Los expedientes del caso del incendio del bar Caballo Blanco revelan un patrón del CJNG en el sur de Veracruz: reclutamiento de niños y jóvenes para el trasiego y la violencia, incluso en municipios indígenas cercanos a Coatzacoalcos, bajo amenazas contra sus familias. A otros jóvenes los enviciaban y cuando no podían pagar la droga el cártel les encargaba misiones como el incendio del bar. “Si no cumplía las órdenes nos amenazaban con atentar contra todos”, relata uno de los reclutados.
Xalapa, Ver.– En agosto de 2019 Edgar Zamora Martínez, alias el Negro, exmilitar procedente del norte del país e integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dio la orden de reclutar a unos “morros” con una instrucción precisa: incendiar el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, porque sus propietarios se negaban a vender droga del cártel.
La encomienda formaba parte de las tareas de lo que dentro de la organización denominaban el “grupo de limpieza”. La noche del 27 de agosto de 2019 tres jóvenes, todos menores de edad, y una cuarta persona ingresaron al establecimiento. Rociaron gasolina y utilizaron armas de fuego para iniciar el incendio.
El ataque dejó 29 personas muertas y diez heridas. Entre quienes participaron se encontraba un adolescente de 15 años, encargado de rociar gasolina sobre la barra. Murió en el lugar a consecuencia de las quemaduras. Otro de los participantes también resultó con lesiones graves por el fuego.
Casi siete años después, en junio último, el Negro Zamora fue sentenciado a 70 años de cárcel y a pagar 84 mil pesos, como autor intelectual del crimen. Además, otras cuatro personas vinculadas con el caso permanecen detenidas en espera de sentencia, entre ellas Luis Adán “N”, alias el Gato, identificado como otro de los líderes de la organización.
La sentencia y los expedientes judiciales del caso, a los que Proceso tuvo acceso, permiten reconstruir no sólo la preparación del ataque, sino también un patrón utilizado por los líderes que controlaban la venta de droga en la región sur de Veracruz: el reclutamiento de niños y jóvenes para incorporarlos al trasiego y distribución de sustancias y, posteriormente, a tareas de violencia.
Uno de los jóvenes que participó en el ataque relató ante las autoridades que había sido reclutado desde 2017 en Tatahuicapan, municipio indígena ubicado aproximadamente a una hora de Coatzacoalcos. Según su testimonio, las amenazas alcanzaban también a sus familiares: “Si no cumplía las órdenes nos amenazaban con atentar contra todos, de desaparecernos y a nuestra familia”.
Al principio fue incorporado al grupo de los llamados “tiradores”, encargados de vender y distribuir droga, cobrar el dinero y realizar depósitos. Con el tiempo, algunos fueron integrados al grupo de “limpieza de chapulines”, cuya función consistía en amedrentar o matar a quienes comercializaban droga sin el “sello” de la organización.
El joven también declaró que el Negro Zamora los invitaba a incorporarse bajo la promesa de recibir dinero y entrenamiento en técnicas militares.
Los expedientes muestran otras formas de reclutamiento. Uno de los jóvenes fue captado directamente en las calles mientras atravesaba un problema de consumo de drogas. “Estaba en el vicio de las drogas, lo recogimos, le dimos calzado y ropa”, declaró uno de los detenidos. Primero lo utilizaban para hacer mandados y comprar comida; posteriormente terminó vinculado con el grupo que participó en el ataque al Caballo Blanco.
Otro de los participantes era conocido como el Chilanguito, un joven consumidor habitual de drogas. El día del ataque la orden fue ir a buscarlo. De acuerdo con uno de los testimonios, tenía una deuda por sustancias que había consumido y le ofrecieron participar en la operación para saldarla y obtener algo de dinero: “Él debía dinero de drogas, nos dijeron que fuéramos a buscarlo y le ofreciéramos participar, así saldaba su deuda y se quedaba con un dinero extra”.
El Chilanguito fue quien compró tres garrafas con gasolina y posteriormente vertió el combustible sobre la barra del establecimiento. Murió a consecuencia de las quemaduras que sufrió durante el incendio.
De acuerdo con los testimonios integrados en la causa judicial, el Negro Zamora ofreció 40 mil pesos para cubrir el pago a los participantes y los gastos de la operación, a la que él mismo denominó “El Baile”.
Sin embargo, después del ataque únicamente entregó cinco mil pesos para cubrir gastos relacionados con el funeral del Chilanguito y la atención de las quemaduras sufridas por otro de los participantes, identificado como “Marcus”.
El mecanismo descrito en el expediente del Caballo Blanco aparece también en testimonios incorporados a otras causas penales relacionadas con integrantes de la misma estructura, entre ellos Luis Adán el Gato. En uno de esos casos el grupo proporcionó drogas a un joven, posteriormente comenzó a cobrarle las sustancias y cuando éste ya no pudo pagar la deuda se le asignó su primer trabajo dentro de la organización.
