Chapa y sus principales colaboradores, al borde de la consignación

Chapa y sus principales colaboradores, al borde de la consignación
Caso Ruiz Massieu: dos años, dos procuradores, dos fiscales especiales y un común denominador: la ilegalidad
Carlos Marín
Pablo Chapa Bezanilla y tres de sus principales colaboradores —José Cortés Osorio, Luis Aranda Sorrivaz y Daniel Aguirre Luna— participaron en el engaño macabro de Cuajimalpa, protegieron y financiaron a quienes, acusados de perpetrarlo, fueron detenidos por la Policía Judicial del Distrito y esta semana serán consignados penalmente
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal encontró evidencias de conducta delictiva deliberada en los cuatro exfuncionarios de la desaparecida Subprocuraduría Especial, y serán presentados ante el juez 16 de Distrito en el Reclusorio Preventivo Oriente, Enrique Gallegos Garcilazo
El giro de las nuevas indagaciones amenaza con afectar a un militante destacado del PAN, el exprocurador general de la República, Antonio Lozano, al parecer ajeno a la asombrosa patraña de la osamenta
Lozano y Chapa son investigados por la Secretaría de la Contraloría sobre presuntos manejos ilegales de dinero proveniente de bienes incautados a narcotraficantes para el pago de testigos, fabricación de pruebas y compra de declaraciones ministeriales
El viernes 31, la PGJDF dio a conocer el resultado de las investigaciones que, oficialmente, inició apenas 21 días antes, contra quienes resultaran responsables de la inhumación clandestina y otros delitos que se derivaran acerca de los restos hallados por Chapa y que, en vez de corresponder a Manuel Muñoz Rocha, resultaron ser del consuegro de la “vidente” Francisca Zetina, La Paca
De acuerdo con la averiguación del Ministerio Público especializado, se hizo una revisión acuciosa de los expedientes relacionados con muertes violentas en el área metropolitana, en los que hubiera características parecidas a las que presentaba la osamenta de El Encanto
La búsqueda comprendió informes de personas extraviadas, servicios médicos forenses de la capital y área conurbada, así como actas de defunción en el Registro Civil Entre cientos, se eligieron 20 expedientes en los que había indicios parecidos y se centró la investigación en Joaquín Rodríguez Ruiz, sepultado hace tres años en el cementerio de Tláhuac
Entonces se descubrió que su tumba fue abierta la noche del 3 de octubre por Joaquín Rodríguez Cortés, yerno de La Paca, esposo de Mayra Susana Hernández Zetina, quien echó los restos en un costal y en bolsas de plástico y lo enterró en la madrugada del día siguiente en los jardines de El Encanto
En el ataúd se encontraron algunos huesos de falanges, cabellos, vello púbico y ropa Unas piezas dentales, halladas también, embonaron con exactitud en la calavera del padre del profanador
Según la PGJDF, se practicaron estudios similares a los que se hicieron a la osamenta de El Encanto —entre octubre y los primeros días de noviembre pasados—, incluido el de genética mediante el análisis de ADN, y se comprobó que los resultados coincidían
Proceso corroboró que la tarde del viernes 24, en vísperas de su viaje a Estados Unidos, el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar (no Antonio Lozano, como erróneamente se publicó aquí) afinó con José Antonio González Fernández, procurador del DF, la estrategia de las pesquisas que implican a Pablo Chapa Bezanilla, y que están limitadas a delitos del fuero común, porque la secuela federal será un capítulo aparte
Sobre Pablo Chapa —de quien se ha especulado que huyó al extranjero—, González Fernández afirmó la noche del viernes 31 por la televisión: “Tenemos indicios de su paradero y está citado para comparecer ante el Ministerio Público el próximo lunes”
Por instrucciones del presidente Ernesto Zedillo, indicó, la Procuraduría llegará “hasta donde deba llegar” porque —aseguró— “la ley no se negocia”
A una pregunta de Jacobo Zabludovsky —y después de precisar que la PGJDF sólo se propuso investigar la exhumación y reinhumación clandestinas y responsabilidades penales en función de la osamenta—, González Fernández aceptó comentar que tal vez el móvil de lo sucedido pudo ser la desmedida ambición de La Paca “para tratar de extorsionar a una familia”, y el cobro de la recompensa de 1 millón de dólares que ofreció la PGR hace más de dos años para quien aportara datos que permitieran localizar a Muñoz Rocha
