La Fiscalía General de la Repúbica sostiene que los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna dirigían una red de huachicol fiscal con poder para decidir en la ANAM, Asipona, Pemex y Semarnat, como si su influencia superara a la del almirante Rafael Ojeda Durán y la de López Obrador. Sin embargo, la fiscal Ernestina Godoy deslinda al exsecretario de Marina: lo presenta como denunciante, aunque en el expediente no aparece como tal y su estatus es “no localizable”. La defensa de los Farías, a cargo de Epigmenio Mendieta, cuestiona que Ojeda no sea citado a declarar.
Para dirigir la compleja red criminal de huachicol fiscal los hermanos Farías Laguna debieron ser más poderosos que su tío, el exsecretario de Marina, almirante en retiro Rafael Ojeda Durán. Su influencia debió ser como la del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) tomaban decisiones por lo menos en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), Pemex y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La fiscal Ernestina Godoy, elevada a fiscal general por la presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre último, está embarcada en deslindar a toda costa al exjefe de la Marina. La FGR se ha empeñado en presentarlo como quien dio a conocer el multimillonario fraude y a mantenerlo fuera de las investigaciones, aunque en sus actuaciones judiciales no aparece ni como denunciante.
Para la Fiscalía General sólo los hermanos Farías y mandos medios de las aduanas militares estuvieron implicados, con lo cual ningún otro integrante del gabinete del expresidente López Obrador tuvo relación con este caso de macrodelincuencia organizada.
Desde la Presidencia de la República Ojeda Durán también es constantemente defendido porque supuestamente fue quien denunció la red criminal atribuida a sus sobrinos, los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.
Sin embargo, de acuerdo con los registros del expediente penal revisados por Proceso, e incluso con las primeras declaraciones oficiales sobre el caso, Ojeda Durán nunca denunció formalmente y hasta el momento su estatus, según la FGR, es el de “no localizable”.
La defensa de los hermanos Farías Laguna ha intentado sin éxito acceder a información de la Secretaría de Marina (Semar) que podría ayudarle a demostrar “lo inverosímil” de la relatoría de la FGR, en el sentido de que ambos marinos lideran la red de huachicol. En la versión oficial los acusados debieron tener ascendencia sobre decenas de funcionarios, civiles y militares.
Defensa: “Versión de la FGR, inverosímil”
Desde hace un año la defensa de los hermanos Farías Laguna ha objetado la teoría de la FGR, que apunta a que ambos se dedicaban a realizar nombramientos y readscribir funcionarios “a modo” para traficar millones de litros de hidrocarburo proveniente de Estados Unidos, etiquetados como lubricantes o aditivos para evadir impuestos y blanquear las ganancias obtenidas mediante empresas fachada.
Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías Laguna, ha cuestionado en diversas audiencias del caso y en medios de comunicación por qué el exsecretario de Marina Rafael Ojeda no ha sido citado a declarar si se supone que él denunció las irregularidades supuestamente cometidas por sus sobrinos políticos.
“Si la Fiscalía considera que Ojeda es una pieza relevante para entender cómo nació esta investigación, resulta inexplicable que no conozcamos, al menos, una declaración ministerial”, respondió consultado por este medio.
En la audiencia de vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna, de agosto último, testigos protegidos de la FGR mencionaron a Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán. Sin embargo, ninguno de los dos forma parte de las líneas de investigación de la Fiscalía en el caso, pese a que el 2 de septiembre último, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum requirió a Godoy que explique las líneas de investigación que mantiene abiertas.
Como respuesta al requerimiento público de la mandataria federal, la fiscal general, Ernestina Godoy, emitió un videomensaje del 7 de septiembre último en el que describió el esquema con el que operaba la red de huachicol.
“Detrás de la operación ilegal de ese buque (el Challenge Procyon) no había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal en la que Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’ destacaban, para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal”, dijo Godoy.
De acuerdo con ella, los cómplices de los hermanos Farías Laguna intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal en las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina, y que Manuel Roberto Farías Laguna era quien gestionaba directamente esos nombramientos y promociones.
Sin embargo, hasta el momento la fiscal general no ha precisado qué autoridad fue la competente desde el Poder Ejecutivo, entre el sexenio anterior y lo que va del actual, para otorgar las concesiones y permisos que requirieron los supuestos cómplices de los Farías Laguna para ingresar buques llenos de combustible desde Estados Unidos a México.
