Posturas irreconciliables en materia de derechos indígenas
Guerra política y propagandística del gobierno para obligar al EZLN a reanudar las negociaciones
Salvador Corro
Convencido de que ya no es conveniente sostener actitudes “demasiado suaves” y de que cuando ha endurecido su posición le ha dado buenos resultados, el presidente Ernesto Zedillo inició una amplia ofensiva política para obligar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a sentarse a “negociar” las cuatro observaciones “irrenunciables” que el gobierno hizo a los Acuerdos de San Andrés
En esas observaciones, el gobierno rechaza “la interpretación” que de los conceptos entorno y propiedad, autonomía y propiedad territorial, y facultades para concesionar espacios de radio y televisión se hizo en la iniciativa sobre derechos indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)
El jueves 12, en una entrevista con The New York Times, Zedillo dio a conocer la nueva estrategia de su gobierno, puesta en marcha en enero último, y la justificó:
A principios de 1995, cuando los zapatistas no querían dialogar, “decidí que teníamos que cambiar las condiciones para la negociación, recurriendo a la Ley y señalando que los íbamos a procesar Creo que la decisión fue acertada, porque poco después ellos decidieron regresar a la mesa de negociación Empezamos a negociar y lo hicimos por varios meses”
Explicó que actualmente, “como no estoy convencido de que sinceramente quieran la paz, tengo que tomar otras acciones, siempre bajo el principio de que no usaremos la violencia”
Entre esas acciones ya en marcha se encuentran las siguientes:
—Aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para desarmar a grupos de “todo signo” y en todo el territorio de Chiapas
—Expulsión de los extranjeros que realicen actividades políticas, sin tener permiso para hacerlo
—Respuesta inmediata a cualquier acción o declaración del EZLN, incluyendo declaraciones del presidente de la República y del secretario de Gobernación, cuantas veces sean necesarias
—Buscar el debilitamiento de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y de la Cocopa
—Presencia gubernamental en todos los medios de comunicación para hablar de Chiapas
—Instrucciones al cuerpo diplomático para difundir la versión oficial sobre lo que sucede en Chiapas en el extranjero
A nivel estatal se busca:
—La activación económica mediante un programa de inversiones privadas
—Persecución de los presuntos responsables de la matanza de Acteal, sin tocar a los grupos paramilitares
—La liberación de presuntos zapatistas
De esa manera se quiere obligar a los zapatistas a que regresen a la mesa de negociaciones
Pero el EZLN no quiere En un comunicado firmado por el subcomandante Marcos el 29 de enero, fue muy claro:
“No renegociaremos los Acuerdos de San Andrés, ni aunque la renegociación se disfrace de ‘revisión’ Nosotros no estamos exigiendo nada que el gobierno no haya firmado, nada que no les corresponda a los pueblos indígenas”
Los desacuerdos
Veinte días después del cambio de secretario de Gobernación, el 23 de enero, el presidente Zedillo pronunció en Kanasín, Yucatán, un discurso en el que definió su posición:
“El gobierno federal está de acuerdo con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar Pero no podría aceptar interpretaciones de éstos que atenten contra la soberanía y la unidad nacional, ni que pongan en riesgo las garantías individuales, las libertades y los derechos humanos No podría aceptar formas de gobierno antidemocráticas y autoritarias, ni fanatismos No podría aceptar fueros y privilegios excluyentes ni desprecio a las minorías”
El gobierno aceptó y firmó los Acuerdos de San Andrés, el 16 de febrero de 1996 Pero su contenido tenía que trasladarse a una ley, para poder llevarlos a la práctica Después de varias discusiones con el EZLN, se decidió que fuera la Cocopa la que redactara la iniciativa correspondiente
A regañadientes, los zapatistas aceptaron la propuesta de la Cocopa, y el 19 de diciembre de 1996 el gobierno presentó 27 observaciones, que fueron consideradas por el EZLN como un “incumplimiento y una burla”, pues no satisfacían los reclamos indígenas El diálogo se suspendió
Poco más de un año después, como parte de la estrategia del nuevo secretario de Gobernación, el lunes 2 de febrero se anunció que las observaciones se habían reducido a cuatro, las cuales fueron entregadas a la Cocopa y a la Conai, para que fueran enviadas a los dirigentes del EZLN
Esas cuatro observaciones en realidad abarcan diferentes puntos, entre los que sobresalen los siguientes:
El gobierno propone que en la ley se establezca que “la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas a los cuales, en los términos de la Constitución, se les reconoce el derecho a la libre determinación, que se expresa en un marco de autonomía respecto de sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural Dicho derecho les permitirá:
“Aplicar sus normas, usos y costumbres en la regulación y solución de conflictos internos las leyes locales preverán el reconocimiento a las instancias y procedimientos que utilicen para ello y establecerán las normas para que los juicios y resoluciones sean homologados por las autoridades jurisdiccionales”
La iniciativa de la Cocopa señala que “los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para: decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural y para aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado”
Los zapatistas, consideran inaceptable la sustitución del término “convalidar” por “homologar”, pues “viola el más elemental principio jurídico de jerarquización de las leyes, que otorga supremacía absoluta a la Constitución”
Subrayan que el gobierno rechaza “los sistemas normativos internos” y los sustituye por “normas, usos y costumbres”
