El Proyecto que democratizaría al país nunca se completó
A un sexenio de nacida la Reforma Política cae en los mismos vicios que la originaron
Gerardo Galarza y Oscar Hinojosa
Surgida de la necesidad de combatir la “falta de credibilidad de los resultados electorales” y de “abatir considerablemente las irregularidades que vician la expresión de la voluntad popular manifestada a través del voto”, la reforma política no sólo regresó, después de las elecciones federales del domingo 7 de julio, a su punto de partida El retroceso es mayor: aumenta la incredulidad en los procesos electorales y en sus resultados y, además, nuevos y sofisticados vicios se suman a las tradicionales prácticas de manipulación electoral
Como si la serpiente se mordiera su propia cola Anunciada en abril de 1977, la reforma política se materializó en diciembre de 1978, con la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) Siete años vivió el proyecto reformista El proceso electoral federal de 1985 —su preparación, su realización y sus resultados— así los prueban
En 1977, el gobierno de López Portillo, colocado en el centro de una aguda crisis económica heredada de Luis Echeverría, resolvió iniciar un proceso de reforma política que acelerara “sólidamente la evolución política nacional”, ensanchara “las posibilidades de la representación política” y captara “el complicado mosaico ideológico nacional”
frente a las dificultades que entrañaban las circunstancias, el gobierno lopezportillista afirmó que rechazaba la alternativa del endurecimiento, que conduce a la rigidez, conforme lo definió entonces uno de los contados priístas con crédito público, Jesús Reyes Heroles, quien fue considerado en ese momento como una especie de Presidente para los asuntos políticos del país
La reforma política desembocaría, en consecuencia, en un terreno que los mexicanos jamás hubieran pisado: la unidad democrática del país, bajo el supuesto de un limpio juego electoral que permitiera a las minorías, llegado el caso, convertirse en mayorías Era la promesa del fin del fraude, la manipulación y la prepotencia gubernamental en el campo electoral El edén prometido
No era menos lo que Reyes Heroles ofrecía
En el famoso discurso de Chilpancingo, el 1o de abril de 1977, el entonces secretario de Gobernación se refirió a un país de “unidad democrática”, en el que “la mayoría prescinda de medios encaminados a constreñir a las minorías o impedirles que puedan convertirse en mayorías” También denunció a “quienes pretenden un endurecimiento del gobierno” y advirtió:
“Endurecernos y caer en la rigidez es exponernos al fácil rompimiento del orden estatal y del orden político nacional cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado y se abona el campo de la fraticida intolerancia absoluta, de todos contra todos La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco y violento”
Entonces, Reyes Heroles dijo: “el gobierno de México sabrá introducir reformas políticas que faciliten la unidad democrática del pueblo, abarcando la pluralidad de ideas e intereses que lo configura Mayorías y minorías constituyen el todo nacional, y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley, es base firme del desarrollo, del imperio de las libertades y de las posibilidades del progreso social”
Las lecciones del fallecido patriarca priísta se leen hoy, en los círculos del poder, al revés
“Creemos firmemente —dijo el 21 de abril de 1977— que no es posible un desarrollo integral cuando, por timidez, por atarse a prácticas reiteradas u otras razones, el aspecto político se rezaga en relación con el desarrollo económico, social o cultural No llegamos a estas reuniones con un proyecto preconcebido: llegamos, sin embargo, con un objetivo claro: lograr una mejor representación de las minorías, hacer que la representación política abarque cabalmente el país en su diversidad de la mejor manera posible, perfeccionar nuestros métodos democráticos, depurar prácticas y desterrar deficiencias En esta tarea no hay límites o tabúes”
Decenas de dirigentes políticos, politólogos, sociólogos y catedráticos participaban en audiencias públicas en todo el país para aportar ideas a la proyectada reforma En ellas dominaba la preocupación por el creciente escepticismo ciudadano ante los procesos electorales, que convertía en imperiosa necesidad una “reforma ordenada y realmente democrática”, para la cual no había sino un camino: “el respeto absoluto a la voluntad popular, manifestada libremente a través del voto”
