La vaquita marina y la totoaba, especies del norte del Golfo de California, siguen atrapadas en una crisis ambiental y criminal. Grupos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y redes conocidas como los Cárteles de la Totoaba participan en un negocio millonario de tráfico ilegal. Ante comunidades pesqueras empobrecidas, las autoridades no logran controlar la pesca irregular. Una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, amparada en el T-MEC, expuso que México incumple sus leyes ambientales. El resultado: menos vaquitas avistadas y un futuro cada vez más incierto para ambas especies.
HERMOSILLO, Son.– Tras décadas de acuerdos y medidas regulatorias para salvaguardar la vida de la vaquita marina y la totoaba, especies de la zona norte del Golfo de California, los resultados son
desalentadores.
Grupos criminales como el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y asociaciones delictivas como los llamados “Cárteles de la Totoaba”, que incluyen a empresarios, funcionarios públicos y pescadores de Sonora y Baja California, están implicados en un negocio multimillonario anclado en el tráfico de esas especies.
La descomposición del tejido social en la zona tiene un impacto directo en la esperanza de vida de esas dos especies en peligro de extinción. Ante comunidades de pescadores debilitadas, atomizadas y empobrecidas, el control sobre la pesca irregular e ilegal se ha vuelto un ideal difícil de alcanzar por parte de las autoridades, por lo que sus esfuerzos se pierden en una “burocratización”.
Tanto el entramado criminal como la cuestionable efectividad de las medidas tomadas por las autoridades mexicanas salieron a flote ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que vigila el cumplimiento de las condiciones establecidas en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El origen del planteamiento se encuentra en una denuncia que una serie de organizaciones radicadas en Estados Unidos interpusieron ante la CCA: allí señalaron que México no está cumpliendo con lo comprendido en el capítulo 24 del T-MEC, relativo a la aplicación de las leyes ambientales, tal como la Ley General de Vida Silvestre y su correspondiente reglamento.
La denuncia fue interpuesta el 11 de agosto de 2021 por el Center for Biological Diversity, Animal Welfare Institute, Natural Resources Defense Council y por la Enviromental Investigation Agency. El recurso fue admitido por la CCA el 8 de septiembre del mismo año, por lo que el Estado mexicano se vio obligado a responder a los señalamientos.
Por ello la CCA elaboró el documento que lleva por nombre “Vaquita marina. Expediente de hechos relativo a la petición SEM-21-002”.
Este informe resalta que varias disposiciones del T-MEC guardan relación con la protección de la vaquita, tales como la promoción y utilización de artes de pesca alternativas; la instrumentación de disposiciones derivadas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES); la captura de especies de vida marina silvestre y la pesca ilícita; es decir, aquella no declarada y no reglamentada.
De acuerdo con la información recabada para el expediente, en 1997 la población de la vaquita marina se calculaba en 567 individuos. Entre 2015 y 2018 el descenso se proyectó en casi 50% anual.
“En años recientes el monitoreo y la investigación se han centrado en la Zona de Tolerancia Cero (ZTC) y en un área adyacente denominada “área de extensión”, señala el documento. En el último crucero de investigación realizado en 2024 en dichas zonas, con métodos de observación visual apoyados con identificación fotográfica y elicitación (juicio) de expertos, “se estableció (con 75% de probabilidad) que el número de ejemplares de vaquitas avistadas fue de entre seis y ocho, por debajo de las 10 a 13 vaquitas que se observaron en 2023”.
Esas cifras no representan una proyección de la población, precisa el informe, pero sí un mínimo de ejemplares avistados en la zona de observación.
Y asienta un dato alarmante: el número de vaquitas avistadas en 2024 “es el más pequeño registrado desde que se inició el seguimiento de la especie, aun si el ritmo de la disminución en los avistamientos se ha frenado”.
Las faltas del Estado mexicano
Un claro ejemplo de las faltas del gobierno de México frente a la protección de la vaquita marina se expresa en la dimensión de las medidas administrativas impuestas ante posibles pescadores furtivos.
Frente a los señalamientos del organismo internacional anclado en el T-MEC, el Estado mexicano informó que entre enero y septiembre de 2024 se impusieron multas que suman cinco millones 387 mil 632 pesos y siete centavos tras la realización de 19 actos de inspección a pescadores.
