Al abandonar el gobierno la legislación, fortalece a los consorcios
La sociedad, más indefensa que nunca ante sus manipuladores
Carlos Marín y Rafael Rodríguez Castañeda
La sustitución de Luis Javier Solana por Francisco Galindo Ochoa en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República —quinto cambio en esa área del Poder Ejecutivo— exhibe de nueva cuenta la ausencia de una política oficial en la materia
A diez meses de concluir el sexenio y a pesar de la reiterada promesa de dotar a la sociedad de una legislación que la proteja, los vicios de la comunicación en México, denunciados como nunca durante el actual gobierno, permanecen incólumes y algunos de ellos, inclusive, se consolidaron en este sexenio
Los resultados de la inquietud presidencial por el desorden imperante en el manejo de los medios de comunicación, manifiesta desde la campaña electoral de José López Portillo, son los siguientes:
—Incorporación del derecho a la información como garantía constitucional
—Debate público en la Cámara de Diputados sobre derecho a la información, con una mayoría en favor de que se legisle
—Incapacidad del Congreso para elaborar una iniciativa de ley reglamentaria y evidente renuncia del líder Luis M Farías para promover esa iniciativa
—Elaboración, por la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, de la investigación más exhaustiva jamás realizada al respecto, incluida la propuesta de un Anteproyecto de Ley General de Comunicación Social
—Silencio oficial ante la noticia de la existencia del anteproyecto
Por sí mismo —y así lo expresaron el presidente López Portillo y Reyes Heroles el 14 de septiembre y el 19 de diciembre de 1978, respectivamente— el enunciado constitucional es inoperante si no existe una legislación que garantice su aplicación efectiva
Lejos de promover la legislación, el gobierno adoptó medidas que fortalecieron a los grandes consorcios periodísticos y, en particular, al oligopolio Televisa
En Proceso (265) el senador Horacio Castellanos Coutiño definió las relaciones entre Estado y medios de comunicación como una estructura viciada por todos conceptos: funcionarios que compran periodistas; oficinas de prensa que manipulan la información oficial, empresarios periodísticos que chantajean, reporteros que se dejan comprar, medios creados exclusivamente como negocios particulares y medios que ocultan y manipulan la información de interés nacional
UN SISTEMA DE FACTO
Proceso tiene ahora cuatro tomos fundamentales de los 30 que integran la investigación que se elaboró en la Coordinación de Comunicación Social y que se titula “Bases estratégicas para la estructura del Sistema Nacional de Comunicación Social” de la Presidencia Uno más, el del anteproyecto de ley, fue dado a conocer en el número 256 (28 de septiembre de 1981)
En el Tomo Segundo, los autores señalan que el sistema de comunicación vigente en México es, predominantemente, un sistema de facto: sus mecanismos de funcionamiento, la orientación de su desarrollo y el perfil de sus servicios no están sujetos por ninguno de los grandes instrumentos con que el Estado ha sido investigado para asumir su papel rector en beneficio de la sociedad: la ley de la planeación;
Por esa razón, el anteproyecto de ley —424 artículos, más transitorios— proponía un reordenamiento de la legislación actual, en las distintas áreas de la comunicación, así como la creación de diversas instituciones capaces de articular una estrategia nacional, implementar políticas específicas y vigilar el cumplimiento de las leyes Con todo ello se buscaba “un sistema de comunicación plural, participativo y democrático, en el que junto con el respeto a la iniciativa individual y colectiva, fuera el Estado el que garantizara la igualdad de oportunidades”
El diagnóstico dice:
“También han intervenido en esta implícita anomia, y es necesario decirlo sin rodeos, los poderosos intereses en juego, férreamente dispuestos a hacer lo que esté a su alcance para defender el privilegio de un albedrío especialmente libre para el lucro”
La relación entre medios, Estado y sociedad “violenta cotidianamente el espíritu de nuestra Constitución”, dice el estudio, “y violenta también inevitablemente cualquier proyecto de tipo estratégico para el país, basado en la articulación equilibrada de sus componentes”
De este modo, “ni los medios con su actuación ni el Estado con su descuido se colocan eficazmente al servicio de la sociedad”
Quienes tienen poder de informar, añade, no rinden cuentas a nadie “pero el drama se define en una frase: nadie les pide cuentas tampoco”
Por eso, observa el estudio, “las formas de autorregulación adoptadas tocan ya su techo y agotan sus posibilidades de funcionamiento sin entrañar la amenaza, ahora sí, de daños irreparables a la nación y a la sociedad”