En su primer informe de gobierno, López Portillo consagró el proyecto Legitimó la “lucha de los contrarios” en México para que “el pensamiento de las minorías tenga significado político o influya en las decisiones gubernamentales” Insistió: “Las minorías pueden convertirse en mayorías y así gobernar; en tanto sean minorías, tienen derecho a ser representadas y a que sus opiniones sean sopesadas en la Cámara de Diputados” Como es costumbre, los miembros del Congreso de la Unión aplaudieron
Cinco semanas después, el 4 de octubre de 1977, envió al Congreso su iniciativa de reforma política En ella manifestaba:
—Mediante la reforma política que ahora nos anima, debemos buscar una mejor integración del sistema de libertades y del sistema democrático que nos rigen, respetando el derecho de las minorías a preservar su identidad y a manifestarse sin cortapistas El gobierno que excluya a las minorías, así se funde en el principio de la mitad más uno, únicamente en apariencia es popular Nuestra unidad nacional se consolidará y ampliará cuando la pluralidad sea mejor captada a través de la representación proporcional Haremos posible que el modo de pensar de las minorías esté presente en las decisiones de las mayorías Todos habremos de contribuir a la tarea de hacer avanzar a la nación hacia formas superiores de democracia
Más adelante, el gobierno de López Portillo concretó una parte de la reforma, cuando el 6 de diciembre envió la iniciativa que creaba la LOPPE Con ella se pretendía “abatir considerablemente las irregularidades que vician la expresión de la voluntad popular, manifestada a través del voto” y serviría para “avanzar en la consolidación de nuestro presente y sentar las bases para una sociedad más justa”
Sin embargo, el Presidente y su secretario de Gobernación advertían:
—Una verdadera reforma política no es un acto, así sea este de la mayor relevancia legislativa; son muchos actos, y no es un momento sino un proceso que exige, por igual, reformas jurídicas y modificaciones que culminen en una vida mejor
Pero ya desde entonces la reforma política comenzó a quedarse en mera reforma electoral Uno de sus proyectos, considerado consustancial, quedó apenas esbozado: el derecho a la información No se avanzó más
La tendencia se mantuvo con el actual gobierno El congelamiento del derecho a la información continúa; se rechazaron, igual que antes, todas las propuestas de reforma política y de cambios en la LOPPE surgidas de la oposición y, en el caso de la reforma al artículo 115 constitucional, para oxigenar el municipio libre, no pasó del papel
Lo que quedaba de la reforma política en materia electoral fue liquidada con el reciente proceso electoral El fin se inició desde la preparación de las elecciones y se confirmó con sus resultados
La Secretaría de Gobernación, que controla al máximo organismo electoral, la Comisión Federal Electoral, desarrolló un plan para liquidar la reforma electoral, pulverizar a la oposición y crear una oposición a su imagen y semejanza
Todo comenzó el 4 de junio de 1984 La Comisión Federal Electoral había convocado a los partidos políticos que consideraban cumplir con los requisitos de ley para obtener su registro y poder participar en los procesos electorales Como en ocasiones anteriores, hubo más de una docena de solicitudes La CFE resolvió conceder sólo dos registros
Uno, condicionado al resultado de las elecciones de 1985, fue para el Partido Mexicano de los Trabajadores, al que se le negó en 1982
El otro, concedido en forma definitiva, fue a una sorpresa: para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Dos años antes, el PARM había perdido su registro legal al no haber alcanzado el mínimo de votación que exige la LOPPE para tal efecto Esa circunstancia agravó la crisis interna que endémicamente sufre el PARM Casi se le daba por desaparecido, pero la CFE —directamente controlada por el secretario de Gobernación— le dio una nueva vida artificial
En ese momento, dirigentes de otros partidos políticos y analistas de la vida política del país manifestaron su desacuerdo con ese hecho y lo interpretaron como una medida gubernamental para mantener la mayoría numérica en el seno de la CFE
Sin embargo, este acto era el inicio de una serie que, como se comprueba ahora, estaba dirigida a favorecer la política de “carro completo” para el PRI
El proceso electoral propiamente dicho se inició en octubre de 1984, cuando por ley, la CFE debe comenzar los preparativos para la siguiente elección