Entre los ocho primeros consignados, se encuentran el autor del “anónimo”, Ramiro Aguilar Lucero, y la española María Bernal, exnovia de Raúl Salinas de Gortari, quien con la “vidente” pretendió chantajear a la familia Salinas y a Paulina Castañón, esposa de Raúl
Los otros seis consignados fueron: Francisca Zetina Chávez, Joaquín Rodríguez Cortés, Patricia Zetina Chávez, Bulmaro Castelán Murillo, Mayra Susana Hernández Zetina y Sandra Regina Hernández Zetina
De los ocho, quienes más tiempo podrán pasar en la cárcel —de dos a doce años, sin derecho a fianza— son: La Paca, María Bernal y Aguilar Lucero, por el delito de “uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos”
El 8 y 9 de octubre, durante las maniobras de búsqueda y hallazgo de la osamenta y entre un tumulto de uniformados, las mujeres aparecieron al lado de Chapa, con chamarras de la Policía Judicial Federal
En lo que respecta a Lozano, las indagaciones de la PGJDF no lo han implicado, pero la defensa de Raúl Salinas de Gortari prepara una denuncia penal contra él y Chapa por una serie de cargos; según el abogado Eduardo Luengo Creel, comprenderá, entre otros, los delitos federales de abuso de autoridad, soborno, inducción de testigos, peculado, amenazas y fabricación de pruebas
Además, dijo, se estudia la posibilidad de solicitar juicio político contra Lozano y Chapa: “Los dos deben responder, no tengo la menor duda, ante la justicia penal federal Sin embargo, por el rango que tuvieron dentro del Poder Ejecutivo, y de ser hallados culpables de delitos federales, es factible aplicarles la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”
Investigación sucia desde el origen
Primero a cargo de Mario Ruiz Massieu, después con Chapa, la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu ha sido marcada por la turbiedad, el uso político y las ilegalidades
La noche del 14 de octubre de 1994, la Subprocuraduría General de la República, a cargo de Ruiz Massieu, dio a conocer su compromiso de mantener “inalterable el desarrollo de las investigaciones sobre el lamentable homicidio del licenciado José Francisco Ruiz Massieu, en estricto apego al derecho y al marco jurídico que rige a los mexicanos”
Y cuatro días después, ante un centenar de periodistas, el exsubprocurador declaró:
“Quiero manifestar a quienes sostienen que mi calidad de hermano de la víctima afecta mi parcialidad, están equivocados Por el contrario, la investigación se ha beneficiado de esa condición”
El nombramiento, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, de Mario, violentó cuando menos tres leyes, entre ellas la Orgánica de la Procuraduría General de la República
El marco jurídico lo excluía de las indagaciones y, a pesar de ello, dijo (Proceso 936): “Tengo la obligación moral, jurídica, política y familiar de llegar al fondo del asunto”
De acuerdo con el derecho, Mario Ruiz Massieu no únicamente estaba impedido de encabezar las investigaciones, sino debió “excusarse de intervenir en cualquier forma”
Los impedimentos están previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
La Ley de Responsabilidades prevé la obligación de excusarse en los asuntos en que se tenga interés personal, familiar o de alguno de sus parientes Y la fracción catorce obliga al servidor público a informar por escrito al superior jerárquico de la tramitación correspondiente
“Ni la mentira ni la insidia ni la calumnia me detendrán —declaró Mario Ruiz Massieu— Este tipo de hechos me obligan, por el contrario, a cumplir más y mejor mi compromiso de avanzar en esta investigación, para cumplir a cabalidad con el presidente, con la sociedad y con el recuerdo de mi hermano”
A los pocos días comenzaron los enredos que culminaron con el enfrentamiento de Mario con la diputada María de los Angeles Moreno, el dirigente del PRI, Ignacio Pichardo Pagaza, y el propio procurador y jefe de Ruiz Massieu, Benítez Treviño, relacionados con la autentificación que realizaron de la solicitud de licencia de Manuel Muñoz Rocha, y debido, según él, al sabotaje que hicieron a las pesquisas dentro de la Cámara de Diputados y el partido
