Condescendiente, invitó a los diputados a una reunión
El gobierno acepta explicar el convenio crediticio, pero no entregarlo
Gerardo Galarza
—Oye, están muy bien —susurró Francisco Suárez Dávila, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cuando revisaba las copias del convenio que México firmó con la banca internacional el 20 de marzo pasado, que le proporcionó el diputado Jorge Alcocer Villanueva
La observación provocó risas y hasta carcajadas
Alcocer Villanueva preguntó:
—Señor subsecretario ¿son fidedignas las copias?
—Habría que revisarlas en detalle —respondió el funcionario, también firmante del convenio
—Le pediría que me las devuelva ahora, para poder hacerle preguntas —dijo el legislador Agregó: “Bueno, partamos de que aquí están las firmas, a menos que el señor subsecretario las desconozca”
Más adelante, el diputado pesumista advirtió: “Corresponde a la Secretaría de Hacienda entregar el documento al Congreso y no a los diputados tener que andar haciéndole al investigador para conseguir los documentos que el Ejecutivo no les quiere dar, porque esos documentos fueron solicitados por el diputado Heberto Castillo desde abril y la solicitud la han reiterado los diputados Castillo y Pablo Pascual Moncayo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”
Alcocer Villanueva no era el primer diputado asistente a la reunión del subsecretario Suárez Dávila con los miembros de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para responder sobre cuestiones de la Cuenta Pública de 1986 en lo referente a la deuda pública, que exigía la entrega de una copia fiel y oficial del convenio que México firmó con sus acreedores y que fue dado a conocer por Proceso
Antes, Eduardo Valle —en nombre de las fracciones parlamentarias del PAN, PSUM, PDM, PRT, PMT, y PARM— había leído una carta a Suárez Dávila, en la que le solicitan la entrega del documento al Congreso, que supuestamente lo aprobó El panista Jesús Galván también lo había exigido en su intervención, en la que cuestionó la constitucionalidad de la renegociación de la deuda externa
“Extrañamente —dice la carta pluripartidista—, a pesar de que en reiteradas ocasiones este mismo tema se ha tratado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el documento no ha llegado a nuestras fracciones parlamentarias No sabemos si algo se oculta, y por qué, a la representación nacional Pero es evidente que adquiere una gran responsabilidad quien pretende ocultar el texto de este documento tan importante para el pueblo mexicano”
Luego, Suárez Dávila leyó once y media cuartillas En ellas, el funcionario afirmó que en ningún convenio se grava de manera alguna los bienes de la nación, ni se otorgan en garantía bienes públicos; que siempre se han salvaguardado la restricción del Código de Procedimientos Civiles, en el sentido de que no se podrá ejecutar dentro del territorio nacional una sentencia dictada por ningún tribunal en contra de entidades de la administración pública; que se ha hecho “el mayor esfuerzo” para mantener al Congreso y a la opinión pública enterados de la marcha de las negociaciones externas y que “el Estado mexicano en pleno uso de su soberanía ha realizado actos de comercio y transacciones financieras dentro de una concepción moderna de intercambio entre las naciones No se ha sumido en la autarquía o aislamiento propios de modelos obsoletos que hubieran limitado posibilidades de desarrollo”
Estas son respuestas a la polémica por el convenio firmado en marzo de 1987 Sin embargo, al improvisar la respuesta al diputado Valle, el funcionario de Hacienda le dijo que la solicitud no era asunto de la reunión, pero que extendía una invitación a los diputados para que en una sesión específica plantearan sus dudas sobre el documento Valle dijo que aceptaban la reunión, pero que primero necesitaban la copia del documento para conocerlo
Pese a la reticencia de Suárez Dávila y de algunos diputados priístas, el convenio de México con la banca internacional del que se conoció sólo lo publicado por este semanario —fue el tema principal de la reunión— Inclusive, el propio subsecretario de Hacienda reconoció haber preparado algunas respuestas “por si el asunto surgía”, luego de que Alcocer Villanueva le recordó que el inicio de la renegociación de la deuda fue en octubre de 1986