Por su amplio poder en todo lo concerniente al proceso electoral, las decisiones de la Comisión Federal Electoral son cruciales en el desarrollo político del país Ahí, a partir de entonces, comenzó la liquidación de la reforma electoral, pese a las protestas y denuncias de los partidos de oposición, representadas por las “minorías que podrían convertirse en mayorías”
Los principales partidos opositores denunciaron y protestaron acremente por la decisión de la CFE de cambiar a casi todos los funcionarios electorales del país —comités distritales y comisiones locales—, para colocar en su lugar, según dijeron, a personal francamente comprometido con el partido oficial Una parte de la protesta se debió a que esos funcionarios fueron designados por la CFE en lugar de ser insaculados —una especie de sorteo— según lo establece la LOPPE
Otros partidos, específicamente el PSUM, denunciaron la integración de un equipo especializado de asesores electorales que, con el nombre de “auxiliares de la Comisión Federal Electoral”, tuvieron como función instrumentar todas las modalidades del fraude en el país El comisionado del PSUM, Eduardo González, calculó en varios centenares a los miembros de este equipo
La mayoría gubernamental de la CFE rechazó también la propuesta de varios partidos de la oposición de utilizar urnas transparentes en las elecciones del 7 de julio Se adujo una imposibilidad técnica y económica para aceptar la propuesta
Otra de las acciones relevantes de la CFE para pulverizar a la oposición fue la decisión de dividir al país en cinco circunscripciones plurinominales —el máximo que permite la ley— para la elección de diputados de representación proporcional Con esta medida, el gobierno aseguró la reducción de las fracciones parlamentarias de los partidos de oposición más fuertes, como los casos del PAN y PSUM, además de favorecer a partidos débiles con mayor número de curules En otras palabras, la creación de una oposición al gusto del régimen
Una pieza más de la estrategia de Gobernación, encabezada por Manuel Bartlett Díaz, fue la autorización de las llamadas casillas auxiliares De las poco más de 52,000 casillas en las que se votó el 7 de julio, el 27% fue auxiliar Los partidos de oposición sostienen que estas casillas son un instrumento eficaz del fraude: implican, por lo menos, la existencia de un padrón doble, la posibilidad de que brigadas de volantes sufraguen dos veces, el relleno de urnas y otras prácticas viciadas y aumenta la incapacidad de vigilar el proceso electoral
Poco antes de la celebración de las elecciones, partidos como PAN, PSUM, PMT y PRT descubrieron un nuevo método tecnológico para realizar el fraude, consistente en la inyección de nombres ficticios en el padrón electoral, mediante el uso de computadora Fue tan burdo que los volantes falsos fueron listados en sucesión alfabética y numérica Calcularon que la inyección fue de aproximadamente el 10% del padrón, aunque partidos como el PAN sostuvieron que mediante esta técnica y la falta de depuración de las listas de empadronados, la “inflación” electoral ascendió a casi siete millones de ciudadanos de los 352 millones oficiales
El mismo día de las elecciones culminó el operativo realizado por la Secretaría de Gobernación Como en los viejos tiempos, las denuncias y las protestas formaron una larga lista: urnas madrugadoras —casillas abiertas antes de la hora prevista por la ley— urnas rellenas, expulsión de representantes de partidos y candidatos opositores, votos sin credencial, brigadas de votantes, robo de urnas, control de la documentación que da fe de la votación, cierre anticipado de casillas, etcétera
No bastó La CFE decidió manipular discrecionalmente las cifras electorales para proporcionar fuerza a partidos que carecían de ella y restársela a organizaciones que, al paso de los años, la iban acumulando
El domingo 14, junto con los cómputos correspondientes a las elecciones para diputados por mayoría relativa, la CFE comenzó a entregar resultados de la elección para legisladores de representación proporcional Algunos comisionados ante la CFE pronto descubrieron que partidos como el PST y el PARM, especialmente, estaban siendo “ayudados”: su votación proporcional crecía en más del 100% en algunos casos, en relación con la que obtuvieron en las elecciones de mayoría Con esto, la CFE determina cuántos diputados tendrán cada partido Ante las protestas, la información preliminar de las elecciones plurinominales fue vedada a la oposición
El 30 de mayo pasado, Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación y presidente del la CFE, dijo:
—Los mexicanos no necesitamos ni creemos que nadie nos pueda dar lecciones de democracia
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