Ocho días antes del cambio de gobierno, Mario Ruiz Massieu renunció a su cargo Siendo ya presidente Ernesto Zedillo, y después de rendir una declaración ministerial ante su sucesor, Pablo Chapa, el exsubprocurador huyó del país; después se descubrió que tenía cuentas bancarias en Estados Unidos por nueve millones de dólares; la PGR promovió, sin éxito, cuatro juicios de extradición en cortes estadunidenses Los nueve millones, sostiene Mario (Proceso del 15 de diciembre de 1996), pertenecían, sobre todo, a su hermano asesinado
Amnesia, maquinaciones y recompensas de Chapa
Desde sus primeros meses como subprocurador especial, con olvidos y mentiras, Pablo Chapa debilitó más todavía la confianza pública en la PGR, cuestionada por las averiguaciones del caso Colosio:
“Argumentos totalmente increíbles”, que “no son confiables”, encontró el magistrado Ronald Hedges en el alegato de la Subprocuraduría para la extradición de Mario Ruiz Massieu
En el terreno doméstico, la credibilidad tampoco se salvaba Una semana antes de su fracaso en la corte federal de Newark, la PGR difundió una mentira contumaz: Afirmó que cuando Mario Ruiz Massieu tuvo a su cargo la averiguación del homicidio de José Francisco, el entonces director general de Averiguaciones Previas, Chapa, fue ajeno a las indagaciones
En realidad, participó directamente en diligencias clave del caso, desde el día del homicidio La PGR intentó responder a una declaración de Mario en el sentido de que, si hubo encubrimiento en favor de Raúl, Chapa podía ser acusado de lo mismo
En el boletín de prensa número 508/95, la PGR de Lozano aseguró:
“Sobre este punto, la Procuraduría General de la República hace del conocimiento público que ni el licenciado Chapa Bezanilla () ni el personal a su cargo, intervinieron en dichas investigaciones”
Y atribuyó a Jorge Anastasio Stergios, entonces visitador general, prófugo ahora, la conducción de las pesquisas “desde el inicio”
La falacia de la PGR fue reforzada ese mismo 14 de junio por Chapa en una carta: “Como director general de Averiguaciones Previas, ni siquiera se me permitió en algún momento colaborar en esa investigación y, mucho menos, jamás recibí informes de ésta Pablo Chapa Bezanilla conoció la averiguación previa iniciada con motivo del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu hasta que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos lo nombró subprocurador especial, el pasado 16 de diciembre de 1994”
En su último párrafo, señaló: “Es fácil decir palabras sin soporte alguno y atribuirle hechos falsos a personas comprometidas con su país y con su institución, pero lo cierto es que los hechos hablan por sí solos y la historia se encargará de juzgarlos”
La verdadera historia del involucramiento de Chapa en las primeras indagaciones está documentada Incluye devolución de bienes muebles e inmuebles que habían sido incautados, restituidos sólo hasta el momento en que algunos de los principales declarantes imputaron a Raúl Salinas de Gortari la autoría intelectual del asesinato del secretario general del PRI, ahora incrementados por la versión de que pagó medio millón de dólares al principal acusador, Fernando Rodríguez González
Chapa estuvo en las averiguaciones desde el miércoles 28 de septiembre —cuando fue ultimado José Francisco Ruiz Massieu—, al asegurar el arma con que disparó el homicida material, Daniel Aguilar Treviño
Además, le correspondió acordar la integración de la averiguación previa, al día siguiente del asesinato, cuando al homicida material se le identificaba también con los nombres falsos de Héctor Reséndiz o José Roberto Ortega, y le tocó ejercer acción penal en contra del homicida y de sus cómplices y jefes conocidos en las primeras averiguaciones: Carlos Cantú Narváez y Fernando Rodríguez González
Detalló paso a paso, en 31 fojas tamaño oficio, los resultados de las primeras pesquisas, para lo cual consignó fes ministeriales y declaraciones de 16 testigos y la del propio asesino; dictámenes de autopsia y criminalística, resultados de inspecciones oculares
Asimismo, ordenó consignar el expediente original al juez de Distrito en turno “para la iniciación del correspondiente proceso penal”; puso a disposición “al indiciado del mérito” en calidad de detenido, en el Reclusorio Preventivo Sur; solicitó a “su Señoría tenga a bien obsequiar la orden de aprehensión correspondiente” de trámite contra “dichos sujetos” (Cantú Narváez y Rodríguez González); ordenó poner a la “inmediata disposición” del juez y del Depósito de Armamento y Objetos del Delito de la PGR tanto el arma como el cargador, los cartuchos útiles “y demás objetos fedatados que fueron encontrados en poder del indiciado y detenido”
