En México el aborto forzado es una realidad escasamente investigada. Las fiscalías no distinguen entre aborto voluntario y forzado, pese a que las cifras oficiales registran 890 carpetas abiertas en 2025, un récord en una década y un aumento de 13.7% anual. Un estudio del Early Institute revela que hasta enero había 91 hombres y seis mujeres presos por ese delito, la mayoría vinculados también a homicidio, feminicidio, violación o abuso sexual. Sonora, Guanajuato e Hidalgo concentran más casos. Los investigadores advierten una alta cifra negra y leyes que siguen siendo huecas.
La interrupción obligada del embarazo por medios coercitivos y violentos es una realidad escasamente investigada en México. En el país apenas hay un centenar de encarcelados por el delito de aborto con violencia, toda vez que las fiscalías son omisas en distinguir entre el aborto forzado y el voluntario.
Las propias cifras oficiales registran 890 carpetas abiertas en todas las fiscalías estatales, pero durante 2025 sólo 21 personas entraron en prisión por haber causado aborto con violencia; 20 de ellas, hombres.
De acuerdo con un estudio del Early Institute, organización dedicada a la investigación y política pública de la primera infancia, las 890 carpetas representaron un aumento de 13.7% en comparación con el año previo y marcó un récord histórico en la última década.
Solicitudes de acceso a la información pública a todas las fiscalías del país y la revisión de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), elaboradas por la organización, exponen lo que es apenas una muestra de la vulnerabilidad en que se encuentran mujeres expuestas a diferentes tipos de violencia.
El análisis “Aborto, la realidad no contada”, elaborado por Una Vida, Una Infancia, Una Protección (UNNA), división del Early Institute, muestra que en todo el país las sentencias por el delito de aborto y la violencia sistémica aparecen entrelazadas.
Los datos revelan que la mayoría de los sentenciados presos por este delito son hombres que, además del aborto forzado, cometieron otros delitos graves como homicidio, feminicidio, violación, abuso sexual y corrupción de menores, entre otros.
De acuerdo con el documento, hasta enero último había 91 hombres encarcelados por aborto provocado por violencia, frente a seis mujeres privadas de su libertad por el mismo ilícito.
Sonora es el estado con más hombres presos por esa causa, con 13, seguido de Guanajuato, con 12 sentenciados, e Hidalgo, con ocho. En cuanto a las mujeres, tres están presas en Hidalgo y otras tres en Tabasco, Sonora y Chihuahua.
Luis Saúl Alarcón Lara, abogado y autor del estudio, explica que éste es el resultado de dos años de investigación, ya que desde 2024 comenzaron a ingresar solicitudes de acceso. Durante la elaboración del reporte advierte que las fiscalías de algunas entidades “dejaron de responder mientras perfeccionaban las preguntas”.
Abraham Madero Márquez, director ejecutivo del Early Institute, detalla, a su vez, que el objetivo del Early Institute con el documento fue analizar el comportamiento del delito a largo plazo y lamenta que existe una cifra negra alta. “En la medida en que la información no fluya de manera integral, las leyes seguirán huecas”, alerta.
Asimismo destaca: “Hay una contradicción entre la realidad del aborto y cómo se aborda en el ámbito público”.
El reporte busca reconstruir todas las etapas del proceso penal, desde la apertura de carpetas de investigación hasta la sentencia –en los casos que se obtuvieron–, y expone que el aborto forzado “ocurre mayoritariamente en contextos de violencia sistémica”, mediante golpizas severas o el suministro de fármacos sin consentimiento, y en muchas ocasiones se trata de delitos cometidos contra menores de edad.
Ante la falta de datos desagregados por tipo de modalidad del aborto, ya sea forzado, voluntario o espontáneo, los investigadores dieron seguimiento a las carpetas registradas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mediante las fiscalías locales, y solicitaron las sentencias públicas.
Uno de los casos con sentencia ocurrió en Irapuato, Guanajuato, durante 2023, e involucró a una adolescente de 14 años y a su padrastro. El agresor fue condenado a 10 años y ocho meses por violación espuria y aborto forzado con misoprostol.
Otro caso revelado por el estudio también sucedió en Guanajuato, pero en la ciudad de León en 2024. En dicha sentencia el agresor fue condenado a 47 años de cárcel y tres meses por feminicidio y aborto forzado, tras golpear a su pareja que estaba embarazada hasta causarle la muerte.
Madero Márquez considera que las penalidades en los tipos del delito de aborto que no son voluntarias “deben reforzarse”, así como la capacitación dentro de los hospitales para responder a los casos de violencia, el acompañamiento a padres y madres y las leyes de prevención de violencia infantil.
El reporte también señala que la despenalización “no está logrando prevenir estos hechos ni atender sus causas de fondo”.
Ninde Molre, abogada y directora de la organización México Igualitario Derribando las Barreras, AC (que genera estrategias jurídicas para defender el derecho a la autonomía y acompaña casos de personas criminalizadas por abortar a través de Abortistas Mx), coincide en que el aborto forzado suele aparecer acompañado de otros delitos.
Refiere que se puede presentar como “racismo y clasismo” contra poblaciones marginadas y en situación de vulnerabilidad. Explica que en Latinoamérica se han documentado casos contra indígenas que incluso han terminado en la esterilización forzada, debido a que el aborto ha sido utilizado con “fines eugenésicos”.
