CONTRA LA PENA DE MUERTE
Señor director:
Le solicito publicar los siguientes comentarios dirigidos, con gran afecto, al maestro Ignacio Burgoa a raíz de que, según la prensa del domingo 11, se acaba de pronunciar en favor de reinstaurar en México la pena de muerte, pues preocupa que opiniones tan prestigiadas influyan decisiones políticas de fondo, de manera que pudiéramos arribar a una nueva época en que el Estado, en nombre de la ley y de todos los mexicanos, ponga a funcionar la máquina de la muerte y se vuelva a llenar las manos de sangre
No entremos al debate jurídico, político, religioso y social que implica la reimplantación de la pena de muerte, sin que previamente los mexicanos hayamos alcanzado un acuerdo fundamental sobre otro tema menos complicado, pero igualmente importante: carecemos de un ministerio público imparcial y capaz, que investigue los delitos al margen de toda presión política y acuse ante los tribunales a quien realmente los haya cometido
El ministerio público que tenemos desde 1917 depende jerárquicamente del presidente de la República y de los gobernadores de los estados Ellos nombran y remueven sin más explicación que su santa voluntad a los procuradores de justicia, cabezas del ministerio público, y se reservan la potestad de indicarles cuándo, cómo y dónde actuar Los ministerios públicos, así, suelen ser meros amanuenses que responden a los intereses del Ejecutivo, y no a la justicia fundamental que merece la comunidad nacional Bajo este panorama, horroriza la sola idea de autorizar que el Estado aplique nuevamente la pena de muerte, desdeñando todos los pactos internacionales en que México ha prometido desterrar esta práctica inhumana
Para discutir siquiera una decisión tan radical, como antigua y controversial, logremos previamente un ministerio público autónomo, imparcial y preparado para investigar los delitos al margen de toda consigna No lo tendremos mientras los procuradores sean subordinados del Poder Ejecutivo En 1932 don Luis Cabrera escribió sobre el tema:
“En los tiempos modernos la soberanía no radica ya en una sola persona, sino que los Poderes del Estado se han dividido especializándose: uno que legisla, otro que ejecuta y otro que juzga Por otra parte, en estos tiempos la mayor resistencia para la aplicación de las leyes que tienden a equilibrar los derechos de los débiles frente a los fuertes, la oponen las clases privilegiadas por la riqueza y por la tradición Y como estas clases son las que controlan el Poder Público, ya franca, ya solapadamente, resulta que los principales obstáculos para lograr la aplicación de las leyes que significan garantías de los individuos o de los grupos sociales provienen del Poder Ejecutivo mismo, especialmente en aquellos casos en que los particulares o los grupos sociales reclaman contra la violación de la ley, por parte del Ejecutivo ()
“En estos casos la tercera función del Ministerio Público, la de procurar el cumplimiento de la ley, es absolutamente incompatible con la primera, la de representar al Estado () No es posible que el Ministerio Público ponga toda la fuerza moral de su autoridad al servicio de la Justicia, es decir, del cumplimiento de las leyes, cuando este funcionario es un dependiente del Poder Ejecutivo mismo, si a la vez el Poder Ejecutivo es la fuente más prolífica en atentados contra las libertades o contra los derechos de los individuos y de la sociedad” (Cabrera, Obra Jurídica, Editorial Oasis, México, 1972, página 7)
Han pasado 64 años, y los hechos confirman diariamente que Cabrera, asesor de don Venustiano Carranza, era realmente visionario No le faltaba razón La justicia no puede estar en manos de quien actúa según instrucciones superiores, y no con apego a los hechos, ni con sujeción a la ley, ni acatando los mandatos de su conciencia de hombre libre Lo confirman y lo gritan diariamente los casos Colosio, Federico Benítez, Polo Uscanga y tantos y tantos otros menos espectaculares, pero no menos importantes, en que los ministerios públicos sencillamente no quieren tomar decisiones de fondo Están sujetos a los intereses y pareceres más o menos voluntariosos del presidente o los gobernadores
¿Por qué el caso Colosio no fue investigado por el ministerio público de Baja California, a quien corresponde conforme a la ley? El entonces gobernador Ruffo Appel publicó sin ambages las palabras del presidente Salinas: ” Ya va en camino Diego Valadés, el procurador general de la República; ejercitaremos la facultad de atracción” Sabiendo lo extraordinariamente delicado que es el caso, el gobernador aceptó sin empacho El procurador Franco Ríos, titular del ministerio público de Baja California, mantuvo ominoso silencio No dijo esta boca es mía Dejando de lado sus deberes constitucionales, el ministerio público bajacaliforniano aceptó pasivamente que un asunto de su más estricta incumbencia quedara bajo el control de los empleados del presidente Dos años después, la opinión pública sigue esperando que el presidente Zedillo castigue a los autores intelectuales del horrendo crimen Y no es que al presidente le falten agallas, como dice Fox, el gobernador panista de Guanajuato Sencillamente, las prioridades del presidente son otras En cuanto a Lozano Gracia, todos entendemos que su autoridad deriva del presidente Nadie espera que el procurador castigue a los responsables El presidente lo hará si lo estima conveniente No podemos pedirle otra cosa a quien ejerce el cargo más politizado de México En el lenguaje de los penalistas diríamos que opera en su favor una excluyente de responsabilidad: la no exigibilidad de otra conducta
Mientras las cosas sigan así, pidamos al maestro Burgoa que no aliente esas fuerzas represoras que pugnan por endurecer aún más la vida nacional Pidámosle a nuestro querido profesor que su prestigiada palabra no envalentone a quienes podrían decidir, con el hígado y bajo presión, lo que sólo concierne a la comunidad entera Si en esta época reimplantamos la pena de muerte, ya veremos rodar solamente las cabezas de quienes provengan de los grupos sociales más desvalidos Por favor, maestro: Si nuestras instituciones públicas son tan precarias, no pidamos para ellas tareas tan delicadas Nos arrepentiríamos de poner en manos de nuestros políticos, un arma para matar en nombre de todos los mexicanos
Atentamente
Licenciado Daniel Solorio Ramírez
Profesor de la Facultad de Derecho
y abogado general de la Universidad Autónoma de Baja California
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