La dirección política de un proyecto ordenativo de esa realidad “sólo puede estar a cargo del Estado A él le toca, entonces, la iniciativa de la acción Sobre sus espaldas pesará el juicio que la sociedad haga de su pasividad, si en ella se refugiase”
Para “levantar mecanismos de control y corrección sobre las tendencias en curso”, recomiendan los investigadores de la Coordinación que encabezaba Luis Javier Solana, “el momento es propicio”
PRENSA-GOBIERNO: ADULACION, MENTIRA, INQUINA
De los 330 periódicos que hasta agosto del año pasado se editan en el país, “sólo 8 declaran tiros superiores a los 100,000 ejemplares y muy pocos entre 20,000 y 100,000 La enorme mayoría se sitúa entre los 10,000 y los 20,000 ejemplares y todavía hay más de 100 que declaran tirajes de 10,000 o menos ejemplares diarios”
En el Distrito Federal (hasta agosto último), se editaban 33 diarios, “una cifra que no tiene equivalente en ninguna ciudad del mundo”
Esa dispersión, dice el Tomo Segundo, “corresponde a una dispersión análoga de la información misma La ausencia de una auténtica estructura de alimentación informativa en el país, sumado a la presencia de la corrupción más o menos generalizada y a la relativamente escasa dependencia del periódico hacia sus lectores, parece llevar a la prensa diaria hacia un fenómeno singular: la selección y construcción de informaciones para el reducido grupo de lectores con poder a quienes está definitivamente dedicado el periódico”
Los periódicos así, terminan reflejando no el mismo país “sino países que muchas veces se encuentran tan distantes uno de otro, y ambos de la realidad nacional, como para que no se reconozcan mutuamente”
La característica generalizada de los diarios es definida así:
“Por lo común, tienden a abastecerse de la información producida por aquellas fuentes con las que tienen una relación establecida, de acuerdo a su propios vínculos políticos o económicos”
Sigue el diagnóstico:
“Perdida en la mayoría de los casos la vieja vocación popular y revolucionaria de su antecesora, la vocación política de la prensa de hoy se ve dominada en muchos casos por el interés en el beneficio personal o de grupo, y a esa lógica tienden a someterse sus antesalas y pasillos con el poder
“En el Distrito Federal se editan diariamente 33 periódicos Lejos de expresar fielmente a 33 sectores o corrientes sociales objetivamente diferenciables, muchos de ellos son esencialmente intentos de usufructuar vinculaciones de privilegios, o de establecerlas mediante un conjunto de herramientas de presión en la mano Las herramientas de algunos: la adulación, la mentira, la inquina posible”
TELEVISA Y LA OLIGOPOLIZACION EN LOS MEDIOS
Dos tendencias básicas de oligopolización se producen en el área de la comunicación, advierte el estudio entregado al Presidente:
“La primera se verifica en distintos medios de comunicación sobre la base de la primacía de algunas empresas líderes de cada mercado La segunda, con origen en la televisión, abarca distintos medios y se configura como un conglomerado de oligopolios Su presencia es particularmente importante en la industria del libro, en varios géneros de revistas, en el universo de la prensa diaria y de la radiodifusión sonora Su vértice más importante de articulación continúa siendo la empresa Televisa, que además tiene una porción decisiva en la explotación de los sistemas de televisión por cable y ha ingresado desde hace pocos años en la industria cinematográfica, en la producción cinematográfica y en la industria del espectáculo musical, además de su participación en el espectáculo deportivo Esta vinculada, asimismo, a una de las principales compañías distribuidoras de impresos”
La oligopolización conlleva “la amenaza de la distorsión” y restringe “las posibilidades democráticas de la sociedad”
Por lo que respecta a Televisa, el estudio resume:
A los cuatro canales instalados en el Distrito Federal, “deben agregarse los 41 instalados en territorio norteamericano y participación en la operación de las 36 estaciones terrenas para satélites derivadas del convenio que a fines de 1980 firmara con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, más la notable expansión, por último, en el terreno de la televisión por cable a través de la empresa Cablevisión
“De manera indirecta, la producción de Televisa incide en la programación de las llamadas estaciones afiliadas, entre las que se encuentran las más de 25 de Telesistema y Telecadena, empresas formalmente autónomas”
De otra parte, el Estado “continúa subutilizando su capacidad productiva, sostenida básicamente en sus recursos de Pronarte Televisión Educativa, mientras que la televisión privada, y particularmente Televisa, opera al máximo de su respectiva capacidad, hasta cierto punto pequeña si se considera el uso intensivo que se hace de ella