NO ES SECRETO, DICEN
El funcionario fijó la postura del Poder Ejecutivo: la Secretaría de Hacienda está dispuesta a discutir, aclarar dudas y responder a los diputados sobre el convenio en una reunión específica, pero no aceptó entregar el documento, calificado por el mismo funcionario como “voluminoso”, “técnico”, “complejo”, que no contiene cuestiones de fondo “sino de forma”, “materia principalmente de negociación y operación con los bancos” y que, según él, ha sido objeto de una “mala interpretación de la prensa” Aseguró que no es un documento “secreto ni oculta nada” Es más añadió, “proliferan por todo el mundo y en el país un número infinito, quizá cerca de mil copias” del convenio Luego afirmaría que las “cerca de mil copias” están cada una en poder de los bancos con los que se firmó
La oposición parlamentaria mantuvo su demanda de que la SHCP entregue al Congreso una copia oficial del documento; aceptó la reunión, pero luego de conocer el texto oficial y reiteró que ninguna de las cerca de mil copias está en la Cámara de Diputados, órgano facultado constitucionalmente para autorizar, reconocer y mandar pagar la deuda externa Los diputados priístas “se oponen, pero no se oponen” a que el Poder Ejecutivo entregue el documento oficial del convenio, porque “estamos satisfechos con la abundante información que sobre la materia ha enviado el Ejecutivo a la Cámara”, según explicó al reportero Javier Garduño Pérez, presidente de la Comisión de Comercio
Garduño Pérez y Píndaro Urióstegui, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, ambos del PRI, protestaron ruidosamente cuando el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Luis Donaldo Colosio, instruyó a la secretaría de esa comisión para acordar enviar una solicitud oficial para la entrega del documento, luego de que Jorge Alcocer Villanueva invocó el Reglamento para el gobierno interior del Congreso de la Unión que, en su artículo 89, prevé que los presidentes de comisión interna tienen la facultad de solicitar cualquier documento o expediente al Ejecutivo siempre y cuando no esté catalogado como secreto
En resumen, sin que el gobierno mexicano haya informado oficialmente del asunto, de acuerdo con lo dicho por Suárez Dávila, el convenio existe y en los términos dados a conocer por Proceso Sin embargo, el funcionario consideró que la firma de tal acuerdo no vulnera la soberanía nacional y se apega totalmente a la legislación mexicana, “porque el derecho no está reñido con la lógica”
Según lo expresado por Suárez Dávila, uno de los firmantes, el gobierno mexicano aceptó signar ese documento no como representante de un Estado soberano, sino como simple entidad comercial —”práctica universalmente aceptada”—; también aceptó sujetarse a la jurisdicción de tribunales extranjeros (Londres y Nueva York) y “de México”—”práctica común—; se comprometió a no suspender pagos ni a declarar moratoria alguna y a permanecer en los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial; a no cuestionar la validez del contrato ni a pretender invalidarlo Todo, “práctica común” en este tipo de negociaciones, no obstante que en las esferas gubernamentales se ha ponderado al máximo la actuación de los negociadores mexicanos, al grado que el propio Presidente de la República declaró, hace días, que “los demás países deudores del mundo lo que piden ahora a sus acreedores es un tratamiento análogo o parecido al caso mexicano” (Proceso 561)
Suárez Dávila, uno de los arquitectos de las renegociaciones mexicanas con la banca internacional desde los tiempos de Jesús Silva Herzog, y quien estuvo acompañado por otro de los célebres negociadores, José Angel Gurría Treviño, director de Crédito Público de la SHCP, no intentó eludir los cuestionamientos de la oposición, luego de que fracasó en su intento de aplazar la discusión sobre el convenio A lo más que llegó fue a agachar la cabeza y mordisquear su plumón cuando Alcocer Villanueva cuestionaba con parte de la copia del documento en la mano
