Raúl Salinas podría estar a un paso de salir de Almoloya y pasar a un reclusorio
Las procuradurías, tras las huellas de Chapa: el pago a testigos y declarantes, apenas una parte de la maraña
Carlos Marín
Lejos de esclarecer los crímenes políticos que trastornaron la vida nacional, con nombramiento del priísta presidente de la República, y con el panista Antonio Lozano como su jefe inmediato, Pablo Chapa Bezanilla generó problemas de tal magnitud que rebasan su propio derrumbe:
—No sólo no aportó un elemento adicional confiable a las averiguaciones de los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, sino que enredó aún más los casos
—Exhibió al Estado Mayor Presidencial como un cuerpo del Ejército con soldados sin carácter, susceptibles de colaborar en asesinatos y encubrimientos, según él para satisfacer a la familia Salinas de Gortari, aunque algunos de esos actos fueron cometidos en pleno gobierno de Ernesto Zedillo
—Logró que la Procuraduría de Justicia Militar se prestara a sus pesquisas, fundadas en la invención de culpables, fabricación de “pruebas”, amenazas y sobornos
—Se sirvió de bienes incautados a narcotraficantes para recompensar a testigos que resultaron ser de paja
—Obligó a la Presidencia de la República a emitir un comunicado para informar que Ernesto Zedillo no avala procedimientos ilegales en la procuración de justicia, y a puntualizar que, en todo caso, el responsable de los pagos millonarios fue Lozano
—Hizo añicos el experimento bipartidista en el Poder Ejecutivo
—En sus empeños indagatorios, utilizó recursos extralegales que van de inducciones a sobornos, “anónimos” y videntes, hasta la colaboración de profanadores de tumbas y sembradores de cadáveres
El viernes 24 de enero, por la tarde, el exprocurador general de la República, Antonio Lozano, acudió a las oficinas del procurador de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, encargado ahora de las investigaciones sobre la osamenta encontrada en el rancho El Encanto
La nómina de los autores intelectuales y materiales de los estropicios de Pablo Chapa se concretará con encarcelamientos inminentes
En estos próximos días, precisamente con la secuela penal de la investigación de la osamenta de Cuajimalpa, saldrá la punta de la maraña que tejió la extinta Subprocuraduría Especial
Lo demás llegará hasta el principio de lo que hoy se sabe: el supuesto pago de medio millón de dólares a Fernando Rodríguez González a cambio de la declaración ministerial en que se sustentó —más que en cualquier otro indicio— el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari
Por lo que toca al hermano del expresidente, su defensa confía en que el juez Diógenes Cruz le quitará el cargo de autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, aunque deba enfrentar —desde un Reclusorio Preventivo y no en Almoloya, cárcel para los “altamente peligrosos”— las acusaciones a que dieron lugar su doble pasaporte y su inexplicable riqueza
La prisa del gobierno por despejar el enredo va contra reloj, porque las actuales averiguaciones pueden ensuciar el proceso electoral en puerta
“Te va a hundir, Toño”
Hacia finales de 1995, cuando ya no tenía dudas acerca de la inocencia de Othón Cortés Vázquez en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el presidente Zedillo solía comentar que la actuación del subprocurador Chapa Bezanilla le parecía equivalente a la de un “chivo en cristalería”
Casi un año después —agosto de 1996—, al resultar liberado de Almoloya el falso “segundo tirador”, Ernesto Zedillo sacó a Chapa del caso Colosio; pero Lozano no pudo o no quiso captar el mensaje
“Te va a hundir, Toño”, le comentó el presidente al ordenarle el cese de Chapa
Para esas fechas, sin embargo —según delación del exsecretario particular de Lozano, el diputado panista Armando Salinas Torres, publicadas en el diario La Crónica del martes 21 de enero—, Lozano tuvo que sostener a Chapa en el caso Ruiz Massieu, pues había autorizado pagos a declarantes y testigos desconfiables
“Todo lo que se hizo fue con el conocimiento de Ernesto Zedillo Todo movimiento de dinero no sólo fue con apego a derecho, sino con conocimiento y autorización del presidente y de la Contraloría”, dijo Salinas Torres a los reporteros Antonio Arellano y Guadalupe Báez
El motivo de la declaración periodística era el presunto pago de medio millón de dólares que las autoridades hacendarias y la Contraloría habían detectado en noviembre —y publicado por el columnista Joaquín López Dóriga— al principal acusador de Raúl Salinas de Gortari, Fernando Rodríguez González, así como un millón de pesos para la “vidente” que asesoró a Pablo Chapa en la búsqueda de la osamenta de El Encanto, Francisca Zetina, La Paca
