PRIMERA DISCUSION DE LA INICIATIVA ENTRE DIPUTADOS; LA MAYORIA YA DECIDIO APOYARLA
Gerardo Galarza
La iniciativa del Presidente de la República para reformar el artículo 127 de la Constitución, en materia agraria, provocó, el jueves 7, el primer debate en la Cámara de Diputados, en el que legisladores del PRD, PPS y PARM afirmaron que constituye un “golpe mortal” al ejido, mientras que los de la mayoría priísta lo negaron y anunciaron su apoyo —como siempre ocurre ante cualquier propuesta presidencial— y los del PAN y el PFCRN se reservaron su opinión para cuando la modificación sea discutida formalmente
La propuesta presidencial, anunciada en el tercer informe de gobierno, fue recibida en la Cámara de Diputados el jueves 7, casi a la misma hora en que era dada a conocer en la residencia oficial de Los Pinos, y provocó una desordenada sesión, por la falta de conocimiento parlamentario del presidente de la asamblea, ese día Rafael Fernández Tomás, del PFCRN, realmente vicepresidente, quien no supo qué hacer ante la llegada de la iniciativa, lo que fue aprovechado por otros legisladores para comenzar a debatir el asunto
Aunque no hay norma que lo prohíba, la iniciativa del Presidente —58 cuartillas, que incluyen la exposición de motivos— fue leída desde la tribuna casi al inicio de la sesión destinada al análisis del tercer informe, en lo referente a la política exterior Lo procedente hubiera sido la que la iniciativa fuera turnada, reglamentariamente, a las comisiones legislativas encargadas de dictaminarla Y así como esa lectura fue aprovechada para comenzar la discusión, también provocó confusión entre diputados y periodistas, los que creyeron que se le estaba dando “primera lectura”, otro trámite parlamentario que se deberá realizar luego del análisis y el dictamen
Más confusión hubo cuando el presidente “del día” —una de las ideas “modernizadoras” del nuevo líder de la Cámara, Fernando Ortiz Arana— no atinaba a qué comisiones turnar la propuesta presidencial y, sobre todo, cuando las comisiones legislativas aún no estaban integradas formalmente, lo que ocurriría hasta horas después, según estaba programado Finalmente, fue enviada a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Reforma Agraria y de Recursos Hidráulicos, donde, al igual que en el pleno, el PRI mantiene plena mayoría
Esta primera iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari a la LV Legislatura deberá ser aprobada, por tratarse de una reforma a la Constitución, por dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión en la que se ponga a votación En esto se materializa la importancia de que el PRI haya obtenido la mayoría aplastante en el Congreso de la Unión, ya que en el remotísimo caso de que asistieran a esa reunión los 500 diputados —lo que no ocurrió ni para escuchar el informe presidencial—, se necesitarían 334 votos favorables y la fracción parlamentaria priísta cuenta con 319 Los quince restantes serían conseguidos, sin problemas, de la fracción del PFCRN o de la del PAN que, en este caso, lograría una reforma que siempre ha buscado
Luego de la lectura de la iniciativa de reforma a la Constitución, la diputada Rosalbina Garavito, coordinadora de la fracción del PRD, solicitó y se le concedió el uso de la tribuna, desde donde alertó “sobre los riesgos que tiene para el futuro soberano, democrático, para un desarrollo estable y justo, la iniciativa que hemos escuchado”, que “lo que está haciendo es legalizar en los hechos el rentismo que existe La Ley de Fomento Agropecuario, aprobada en 1981, no fue suficiente para la voracidad del capital privado y ha estado exigiendo desde entonces la reforma necesaria para que la asociación de productores, esto es, que la asociación del capital privado con el minifundio y las tierras ejidales vaya más allá de la asociación que pueda darse en cada periodo de cultivo”
La diputada Garavito fue la primera de una lista de quince legisladores (seis del PRD, tres del PPS, dos del PRI, dos del PFCRN, uno del PARM y uno del PAN) que participaron en el primer debate Los perredistas y los pepesocialistas rechazaron la reforma y la oposición en general sostuvo que antes de que sea aprobada es necesario un debate nacional sobre el tema, en audiencias públicas y foros donde participen los interesados y afectados: ejidatarios, campesinos y pequeños propietarios