De entrada, intentó minimizar el asunto cuando fue planteado por Eduardo Valle El funcionario habló de lo voluminoso del acuerdo, de que es un documento técnico, muy complejo de entender El legislador pemetista recogió el reto Advirtió que él, y algunos otros diputados, no estudiaron en Harvard ni entienden mucho inglés, pero que en el caso de que su inteligencia no fuera suficiente recurrirían a especialistas técnicos en la materia y en el idioma
El panista Jesús Galván consideró que la renegociación de la deuda es inconstitucional, ya que a su juicio el Congreso debe aprobar los créditos y mandarlos pagar y no sólo dar las bases para los mismos y autorizar un monto máximo de endeudamiento anual “Son tres pasos distintos y sólo cumplimos el primero”, dijo Suárez Dávila hizo otra interpretación del mismo Artículo 73 de la Constitución y afirmó que con que el Ejecutivo se sujete a los montos autorizados por el Congreso cumple con su obligación El funcionario afirmó que no es posible que la Cámara apruebe cada crédito que el país consiga y que los países que han intentado este sistema han tenido resultados desastrosos La diferencia entre legislador y funcionario continuó; Suárez Dávila terminó la discusión con un “sostenemos que nuestra interpretación es la correcta”
Entre los diputados de la oposición se intercalaban las intervenciones de los priístas, quienes se ciñeron a preguntar sobre lo que consideraban tema exclusivo de la sesión: los resultados de la Cuenta Pública de 1986 y a pedir cifras sobre diversos aspectos de la economía nacional relacionados con la deuda externa
¿Y GARCIA RAMIREZ?
Vendría Alcocer Villanueva Comenzó por relatar las solicitudes de los diputados de la oposición para que el Ejecutivo entregue el documento a partir de que Proceso lo dio a conocer en abril pasado; luego ubicó al tema como asunto a tratar en la reunión; mostró parte del documento que tenía en su poder y pidió la certificación del funcionario Después se apoyó en el reglamento interno y consiguió el acuerdo del presidente de la Comisión para solicitar oficialmente el documento Luego cuestionó las facultades de Miguel Valdés Villarreal, procurador Fiscal de la Federación, para firmar una opinión jurídica sobre el convenio Preguntó qué día se publicó en el Diario Oficial el acuerdo mediante el cual el secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli, delegó facultades a Suárez Dávila, Gurría Treviño, Luis Foncerrada Pascal, director de Financiamiento Externo, y Guillermo Fernández Pineda, subdirector legal de Financiamiento Externo, para entablar las negociaciones, según el artículo cuarto del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; cuestionó el crédito atado del Banco Mundial a México por 500 millones de dólares; la aceptación del gobierno mexicano de actuar como entidad comercial, su sometimiento a leyes extranjeras y las renuncias a actos soberanos
El legislador pesumista insistió en que, de acuerdo con la legislación mexicana, el único abogado general de la nación es el procurador general de la República, Sergio García Ramírez y, por ende, él era quien debía haber firmado y no Valdés Villarreal, quien es el abogado de la Secretaría de Hacienda Hizo notar la contradicción de que mientras Valdés Villarreal aseguró que el convenio se apega estrictamente a la legislación mexicana, otros abogados —mexicanos y extranjeros— mantienen sus reservas sobre el particular y sus dictámenes están también en el convenio
Suárez Dávila buscó responder a todo Dijo que otro artículo del reglamento interior de Hacienda —el sexto— no obliga al secretario a publicar en el Diario Oficial la delegación de funciones, porque puede nombrar representantes y también lo faculta a la Ley General de Deuda Pública Dijo que la firma de Valdés Villarreal es completamente válida y legítima por ser el abogado de la SHCP; que no hubo ningún crédito atado y que ninguna de las negociaciones vulnera, de manera alguna, la soberanía del país