La tendencia global de la televisión privada es “priorizar largamente el entretenimiento por sobre la información de cualquier índole o la programación de algún contenido cultural”
En lo que toca al cine, “de 37 películas producidas por el Estado en 1978, su número descendió cinco en 1980, mientras que de 66 largometrajes de la industria privada nacional realizados en 1978 se llegó a 88 en 1980
“Entre los productores privados, individualmente considerados, es Televicine quien se ha convertido en la empresa preponderante: en 1980 totalizó el 28 por ciento de la producción total, siete veces más exactamente, que la producción del Estado”
El diagnóstico alerta:
“Estos grupos altamente concentrado de capital privado disputan con el Estado importantes franjas de acción, pero fundamentalmente delegan en él la responsabilidad política de organizar y representar a las clases populares
“Adversarios del Estado y de su estructura, lo que no le cuestionan es la representatividad y la legitimidad de sus títulos Demandan reducir el gasto público o liberar los precios de artículos básicos, pero no articulan un discurso político global alternativo que ponga en duda la titularidad que la estructura política del Estado detenta respecto a los derechos fundamentales en el ejercicio del poder
“Se especializan en la industria cultural del entretenimiento, subordinando a ella —con escasas excepciones— la valorización de la información sobre el acontecer de los distintos sectores de la actividad nacional Su única preocupación informativa principal: el aparato político del Estado, a cuyas necesidades específicas de difusión sirven paradójicamente mejor que la abundante prensa diaria en muchas ocasiones Es que no esperan ni piden favores, negocian Y no cifran su éxito en la rentabilidad de la información o, a través de ella, en su intervención en lo político
“A diferencia de la prensa diaria, tiende a dividir los campos Que el Estado organice la vida política de las clases populares La televisión les organiza el esparcimiento y la cultura, entendida ésta en sentido lato Por eso levantan toda clase de advertencias y alarmismos frente a una posible reforma de la comunicación y no lo hicieron del mismo modo cuando la Reforma Política se anunció y se puso en marcha; porque una reforma comunicacional invade presuntas jurisdicciones que suponen implícitas, mientras la Reforma Política es cuestión de los políticos Porque no aspiran al consenso político sino al rédito económico, y tiene las formas de lograrlos sin recurrir a prebendas
“La enajenación cultural de un entretenimiento verticalmente programado y la enajenación política de una información que intenta satisfacer a quienes la suministran y no a quienes la reciben, configura la combinación óptima para propiciar en la población el desarrollo de satisfactores ajenos a la condición civil de la vida comunitaria, y para propiciar en el aparato político del Estado, en el largo plazo y si coadyuvasen otros factores, el debilitamiento de su legitimidad básica
“Desinformar y organizar el esparcimiento se constituyen en tareas objetivamente generadoras de un poder propio, un poder que nadie les ha delegado Estado y sociedad civil, en distintas formas y medidas, tienden a quedar —en lo que se refiere a la comunicación— paradójicamente subordinados a las decisiones de un sistema de comunicación básicamente guiado por intereses particulares No poco importantes decisiones: puede no creerse en lo que dicen, hacen o muestran los medios masivos, pero son ellos los que, imperceptiblemente, fijan el temario de la discusión, o aportan sus matices decisivos”
EL PAIS ESPERA
Del debate en la Cámara de Diputados se concluye que “el mayor consenso fue a favor de la reglamentación”
El Tomo Trece de la investigación —”Diagnóstico de la sociedad receptora”— contiene las opiniones de dirigentes de centrales afiliadas al Congreso del Trabajo y sindicatos independientes: en un 63% se mostraron inconformes con el actual estado de cosas y todos, en mayor o menor medida, manifestaron su interés por lo que los trabajadores tengan acceso a los medios y por contar con medios propios, particularmente con un canal televisivo
Los mismos autores del estudio ordenado y entregado al Presidente hacen las siguientes observaciones sobre la intención de legislar el derecho a la información
“A un año del término de la presente administración, el mencionado intento corre el riesgo de quedar inconcluso, luego de haber movilizado, con notable inteligencia y prudencia, las expectativas nacionales
