Cuando el 22 de septiembre último en Naciones Unidas Trump acusó, urbi et orbi, a México de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga en América Latina, dio un paso más en la presión contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y en la ofensiva que emprendió al designar a estos grupos como organizaciones terroristas. La medida llegó para quedarse, validada por los propios cárteles que cada vez más recurren al terrorismo en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue requerida de forma insistente por el gobierno de Estados Unidos para ir contra el gobernador de Sinaloa y otros políticos. Ante su negativa, el gobierno de Donald Trump emprendió en los tribunales estadunidenses las acciones contra la clase gobernante de ese estado, acusada de estar asociada con el narcotráfico.
El avance de los grupos de la delincuencia organizada ha sido continuo durante todo este siglo. No han cesado en incrementar su poder e influencia y ahora mantienen inhibido al Estado mexicano. Se han convertido en uno de los ejes de la relación bilateral y son el objetivo de una eventual intervención militar en México, tan deseado por el círculo cercano al presidente estadunidense, pese al alto costo que tendría para ambos países.
Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Política Exterior en Brookings Institution (BI), una organización no lucrativa dedicada a la revisión de políticas públicas con sede en Washington, aborda en entrevista el complicado momento de la relación bilateral en el área de seguridad, la trampa en la que está metida la presidenta Sheinbaum por sus compromisos con su partido y su mentor, el peso de la revocación de visas –como a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO– y la encrucijada que representaría para los militares mexicanos una acción armada, por mínima que sea, por parte de Estados Unidos.
Experta en conflictos internos, insurgencia, terrorismo, violencia urbana y economías ilícitas, Felbab-Brown es la directora de la iniciativa Actores Armados no estatales en BI, donde también es responsable de la serie “La crisis del fentanilo en Norteamérica y la investigación global de las drogas sintéticas”.
Ha seguido la violencia de Afganistán, Iraq, el sureste asiático y Somalia, entre otras regiones, y desde principios de la década pasada se ha enfocado en el caso de México, sobre el que ha publicado diversos títulos. El más reciente, Narco Noir: Mexico’s Cartels, Cops and Corruption.
–En su experiencia internacional, ¿cómo
evalúa el problema del narcotráfico en
México?
–Es enorme porque su poder se ha expandido mucho y se ha infiltrado profundamente en las elecciones, en el sistema político y en las economías legales. A principios de la década de 2010 hubo muchos debates sobre si México era un Estado fallido y, por supuesto, hubo mucha indignación y rechazo ante esa idea. Aunque ya no existe la “presidencia imperial” de antaño, hay instituciones centrales fuertes, incluso más fortalecidas por el expresidente López Obrador. Sin embargo, al mismo tiempo, el Estado tiene límites porque no se atreve a confrontar a estos grupos.
Y a menudo tampoco quiere hacerlo porque están muy entrelazados con la política y ayudan a conseguir votos. Además, a veces las empresas legales no quieren enfrentarse a los grupos criminales por temor a ahuyentar la inversión extranjera o a dar argumentos a políticos como Trump y alimentar discursos sobre una intervención militar o cosas por el estilo.
Así que el Estado se autolimita a la hora de confrontar a los grupos criminales debido a diversos factores. Y los ciudadanos en México también evitan la confrontación porque temen las terribles consecuencias de la violencia, no sólo en zonas rurales, también en grandes cudades.
El Estado no está colapsando. No es un Estado fallido, pero está limitado. Tiene restricciones severas para ejercer sus funciones estatales fundamentales y a menudo los ciudadanos están gobernados por los criminales. Es un gran problema, pero ¿es como Afganistán? Obviamente no. Pero, al menos desde los ochenta, el Estado se ha ido debilitando cada vez más frente a los grupos criminales.
–¿Qué tan útil es el enfoque del gobierno
mexicano respecto de la soberanía y la
autonomía para enfrentar a los criminales?
–El gobierno necesita equilibrar el impulso de una intervención militar estadunidense y eso constituye una cooperación apropiada y aceptable. Sería muy beneficioso para México y Estados Unidos si a los agentes del orden estadunidenses se les permitiera colaborar de manera mucho más amplia en operaciones de campo en México.
–¿En operaciones de campo, como
la de Chihuahua, que fue muy criticada
por la presidenta?
–Sí; eso no significa que ellos vayan a liderarlas ni que vayan a hacer lo que quieran. Obviamente eso no sería aceptable para México, y no debería serlo. Pero sí formar parte de la operación de campo propiamente dicha, no sólo estar sentados juntos en un centro de fusión conjunto, aunque eso sea mucho mejor que no estar en México.
No creo que una intervención militar o acciones militares de Estados Unidos sean algo bueno. Es muy explosivo para la relación bilateral, pero además no creo que aporten gran cosa. Estados Unidos no está capacitado ni dispuesto a llevar a cabo otra campaña de contrainsurgencia como la que se hizo en Afganistán durante dos décadas. El pueblo mexicano no lo toleraría.
Los cárteles mexicanos tienen una gran capacidad de represalia si eso llegara a ocurrir. Y pueden convertirse en héroes del tipo Pancho Villa. Si Estados Unidos bombardea algún laboratorio en vez de proporcionar inteligencia sobre él, eso no sirve de nada. No funcionó en Somalia. No funcionó en Afganistán. No va a funcionar en México. Lo que se necesita es una política sostenida por parte de los dos países que amplíe el enfoque más allá de la persecución a los líderes de los grupos criminales. Hasta cierto punto, eso ha sucedido con la administración Trump, con la intensa actividad del Departamento del Tesoro.