“Y ahí me preocupa la nulidad que también se puede hacer a personas con discapacidad que quieran gestar y que la familia se niega”.
Investigaciones aumentan; persiste opacidad
Con información del SESNSP también se analizó la incidencia anual de carpetas de investigación por aborto y se descubrió un aumento de 63.6% en los últimos 10 años, al pasar de 544 carpetas abiertas en 2015 a 890 en 2025.
En el último año las entidades con más carpetas de investigación fueron la Ciudad de México, en donde el aborto fue despenalizado desde 2007 (con 244); Nuevo León (con 218) y el Estado de México (con 139). En cambio, seis estados (Campeche, Durango, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán) no reportaron ninguna carpeta de investigación en todo 2025.
Los datos encontrados por el Early Institute coincidieron con algunos hallazgos de otras organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), sobre todo respecto del aumento en las carpetas de investigación.
El informe de GIRE, publicado en 2024 bajo el título “Maternidad o castigo: Hacia la despenalización del aborto en México”, también mostró un mayor número de hombres en prisión por este delito y registró un aumento en las carpetas de investigación, pese a los avances en materia de despenalización de los últimos años.
Ambos reportes denunciaron la opacidad de las instituciones de justicia, así como la falta de datos desagregados, lo que dificulta realizar un diagnóstico preciso sobre la criminalización del aborto, debido a la información insuficiente.
“Creo que es importante que podamos tener esas cifras ahora que estamos en este régimen mixto para entender cómo son las condiciones en las cuales las personas están abortando forzadamente, porque finalmente es un asunto de violencia”, dice Ninde Molre.
“Situación esquizofrénica”
Durante los últimos cinco años importantes cambios legislativos han generado una situación en torno del aborto voluntario que Rebeca Ramos, abogada y directora de GIRE, describe como “esquizofrénica”.
A partir del 7 de septiembre de 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, el panorama legal en todo el país comenzó a cambiar.
Desde entonces, el aborto voluntario durante el primer trimestre de la gestación pasó de sólo estar permitido en cuatro estados a volverse legal en 24 entidades, aunque después de las 12 semanas sigue siendo considerado un delito, explica.
Sin embargo, cada uno de los estados considera distintas causales y también existen variaciones en el periodo de la gestación en el que es legal realizarse un aborto voluntario, ya que fluctúa entre las 13 y las seis semanas. El único estado con este periodo es Aguascalientes.
“Tenemos un mosaico de regulaciones a escala nacional y un sistema de causales donde el aborto por violación es legal en todo el país durante todo el periodo de la gestación o cuando la salud de la embarazada está en riesgo, pero el aborto voluntario sigue regulado en el ámbito penal”, detalla.
Además, ocho entidades siguen pendientes de modificar su legislación para adaptarse al criterio establecido por la Corte: Guanajuato, Querétaro, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Aguascalientes. En este último el reducido periodo para acceder al aborto voluntario lo vuelve “inoperante”, dice Ramos.
Este complejo panorama legal ha causado una “serie de confusiones” entre las personas que buscan acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) y el personal de salud, ya que el tratamiento del aborto como un delito mantiene el estigma sobre estas prácticas, advierten especialistas.
“Lo que sí vemos, y es una tendencia que se veía antes de 2021, es que el número de personas sentenciadas por haber interrumpido su propio embarazo y con penas de prisión era muy reducido, ya que en promedio la condena es de entre uno y tres años. Y cuando son penas tan pequeñas hay otros mecanismos de sanción”, apunta.
No obstante, Ramos considera que es necesario transitar desde una perspectiva punitiva hacia una de salud pública, en la que el aborto sea visto como un evento que se puede presentar en la vida de las mujeres para el que se requiere atención médica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 15% de los embarazos en el mundo termina en aborto espontáneo.
En México, pese a que desde 2022 se actualizó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro –una herramienta de política pública para la atención en todo el país–, subsisten prácticas discriminatorias contra las mujeres que buscan acceder a un aborto seguro.
Para Ramos y Molre, cuyas organizaciones han acompañado los casos de mujeres criminalizadas por abortar, persiste un patrón: en muchas ocasiones fue el propio personal de salud el que presentó las denuncias por aborto.
Esta situación tiene una repercusión en las cifras de criminalización, carpetas de investigación abiertas, juicios y algunas sentencias condenatorias por el delito de aborto voluntario, subraya Ramos.
A su vez, el informe “Voces por el derecho a decidir”, publicado por la organización Fundar en agosto de 2026, descubrió mediante entrevistas con 43 mujeres que la escasez de presupuesto, el estigma social y la centralización de los servicios continúan siendo barreras críticas en el acceso al aborto seguro.
Por estas razones, diversos grupos feministas continúan buscando que se elimine el aborto autoprocurado o voluntario de los códigos penales, aunque no así el aborto forzado.
“El aborto forzado sí se mantiene dentro del Código Penal. Sería incongruente, siendo una organización feminista que lucha por la justicia y la autonomía reproductiva, pedir que no haya sanción y que ésa sea una práctica permitida”, aclara Ramos.
