PROTESTA DE UN INVESTIGADOR
Señor Director:
Después de un proceso que se caracterizó por la presión constante de las autoridades del Instituto de Investigaciones Históricas e ignorando el procedimiento que establece la legislación universitaria, el pasado 25 de junio me rescindieron el contrato laboral como miembro de ese Instituto
El pretexto en que fincaron esa rescisión fue mi supuesta ausencia e incumplimiento de mis labores en el Instituto, durante la realización de los trabajos Congreso General Universitario, celebrado el 15 de mayo al 5 de junio pasado A este evento asistí como representante de Academia Universitaria (AU), la que me comisionó como integrante de la mesa coordinadora y de la comisión de prensa, con el fin de mantener informados a los miembros de nuestra organización acerca del Congreso Al respecto adjunto copia de la misiva que AU envió al rector de la UNA, doctor José Sarukhán, haciendo constar mi comisión en el evento, hasta el 19 de junio Asimismo, copia de las misivas que personal académico del Instituto y de otras dependencias universitarias enviaron al doctor Sarukhán avalando mi trabajo y protestando por mi despido
La raíz del conflicto se sitúa en aquellos dolorosos días de los sismos de septiembre de 1985 y del Séptimo Encuentro de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos y mi petición de proteger parte del patrimonio universitario, como es el caso de la Biblioteca “Antonio Alzate”, que tiene la colección más importante de América para el estudio de la historia de la ciencia mexicana De manera inexplicable, los funcionarios responsables emprendieron acciones para dificultar mis tareas y mi empeño en el rescate de material invaluable de ese inmueble
Se llegó a situaciones que difícilmente podemos calificar de universitarias A mediados del año pasado, las autoridades del Instituto permitieron la desaparición de diversos objetos de mi cubículo y la desaparición, de ahí mismo, del original de un libro que estaba próximo a entregar a la imprenta, producto de una investigación sobre la historia del petróleo del país
Pocos días después, en el consejo Técnico de la Coordinación de Humanidades, que en ese entonces estaba bajo la responsabilidad del coordinador Roberto Moreno de los Arcos, se me acusó de no cumplir con los informes anuales de actividades La directora del Instituto, Gisela Von Wobeser, dedujo, en consecuencia que mi trabajo era deficiente Resultó, sin embargo, que esos informes de trabajo no se podían consultar, debido a que unos días antes habían desaparecido de mi expediente Ese incidente concluyó con mi solicitud de definitividad y promoción, que me fueron concedidos en septiembre de 1989
En junio también del año pasado, se realizó una sesión con las autoridades administrativas del Instituto y el jurídico de la UNAM, en la que se manejaron las mismas acusaciones, en idénticos términos que utilizaron en el Consejo Técnico de Humanidades, cuando se supone que son instancias totalmente independientes
El 3 de octubre presenté un escrito ante la Defensoría de los Derechos Universitarios Pocas semanas después recibí una respuesta de la defensora, licenciada María Carreras Maldonado, y del licenciado Rafael Rocher Gómez Ambos me comunicaron, verbalmente, que después de analizar cuidadosamente mi escrito habían llegado a la conclusión de que únicamente podrían intervenir en cuanto al hecho de no haber sido evaluado para el programa de estímulos del personal académico, pero que antes había que esperar a que fuera reinstalado los demás hechos la defensora consideró delitos, cometidos por autoridades en mi contra y que debían ser investigados por el Tribunal del Departamento Jurídico de la UNAM Acudí al Tribunal, pero me indicaron que éste funcionaba en apoyo de las autoridades y que acudiera con el abogado de la Universidad
Así lo hice y el licenciado Mario Melgar Adalid, en breve charla, me dijo que estaba dispuesto a que tuviéramos un arreglo, sin la intervención de la Junta de conciliación y Arbitraje Me propuso que a cambio de que yo retirara la demanda ante la Junta, él vería la forma de que me reinstalaran, aunque no en el mismo instituto y que por tanto propusiera otra dependencia universitaria Propuse el Departamento de Bibliográficas
Simultáneamente acordamos que en la siguiente cita ante la Juez de la Junta de Conciliación, solicitaríamos una prórroga para efectuar la primera audiencia, con el fin de tener tiempo para hacer los arreglos pertinentes de mi reinstalación La juez aceptó posponer la audiencia
Sin embargo, el 13 de diciembre, el abogado general de la UNAM, Melgar Adalid, por medio de su secretario, Mario Mendoza, me comunicó que sus gestiones estaban siendo bloqueadas y por tanto retiraba su ofrecimiento y me sugería que continuara con la demanda ante la Junta de conciliación La misma recomendación me hicieron en el Tribunal Universitario
Por lo anterior, me siento obligado a ejercer el derecho que tengo a defenderme y hacer del conocimiento público mi caso que, además, puede ser el de otros universitarios que ven atropellado su derecho constitucional al trabajo, por la prepotencia de funcionarios universitarios con los que uno comete el pecado de no ser dóciles a su caprichos, como fue característico en su desempeño el coordinador de Humanidades, Roberto Moreno de los Arcos
Jose Ruiz de Esparza
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