Durante los gobiernos de Morena el gasto público se ha concentrado en programas sociales que hoy tienen rango constitucional y ampliaron su cobertura. Muchos críticos los ven como un mecanismo para crear clientelas políticas. Para sostenerlos, el gobierno ha recortado otras áreas sensibles, como salud y Estado de derecho, justo cuando la inseguridad sigue siendo un problema grave. Además, el aumento del gasto no ha ido acompañado de mayores ingresos fiscales, por lo que el déficit se financia con deuda. Aun así, esas transferencias siguen siendo la principal bandera política del gobierno.
El 9 de julio de 2018, durante una reunión con la cúpula de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió que durante su sexenio la economía crecería “en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal”.
Y agregó que la modesta expansión del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de 36 años de gobiernos “neoliberales” había impedido generar más empleos y oportunidades para los mexicanos en su propio país, lo que incentivaba la migración hacia Estados Unidos.
El sexenio de López Obrador, sin embargo, resultó un fracaso en materia de crecimiento económico. En su gobierno (2018-2024) el PIB sólo aumentó 0.91% anual en promedio, el índice más bajo en 36 años y un porcentaje equivalente a la cuarta parte de lo prometido en la reunión con la Concamin.
Con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabeza el segundo gobierno de la Cuarta Transformación (4T), México sigue atrapado en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) denomina la “trampa del bajo crecimiento”.
En 2025, primer año del sexenio de Sheinbaum, la economía mexicana sólo se expandió 0.5%, y este 2026, según proyecciones del Banco de México (Banxico), crecerá alrededor de 1.5%; el PIB per cápita apenas habrá crecido en menos de medio punto porcentual este bienio, lo que en términos reales implica un estancamiento.
Y la perspectiva de los organismos especializados es que la “trampa del bajo crecimiento” económico en los gobiernos de la 4T siga por varios años más.
El Centro de Modelística y de Pronósticos Económicos (Cempe) de la UNAM prevé que los primeros cuatro años del gobierno de Sheinbaum (2025-2028) México apenas crecerá 1.4% cada año en promedio. Esta proyección coincide con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Cepal.
En los hechos, los 10 primeros años de gobiernos de la 4T —el de López Obrador y el de Sheinbaum, hasta 2028— el país registraría un estancamiento, con un crecimiento de 1.1% anual en esa década, mientras que el ingreso per cápita apenas habría avanzado 0.3% cada año.
“Esto, para México, es una década perdida”, dice a Proceso el coordinador del Cempe de la UNAM, Eduardo Loría.
De acuerdo con el doctor en economía de la UNAM y especialista en econometría aplicada, luego de la virtual parálisis del PIB en el gobierno de López Obrador las proyecciones para lo que resta del sexenio de Sheinbaum “se están orientando hacia el escenario económico más negativo”.
Y esto, señala, es que hay un problema estructural con el modelo económico en México desde el gobierno de López Obrador.
“Creo que con la 4T es imposible crecer porque su modelo se basa en aumentar el gasto público para buscar aprobación política en la gente, vía transferencias monetarias, con lo cual descuidaron muchos factores productivos importantes, como la inversión en infraestructura física y capital humano (educación, salud, estado de derecho)”, asegura el economista.
El peso de la inversión pública
Otro dato ilustrativo sobre el modelo económico de la 4T es que, desde el primer año de gobierno de López Obrador, en 2019, el entonces presidente rompió con la llamada “regla de oro del endeudamiento”, que consiste en que la inversión debe ser por lo menos igual a la deuda.
En 2018 la inversión pública fue mayor en 19% al monto del endeudamiento. Para 2020 la inversión ya era 29% menor a la deuda, y en 2024 fue 47% inferior.
En 2027, por cada peso de endeudamiento que contempla la iniciativa de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para el próximo año, sólo 66 centavos irán a inversión, lo que mantiene la tendencia estructural de los últimos siete años.
