Los únicos bosques que le quedan a la capital se harán papel
50,000 campesinos, abastecedores forzosos de Loreto y Peña Pobre
Guillermo Correa y Fernando Ortega Pizarro
En otra de sus decisiones de último momento, dos días antes de abandonar la presidencia, José López Portillo entregó amplias zonas boscosas del sur de la ciudad de México a particulares para que las conviertan en papel
Por decreto presidencial, la Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre vio renovada su concesión para explotar poco más de 80,000 hectáreas boscosas en cinco delegaciones del Distrito Federal y tres municipios de estados vecinos, en una zona que se considera como la última reserva ecológica del área metropolitana
Cerca de 50,000 ejidatarios y comuneros, la mayoría de ellos indígenas nahuatlecas, permanecerán así con sus tierras al servicio de los empresarios papeleros, de origen extranjero Y las víctimas finales serán los habitantes del Distrito Federal, que verán mermadas sus fuentes naturales de aire puro y agua potable
A menos que prospere el recurso de amparo, al que han acudido, por lo pronto, los comuneros de Milpa Alta
Sin fijar límite de vencimiento, el Presidente de la República emitió, el 29 de noviembre de 1982, un decreto en el que se especifica que, “por causa de interés público”, los cerca de 50,000 ejidatarios y comuneros que habitan las delegaciones de Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Villa Obregón y Cuajimalpa en el Distrito Federal, así como de los municipios de Ocuilán de Arteaga y Tianguistenco, estado de México, y de Tlalnepantla, del estado de Morelos, “abastecerán prioritariamente de materia prima celolósica a Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, SA, sus filiales y las industrias que se establezcan en la misma área”
El decreto de López Portillo recuerda el expedido —causalmente en la misma fecha— en favor de Alfonso Pandal Graff, presidente de la Concamín, y de la Fábrica de Papel de Tuxtepec, para la explotación de los bosques de Oaxaca (Proceso No 327) La historia es la misma; sólo cambiaron los personajes
Gracias a este abastecimiento, alentado por el gobierno federal, Loreto y Peña Pobre es un exitoso grupo industrial Tiene relaciones tecnológicas, financieras y comerciales con el Grupo Celanese y el Grupo Resistol Monserrat, además de ser accionista de Silvicultura Industrial, SA, Celulosa de Papel de Guerrero e inmobiliaria Costa Grande, empresas que poseen concesiones forestales en esa entidad
Los predios forestales que actualmente pertenecen a la jurisdicción de la Unidad Loreto y Peña Pobre abarcan “una extensión de 82,107 hectáreas, de las cuales 41,537 están clasificadas como superficies altamente comerciales”
Cuenta, además, con una fábrica para producir celulosa; dos plantas para producir pasta mecánica de madera y otras dos en las que elabora papel con ocho máquinas industriales
LOS LENZ, BENEFICIARIOS
La historia de este emporio arranca con el siglo XX, explica la investigadora María Leticia del Conde, de la UNAM “Fue en la época porfirista cuando Alberto Woem compró la fábrica Peña Pobre y Alberto Lenz (alemán) la fábrica Loreto En enero de 1928 estos dos propietarios se unieron para formar la sociedad de Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre
“Desde 1918, la dirección de la empresa llegó a la conclusión de que el abastecimiento adecuado de madera sólo podría asegurarse si la fábrica contaba con su propio bosque, y así fue como alquiló el monte La Venta, cercano a Cuajimalpa En 1919 lo compró y estableció el vivero Tres Cruces”
Pero a partir de esa fecha, la empresa continúa explotando los bosques del Distrito Federal, y de los estados de México y de Morelos La mayoría de estos recursos forestales eran y son propiedad de comunidades indígenas que habían conservado sus tierras desde la época precolonial
Los dueños de Loreto y Peña Pobre —continúa la investigadora— siempre han contado con el apoyo gubernamental En caso contrario, recurren a las talas clandestinas Durante el periodo 1928-43 obtuvieron permisos de explotaciones forestales anuales y renovables; el 17 de mayo de 1944, Manuel Avila Camacho expidió en su favor el primer decreto presidencial, el cual queda derogado con el que expidió para renovar la concesión, hace tres meses, José López Portillo
Todo en nombre del interés público
Pero la realidad muestra que mientras el poder económico de Loreto y Peña Pobre aumenta, en una mayor proporción se deteriora, al borde del colapso, el ecosistema del Valle de México