Tampoco ha hecho públicos ni ha precisado en las audiencias del caso –que se mantienen privadas bajo el argumento de que es un asunto de seguridad nacional– qué nombramientos, adscripciones, movimientos y cadenas de mando del personal naval fueron realizados en las aduanas marítimas y si los hermanos Farías Laguna tenían la facultad de autorizarlos de manera autónoma, es decir, sin la firma de un superior jerárquico.
Tampoco se ha precisado qué instalaciones, actividades o empresas vinculadas a la importación de hidrocarburos estuvieron sujetas a autorizaciones, verificaciones o controles ambientales y de seguridad industrial por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Según lo que ha difundido la FGR, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es uno de los principales puntos de la cadena de operación de la red de huachicol fiscal, pero no ha dado a conocer si investiga a quien dirigía la agencia durante cada periodo y quién era responsable de la operación aduanera.
Asimismo no ha señalado si investiga quién supervisaba las aduanas marítimas, quién era responsable de autorizar o intervenir en movimientos de personal, los reportes emitidos y recibidos por cada área, qué irregularidades fueron detectadas en la ANAM y qué medidas fueron adoptadas.
La defensa de los hermanos Farías Laguna sostiene que, según el esquema de la FGR, para que la operación de la red fuera posible ambos marinos debieron tener la capacidad de evadir los mecanismos internos que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) para detectar y reportar operaciones irregulares y cooptar a funcionarios de Pemex Logística, que es el área que interviene en el transporte, almacenamiento y movimiento de hidrocarburos en México.
También debieron tener facultades sobre los funcionarios de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) que se encargan de programar las embarcaciones, arribos, maniobras, protección portuaria, ingreso y salida de buques, documentación, comunicarse con las autoridades aduaneras, entre otras funciones.
Tan sólo en la aduana de Tampico la defensa ha identificado a 11 funcionarios que, por las funciones que desempeñaron, debieron tener conocimiento de las irregularidades o participar de ellas, así como siete funcionarios de Asipona y estructura portuaria; cuatro de capitanía y operación marítima y 21 de ANAM y otras aduanas.
La FGR sólo ha procedido contra 13 personas, entre ellos los hermanos Farías Laguna, Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío; Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado; Humberto Enrique López Arellano, director de Supervisión de Aduanas Marítimas; Francisco Javier Antonio Martínez, gerente de Administración y Finanzas de Asipona; Sergio Varela Morales, subdirector de Vigilancia y Control de la aduana de Tampico; Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, subdirector de Operación Aduanera en Tampico; Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, subdirector de Operación Aduanera en Altamira.
La orden de aprehensión obtenida por la FGR también es contra los funcionarios de la aduana de Tampico: Endira Xóchitl Palomo Chávez, jefa de Departamento de Recintos Fiscales; Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa de Departamento de Operaciones; Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, verificadora, e Ismael Ricaño Matías, verificador.
Pero dentro de la relatoría que la FGR presentó al juez de control para obtener las órdenes de captura no se refiere nada sobre el resto de funcionarios que pudieron estar implicados en el caso para autorizar las designaciones, los ingresos de los buques, las revisiones de los mismos, entre otras funciones para facilitar las operaciones de la red de huachicol fiscal.
Ojeda no aparece como denunciante
El 21 de marzo de 2025 el gobierno federal aseguró más de 10 millones de litros de huachicol que eran transportados en el megabuque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que estaban etiquetados como aditivos para aceites lubricantes para evadir los impuestos correspondientes.
En seguimiento al caso, el 7 de septiembre del año 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa para informar de las primeras detenciones relacionadas con el caso, entre ellas la de Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Ojeda Durán.
Para ese momento ya habían sido asesinados dos marinos que denunciaron mafias de huachicol fiscal en puertos y aduanas: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y Magaly Janet Nava Ramos, mientras que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez supuestamente se suicidó en sus oficinas en Altamira, Tamaulipas.
En la conferencia de prensa, García Harfuch estuvo acompañado por el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien explicó cómo fue que las autoridades detectaron la red de huachicol fiscal.