Pero esta cifra palidece ante la magnitud del tráfico ilegal de totoaba: al considerar que un kilogramo de buche se ubica entre los ocho mil y 20 mil dólares en el mercado asiático, se observa que las penalizaciones equivalen al costo de entre 65 y 163 ejemplares.
Las autoridades mexicanas informaron a la CCA que entre enero de 2018 y septiembre de 2024 “se iniciaron cien carpetas de investigación, de las cuales 30 fueron judicializadas”, pero solamente 17 personas fueron sentenciadas como resultado, mientras que se impusieron sanciones por reparación del daño por 114 millones de pesos.
La gravedad de la presencia de los pescadores apercibidos en zonas de tolerancia cero se desprende de la obligación de hacer cumplir la prohibición de redes de enmalle que atrapan al pequeño cetáceo de modo “incidental”. Ello se debe a que el tamaño promedio de ambas especies es similar, cercano a los 150 centímetros de largo.
“El análisis de datos sobre el esfuerzo pesquero y la captura incidental de la vaquita evidenció que, entre 1993 y 1995, la principal causa de los incidentes de mortalidad de la vaquita fueron las redes agalleras (un tipo de arte de pesca de enmalle) utilizadas en las actividades de pesca en el AGC. Los cálculos indican que, en ese mismo periodo, la flota pesquera de Golfo de Santa Clara ocasionó la muerte de 39 vaquitas/año, como consecuencia de su captura incidental”, indica el expediente. Al extrapolar la cifra a San Felipe se concluyó que murieron 78 vaquitas por esta causa en 1993.
Ante ello, las medidas de las instituciones mexicanas se muestran a medio gas: una de las faltas del gobierno mexicano señaladas en el expediente es que pese a múltiples tratados para prohibir el tipo de pesca mencionado, los pescadores locales siguen utilizando las redes de enmalle “como antes de las restricciones”.
Esto es además auspiciado por grupos criminales debido a que los cárteles financian la adquisición de las redes, según documentos la organización no gubernamental Elephant Action League.
Los pescadores, de acuerdo con testimonios recogidos en San Felipe para el expediente, afirman que utilizarlas genera un contexto de competencia desleal que hace insostenible la alternativa o, incluso, que son amedrentados para no cambiar sus
métodos.
“México señala que, entre abril de 2023 y septiembre de 2024, la Conapesca recibió 233 solicitudes de permisos de pesca, de las cuales 121 han derivado en permisos para el uso de sistemas y artes de pesca alternativos. El Secretariado no identificó información detallada sobre los tipos de artes de pesca autorizados en dichos permisos; tampoco se pudo corroborar si, en efecto, los pescadores los están adoptando”, establece el expediente de hechos.
Las autoridades sí han llevado a cabo acciones, principalmente restrictivas, como la construcción de bloques de cemento que impiden la utilización de técnicas como las de enmalle. Según se informó al CCA, en 2022 se instalaron 193, mientras que a partir de agosto del año pasado se retomó la práctica para habilitar otras 216 estructuras.
Lo mismo con los patrullajes marítimos y terrestres: según el expediente, los primeros pasaron de 166 en 2022 a 278 para septiembre de 2024; los segundos llegaron a 409 registros que contrastan con los 190 previos.
Pero ante los testimonios recogidos por el CCA en las zonas donde se desarrolla la pesca ilegal y el consecuente tráfico de totoaba, aquellos que indican que las nuevas artes de pesca siguen en desuso y aquellos sobre que el crimen organizado proporciona las redes de enmalle, la incidencia del gobierno de México para desmantelar la red criminal que pone en riesgo a la vaquita marina no parece superar la cuestión burocrática alineada a la definición de indicadores a modo.
Esto se puso de manifiesto tras el informe de Elephant Action League, en el cual testigos de San Felipe, entrevistados bajo anonimato por seguridad, afirmaron que uno de los capos del tráfico de totoaba no sale de la comunidad, puesto que fuera de allí su cabeza tiene precio, pero en San Felipe posee decenas de propiedades y una red de funcionarios y empresarios que colaboran con el tráfico a base de pagos y sobornos.
“M11 (como se le identifica) tiene alrededor de 37 años, se ha casado dos veces, tiene hijos con cuatro mujeres diferentes y supuestamente posee 17 casas en San Felipe y 27 autos. Según las fuentes, además de dinero familiar, M11 usó amenazas y miedo para tomar el control del comercio de totoaba en San Felipe”, indican los testimonios.