El director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Máximo Jaramillo-Molina, afirma que el modesto crecimiento económico que registra México con los gobiernos de la 4T es la caída de la inversión pública, que en el sexenio de López Obrador tuvo un “corte brutal”, aunque en el gobierno de Sheinbaum el decremento de ese indicador se ha ido moderando.
El economista de la Universidad de Guadalajara y doctor en sociología del Colegio de México dice que pareciera disonante hablar de un corte de la inversión gubernamental cuando la 4T ha desarrollado obras tan grandes y polémicas como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas.
“En realidad –indica– ésas eran inversiones muy publicitadas, pero el gasto en inversión pública ha sido bajísimo desde el inicio del sexenio López Obrador, de la mano de esta idea de la austeridad republicana (que a la postre encumbrados personajes de la 4T se encargaron de pulverizar con su vida de lujos, empezando por el hijo del expresidente Andrés Manuel López)”.
Durante el sexenio de López Obrador la inversión pública promedió 2.7 puntos del PIB cada año, lo que significó una reducción de 22% respecto del gobierno de Enrique Peña (2012-2018).
Y en 2025, en medio de la comprometida situación financiera que el fundador de Morena le heredó a su sucesora y aliada política, Claudia Sheinbaum, la presidenta optó por un ajuste fiscal que descansó en un recorte de 28.4% en la inversión pública con respecto del año previo. Ésta se ubicó en 770 mil millones de pesos, su punto más bajo desde 2008.
Para 2026 el gobierno prevé que la inversión pública llegue a 3.1% del PIB y además busca aumentar la inversión privada, que ronda 19% del PIB, mediante los planes de estímulos previstos en la estrategia de desarrollo denominada Plan México, en la cual participan empresarios.
El costo de los programas sociales
En el centro de la expansión del gasto público durante los gobiernos de la 4T han estado los programas sociales del bienestar, que en 2019 tuvieron un presupuesto de 291 mil 525 millones de pesos y en 2027 costarán un billón 25 mil millones de pesos, lo que significa que en ocho años su financiamiento creció en 250 por ciento.
De acuerdo con el presupuesto de egresos 2027, los 20 programas prioritarios de la 4T tendrán un costo equivalente a 2.6% del PIB. Sólo la pensión para adultos mayores tiene asignados 543 mil 498 millones de pesos, 53% del total de las transferencias sociales.
En la actualidad el gobierno mexicano destina 10% de sus ingresos tributarios únicamente al pago de pensiones asistenciales, el triple de 2019.
Los programas sociales, que muchos de sus críticos consideran un mecanismo de Morena para fabricar clientelas políticas, llegaban en 2010 a 15% de los hogares mexicanos y en 2025 ampliaron su cobertura a 41.4% de los hogares, según la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pero el mantenimiento de esas transferencias, que ahora tienen rango constitucional, ha llevado a los gobiernos de la 4T a sacrificar otros capítulos del gasto social.
El año pasado, por ejemplo, el gasto en salud retrocedió un 2.3% con respecto de 2024, y el gasto en Estado de derecho (que comprende las partidas presupuestales de seguridad nacional, asuntos de orden público, justicia y 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) se contrajo 1.4% pese a la crisis de inseguridad que México padece.
En este escenario el estancamiento del PIB durante los gobiernos de la 4T se ha convertido en una situación crítica porque impide aumentar la recaudación fiscal para financiar los programas sociales sin necesidad de aumentar el endeudamiento o recortar gasto en otros rubros.
El coordinador del Programa de Justicia Fiscal en el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Iván Benumea, señala que el costo de no crecer y de no hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos tributarios “es justamente que otras áreas gubernamentales y otros derechos humanos, como la salud y la educación, vean sus recursos reducirse cada vez más”.
De acuerdo con el abogado de la UNAM y especialista en finanzas públicas, el estancamiento económico y la capacidad cada vez más limitada del gobierno para aumentar la recaudación mediante el combate a la evasión, plantean a la administración de Sheinbaum la necesidad de realizar una reforma fiscal profunda que grave a los sectores de mayores recursos y elimine los beneficios tributarios que aún existen para grandes empresas y personas físicas de altos ingresos.