Otra divergencia importante es la relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales El gobierno señala que los pueblos indígenas pueden “acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras, respetando las formas, modalidades y limitaciones establecidas para la propiedad por esta Constitución y las leyes”
La Cocopa propone: “Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación”
En la propuesta del gobierno sólo se habla de tierras, pues considera que sólo sobre ellas se pueden tener derechos jurídicos, lo que no puede suceder en relación con los territorios y el hábitat
En la iniciativa de la Cocopa se otorga a los pueblos indígenas el derecho de “adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación”
El gobierno acepta lo anterior, pero siempre y cuando se haga “conforme a la ley” Así, si las comunidades indígenas desean manejar estaciones de radio o televisión, deben solicitar la concesión respectiva al gobierno federal
Otro punto de desacuerdo es el siguiente:
Conforme a la iniciativa de la Cocopa, “las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas”
Pero el gobierno señala que “las constituciones y leyes locales establecerán los requisitos y procedimientos para constituir como municipios u órganos auxiliares de los mismos, a los pueblos indígenas o a sus comunidades, asentados dentro de los límites de cada estado”
La remunicipalización planteada por el gobierno, consideran los zapatistas, “por su imprecisión y vaguedad, crea la posibilidad de que cualquier pueblo o comunidad indígena se convierta en municipio”
La nueva estrategia
El 1¼ de febrero se dieron a conocer dos comunicados del EZLN, fechados el 29 de enero En uno de ellos, informó que había recibido una propuesta de “reunión secreta”:
“En un contexto de persecución militar, el EZLN recibió (a través de la Conai), en un sobre blanco cerrado con cinta adhesiva y con una firma a manera de sello lacrado, una propuesta ‘confidencial’ del señor Labastida”, para que sostuvieran una reunión
Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación respondió En un comunicado de prensa, señaló que la propuesta no tenía fines ocultos y reprodujo íntegro el texto de la carta enviada el 23 de enero a los zapatistas, que incluía ocho puntos
En el otro comunicado, el subcomandante Marcos, denunció que “la nueva estrategia del gobierno consiste en conseguir que la opinión pública traslade el descrédito y la legitimidad del gobierno a todos los demás”
Al día siguiente, Emilio Rabasa Gamboa, coordinador gubernamental para el diálogo, entregó formalmente a Luis H Alvarez, presidente en turno de la Cocopa, un documento con las cuatro observaciones a la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas
El 5 de febrero, en la ceremonia conmemorativa del “Día de la Constitución”, el secretario de Gobernación trató de deslindar al gobierno del problema relacionado con esa iniciativa, y afirmó “que nadie puede exigirle al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de ley que garantice la realización de una reforma que le corresponde al Poder Legislativo”
Y al día siguiente Labastida Ochoa manifestó que será inflexible en sus observaciones al proyecto de ley, pues considera que la propuesta de la Cocopa se apartó de los Acuerdos de San Andrés
Un día antes de que se cumplieran dos años de haberse firmado los Acuerdos de San Andrés, Emilio Rabasa recordó que el EZLN había firmado el Pacto de San Miguel, en 1995, que contenía un principio básico: “Continuidad del diálogo y negociación por encima de cualquier otra consideración, evento, incidente o desavenencia, a fin de garantizar su desarrollo regular, ordenado, ininterrumpido y eficaz hasta su culminación positiva”
Además, se comprometió a que “ninguna de las partes podrá declarar unilateralmente que la otra ha roto o suspendido el diálogo y la negociación”, por lo que la negativa del EZLN a dialogar “impide dar cumplimiento a los Acuerdos”
La respuesta del EZLN fue contundente:
“Ni una palabra, ni una coma, ni un punto, ni una letra vamos a aceptar que cambien a los Acuerdos de San Andrés Es todo o nada”, dijo el comandante Ezequiel, representante del EZLN, en un acto realizado en San Cristóbal de las Casas
Y agregó:
“En Chiapas estamos lejos de alcanzar la paz con justicia y dignidad, ya que cada vez hay más efectivos militares que intimidan y reprimen a nuestros pueblos, cada vez hay más retenes militares y cada vez es mayor la amenaza de muerte que reciben nuestros dirigentes y mandos militares”
Nuevamente la respuesta gubernamental fue rápida Al día siguiente, Labastida Ochoa rechazó la postura zapatista del “todo o nada”; criticó a Miguel Alvarez, integrante de la Conai, por “convocar a un movimiento internacional de intervención en los asuntos internos del país” y advirtió que los extranjeros pueden venir a México, pero no podrán participar en asuntos políticos
Finalmente, trató de mostrarse conciliador:
“Reiteramos que cuando la dirigencia del EZLN defina la fecha en que reanudará el diálogo para avanzar el logro de la paz digna y para analizar conjuntamente las cuatro observaciones sobre el proyecto de la Cocopa que permitan cumplir los Acuerdos de San Andrés, el gobierno de la República revisará las posiciones que actualmente ocupa el Ejército Mexicano en Chiapas”
Pero lo irreconciliable de ambas posiciones se puso de manifiesto otra vez el jueves 19, cuando se dio a conocer la carta que el subcomandante Marcos envió a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, en la que señaló:
“Como será seguramente constatado por ustedes en los días que caminen estas tierras, en las montañas del sureste mexicano el gobierno federal mantiene una persecución en contra de la dirigencia zapatista Nuestra ‘estrategia’ actual es evitar que esa persecución tenga éxito, así que no nos es posible tener con ustedes un encuentro directo”
Hasta el viernes 20, el EZLN no había dado respuesta a las cuatro observaciones que le envió el gobierno
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