En la Ciudad de México domicilios también son fosas clandestinas. La cifra alcanza a miles de predios, incluso en el mismo Centro Histórico. Proyecciones a partir de cifras oficiales indican que la mitad de los desaparecidos y una tercera parte de mujeres víctimas de feminicidio han sido enterrados en propiedades privadas. Se trate de casas de seguridad de la delincuencia o espacios de los feminicidas, la búsqueda de las víctimas se topa con el laberinto judicial que dilata las órdenes de cateo durante las 72 horas cruciales desde la desaparición. Meses, incluso años, transcurren para que el Ministerio Público gestione y los jueces autoricen las búsquedas en casas, edificios o terrenos particulares.
Parte de la crisis de desapariciones en la Ciudad de México se prolonga y permanece impune al otro lado de una puerta cerrada, cuando una línea de investigación conduce a un inmueble privado y la búsqueda queda sujeta a un cateo que puede tardar meses o años en concretarse, un plazo que rebasa por mucho las primeras 72 horas de búsqueda, decisivas para una localización con vida.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ofrece datos públicos que permitan saber cuántas carpetas abiertas por desaparición tienen indicios que apuntan a una casa, una bodega o un negocio. Sin esa información no es posible dimensionar cuántas búsquedas atraviesan ese obstáculo en una ciudad donde, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cinco mil 638 personas permanecen desaparecidas hasta el 18 de septiembre de 2026.
La falta de datos oficiales no vuelve marginal el problema: entre 2020 y 2024 el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), documentó que 53% de las fosas clandestinas registradas en la CDMX estaban en predios privados, principalmente en el sur y la zona centro de la capital.
Proceso mantuvo contacto con cinco familias buscadoras con investigaciones que conducen a domicilios particulares y cuyos cateos siguen pendientes, en algunos casos desde hace seis meses y en otros hasta cinco años, aun cuando fueron las propias víctimas indirectas quienes encabezaron las búsquedas, localizaron las direcciones, llevaron esa información ante las autoridades y aportaron datos de prueba para sustentar las diligencias.
Dos casos condensan esa demora. El primero es el de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que desapareció después de acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de avenida Revolución, y fue localizada sin vida dentro del mismo inmueble, tras una búsqueda marcada por dilaciones que dejaron abierta la pregunta sobre lo que habría ocurrido con una intervención oportuna.
El segundo es el de una madre que desde hace un lustro busca a su hijo, desaparecido en Tepito, mientras espera que las autoridades cateen un domicilio ubicado en ese mismo barrio, ubicado gracias a la información que ella misma recabó.
En entrevista, Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora de Trazar la ausencia…, explica que las búsquedas suelen atorarse cuando llegan a un inmueble privado porque a partir de ese momento ya no basta con seguir el indicio: la diligencia deja de depender exclusivamente de la Fiscalía capitalina y de la Comisión de Búsqueda local, pues el Ministerio Público debe convertir esa línea de investigación en una solicitud de cateo suficientemente sustentada para que un juez autorice el ingreso.
Esa complejidad burocrática no es la única traba. “Pareciera que no hay voluntad suficiente para pedir un cateo, no hay capacidad institucional suficiente para garantizar que se hagan búsquedas a tiempo en inmuebles particulares, y obviamente tiene su complejidad, no vamos a decir que solicitar cateos es sencillo, pero sí es algo que las familias han identificado de años, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, una vez que la investigación o la búsqueda da a un inmueble se paraliza”, apuntó.
Para Horcasitas el problema está en el desfase entre los tiempos del procedimiento y la urgencia de actuar ante una desaparición, cuya búsqueda debería emprenderse siempre bajo la expectativa primordial de una localización con vida: “Habría que seguir exigiendo que realicen más búsquedas en cateos, que sea una herramienta de búsqueda expedita, que no tome años llevar una investigación a tal punto que nos permita conseguir un cateo, sobre todo cuando se cree que la persona pueda correr riesgo”.
Violencia feminicida bajo llave
Dentro de ese universo de búsquedas pendientes, las desapariciones de mujeres obligan a mirar con especial atención al interior de los domicilios. En la Ciudad de México ellas representan una tercera parte de las personas que permanecen desaparecidas, según el RNPDNO.
