal número 26, Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza: en 1995 fue menor en 216%, en términos reales, al ejercido en 1994; en 1996 cayó 77%; en 1997, fue menor en 175%, y para este año será casi 4% inferior al de 1997 “Es totalmente incongruente que mientras la pobreza se multiplica, los recursos del ramo específico de combate a la pobreza disminuyan”
Las prioridades, dice el estudio, son otras: “Para 1997 el gobierno destinó más de 26,000 millones de dólares para el rescate bancario; de los cuales sólo 20% fue en beneficio de los deudores de la banca Destinó asimismo 13,000 millones de pesos al rescate carretero En 1998 el costo del Fobaproa asciende a 264,700 millones de pesos y 18,800 millones son para el rescate carretero Para tener una idea de la desproporción, baste con señalar que los recursos de toda la Sedesol representan únicamente 35% del gasto de este año para el Fobaproa”, señala
Interpretaciones aparte, las propias cifras oficiales revelan una situación poco halagüeña en todo el país Sirvan unos ejemplos
En Guanajuato, según datos del INEGI, de los 45 millones de habitantes, cerca de 89% están incluidos en el rango de pobreza, que va de moderada a extrema y, aun, a indigente En ese estado, 33% de los jefes de familia gana menos de un salario mínimo
Datos del gobierno de Vicente Fox, incluidos en un Diagnóstico de la Pobreza realizado el año pasado, señalan que la población infantil de seis a nueve años de edad presenta en su mayoría un riesgo latente de desnutrición leve, moderada y severa Sólo 4% está dentro del parámetro de nutrición adecuada
Otra: la encuesta del INEGI sobre los ingresos y los gastos de los hogares de Guanajuato señala que de las 985,000 familias de la entidad, alrededor de 70% tiene un ingreso promedio mensual inferior a los 3,000 pesos, mientras que el 30% restante tiene ingresos entre 3,500 y 10,000 pesos al mes
En Guerrero, las estadísticas oficiales registran decesos por enfermedades curables y, en el colmo, por parto normal En el anuario estadístico del INEGI para la entidad, en su edición 1997, se advierte que de los 31,955 partos atendidos en instituciones públicas y asistenciales durante 1996, se registraron en el rubro de morbilidad por parto 15,869 casos
Desempleo y salarios
A nivel nacional, las cifras oficiales de empleo muestran también la creciente desigualdad De la última Encuesta Nacional de Empleo del INEGI y la información de coyuntura sobre el desempleo, del propio instituto, se desprende que en este año 54% de la población ocupada —cerca de 184 millones de personas— gana hasta dos salarios mínimos, es decir, 1,800 pesos al mes Al término del sexenio pasado la proporción era de 468%
En el desglose, se tiene que el número de ocupados que en 1994 no recibía ingresos o ganaba menos de un salario mínimo, ascendía a 4 millones 349,443 personas, 13% de la población ocupada; para 1998, el número de personas que están en ese rango asciende a 7 millones 133,894 millones, 19% de la población ocupada
Similar composición hay entre los que ganan de uno a dos salarios mínimos En 1994 eran 11 millones 218,735 (3372%) y para 1998 son 12 millones 970,715 personas
En resumen, más de la mitad de quienes trabajan no perciben más de dos salarios mínimos Pero lo peor es que, de acuerdo con la Comisión de Salarios Mínimos, el poder de compra de dichas remuneraciones se ha reducido 30% de 1994 a 1998
En el contraste, quienes ganan más de dos y hasta cinco salarios mínimos eran en 1994 poco más de 124 millones de personas, 368% de los ocupados; para 1998 el número se redujo a 112 millones, equivalentes a 30% de los ocupados
Finalmente, quienes perciben más de cinco mínimos pasaron de 17 millones en 1994 (5% de los ocupados) a 19 millones (5% de los ocupados actualmente)
En ese contexto, la difusión de los resultados de la última Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, del INEGI, que necesariamente incorpora los años más crudos de la crisis, 1995 y 1996, sería como echarle leña al fuego del descrédito del gobierno del presidente Zedillo, cuyo lema de campaña, en 1994, prometía “Bienestar para la familia”