El Artículo 27 se quedó atrás de la justicia
La legislación impide que el campo se desarrolle
Guillermo Correa
Juristas, legisladores, dirigentes y centros de investigación coinciden en que el artículo 27 Constitucional debe reformarse De hecho, la legislación agraria representa un retroceso y es el principal obstáculo para llevar el desarrollo social al campo, pues fomenta el latifundismo y respalda a una clase social que se opone al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos
Manuel Hinojosa Ortiz, miembro de la comisión redactora del Código Agrario de 1943, subsecretario de Agricultura y Ganadería en el periodo 1953-1957, senador (58-64), integrante de la Asociación Nacional de Abogados y de organismos internacionales del ramo, considera que: “el Presidente de la República ha quedado transformado en una especie de juez rural que, indebidamente, asume una responsabilidad que no le corresponde y que política y moralmente no le es imputable”
Gonzalo Armienta Calderón, exsubsecretario de la Reforma Agraria y coordinador de los foros de consulta popular sobre justicia en el campo, reconoce que la actual administración es una puerta abierta al latifundio y a la corrupción, además de que promueve el burocratismo Pide con urgencia la creación de una Ley de Justicia Agraria y el establecimiento de tribunales agrarios
El diputado pesumista José Dolores López, representante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), va más allá Califica esta legislación como reaccionaria y paternalista
Raúl Lemus García, asesor jurídico de la Confederación Nacional Campesina (CNC); Cutberto Hernández Torres, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM); Alfonso Garzón Santibáñez, senador y dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI) y la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala” (CNPA), subrayan que la legislación es antidemocrática Luchan por la derogación del amparo agrario —restablecido por el expresidente Miguel Alemán—, pues lo califican como la acción más contrarrevolucionaria para el campo en los últimos 65 años
Del otro lado, Ignacio Burgoa Orihuela, acérrimo defensor del amparo agrario, junto con el actual dirigente de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), senador Javier Ahumada Padilla, dicen que la derogación de este precepto constituiría un “golpe mortal” para la democracia en México y, aunque reconocen que la legislación es obsoleta, destacan que el problema del campo no es de leyes “sino de hombres”
Consultados todos por Proceso, no desconocen que el caos legislativo se refleja en la realidad De acuerdo con informaciones del Centro de Estudios Agrarios (CEA), la verdad es que 30 millones de hectáreas no han sido repartidas a los campesinos, por amparos interpuestos; que existen, por lo menos, 60,000 expedientes rezagados; que más de la mitad del territorio nacional se halla en poder de ganaderos; que 17 millones de hectáreas se encuentran ociosas y que sólo 9,000 pequeños propietarios poseen las mejores tierras del país
Esto es resultado, fundamentalmente, de las lagunas, contradicciones e incongruencias del artículo 27 Constitucional, reconocidas, aunque sin precisarlas, por el mismo presidente Miguel de la Madrid, quien el 29 de marzo de este año planteó la necesidad de efectuar una profunda revisión de la legislación agraria para corregirla; simplificar y agilizar procedimientos e impartir justicia “con profundo apego al derecho”
“Porque la inseguridad y la incertidumbre en la tenencia de la tierra es todavía un difícil obstáculo para el incremento de la producción y la productividad en el campo”, precisó, en esa ocasión, el Primer Mandatario
Entre los principales argumentos de los entrevistados figura el hecho de que mientras el 27 Constitucional limita a los ejidatarios a ser mayores de edad para poseer no más de diez hectáreas, reconoce como pequeña propiedad “la que no exceda de cien hectáreas de riego o de humedad de primera”, además de que a partir de su nacimiento pueden ser dueños de predios, lo que permite a sus familiares lucrar con las tierras