El círculo vicioso
Desde el sexenio de López Obrador el incremento del gasto público no ha sido proporcional al crecimiento de la recaudación fiscal, lo que orilló a ese gobierno, y ahora al de Sheinbaum, a financiar el creciente déficit principalmente con deuda. Esto, pese a que el líder de Morena echó mano de más de más de 100 fondos y fideicomisos de organismos estatales para financiar gasto.
En 2018, último año del mandato de Enrique Peña, la deuda pública equivalía a 43.7% del PIB, porcentaje que desde entonces subió 10.3 puntos hasta ubicarse en 54% del PIB este año.
En pesos mexicanos a precios constantes, la deuda del Estado ha crecido 97% con los gobiernos de la 4T. Pasó de 9.11 billones de pesos en 2018 a 17.96 billones de pesos en junio de este año.
Las fragilidades macroeconómicas de México, como la brecha entre ingresos y gastos, le han encarecido al país el crédito internacional, lo que a su vez incrementa sus vulnerabilidades financieras. En 2018 el pago de intereses de la deuda mexicana fue equivalente a 6.4% del PIB. Este año será de 10.5% del PIB.
De acuerdo con un análisis del centro de pensamiento México Evalúa sobre el proyecto de presupuesto 2027 presentado por la Secretaría de Hacienda, 69 de cada 100 pesos de los ingresos fiscales disponibles –lo que quedan después de pagar sueldos, pensiones, deudas de años anteriores y transferencias a los estados y municipios– se irán ese año a pagar intereses de la deuda. Esto es el doble del porcentaje de 2018.
“Nunca, desde 1990, los intereses habían absorbido una proporción tan alta del dinero verdaderamente disponible”, señala el informe, el cual indica que, después de Estados Unidos, México es el país del mundo que mayor porcentaje de sus ingresos destina al pago de intereses.
México, a la zaga de Latinoamérica
La trampa del bajo crecimiento económico de México es un problema estructural que se ha agudizado durante los gobiernos de la 4T y que responde, fundamentalmente, al modelo de desarrollo económico.
El coordinador del Centro de Modelística y de Pronósticos Económicos (Cempe) de la UNAM, Eduardo Loría, explica que entre 1990 y 2018 la economía mexicana tenía una capacidad de crecimiento de entre 2% y 3%, la cual se redujo “prácticamente a un tercio de esos porcentajes con la 4T, porque sus políticas públicas han golpeado la capacidad productiva”.
Tanto que, de acuerdo con los datos y proyecciones de la Cepal, la economía mexicana será, después de las de Venezuela y Bolivia, la de peor desempeño en América Latina en el periodo 2018-2026, con una tasa promedio anual de 0.92%, la cual se reduce a 0.12% si se resta el crecimiento demográfico.
La 4T sostiene que es más importante el desarrollo social que el crecimiento del PIB y presume de que en estos años han salido 13.5 millones de mexicanos de la pobreza y ha mejorado la distribución del ingreso en el país.
El director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Máximo Jaramillo-Molina, dice que hay evidencia a nivel internacional de que la desigualdad social está asociada con un menor crecimiento económico, pero advierte que mientras la inversión no crezca de manera sustancial México seguirá atrapado en el estancamiento del PIB.
“Por eso es importante buscar cómo hacer crecer la economía”, y señala que ése ha sido el gran tema pendiente de la 4T, porque la parte de la redistribución económica “de alguna manera se está atendiendo y se ha logrado disminuir moderadamente la desigualdad”.
El economista y sociólogo afirma que, sin crecimiento y sin una reforma fiscal de gran calado, será imposible sostener el actual nivel de gasto público.
“El problema en general –asegura– no es el gasto social, sino que con los actuales desequilibrios fiscales resultará imposible mantener esta evolución del gasto público. Y un mayor crecimiento podría ayudar a que se recaude más y a que el gasto público sea más sostenible”.