“Eran bailarinas… ellas se lo buscaron”
“Una vida no vale cinco mil pesos”, dice María. Recordar cuánto habrían pagado finalmente los jefes del cártel a quienes participaron en el ataque contra el bar Caballo Blanco es uno de los momentos más dolorosos de un proceso judicial que ha obligado a las familias a reconstruir los hechos una y otra vez.
El ataque fue apenas el comienzo de una cadena de agravios. Casi siete años después las familias mantienen abiertas dos rutas para acceder a la justicia: los procesos penales contra los presuntos responsables y la reparación por las violaciones cometidas por la Fiscalía General del Estado durante la identificación, resguardo y entrega de los cuerpos.
María (nombre utilizado para proteger su identidad) pidió no revelar sus datos personales durante la entrevista con Proceso. Explica que algunas familias recibieron amenazas para que guardaran silencio, se apartaran del caso o dejaran de exigir avances en las investigaciones.
La primera revictimización provino de la propia Fiscalía. Los cuerpos fueron entregados casi en descomposición, algunos dentro de bolsas de basura, sucios, expuestos a la intemperie o apilados unos sobre otros. Debido a esas condiciones, varias familias no pudieron velar a sus seres queridos ni despedirse de acuerdo con sus creencias y costumbres.
Después vino la politización del caso y el señalamiento público contra personas que, posteriormente, quedaron fuera de las investigaciones. A ello se sumaron las amenazas, la falta de atención institucional, el desgaste económico y emocional, así como el silencio al que algunas familias se vieron obligadas para protegerse.
También enfrentaron comentarios que responsabilizaban a las víctimas por encontrarse dentro de un centro nocturno: “Eran bailarinas”, “trabajaban en un bar” o “ellas se lo buscaron”. Esos prejuicios, sostiene María, ignoraron que muchas de las mujeres trabajaban para sostener a sus hijos y cubrir las necesidades de sus familias.
La reciente sentencia de 70 años de prisión contra uno de los señalados como autores intelectuales representa una primera señal de esperanza, pero no cierra el caso. Según María, todavía están pendientes los procesos contra otras personas presuntamente involucradas y la extradición de una mujer detenida en Estados Unidos.
El atropello de la Fiscalía
En 2025, seis años después del ataque al bar Caballo Blanco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz acreditó las violaciones cometidas contra las familias durante la identificación y entrega de los cuerpos.
La comisión emitió una recomendación en la que ordenó investigar la posible responsabilidad administrativa del personal involucrado, ofrecer una disculpa pública y reparar el daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas.
También estableció que la Fiscalía debía gestionar, con apoyo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), el acceso a atención psicológica para las personas que participaron en la identificación, levantamiento y recuperación de los cuerpos.
La Fiscalía rechazó inicialmente la recomendación. Con la llegada de la nueva fiscal, Liset Aurelia Jiménez, la institución modificó su posición, la aceptó en marzo de 2026 y se reunió con las familias para establecer una ruta de
cumplimiento.
Señalamientos contra la dueña del bar.
La primera sentencia condenatoria representa un avance, pero no concluye el caso. De acuerdo con las familias, todavía están pendientes las resoluciones relacionadas con otras cuatro personas recluidas en penales federales y estatales.
Algunos de los procesados han promovido amparos y otros recursos judiciales, lo que ha prolongado los procedimientos. Las familias continúan asistiendo a las audiencias para conocer las pruebas y vigilar que no existan nuevas omisiones.
A esos procesos se suma el caso de la mujer señalada como propietaria o encargada del bar, quien, según María, se encuentra detenida en Estados Unidos y enfrenta una eventual extradición.
Las familias la responsabilizan de haber mantenido abierto el establecimiento pese a conocer las amenazas contra el personal: “Ella sabía que iba a haber un atentado y no cerró, no liquidó, no denunció ni hizo nada. Dejó que las cosas siguieran”, afirma María.
La eventual extradición depende de que las autoridades mexicanas entreguen la documentación requerida y cumplan los acuerdos establecidos entre ambos países.
“Todo gira en torno del caso”
Las amenazas, la atención de los menores de edad, audiencias, amparos y la búsqueda de una reparación mantienen la vida de María vinculada al expediente: “No quiere decir que yo no tenga miedo, pero a veces hay que sacar el valor y seguir luchando”, dice.
Desde la muerte de su hermana también debe enfrentar los procedimientos civiles para obtener la guarda y custodia de los menores de edad que quedaron bajo su cuidado.
“Todo gira en torno del caso: ir a la Fiscalía, revisar los procesos y enfrentar ahora la guarda y custodia de los niños. Soñamos con un día en que nos digan: ‘Ya se ganó. Están encarcelados, están enjuiciados y las víctimas tenían razón’”.
Para María, la primera sentencia no termina la historia del Caballo Blanco. Todavía quedan procesos penales, recursos judiciales, una posible extradición y la reparación por las violaciones cometidas contra las familias.
Su lucha concluirá cuando todas las responsabilidades hayan sido esclarecidas y las familias puedan decirles a quienes murieron: “Ya pueden descansar en paz. Ya se logró. Ya lo logramos”.