Pero lo injusto y contradictorio de la legislación es más grave, ya que en la fracción XV del 27 se considera asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda de 200 hectáreas en terrenos de temporal; de 150 y 300 cuando las tierras se dediquen al cultivo del algodón o frutales
Eso no es todo En el mismo artículo se respeta como propiedad ganadera siempre que “no exceda la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas”, lo que ha dado pie a que existan pequeñas propiedades superiores a las 50,000 hectáreas, debido a la indefinición
PATERNALISMO Y BUROCRACIA
Desde el punto de vista de la administración pública, Hinojosa Ortiz, autor de estudios como Propiedad y Reforma Agraria, advierte en la legislación un paternalismo exagerado; una burocracia excesiva, centralizada y alejada del campo, que somete al campesino a un tutelaje inepto y lo induce a la pasividad y a la inercia Se observa, explica, el crecimiento de una burocracia capitalina dedicada a labores de gabinete, en detrimento de los trabajos de campo, que son los esenciales en la cuestión agraria, porque sin ellos no se pueden tomar decisiones adecuadas y justas
Por ejemplo, agrega, desde hace más de 30 años para declarar la privación de derechos agrarios, el trámite está en manos de empleados de baja categoría, que viven y laboran alejados de los núcleos de población; que no conocen a los campesinos; que carecen de un sistema para clasificarlos y que, con buena o mala fe, sufren las influencias interesadas de caciques y comisariados
Hinojosa Ortiz afirma que, además de conveniente y acertada la decisión de revisar la legislación agraria, la solución debe darse a través de un estudio objetivo y real del problema del campo Se deben plantear las cosas de acuerdo con la problemática actual Añade: el Presidente de la República no debe ser juez rural, como sucede desde hace 30 años Porque resulta que es el Primer Mandatario quien debe resolver, al final de cuentas, todos los problemas relacionados con la dotación y afectación de tierras Sin su firma en el Diario Oficial de la Federación, el reparto no existe De ahí que sea tan grave el rezago agrario en el país
Por eso, es inobjetable que sea necesaria una reforma a la reforma agraria Porque “tengo la impresión de que nos hemos dedicado a ponderar irreflexivamente las excelencias revolucionarias de este precepto (el 27 Constitucional), sin profundizar en el análisis de su contenido, sin observar en qué medida ha logrado tener vigencia afectiva y en qué aspecto ya no responde a las necesidades actuales En lugar de eso lo hemos hecho objeto de una veneración política y dogmática”
Y en cierta forma, Gonzalo Armienta Calderón, especialista en la materia y exfuncionario de la SRA, cuando la dirigía en el sexenio pasado Antonio Toledo Corro, acepta que la actual legislación equivale a establecer el derecho a ser latifundista Aunque no explica por qué cuando era subsecretario de esa dependencia la respaldó
Durante su función se quiso acabar con el reparto agrario Pero hoy, como coordinador de los foros sobre justicia agraria que se llevaron a cabo en todo el país, sostiene que “nunca se podrá decir que falta tierra por repartir, ya que hay varias formas de afectación” Por ejemplo, indica, las pequeñas propiedades que no se cultiven en dos años, la reducción en las mismas, y la presión que hay en la lucha por la tierra
“En mi opinión —dice Armienta Calderón— la Constitución establece pequeñas propiedades hasta de 300 hectáreas en frutales, lo que para mi es un latifundio” Debe reformarse, destaca, este apartado del artículo 27 Constitucional; además de que la pequeña propiedad tiene que limitarse regionalmente según las características de la calidad en la tierra y los climas
Promotor desde el sexenio anterior de la creación de una ley de justicia, especial para el campo y de los tribunales agrarios, que prometió al principio de su mandato y jamás cumplió el expresidente José López Portillo, Armienta Calderón asegura que este es el momento adecuado y que así se han manifestado la mayoría de los ponentes sobre la problemática agraria durante los foros que él coordinó