La proporción es todavía mayor entre el 5 de octubre de 2024, cuando comenzó el gobierno de la morenista Clara Brugada, y el 19 de septiembre de 2026, periodo en el que 665 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas, 35.66% del total.
Frente a esa radiografía oficial del gobierno de México, el informe de la Ibero situó a la capital mexicana entre las entidades con mayor presencia de fosas vinculadas con feminicidio, que representaron 31% del total de las documentadas en la entidad.
Horcasitas tradujo con claridad ese contraste: “En los casos donde hay urgencia, como es en la desaparición de mujeres, lo que hemos identificado también es que uno de los primeros lugares en los que deberíamos estar buscando es en el domicilio de la pareja”.
Mariana Marchand, también investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero y coautora del informe, refiere la existencia de casos concretos con estas características en Cuajimalpa, Coyoacán y Tlalpan. A escala federal puntualiza: “Para el delito de feminicidio hemos encontrado que mucho más de 50% de las víctimas se encuentran localizadas en inmuebles privados y de este porcentaje la mitad corresponde al domicilio de la persona, de la pareja o el domicilio que compartían juntos. Eso es muy importante porque justo esto nos habla de la violencia en este espacio de cercanía y de intimidad, toda esta dinámica de violencia doméstica”.
Y agrega: “Nos preguntamos cuántas mujeres han estado enterradas en domicilios, que no tienen una red que interponga las órdenes de cateos, los recursos o la información necesaria”.
En ese contexto, el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés es el epítome del desfase entre la urgencia que exige la desaparición de una mujer y los tiempos institucionales para intervenir un espacio privado.
La última vez que fue vista con vida fue el 15 de abril último, cuando salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, Iztapalapa, para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio de la alcaldía en Benito Juárez.
La joven ya no regresó a casa y de acuerdo con la reconstrucción de la propia FGJCDMX, su madre, Claudia Edith Saldívar Luna, presentó el reporte por desaparición a la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, pero fue entrevistada hasta las 4:25, y desde ese momento dijo que su hija había acudido al edificio ubicado en el número 829 de la avenida Revolución. Aunque las autoridades contaban con una dirección precisa hacia la cual orientar la búsqueda, el primer intento de presencia policial ocurrió 16 horas después, hasta las 20:30 horas de ese mismo día.
Durante ese lapso la familia la buscó por su cuenta. Sus primos permanecieron afuera del edificio, contrataron a un investigador privado, solicitaron grabaciones a vecinos y reconstruyeron el trayecto de la joven; incluso obtuvieron imágenes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) que confirmaron que Edith había ingresado al edificio, pero no que hubiera salido.
En medio de la desesperación, la noche del 16 de abril, la familia bloqueó avenida Revolución frente al inmueble para exigir que las autoridades ingresaran. La protesta se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, cuando la administradora finalmente permitió la revisión del edificio para que las autoridades realizaran diligencias en el interior, donde localizaron un cuerpo. Horas después, poco antes de las 12:30 del 17 de abril, Francisco Luna, tío de Edith, confirmó que era ella.
El caso exhibió las omisiones de las autoridades y obligó al gobierno capitalino a responder públicamente. Tres días después del hallazgo, el 20 de abril, Brugada se comprometió a vigilar “más de cerca toda la actuación” de las autoridades y procurar que ante una desaparición “de inmediato se actúe”, pero no anunció plazos, protocolos nuevos ni medidas específicas para evitar que una búsqueda vuelva a frenarse cuando conduce a una propiedad particular.
En entrevistas a medios, los familiares de la víctima dejaron claro algo: “La encontramos sin vida, pero la encontramos nosotros”.
Tepito: un lustro de espera
El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés evidenció una demora institucional medida en horas que provocó indignación generalizada en la ciudad. Pero la dilación puede prolongarse mucho más. En otros expedientes el ingreso de las autoridades a un inmueble privado permanece pendiente desde hace meses o años.
En Tepito una madre –que pidió mantener su nombre en el anonimato– lleva cinco años buscando a su hijo y reclamando que las autoridades ingresen a la casa que ella ubicó como el último lugar donde fue visto con vida.