Y se consigna que hasta que le disparó a un militar en una calle concurrida de San Felipe el 31 de diciembre de 2017, era el traficante de totoaba número uno en Baja California.
“Si sembrar el miedo no ayudaba a su causa, recurría a sobornos, sobornando a autoridades de todos los niveles, desde la policía local hasta jueces federales. De manera similar, aunque M11 no era ni es un miembro activo de un cártel de drogas, al menos estuvo involucrado con los cárteles de drogas de Tijuana y les pagaba regularmente para poder traficar las vejigas natatorias de totoaba a través de las áreas que ellos controlaban”, concluyó la Elephant Action League.
Tráfico “medicinal”
El precedente de la mencionada “economía criminal” que acecha la supervivencia de la vaquita marina se ubica en China, con la especie bahaba, nativa de ese país y parecida a la totoaba, que fue explotada por sus presuntas propiedades medicinales hasta llevarla al borde de la extinción.
Se consideró que los órganos de la totoaba son similares, indica el párrafo 87 del estudio de la CCA. Fue así que el buche de totoaba, cuyo peso promedio ronda los 225 gramos, comenzó su ruta hacia China.
En el Golfo de California el mercado en cuestión se dinamizó a partir de 1925, y cuando la pesca de totoaba se prohibió en 1975 comenzaron a documentarse tres modos de explotación de la totoaba.
El primero surge de pescadores locales empobrecidos, de San Felipe, Baja California, de Puerto Peñasco, Sonora, y otras localidades del Alto Golfo de California, que buscan el producto para enriquecerse. El segundo pasa por el reclutamiento de estos pescadores, quienes capturan el pez para venderlo directamente a los traficantes. El tercero es el que se produjo cuando los cárteles comenzaron a pescar directamente.
La dinámica se complejizó y profundizó, según documentó Elephant Action League en 2018, al grado de que el crimen organizado pasó de pagar a los pescadores por el producto extraído a proporcionarles redes de enmalle, o financiamiento para obtenerlas.
En 2022, Vanda Felbab-Brown, una investigadora del Instituto Brookings, aseveró al diario El País que el reclutamiento de los pescadores furtivos se encuentra a manos del CJNG y del CDS, al grado de que estos pagarían, incluso, con drogas sintéticas como metanfetaminas y fentanilo.
Esto, junto a otros elementos, es algo de lo que llevó establecer que el buche de totoaba se lleva del Alto Golfo de California hacia China a través de circuitos ilícitos, los mismos que los grupos criminales de ambos países utilizan para transportar precursores químicos de fentanilo y otros insumos.
Elephant Action League, sin embargo, documentó que el tráfico ilegal del pez comenzó con gente de la localidad, tal como el llamado M11, presunto descendiente de un miembro del Cártel de Tijuana, y que no está en las filas de los grandes cárteles.
El informe relativo al caso asevera que es necesario postular la idea de “Cárteles de Totoaba” debido a que pescadores furtivos que organizaron la actividad se ligaron a posteriori con los grupos criminales transnacionales para pagar protección, para usar sus rutas, acceder a contactos, sobornos y otros actos del mismo tono.
No obstante, estos grupos especializados en el tráfico de especies ilegales habrían incursionado en el tráfico de indocumentados de Tijuana a Estados Unidos, con lo que la línea divisoria entre unos y otros se hizo más delgada.
Otros impactos en el tejido social
Una explicación del contexto sacado a flote mediante el mecanismo perteneciente al T-MEC se encuentra, de acuerdo con Enrique Sanjurjo, director de Pesca Alternativa de Baja California, AC (Pesca ABC), en observar el devenir de las comunidades cuya vida está ligada con la pesca en el Alto Golfo de California, lo que expone una nueva dimensión del riesgo que enfrentan la vaquita marina y la totoaba ante la extinción.
Esto debido a que a partir de que se extendieron las regulaciones en la zona para proteger a la vaquita marina, los permisos de pesca fueron redistribuidos. Un ejemplo de ello sucedió en 2017, cuando el gobierno de México publicó un acuerdo para prohibir ciertas artes de pesca utilizadas en la captura de curvina golfina, una especie de la región apreciada por la pesca local.
Mientras que muchos pescadores locales se quedaron sin dichos permisos, por motivos económicos, entre otros factores, los espacios fueron ocupados por gente de otros lares: de Ensenada, Sinaloa o Nayarit, principalmente.