Y dio instrucciones para que se dejara un triplicado “abierto de la presente indagatoria para continuar la investigación de otros posibles partícipes en los presentes hechos consignados”
Cinco días después del crimen —ya con Mario Ruiz Massieu a la cabeza de las investigaciones—, Chapa entró de lleno al caso, en una fase de primer orden respecto del crimen que se intentaba resolver: la identificación de dos cartas atribuidas al entonces señalado principal organizador del complot, Muñoz Rocha
Para ese efecto, ante él —con su exjefa de asesores, Aurora Cervantes Martínez, y Carolina Fuentes Reynoso como testigos, así como el ingeniero Sergio Pérez Perales como persona de confianza de la señora—, rindió su primera declaración la esposa de Muñoz Rocha:
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del día tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el suscrito licenciado José Pablo Chapa Bezanilla, director general de Averiguaciones Previas y agente del Ministerio Público Federal, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman y dan fe, compareció voluntariamente la C Marcia Cano Valdez, dice la declaración ministerial membretada de la PGR
Según el documento, a la compareciente le fueron mostradas dos cartas, “dirigida la primera a su hijo (Manuel Muñoz Cano), de fecha 29 de septiembre del año en curso, y la segunda dirigida al C Humberto Benítez Treviño, procurador general de la República, de fecha 30 de septiembre de 1994”
Marcia Cano reconoció la manuscrita como de su esposo, “asegurando que es su letra” Dijo que “le suena lógica la carta, con sentido y hecha de puño y letra” de Muñoz Rocha, “reconociendo también la firma con que termina la misiva, aclarando que no es la que usa en documentos oficiales, sino en cartas personales y familiares”
De la segunda carta, escrita a máquina, la señora dijo respecto de la firma “que tiene parecido con la que su esposo usa en documentos personales, sin poder asegurar que es la misma”
En ambas cartas se denunciaba la autoría intelectual de Abraham Rubio Canales
Para los expertos en grafoscopía de la dirección general de Servicios Periciales, Miguel Angel Martínez Cruz y Guadalupe Martínez Flores —quienes hicieron comparaciones con otros escritos de Muñoz Rocha—, tanto el manuscrito como las firmas de las dos cartas eran autoría, efectivamente, de Manuel Muñoz Rocha
Siete días después del asesinato, Chapa encabezó la actuación ministerial en la declaración de la secretaria de María de los Angeles Moreno, presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, a propósito de unas llamadas telefónicas y una petición escrita de licencia de Muñoz Rocha
De esta declaración sobresale que Moreno había enviado un “recado” a Muñoz Rocha:
A la una y cuarto de la tarde de ese día, “ante el suscrito licenciado José Pablo Chapa Bezanilla, director general de Averiguaciones Previas y agente del Ministerio Público Federal”, compareció Guadalupe Gabriela Varela Ibarra, con Carlos Cravioto Cortés como “persona de su confianza”
Las testigos “de asistencia” fueron las mismas que acompañaron al actual subprocurador especial en la toma de declaración de la esposa de Muñoz Rocha, Aurora Cervantes Martínez y Carolina Fuentes Reynoso
Guadalupe Gabriela Varela manifestó que dos días antes —3 de octubre—, en el despacho particular de María de los Angeles Moreno, en la colonia Roma, como a las once y cinco de la mañana, “recibió una llamada telefónica en la que un hombre cuya voz correspondería a una persona en edad madura, se identificó como Manuel Muñoz, pidiéndole tomara un recado para la diputada Moreno”
Declaró también que “en el de la voz se escuchaba angustia, y le pidió que tomara nota, por lo que en tono pausado le señaló: dígale a la licenciada Moreno que recibí su recado, voy a presentar mi renuncia y ahí haré saber que el autor intelectual es Abraham Rubio; tengo pruebas y las voy a entregar, pero temo por mi vida por la gente de Abraham”
Guadalupe Gabriela informó de esta llamada al secretario particular de Moreno en la Cámara de Diputados, René Arredondo