Francisco Hernández, del PPS, dijo que su partido rechaza categóricamente la iniciativa de Salinas de Gortari, ya que con ella “se da un golpe mortal a la propiedad ejidal y se propicia un fortalecimiento cada vez mayor a la propiedad privada, a la gran propiedad capitalista en el campo y se abandona el apoyo del Estado a los núcleos de población y a los ejidos, que han mostrado que a pesar del abandono en que se encuentran muchos de ellos, aportan la mitad de los alimentos que consume nuestro pueblo Nos oponemos a la privatización enunciada porque el incremento a la producción no está ligado a la forma de propiedad, sino al apoyo financiero y técnico que deben tener los ejidos” Y en ello insistirían más adelante sus correligionarios Juan Campos Vega y Cuauhtémoc Amezcua
Cuando apenas habían intervenido los dos primeros oradores, el priísta Jesús González Gortázar, líder de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, dijo que no hay por qué alarmarse ante la iniciativa, porque es falso que el ejido se vaya a acabar y lo que ocurre es que ahora se reconoce el ejidatario como adulto
También negó que se vaya a “privatizar” el ejido, porque ese término “induce a la opinión pública que no conoce del tema, a pensar que serán los grandes capitales quienes serán dueños de la tierra arrancada de manos del campesino Falso de toda falsedad El campesino podrá vender a otro campesino la parcela y en esa forma estaremos haciendo una compactación para que sea rentable”
El otro priísta que participó en el debate fue Hugo Andrés Araujo, ahora presidente de la Comisión legislativa de la Reforma Agraria y a quien se considera uno de los apoyadores del “nuevo ejido”, para dar la bienvenida de la mayoría priísta a la iniciativa presidencial Horas antes, los diputados priístas tuvieron un desayuno con el líder nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank González, en el que se dio a conocer la iniciativa y se les pidió que la apoyaran, disciplina, pues Aunque antes del informe presidencial, al término del Colegio Electoral, la diputación priísta se había reunido con el Presidente de la República para expresarle, por medio de Ortiz Arana, su solidaridad y su compromiso de apoyar y aprobar las iniciativas que enviara
El PAN, que se había abstenido de participar en el debate, anunció, por medio de la diputada Patricia Terrazas, que estudiará a fondo la iniciativa para dar a conocer su opinión Igual postura asumió el PFCRN, aunque sus legisladores se contradijeron al afirmar que en principio no estaban a favor ni en contra, pero que todavía hay tierras por repartir
En medio de la confusión del trámite, la iniciativa finalmente fue turnada a comisiones Estas, de acuerdo con el reglamento, deberán analizarla y elaborar un dictamen Legalmente, las comisiones pueden llamar a funcionarios, a expertos, a los afectados, para recabar opiniones o hasta organizar audiencias públicas sobre el tema Elaborado el dictamen, que formalmente pudiera ser positivo o negativo, aunque no existe en la historia moderna una iniciativa presidencial que haya sido rechazada, se le debe dar lectura ante el pleno (“primera lectura”, que tradicionalmente se evita repartiendo el dictamen escrito a cada uno de los legisladores) para conocimiento de todos En una sesión posterior se le da una “segunda lectura” y es cuando se pone a discusión y votación A cualquier iniciativa legal ya dictaminada se le conoce como “proyecto de ley” o “de reformas”, se debe aprobar “en lo general” (la ley en sí, su espíritu) y “en lo particular” (artículo por artículo) Aprobada por una de las cámaras (en este caso la de Diputados) se envía a la otra (la de Senadores) para que vuelva a ser dictaminada y aprobada, mediante el mismo procedimiento
En el caso de una reforma a la Constitución como esta, además debe ser aprobada por la mitad más una, cuando menos, de las legislaturas de los estados de la Federación, todos —excepto el de Baja California— controlados por el PRI
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