“Los desequilibrios ecológicos provocados resultan ya muy palpables La implacable erosión del suelo, la escasez del agua, la acumulación de impurezas, las frecuentes tolvaneras, el hundimiento de los terrenos aluviales, no son sino algunos de sus síntomas, que claramente apuntan hacia el hecho de que la región pronto se volverá inhabitable, a menos que se tomen medidas urgentes y efectivas para prevenirlo” advierten los especialistas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón
Esta última agrega: “Acabar con los bosques que nos quedan, único pulmón de la capital, sería la puntilla para la ecología capitalina”
Por eso la solicitud de amparo no se hizo esperar El 22 de diciembre de 1982, a menos de un mes de que fue expedido el decreto, Aquiles Vargas Alvarado, Julián Flores Aguilar, Guillermina Linares y Ramiro Taboada García, representantes de bienes comunales de Milpa Alta, pidieron la protección de la justicia federal contra lo ordenado por los que fueran: Presidente, José López Portillo; secretarios de Agricultura, Francisco Merino Rábago; de Reforma Agraria, Gustavo Carvajal Moreno; de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés Oteyza; jefe del Departamento del Distrito Federal, Carlos Hank González y el delegado
“De todas las autoridades responsables se reclama la ejecución que de ese decreto quieran realizar en perjuicio de los derechos e intereses de las comunidades quejosas” que son los 15,000 indígenas nahuateclas de los pueblos Villa Milpa Alta, San Pedro Atecpan, San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotenco, San Francisco Tecoxpa, San Agustín Ohtenco, San Juan Tepenehuac, San Jerónimo Niacatlán y San Pablo Oztotepec
En tanto, el resto de las comunidades afectadas por el decreto realizan asambleas para estudiar si solicitan también el amparo de la justicia
VORACIDAD DE LOS PAPELEROS
Ante el juez de Distrito en materia agraria, la comunidad quejosa advierte, en la solicitud de amparo, que “existen muchos intereses esperando que nuestros bosques sean destruidos para de inmediato iniciar la invasión de los terrenos que queden erosionados, con el fin de construir en ellos fraccionamientos en la zona sur de la ciudad
“Pero independientemente de estas consideraciones, podemos demostrar y lo haremos en el curso del presente juicio, que en infinidad de ocasiones nuestros bosques han sido objeto del apetito voraz de la fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre, SA, que desde siempre ha ambicionado poder devorar nuestros árboles de la misma manera que un infante glotón devora un apetitoso pastel Sin ponerse a pensar en las consecuencias, sin que le importe que, después de él venga el diluvio
“Sin consideración alguna, ya no sólo a los comuneros que vivimos en y del bosque, sino sin la más elemental de las precauciones ecológicas en torno de la existencia misma de la monstruosa ciudad en que se ha convertido el Distrito Federal
“Loreto y Peña Pobre, SA, lo que quiere es madera para fabricar su papel Y no le interesa si para obtenerla tiene que aplastar a los comuneros y privarlos de su medio de subsistencia Vamos, ni siquiera le interesa si para obtener su madera tiene que dejar al Distrito Federal sin oxígeno, sin agua, sin protección contra las tolvaneras, sin animales silvestres”
Y agregan:
“Nunca ha sido posible hacer entender a los dirigentes de la fábrica que la supervivencia de los bosques de la delegación Milpa Alta es no sólo la subsistencia de los comuneros que de ellos viven, sino también y muy especialmente, de la subsistencia de los más de 12 millones que habitan en el área metropolitana y que requieren en forma vital del escaso oxígeno que producen nuestros bosques, los únicos de la zona que aún generan este precioso elemento en forma regular y constante para la ciudad más contaminada del mundo”
A pesar de que, “mañosamente”, el decreto presidencial reconoce el derecho que tienen los ejidatarios y comuneros de participar en las decisiones sobre sus bosques, no existe posibilidad de que esto se realice
“Como en el pasado, Loreto y Peña Pobre no se ajustará a las reglas científicas para una sana explotación de la madera Estamos seguros de que, como lo ha hecho, usará influencias y dinero para corromper a los funcionarios y empleados encargados de vigilar que la explotación se ajuste a los previsto por las reglas correspondientes No nos cabe la menor duda de que intentará cualquier medio legal o ilegal para agotar los bosques con la mayor rapidez posible y guardar una importante reserva de madera que le permita seguir produciendo papel, mientras consigue otro bosque que depredar”
La prueba está al a vista La explotación irracional de los bosques, aledaños, en el Estado de México, en la comunidad de Tlalnepantla y en la zona oriente del Ajusco, por ejemplo, se ha traducido en un agotamiento grave de los veneros que antes abastecían de agua potable a muchas poblaciones que se encuentran en torno de la parte sur del Valle de México y al Distrito Federal mismo