Poco antes de las doce del día entró otra llamada con la misma voz y el mismo tono de angustia, para preguntar si se había pasado el mensaje a la diputada Moreno: “Es muy importante que lo reciba, dígale que necesito que me ayude”, dijo Guadalupe Gabriela que le suplicó quien llamaba
Ella —asienta el acta correspondiente— volvió a comunicarse con René Arredondo, quien no había podido dar el mensaje a la diputada, quien se encontraba en el PRI
Veinte minutos después Arredondo la instruyó:
“Si le vuelve a llamar, dígale que la licenciada Moreno ya recibió su mensaje Que ella le ofrece ayudarlo junto con las autoridades de la PGR, que se presentara ante la Procuraduría, avisándole previamente a la diputada para que se le pudiera apoyar a través de la Cámara de Diputados, que desde luego se buscaría protegerlo a él y su familia, pero que todo esto sería dentro de la ley”
Como a las dos de la tarde, Guadalupe Gabriela respondió una llamada de María de los Angeles Moreno, quien le confirmó las instrucciones que transmitió Arredondo y le pidió seguir al pendiente
La secretaria no salió a comer Aproximadamente a las tres de la tarde llamó de nuevo el de la voz angustiada para preguntar si había recibido un sobre, ella dijo que no y el otro insistió: “Búsquelo bien porque ya debieron de haberlo recibido”, que el tono era de nervios y aquél colgó inmediatamente
Ante Chapa Bezanilla, esta declaración, que después negaría, fue firmada por la declarante, su persona de confianza y las dos testigos de asistencia
La carta con la petición de licencia, dirigida a los “C secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”, tuvo fecha 3 de octubre y fue recibida hasta el 6 de ese mes, y es la misma que suscitó dudas sobre su autenticidad pero que, al igual que las dirigidas al hijo de Muñoz Rocha y al exprocurador Benítez Treviño, los grafólogos de Servicios Periciales de la PGR dictaminaron como cierta
Este tipo de diligencias, con el encarcelamiento de Raúl Salinas, terminaron siendo desechadas por Chapa Bezanilla
De los tres casos que el presidente Ernesto Zedillo responsabilizó a Pablo Chapa (en el del cardenal Posadas Ocampo no hubo prácticamente novedad), en los de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu su trabajo prometía ser espectacular
Del estrellato a la vergüenza
Reforzado por Lozano con el anuncio de un “segundo video” (que resultó el mismo de siempre), en el que se “descubrió” a “un segundo tirador” —Othón Cortés Vázquez—, el subprocurador especial montó el 24 de febrero de 1995 una acusación basada en tres declaraciones de testigos que once meses después del asesinato de Colosio “recordaron” lo que nadie antes había manifestado
Cuatro días después, en el caso Ruiz Massieu, Lozano y Chapa sorprendieron al mundo con la consignación de Raúl Salinas de Gortari como verdadero autor intelectual de ese homicidio
Los cargos directos se fundan en declaraciones de Fernando Rodríguez González y María Bernal, la exnovia de Raúl encarcelada por lo de la osamenta sembrada El primero dijo que había oído de Muñoz Rocha que el responsable final era Raúl Salinas, y la segunda sostuvo que éste le anunció su intención de asesinar a José Francisco
En lo que se refiere al matrimonio Espinosa-Martínez Vera, aquél que refugió en su huida, en la ciudad de Pachuca, a Muñoz Rocha, sólo en la última de sus varias declaraciones inculparon a Salinas
El 23 de enero de 1996, el doctor Espinosa Milo rindió una cuarta declaración, pidió nuevamente la devolución de su Jetta y dijo saber de “un trato con cierta frecuencia” y de la amistad entre Muñoz Rocha y Raúl
El 16 de febrero, el doctor hizo una última declaración El mismo día su esposa María Esperanza del Socorro hizo otra
El matrimonio recordó entonces lo que en sus anteriores declaraciones había olvidado: que la entrevista que sostendría Muñoz Rocha, cuando plantó al doctor Espinosa Milo en el restaurante de las Lomas, iba a ser con Raúl
Chapa, entonces, les devolvió por fin el automóvil
Eran los primeros meses de trabajo del exsubprocurador
A los dos años justos de su gestión, Chapa y Antonio Lozano fueron cesados por el presidente Ernesto Zedillo
Para entonces, los procedimientos indagatorios —reconocidos por el diputado panista Armando Salinas Torres, exsecretario de Lozano— llegaron al descubrimiento de pagos millonarios e ilegales que incluyeron el de un millón de pesos a La Paca por su contribución al “esclarecimiento” de un caso que las actuaciones de Lozano y Chapa enturbiaron más