“Ni Lozano Gracia ni Chapa Bezanilla podían disponer de cantidades tan grandes sin que las conociera el presidente”, comentó el exsecretario de Lozano
La respuesta de Los Pinos —publicada un día después en el mismo periódico— la firmó el director de Comunicación Social, Carlos Almada:
—En sus acuerdos con Zedillo, Lozano “nunca” habló de pagar nada a Rodríguez González, y lo de La Paca y la osamenta sólo fue tratado en lo referente a la recompensa (legal) que prometió la PGR —un millón, pero de dólares— para quien hallara al exdiputado prófugo, Manuel Muñoz Rocha
En su carta a La Crónica, la Presidencia se apoyó en la Constitución para dar idea de hasta dónde pueden llegar las cosas:
El procurador general de la República y sus agentes, serán los responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones
De los colaboradores de Lozano, Armando Salinas Torres figuraba entre los más enterados respecto de los secretos de la PGR Fue también de los más indiscretos:
A principios de 1996, si bien puso en duda la credibilidad de su jefe —correligionario de partido— y de la Subprocuraduría Especial, reveló que Pablo Chapa (El Universal, 1¼ de abril) tenía un informe conclusivo sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio, en el que señalaba como autores intelectuales a Carlos Salinas de Gortari y al exjefe de la Oficina de la Presidencia, José María Córdoba Montoya
Ese informe —siempre de acuerdo con el exsecretario de Lozano Gracia— fue desestimado por el presidente Zedillo, después de someterlo a estudio por especialistas en derecho penal, y acabó por ser poco apreciado en virtud de que se basaba en declaraciones temerarias y elucubraciones descabelladas
Salinas Torres confió el dato en una tertulia celebrada en enero de ese año y el 15 de abril, con la publicación del documento en Proceso, se hizo evidente que el colaborador de Lozano no había dicho mentiras
Además del expresidente y de Córdoba, Chapa Bezanilla inculpaba al Estado Mayor Presidencial
Después de que la PGR negó en boletín aquel único informe conclusivo de Pablo Chapa, Lozano terminó por admitir su existencia, reduciendo el documento a un simple “borrador”
En los primeros meses de 1996, la Subprocuraduría de Chapa mantuvo en arresto domiciliario al mayor Héctor Eustolio Morán Aguilar (excustodio del Papa), bajo la sospecha de haber participado en un complot En abril se hizo pública la denuncia del general Domiro García Reyes (exjefe de seguridad de Colosio) acerca de las presiones de Chapa Bezanilla para que admitiera que Salinas le había “insinuado” eliminar a Luis Donaldo Colosio Entre ambos militares y el crimen de Tijuana, Othón Cortés debía ser el eslabón que jamás embonó
A partir de entonces, Chapa inauguró una etapa inusual —vigente hasta la fecha—, en la que se volvieron comunes las diligencias penales de todo tipo —declaraciones ministeriales, ratificaciones, careos, imputaciones—, donde se puso en entredicho la disciplina y el honor militar de unos 30 elementos de distintos rangos adscritos a uno de los cuerpos más selectos del Ejército, el Estado Mayor Presidencial
La Sedena, en los juegos de Chapa
Aunque la Secretaría de la Defensa, según testimonio del general, respaldó a Domiro frente al acoso y filtración de insinuaciones dolosas de la Subprocuraduría desaparecida, la “superioridad” cedió ante un airado boletín de la PGR, cuando el militar denunció las presiones directas de Pablo Chapa para que admitiera haber participado en un complot presidencial para asesinar a Luis Donaldo Colosio: lo acusó de haber afectado “la disciplina militar” y le aplicó un “correctivo”, no especificado públicamente, pero que se tradujo en un arresto
Sólo cuando el juez exoneró a Othón Cortés y éste salió de la cárcel, la Sedena rehabilitó a García Reyes, nombrándolo subjefe de una de sus regiones militares en el sureste
Reducidas sus funciones por el presidente de la República, Pablo Chapa consiguió involucrar a otro militar de rango en el caso Ruiz Massieu, en la vertiente de la desaparición de Manuel Muñoz Rocha Se trata del teniente coronel Antonio Chávez Ramírez:
Exjefe de seguridad de Raúl Salinas, Chávez Ramírez fue indiciado por la Subprocuraduría con base en el “anónimo” entregado por La Paca, en cuyo texto se basó la búsqueda de la osamenta que se quiso hacer pasar por la del exdiputado que organizó el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu
De acuerdo con las actuaciones ministeriales —y sin un solo dato adicional en tribunales—, el informante de Chapa y Chávez Ramírez atestiguaron, en la casa de Paulina Castañón, el momento en que Raúl Salinas acababa de matar con un bat a Muñoz Rocha, y el “anónimo”, conminado por el militar, se vio obligado a presenciar el descuartizamiento del cadáver para evitar su identificación, así como a participar en su sepultamiento en la finca de Raúl, en Cuajimalpa
Chávez Ramírez declaró ministerialmente a finales de octubre (Proceso del 17 de noviembre de 1996) y, acorralado por su mala conciencia, confesó “de manera espontánea” que ayudó a Raúl Salinas a ocultar el automóvil Jetta que usó Muñoz Rocha antes de huir; acusó al exsecretario de Carlos Salinas (Justo Ceja) de haber ayudado a Raúl a “desaparecer” al entonces diputado —con viajes subrepticios de las Lomas a Los Pinos con bultos humanos escondidos en cobijas— y afirmó que Carlos Salinas de Gortari, en su exilio canadiense, recompensó su “lealtad” a Raúl con un curso de inglés en Inglaterra
Presente en la diligencia, pero sin figurar en el acta correspondiente, Pablo Chapa le hizo dos preguntas sobre la casa donde se registraron los hechos: una, para que dijera de quién es propiedad y, otra, para que la describiera; pero ni una sola le formuló sobre la historia contada por el “anónimo”, la que había dado pie a esta insólita declaración ministerial
No obstante, la Secretaría de la Defensa, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar y del Tribunal de Justicia de las Fuerzas Armadas, dio por buenas las afirmaciones del teniente coronel y le instruyó proceso “por encubrimiento”
Desde hace tres meses, Antonio Chávez Ramírez está encarcelado en la prisión del Campo Militar Número Uno, donde purgan arrestos, acusaciones y condenas algo menos de 500 miembros del Ejército
Se encuentra en la sección de aislamiento, contigua a los galerones de la sección femenina del penal
En la cuadra 17-A, también a causa de los embrollos de Chapa, están otros dos miembros del Estado Mayor Presidencial: el sargento segundo del Agrupamiento de Servicios Generales, Moisés Flores Fernández, y el cabo escribiente Noé Hernández Neri
Ambos militares, formalmente al menos, desconocen el cargo específico por el que fueron recluidos, también, desde noviembre
Tanto en declaraciones ministeriales como en diligencias judiciales, Flores Fernández contradijo las afirmaciones de Agustina Cruz Santos, la empleada doméstica que Pablo Chapa dio a conocer como testigo de que el Jetta prestado a Muñoz Rocha fue escondido dos días en la casa de un amigo de Raúl Salinas (Diego Ormedilla)
El sargento segundo sostuvo que el automóvil compacto que alguna vez estuvo allí (una casa de la calle Explanada) era un Tsuru blanco, que usaba la exnovia de Raúl Salinas, María Bernal, la española que después de chantajear a Enrique Salinas y a Paulina Castañón y de decirles —según grabaciones y video anexados al proceso— que Pablo Chapa y José Cortés Osorio (coordinador entonces del caso Ruiz Massieu) le ofrecían dinero por acusar al hermano del expresidente
Asimismo, Flores Fernández afirma que, cuando convalecía en un hospital, Pablo Chapa lo amenazó con enviarlo a la cárcel 15 años, por lo menos, si volvía a prestarse de mensajero de los Salinas para presionar a Noé Hernández Neri
Hernández Neri es quien declaró haber recibido a la media noche del 28 de septiembre de 1994 —día del crimen de Ruiz Massieu— dos llamadas de Muñoz Rocha buscando hablar con Raúl Salinas El director de Larga Distancia de Teléfonos de México, ante el Juzgado, explicó que las llamadas, realizadas efectivamente desde Pachuca (a donde había ido inicialmente Muñoz Rocha), estaban registradas como diurnas y que para Telmex diurnas significa que fueron hechas entre las siete de la mañana y las siete de la noche
Aunque según el recibo correspondiente, las llamadas fueron tan breves que el pago equivalente fue el mínimo, el testimonio del cabo incluía que Raúl mandaba decir que no le llamara Muñoz Rocha a su casa, “que se venga mañana, como habíamos quedado”, lo cual fue determinante en la acreditación de indicios sobre la implicación de Raúl Salinas en el caso Ruiz Massieu, toda vez que a partir del día siguiente Muñoz Rocha desapareció
Este cabo escribiente del Estado Mayor Presidencial, a los pocos días de su declaración ministerial —según consta en fotografías y videos de prensa— fue adscrito a la escolta del jefe de Pablo Chapa, Antonio Lozano Gracia Atrapado en la sospecha, fue el guarura más efímero del exprocurador
Pasados algunos meses, se produjo la mediación de Flores Fernández para que Noé rectificara su declaración sobre las llamadas, y éste se ablandó Luego se arrepintió y acusó al defensor Roberto Hernández y a Paulina Castañón de presionarlo para desdecirse