Es, además, sumamente probable la cuestión de que la escasez de agua que se ha producido en esta zona haya servido como factor de hundimiento de la ciudad de México, lo que en todo caso se demostrará a través de los dictámenes periciales correspondientes “Y resulta para nosotros totalmente claro el que, de ponerse en práctica el decreto que por esta vía se impugna no sólo el abastecimiento de agua potable, sino el mantenimiento del depósito sobre el que está sostenida la ciudad de México, se ponga en peligro”
DECRETO “POCO MEDITADO”
Los comuneros argumentan que no pueden admitir un decreto “poco meditado” del Ejecutivo, que no toma a consideración sino cuestiones de carácter contable y los condena a hacer “proveedores perpetuos” de la fábrica, en clara contradicción con lo dispuesto por la Ley Forestal, de Reforma Agraria y el propio artículo 27 constitucional, que otorgan a los comuneros del país la facultad de decidir sobre la administración de los bienes agrarios y, en todo caso, de proponer las opiniones que correspondan respecto de los actos que el gobierno de la República pretenda realizar en torno de ellos
Asesorados por los abogados Guillermo Staines Orozco, Isidro Cortés Sierra y Eduardo Miranda, los indígenas afectados explican que el decreto en cuestión resulta también contradictorio con la misma Ley de Fomento Agropecuario que creó el presidente José López Portillo
Dicen: “Por disposición constitucional, a los comuneros no se nos puede obligar a asociarnos con particulares Se nos puede proponer Pero la decisión final está en nosotros Obligarnos a asociarnos con los industriales —como lo establece el decreto—, en términos de que estos, por razón de sus aportaciones, tendrán una mayor capacidad que la nuestra, es romper en términos absolutos con todos los presupuestos del derecho agrario mexicano Es desconocer el origen social y revolucionario de la ley de 6 de enero de 1915 Es desconocer las fuerzas sociales que determinaron la inclusión de esta ley en la Constitución es pretender dejar a un lado todas las consideraciones en función de las cuales se ha sostenido en este país, hasta la fecha, la propiedad comunal y la propiedad ejidal”
Los comuneros sostienen que el Presidente de la República no tiene facultad alguna para reglamentar ninguna disposición constitucional, porque, en todo caso, quien está en posibilidad de hacerlo es el Congreso de la Unión
Pero, además, “y suponiendo sin conceder que el Ejecutivo pudiera, que no puede, reglamentar la Constitución, el decreto impugnado de cualquier manera resulta violatorio de la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional Así es El Presidente dice fundamentar su decreto en causa de interés público, y nosotros ya vimos que no es así Tanto de los considerados como de los resolutivos del decreto, se desprende que la causa fundamental por la que se nos convierte en abastecedores forzados y cautivos de Loreto y Peña Pobre es porque esta última necesita madera para producir papel, con la venta del cual obtiene jugosas ganancias
“O sea que, por una parte, se contempla la ‘necesidad’ de interés público que tiene Loreto y Peña Pobre Pero por otra parte, tenemos la supervivencia de una comunidad étnica que abarca ocho poblados existentes desde antes de la colonia Y en lo mediato, la ejecución del decreto implica la generación o el agravamiento de severos problemas ecológicos para la ciudad de México y sus habitantes
“¿Dónde está entonces el interés público?”
Su argumentación en la solicitud de amparo va más allá: “no es posible gobernar este país desde los escritorios Se cuenta con una historia hecha por la vía más dura posible y no se puede tratar de borrar con decretos construidos en el frío gabinete, con grave desconocimiento de los factores reales que existen en nuestros poblados”
Aquiles Vargas, representante general de bienes comunales en Milpa Alta reflexiona: “Si los comuneros pensáramos como industriales o financieros, ya estaríamos regateando, desde hace mucho, sobre el precio de cada uno de nuestros árboles, para tratar de sacarles el máximo provecho económico posible, repartirnos el producto obtenido, invertir los bienes a plazo fijo y dedicarnos el resto de nuestras vidas a vivir de las rentas”
Pero los comuneros no piensan así
“Pensamos en México Pensamos en nuestra herencia histórica, en nuestra etnia Pensamos, sobre todo, en las generaciones que vienen detrás de nosotros, a las que queremos legarles un México en el que todavía se pueda respirar, se pueda vivir, aprovechar la madera muerta, se pueda cazar un conejo, se pueda tomar agua de un manantial natural”
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