“Es posible afirmar que, si quedara inconcluso, se habría frustrado una de las más brillantes oportunidades de los años recientes: pocas iniciativas como la de una reforma de la comunicación han sido tan cuidadosamente preparadas desde el punto de vista político y a la luz de los intereses nacionales Si se adoptase una decisión tendiente a inscribirla en el futuro nacional, se levantarían seguramente voces críticas, pero nunca podría decirse que se trató de una decisión apresurada y que no hubiese tenido especialmente en cuenta el conjunto de las opiniones nacionales hasta la fecha expresadas
“El Gobierno Federal ha establecido las líneas centrales de la concepción que debería seguir en las medidas a tomar Ha señalado el marco de la Reforma Política indicando la orientación democratizadora de las acciones necesarias Ha establecido la obligación para el Estado de garantizar el Derecho a la Información a todos los ciudadanos Ha apuntado la conveniencia de hacer de la comunicación social un sistema de participación plural Ha propuesto una Alianza para la Comunicación que defina y regule las relaciones entre los medios, la sociedad y el Estado Ha censurado enérgicamente los excesos que se comenten en nombre de la libertad de prensa y de expresión y ha defendido estas libertades de modo tenaz Ha promovido un debate como no había habido ninguno hasta ahora y ha formulado los interrogantes que de él quedaron pendientes
“El sondeo de opinión ha sido hecho Las conciencias han sido movilizadas El país espera Los grupos refractarios que movidos por sus propios intereses económicos han levantado prevenciones y desacuerdos no pueden —además de los privilegios de los que ya gozan— hacer uso de un derecho inexistente: el voto de calidad Sus problemáticas específicas deberán ser contempladas, comprendidas y atendidas, pero no pueden convertirse en un obstáculo insalvable para que el país cumpla con lo que su conciencia le dicta
“Hace 20 años, concebir una reforma comunicacional era futurismo Hoy es una urgencia Dentro de 10 años, el país tendrá que reaccionar, tarde y con mayores y más pesadas dificultades, ante idéntica problemática, profundizada en sus perfiles y en sus efectos perniciosos
“Encarar el problema de la comunicación social no es ni podrá ser reducido a las dimensiones de la mera voluntad de un gobierno Por el contrario debe entendérselo como el cumplimiento de una obligación pendiente del Estado, una obligación que traspasa los ciclos sexenales, del mismo modo que lo harán, sin duda, las repercusiones de la decisión histórica cuanto ésta se tome
“La iniciativa del Estado no puede verse disminuida por la simple existencia de obstáculos No hay obstáculos gigantes para una sociedad decidida a cumplir sus aspiraciones
“Debe quedar especialmente claro que lejos de restringir la libertad, se trata de ampliar su ejercicio y asumir la responsabilidad de la acción: con los instrumentos jurídicos de los que pueda disponerse y en el marco del respeto pleno e irrestricto a las instituciones, en salvaguarda de la integridad de la cultura e identidad nacionales, de la propia soberanía, de la capacidad irrenunciable del pueblo mexicano de construir su propio destino, de hacer sus propias opciones y, por lo mismo, de expresarlo libremente expresándose a sí mismo”
DEL COMPROMISO HISTORICO AL ABANDONO HISTORICO
El 14 de diciembre de 1978, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, recibió y dio a conocer este comunicado del presidente López Portillo:
“En el segundo informe de gobierno que rendí ante el H Congreso de la Unión expresé el propósito de reglamentar el Artículo 6o constitucional, con el fin de hacer efectivo el derecho a la información, que es base de una auténtica comunicación social
“En esa reglamentación se debe buscar un justo equilibrio entre la libertad de expresión, como garantía individual, y el derecho a la información, como garantía social”
Para alcanzar ese propósito, el mandatario ordenaba la celebración de consultas en la Comisión Federal Electoral, a fin de escuchar los puntos de vista de asociaciones y partidos políticos, organizaciones sociales, instituciones de educación superior, agrupaciones de profesionales, medios de comunicación, para que se delinease la ley reglamentaria
El 19 del mismo mes, al abrir el foro de la Comisión (precedente del debate nacional que se daría en la Cámara de Diputados) el secretario Reyes Heroles apuntó que la adecuada función de esa prometida ley “implica, en primerísimo lugar, hacer efectivo el derecho a la información que consagra nuestra Ley Fundamental”
Tres años después de este compromiso, y a sólo diez meses de concluir el sexenio, el derecho a la información no ha pasado de ser un epitafio de sí mismo en el Artículo sexto de la Constitución
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