En terminología castrense, Moisés y Noé se hicieron acreedores a encarcelamiento por “faltas a la disciplina militar”
El lío de estos soldados originó las acusaciones que mantienen a la esposa de Raúl Salinas entre un auto de formal prisión y la esperanza de no ser fichada, mediante el recurso de amparo
En tanto a la justicia militar le llega la nueva línea de la PGR y no encuentre la fórmula para resolver el enclaustramiento de Chávez Ramírez, Flores Fernández y Hernández Neri, la Sedena es la única institución que sigue tomando en serio las pesquisas del persistente exfuncionario, que logró llevar a la cárcel a miembros del Estado Mayor Presidencial
En lo que toca al Poder Judicial, el viernes 24, el juez segundo de Distrito, José Vicente Peredo García Villalobos, aplicó la primera sanción que se conoce contra Pablo Chapa: una multa de 20 días de salario mínimo, por no haberse presentado a declarar en torno de la acusación que él mismo promovió en contra del abogado Roberto Hernández, aquella sobre el titubeante Noé Hernández Neri
Con sus huesos a la cárcel
Las averiguaciones contables de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación sobre la administración panista de la PGR incluyen extrañas y fugaces aperturas de cuentas bancarias, “beneficios” —dijo el exsecretario de Antonio Lozano Gracia— a Fernando Rodríguez González, a través de una de sus hijas —según el columnista López Dóriga—; movimientos de dinero proveniente de incautaciones y una atención especial a la Oficialía Mayor y un exsubdelegado en Sinaloa, fogueado por Chapa Bezanilla en el caso Ruiz Massieu
Desde Tijuana, Othón Cortés Vázquez espera que se aclare cuánto fue el “beneficio” con que se recompensó a sus tres acusadores —especialmente Jorge Amaral Muñoz, quien once meses después del homicidio de Colosio “recordó” el rostro del “segundo tirador”—, y que según jueces y magistrados fueron “inducidos” por Chapa
La defensa de Raúl Salinas espera, entre otras muchas cosas, saber la manera como Pablo Chapa proporcionó dos distintas credenciales de empleada de gobierno a Agustina Cruz, una falsa y otra falsificada, según testimonio de la Dirección de Personal del ISSSTE que obra en autos del proceso contra Salinas
Eduardo Luengo —quien dirige la defensa del principal reo de Almoloya— ya no avizora lo embarazoso que resultaría la reconstrucción de hechos que prevé la legislación, para ver si las entradas y salidas a Los Pinos de que habló el teniente coronel Chávez Ramírez “son siquiera imaginativamente viables”
En lo que respecta a Chapa, algunos amigos le sugieren buscar un acercamiento con la familia Salinas, toda vez que ésta se dispone a perseguirlo con la saña que suponen él los persiguió
En la política de altura, el desastre de Lozano y Chapa, de ser ciertas las aseveraciones del diputado Salinas Torres, los litigios pueden arrastrar a Lozano y a Zedillo a los trajines de barandilla, ministeriales y judiciales, con los careos de rigor
Parco, el procurador de Justicia del Distrito, José Antonio González Fernández, dijo a Proceso que por obligación institucional “y por convicción personal”, no dejará resquicios en el esclarecimiento de lo sucedido en El Encanto
Por lo pronto, La Paca y su hermana, Patricia Zetina; la exnovia María Bernal, Ramiro Aguilar Lucero (el “anónimo”) y Francisco Godínez, cuidador de la finca El Encanto, son de los primeros que dirán el grado de conocimiento que tuvo Chapa sobre la inhumación clandestina en Cuajimalpa, así como los beneficios económicos que les reportó
Dos meses antes del hallazgo de los restos, Francisca Zetina pidió a Paulina Castañón dos millones de dólares por confiarle dónde estaba enterrado Manuel Muñoz Rocha
Aguilar Lucero resultó ser un viejo socio de Francisca Zetina en trafiques de lotes en Iztapalapa y “militante” del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí
Francisco Godínez —Pancho, le decía Raúl—, es esposo de Patricia Zetina
Por el análisis de tierra —cuyos resultados apenas se darán a conocer—, la osamenta estuvo originalmente en un cementerio del Valle de México De acuerdo con los peritajes nacionales y estadunidenses, no corresponde en nada a la de Manuel Muñoz Rocha, y había sido objeto de prácticas de autopsia en alguna escuela de medicina
Pese a todo, Chapa y su exjefe la tomaron tan en serio que hasta a La Paca, en su más reciente conferencia de prensa —donde prodigó visiones, bendiciones y maldiciones chamanescas— le ganó la risa
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