“Hay un consenso general, ya que los conflictos entre ejidos, entre estos y las pequeñas propiedades (más de 300,000 asegura la CNC) que son de tipo jurisdiccional, no deben pasar ya a la competencia del Presidente Nada más se deben dejar las soluciones agrarias fundamentales a su responsabilidad” La idea, establece, no es aumentar la burocracia, sino crear tribunales desconcentrados en todo el país para tratar los problemas del campo
Un problema que no se debe soslayar, si en verdad se quiere modificar adecuadamente la legislación agraria, advierte Armienta Calderón, es que en la Secretaría de la Reforma Agraria “por amistades o compadrazgos, no se investigan latifundios simulados, porque los reales desaparecieron con la afectación del de Gonzalo N Santos” Hay corrupción, reconoce quien fue subsecretario de esa dependencia y, además, burocratismo
PRECIOS INJUSTOS
Otro de los entrevistados, José Dolores López, dice: la ley actual es reaccionaria, paternalista, y coarta la libertad en el campo “Pero una cuestión fundamental es que no se puede exigir justicia agraria si, a pesar de la legislación, los precios de garantía para los campesinos no aumentan lo debido, como acaba de suceder este año Y mucho menos si se impide la sindicación de tres millones de jornaleros agrícolas, que es lo que ha sucedido en los últimos dos sexenios
“Sucede que, además, se ha creado el gabinete agropecuario, organismo que establece una enorme cantidad de programas y actividades que, en algunos momentos, sustituye a las propias Secretarías encargadas del campo”
Esto es negativo, subraya el legislador, ya que representa una forma de centralizar el poder, la prepotencia por parte del Estado que, por si fuera poco, se da el lujo de legislar de acuerdo con los cambios que el mismo quiere Por eso tiene la mayoría del PRI en las cámaras de Diputados y de Senadores
La renovación legislativa en materia agraria es una necesidad urgente, pero a la vez el llamado presidencial representa sólo una “burla, porque, si no, desde cuándo se hubiera hecho”
“Hay que capitalizar al campo, presupuestando más y mejor la participación de la banca en él, incrementar a más de 700,000 millones las partidas al agro; estimular al campesino, combatir a las trasnacionales; no reducir, desaparecer la pequeña propiedad Revisar el amparo agrario, porque sólo favorece a latifundistas, que existen aunque se diga que no, y perjudica a la propiedad social, a los ejidatarios y comuneros”
Al campo —opina Burgoa— no hay que politizarlo sino administrarlo Basta de pugnas y conflictos porque el agro no produce No hay que cambiar las leyes, más bien a los hombres corruptos que las aplican
Raúl Lemus García, que además de diputado es asesor jurídico de la CNC y catedrático de derecho agrario en la UNAM, destaca que el amparo agrario es el obstáculo primordial que se debe derogar Pero también los certificados de inafectabilidad, establecidos por Lázaro Cárdenas para beneficio de los ganaderos y que, a más de 20 años de su obsolescencia, continúan erigiéndose como una barrera a la justicia en el campo, ya que les ha permitido tener en su poder a la mitad del territorio nacional
Con esta realidad y en el marco de una perspectiva nada halagadora para los campesinos, si no se cambia la actual legislación agraria a su favor, el Centro de Estudios Agrarios, que dirigen Humberto Barquera y Antonio Uruñuela, advierte:
“Bajo la intención presidencial de renovar las leyes que comprenden al campo, se puede esconder algo que en vez de remediar la situación la agrave”
Se apoyan, sobre todo, en que el carácter de la actual política se encamina más, en el sector agropecuario, a perjudicar a los campesinos que a beneficiarlos Y recuerdan las adiciones al 27 Constitucional, aprobadas al principio del régimen, en las que se reafirma la rectoría estatal en el campo, tanto en materia de impartición de justicia agraria como de promoción del desarrollo rural Facultades que le brindaba la Constitución con anterioridad
El propio Estado ahonda, así, la indiferencia, indefinición, demagogia y marginación de los problemas del campo
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