El funcionario aceptó que México se comprometió a someterse a la jurisdicción de cortes de Londres y Nueva York, porque es práctica “universalmente aceptada” que los gobierno se adopten como entidades comerciales cuando ejecutan actos de derecho internacional privado que, explicó, es diferente al público y habló de la tesis de “inmunidad absoluta” e “inmunidad relativa” Negó que los bienes de la nación queden expuestos, “porque el Código de Procedimientos Civiles impide que se pueda ejecutar una sentencia de tribunal alguno contra bienes de las entidades de la administración pública, en territorio nacional”
—¿Y en el exterior? —preguntó Jorge Alcocer
No hubo respuesta, Suárez Dávila reiteró la disposición de Hacienda para discutir y aclarar dudas del convenio con los diputados Alcocer reiteró que antes tendría que ser entregado el texto
Luego Pablo Pascual Moncayo insistiría en el asunto y exigió también la entrega del documento La respuesta fue igual: Se está en la mejor disposición para discutir
Además, Suárez Dávila había dicho ya que la negociación aún no ha terminado, pues falta por concluir acuerdos sobre aspectos relativos al Ficorca, “que estarán listos en el transcurso de la próxima (ésta) semana” Así, dijo Suárez Dávila, “podrán tener la película completa, porque como dijo el diputado Alcocer, esto es parte de todo un proceso”
Terqueó la oposición, Gerardo Unzueta Lorenzana retomó todos los cuestionamientos e insistió en que García Ramírez debía haber firmado en lugar de Valdés Villarreal Esgrimió leyes y reglamentos Introdujo un nuevo elemento: pidió al funcionario explicar cuáles eran los métodos obsoletos abandonados y cuáles los modernos adoptados por México y advirtió que en ellos está en juego el concepto de soberanía “Es necesario conocer los nuevos principios doctrinarios”, dijo También exigió: “respóndame” con sí o con no si la Secretaría de Hacienda imprimirá 400 copias más del convenio para cada uno de los diputados, que no somos bancos”
Suárez Dávila repitió que la dependencia del Poder Ejecutivo está, “con todo gusto”, dispuesta a aclarar cualquier duda a los diputados Dijo que los métodos modernos son aquellos que impiden la “albanización” (cierre total) de una economía nacional Negó nuevamente que el Procurador General de la República fuera el obligado a firmar los documentos, ya que estos no son un tratado internacional, sino una simple negociación comercial
En seguida sostuvo que la soberanía nacional se defiende con una economía fuerte en sus reservas internacionales y en su sector externo; con finanzas públicas fuertes, que se consiguen con un incremento en los ingresos nacionales y reducción en los gastos, así como con aparato productivo eficiente, que la apertura económica da
Al final, el diputado Luis Orcí Gándara, presidente de la Comisión de hacienda, dijo que todos estaba contentos y satisfechos por haber entrado en aspectos de la deuda correspondientes a 1987, Suárez Dávila calificó la reunión como un ejercicio democrático enriquecedor
Y Gerardo Unzueta, en entrevista, dijo que si tuviera una poca sensibilidad política, la Secretaría de Hacienda debía entregar a la Cámara copia de los documentos, aun cuando no le fueran exigidos “La negativa es resultado de la costumbre del Poder Ejecutivo de hacer todo sin rendir cuentas a nadie y el autoritarismo es el peor consejero para la defensa de la soberanía nacional, en cualquier circunstancia”
Finalmente, a pesar de la resistencia de la Secretaría de Hacienda a entregar los documentos, su titular, Gustavo Petricioli, manifestó el viernes 7, en Campeche en relación con la reestructuración de la deuda, que es “inadmisible que con irresponsabilidad, con desconocimiento en la materia, se hagan imputaciones en el sentido de que el gobierno ha actuado a espaldas del pueblo y menos aún en detrimento de la soberanía nacional
Y categórico afirmó que “las facultades ejercidas por el Ejecutivo Federal permanecieron dentro de las bases y montos aprobados por el Congreso de la Unión, el cual estuvo ampliamente informado a lo largo del proceso de reestructuración de la deuda externa”
Sin embargo, los documentos siguen sin llegar a la Cámara de Diputados
 |
 |
 |
 |
 |