Según sus declaraciones, en el año 2023 Ojeda Durán acudió a la FGR para informarle que había irregularidades en diversas áreas de la institución que encabezaba y solicitó investigar posibles actos ilícitos cometidos por elementos navales.
“A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades”, dijo.
“Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que, con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias, y hablo de la UIF, del SAT y de la Procuraduría Fiscal, fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en presuntos delitos”.
Subrayó que el exsecretario de Marina no intentó proteger a sus sobrinos cuando solicitó la investigación: “Él nos pidió investigar a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos, no nos señaló si eran parientes o no eran parientes, no hizo ninguna distinción, ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie”.
Desde su detención en septiembre de 2025, Manuel Roberto Farías Laguna ha enviado diversas cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum en las que afirma que él y su hermano son chivos expiatorios y que ellos no participaron en los ilícitos que la FGR les imputa, por lo que ha solicitado su intervención para que la Marina entregue toda la información que su defensa ha requerido en el caso para acreditar, entre otras cosas, que para poder ejecutar los delitos que les son atribuidos debieron contar con apoyos del más alto nivel dentro de la Marina.
Incluso, la defensa de los Farías Laguna, encabezada, como hemos dicho, por el abogado Epigmenio Mendieta, ha solicitado varias veces a la FGR citar a Ojeda Durán para que declare en su calidad de testigo y explique cómo es posible que dos marinos de mandos medios tenían la capacidad para decidir sobre distintas secretarías de Estado y operar el contrabando de combustible a gran escala.
El 12 de mayo último, en su conferencia matutina la presidenta Sheinbaum afirmó que Ojeda Durán no es investigado en el caso Farías Laguna debido a que él mismo fue quien denunció la red.
Ese mismo día Proceso confirmó con fuentes de la FGR que Ojeda Durán nunca presentó formalmente ninguna denuncia contra los elementos navales implicados en el caso de huachicol fiscal por el que sus sobrinos permanecen en prisión preventiva.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Ojeda Durán únicamente se reunió con Gertz Manero para hablar sobre las irregularidades que detectó en la Marina sobre el huachicol fiscal y hasta ahora no ha sido citado a declarar por la FGR.
Para el 18 de junio siguiente, la presidenta Sheinbaum cambió su explicación sobre el origen de la investigación y afirmó que la misma inició a partir de un “alertamiento de aduanas” relacionado con un buque.
Apenas en agosto la defensa logró que una jueza federal ordenara citar al exsecretario de Marina a declarar en calidad de testigo en la audiencia de vinculación a proceso de su sobrino, el contralmirante Fernando Farías Laguna. Sin embargo, la FGR afirmó que no lo localizó en su domicilio para notificarle el citatorio.
El 7 de septiembre, la fiscal Ernestina Godoy emitió un videomensaje para dar su versión de la investigación contra los Farías Laguna en el que insistió que la carpeta derivó de la denuncia presentada por Ojeda Durán.
Sin embargo, Proceso verificó que en la orden de aprehensión emitida en la causa penal 325/2025 contra los hermanos Farías Laguna y otros 11 supuestos integrantes de la red de huachicol fiscal, el nombre de Rafael Ojeda Durán no es mencionado y, según el expediente, no existe constancia alguna de que el exsecretario hubiera presentado ninguna denuncia.
En la solicitud de orden de captura, la FGR refirió que inició la carpeta de investigación porque el 31 de julio de 2024 la titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, Edna Patricia Cepeda Morales, envió un oficio al que acompañó un alertamiento emitido por analistas de dicho centro sobre diversas notas periodísticas relacionadas con una red de empresas gasolineras que introducen ilegalmente hidrocarburos a México desde Estados Unidos que operan principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con esa versión, los analistas del Centro Federal de Inteligencia Criminal rastrearon en la web más datos relacionados con esta red y el 10 de mayo emitieron un informe sobre un video de YouTube titulado Mx.pais.huachicol en el que son acusados servidores públicos de colaborar con el transporte ilegal de hidrocarburo y de trabajar con la delincuencia organizada.
En dicho video, que ya no está disponible, están mencionados los hermanos Farías Laguna y otros servidores públicos de la Marina, empresas y empresarios, pero la FGR no menciona en ningún momento la supuesta denuncia de Ojeda Durán.