En entrevista, comparte que después de que su hijo desapareció en agosto de 2021, imprimió una fotografía ampliada y comenzó a caminar por el llamado barrio bravo para preguntar por él. Durante esos recorridos varias personas coincidieron en ubicarlo en un mismo domicilio, incluso un joven reconoció la imagen y directamente le dijo: “Allí estaba el güero”.
La madre buscadora fue al lugar y supo que funcionaba como punto de venta de drogas, además logró recolectar testimonios de que otras personas habían sido golpeadas dentro y algunas habían muerto. Con esos datos acudió ante la Fiscalía capitalina y la dirección quedó asentada en su declaración, pero a más de cinco años de la desaparición sigue sin ser revisada.
Todavía más grave, según relató la afectada, hace tres años llevó la exigencia del cateo a una reunión en la que participaron la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum –hoy presidenta de México–, y la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, actual fiscal general de la República.
La madre asegura que Godoy dio por autorizado el ingreso al inmueble y ordenó que se realizara la revisión para saber si el joven se encontraba “enterrado, emparedado o en algún tambo”. Aun así, la diligencia nunca se concretó, desde entonces cada vez que pregunta en la Fiscalía por el cateo recibe la misma respuesta: falta la autorización de un juez y el trámite puede tardar.
Mientras, la madre sigue recorriendo Tepito, pegando fotoboletines y preguntando por su hijo, pese a que ha recibido amenazas y sabe que “ya la tienen ubicada” en la zona.
–¿Para usted qué significaría que se realizara esa diligencia?
–Yo creo que un poquito de tranquilidad, saber si está ahí o no está, descartar o confirmar; son muchos años sin saber. Él adoraba a sus sobrinas, a sus sobrinos, a sus hermanos y no se diga a su mamá. Yo digo que si él estuviera vivo, él ya me hubiera llamado.
–¿Considera que las instituciones le están quedando a deber después de tantos años sin haber hecho esa diligencia?
–Claro que sí. Todo lo que hay en mi carpeta son investigaciones que yo he hecho; ellos no me han ayudado en nada.
Este caso abre una segunda dimensión del problema. Si en las desapariciones de mujeres los domicilios aparecen vinculados con la violencia ejercida en espacios de cercanía e intimidad, en otras investigaciones los inmuebles forman parte de las dinámicas criminales que operan en determinadas zonas de la ciudad.
Andrea Horcasitas detalla que en la capital del país algunos de los hallazgos de fosas clandestinas están relacionados con la criminalidad específica de las alcaldías y con la manera en que las células locales utilizan casas y otros predios como parte de su operación.
En Cuauhtémoc la Ibero identificó hasta 2024 dos fosas vinculadas con ese contexto: una en Tepito y otra en la zona del Centro Histórico, en pleno corazón de la ciudad. Es decir, no en parajes alejados de la mancha urbana, sino dentro de barrios habitados, entre viviendas, comercios y calles transitadas cotidianamente, a cuadras de Palacio Nacional.
La investigadora precisa que algunos de los domicilios intervenidos parecían estar abandonados, aunque en realidad mantenían actividad criminal: “En un mismo inmueble podemos observar narcomenudeo, casas de seguridad, tráfico de armas o resguardo de armas y también la inhumación clandestina de personas, entonces conviven un montón de violencias y un montón de dinámicas criminales en las inhumaciones clandestinas, más allá del enterramiento en sí mismo”.
En ese contexto, advierte que este entramado delincuencial no se agota en los límites de una colonia, una alcaldía o incluso de la propia ciudad: “Recordemos que la macrocriminalidad y la microcriminalidad no necesariamente acaban en las líneas administrativas, sino que lo que estamos observando, el Ajusco lo ha demostrado una y otra vez, es que los grupos del crimen organizado operan en la región y no sólo en las ciudades o en las entidades en particular”.
Los domicilios aparecen así en dos extremos de una misma crisis de búsqueda. Pueden ser el espacio cerrado donde ocurre la violencia feminicida, como advierten las investigadoras en los casos de mujeres, o formar parte de circuitos de criminalidad local donde conviven drogas, armas, violencia y ocultamiento de cuerpos. En ambos escenarios, lo que existe detrás de una puerta puede resultar decisivo para explicar una desaparición; el problema comienza cuando esa puerta permanece fuera del alcance de la búsqueda.