Como resultado se obtuvo una economía con gente de poco arraigo en las comunidades de la zona, flotante: un clima más difícil de regular, propicio para la pesca ilegal.
Esto llegó acompañado con otro cambio que propició transformaciones en el mismo sentido. Para el año 2015 la pesquería de curvina estaba teniendo importantes mejorías gracias un manejo pesquero construido de la mano entre pescadores y autoridades. Con la prohibición al uso de redes de enmalle fue imposible seguir mejorando la regulación de un arte que había quedado prohibida. El resultado fue un descontrol total de la pesca, le reducción de tallas y la caída del precio de esta especie.
El impacto de estos y otros cambios se puso de manifiesto durante las pruebas de eficiencia de algunas de las artes de pesca alternativas impulsadas por Pesca ABC: la mayoría de los pescadores se negó a desarrollar la prueba con la rigurosidad necesaria, lo que sería un intento por mantener sus formas acostumbradas.
De acuerdo con Sanjurjo, “las acciones para la protección de la vaquita marina deben acompañarse de procesos de restauración del tejido social y construirse de la mano con los pescadores, quienes son los principales afectados de este conflicto.”
No obstante, la aplicación de estas regulaciones no ha sido el principal factor para la “descomposición del tejido social”, aunque sí uno de los últimos: la causa, informaron a Proceso fuentes de la industria, se entiende de la mano de las políticas de adelgazamiento del Estado mexicano de los años noventa.
De manera paralela a la tendencia hacia la privatización de las tierras ejidales a partir de la reforma agraria de 1992, las cooperativas pesqueras comenzaron a debilitarse porque los permisos ahora se entregaban al permisionario y no a la cooperativa, al punto de que estas estructuras perdieron fuerza como entes reguladores de la pesca.
Con esto se volvió más sencillo acceder a la pesca furtiva a través de la clonación de pangas, que podían venderse y utilizarse sin que un órgano con la suficiente presencia en el mar pudiera verificar números de registro. Se hizo posible, para los pescadores irregulares, trabajar en una embarcación registrada adecuadamente, aunque no tuvieran permiso de pesca, porque éste no se puede vender. Así comenzaron a brincarse filtros de seguridad, cuando los había.
Una vez disuelta la estructura cooperativa en los mares de México, y sin la opción del comanejo que se extingue con cada prohibición que busca proteger a las especies, hacer cumplir la ley se convirtió en una tarea titánica.
Cuando se aumentaron las restricciones sobre la pesquería de la curvina golfina en 2017, los pescadores no lo acataron, salieron a trabajar y la Marina no tuvo la capacidad para contenerlos: eran cerca de 800 pangas, con unos tres pescadores en cada una, pero los navíos de la autoridad podían contarse con los dedos de una mano.
Las gaseras texanas son parte del problema
Aunque los señalamientos se concentran en el gobierno de México debido a que el océano que habita la vaquita marina es parte de su territorio, en lo reciente una organización medioambiental basada en México cuestionó la neutralidad del mecanismo del T-MEC del que derivó la revisión.
La vaquita marina, denunció Nuestro Futuro, AC, el 31 de agosto último en Hermosillo, Sonora, se encuentra en peligro por la contaminación de su hábitat que generaría la llegada de la industria del gas natural licuado a los puertos sonorenses con los megaproyectos Saguaro Energía y AMIGO GNL.
Arturo Ramírez, biólogo especialista en conservación marina e integrante de la organización, afirmó que la entrada de los buques metaneros que llevarían el gas extraído en Texas hacia el mercado asiático, mismo que llegaría a los puertos de Sonora a través de gasoductos, contaminaría el Golfo de California por ruido, dragado, tráfico marítimo, introducción de especies invasoras, descargas de agua de lastre que acabarían con el equilibrio ecológico y otras agravantes.
Esta situación, sin embargo, no ha sido revisada en el contexto del comité del T-MEC que expone las carencias del gobierno mexicano. Para Nora Cabrera, abogada y directora de la organización, la razón de esto tiene que ver con el poder de las empresas de Texas, origen del gas.
“Si bien el T-MEC ha generado el comité para el tema de la vaquita marina y muchos otros, hay también mucha contraposición económica de las empresas gaseras texanas que tienen fuerza política en Estados Unidos. Existe una presión de ese tipo que es importante tener mapeada. Es un negocio para esas empresas, no para México”, aseveró la abogada.