Sería muy positivo contar con agentes de las fuerzas del orden estadunidenses sobre el terreno, en colaboración con México. Creo que eso fortalecería la capacidad del gobierno mexicano para ampliar y mantener las operaciones. Esa es la gran laguna del actual enfoque.
–¿Hay que descartar el escenario
de una intervención militar estadunidense
en México?
–Hay personas muy influyentes en la administración Trump que abogan firmemente por una intervención directa en México. No es ningún secreto, como el subjefe de gabinete (Stephen) Miller y gente del Pentágono, incluido el secretario (Pete) Hegseth. Y hay otros que no ven con buenos ojos la idea porque dicen que tenemos una gran cooperación.
No creo que esté sobre la mesa el despliegue prolongado y a gran escala de fuerzas terrestres o, incluso, de fuerzas de operaciones especiales que operen durante semanas seguidas. Hay tentaciones y planteamientos por parte de algunos miembros de la administración –incluidos actores muy influyentes– del tipo “si tan sólo bombardeáramos tales objetivos” o “si tan sólo los elimináramos con fuerzas de operaciones especiales”. Al propio presidente Trump le gusta mucho esa idea. Lo cual es una herramienta de presión sobre México.
–¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas
mexicanas en esa eventualidad?
–Dependería del tipo de acciones. Cualquier tipo de presencia prolongada –y por prolongada hablamos de más de unas pocas horas– obligaría al gobierno y a las Fuerzas Armadas de México a tomar alguna medida de confrontación; de lo contrario, renunciarían a lo que el Ejército mexicano ha definido durante mucho tiempo como un principio fundamental: defenderse ante una intervención de Estados Unidos.
Cualquier tipo de presencia militar prolongada provocaría un choque o un gran conflicto interno en el Ejército mexicano, donde también existen diferentes facciones. Están los tradicionalistas, para quienes esto supondría una violación intolerable de la soberanía que exigiría una respuesta. Y quizás haya otros más acostumbrados a tratar con Estados Unidos. El Ejército mexicano no quiere enfrentarse a esa situación.
Lo más probable es que si Estados Unidos hiciera algo, sería una acción puntual, una sola vez. O algo a distancia; podrían ser varias cosas. Una de ellas es el escenario clásico de Estados Unidos y Pakistán tras el 11 de septiembre, cuando Estados Unidos realizó operaciones con drones en Pakistán. Para el caso de México eso sería más difícil de hacer. Resultaría muy costoso políticamente.
–¿Podría ser una operación para
capturar a alguien, como lo que
pasó en Venezuela con Nicolás
Maduro?
–Hay que pensar qué se obtiene a cambio de capturar a un individuo. Se paga un costo político y diplomático enorme por un beneficio muy limitado. La política puede parecer espectacular o servir como retórica conveniente, pero genera costos enormes y muy pocos beneficios.
–¿Es sostenible la retórica de la
presidenta Sheinbaum de que es mejor cooperar que enfrentarse a una acción unilateral de Estados Unidos?
–Sí, pero también creo que la presidenta Sheinbaum se ha creado problemas a sí misma. Está muy aferrada a la ley de seguridad nacional de 2020, que limitó severamente la presencia de las fuerzas del orden estadunidenses en México. Así surge esta doble narrativa por parte de la presidenta Sheinbaum. Por un lado, ella y el secretario (de Seguridad, Omar García) Harfuch dicen: “Nunca hemos tenido tanta cooperación con Estados Unidos como hoy”. Y por otro dicen: “Pero es absolutamente intolerable que los agentes del orden estadunidenses operen en México”.
Sabemos que durante los años del expresidente Felipe Calderón hubo presencia de fuerzas del orden estadunidenses en México; no era un ‘hagan lo que quieran’ sin control, sino que permitía, por ejemplo, que los agentes estadunidenses participaran como observadores –en misiones de observación conjunta– con el Ejército mexicano. Y creo que sería deseable contar con eso.
El hecho de que la presidenta Sheinbaum se oponga y lo critique, con el nivel de rechazo político e investigación legal como ocurrió con la gobernadora de Chihuahua, (Maru Campos) a raíz de la revelación sobre los agentes de la CIA, refuerza la postura de quienes dicen que lo que está sucediendo no es suficiente y que se necesita acción militar.
Si ella dijera: “la acción militar unilateral es intolerable —y con razón—, por lo que no consideramos que sea la herramienta adecuada por parte de Estados Unidos, pero podemos plantearnos cómo lograr que la presencia de las fuerzas del orden estadunidenses se dé de manera conjunta —y no unilateral— y en consonancia con las leyes”. Eso sería diplomáticamente poderoso y muy sensato en términos de política pública. Sin embargo, ella también ha rechazado esa opción.
–¿Cómo explica la reticencia del
gobierno mexicano de extraditar
a Estados Unidos al gobernador
Rubén Rocha y al senador
Enrique Izunza?
–Convergen múltiples factores; uno de ellos, y obviamente muy importante, es Morena y los imperativos políticos de la presidenta Sheinbaum. México se dirige hacia unas elecciones de mitad de mandato. Ella es partidaria de la “Cuarta Transformación”; se ve a sí misma llevando a cabo una misión y no quiere que todo eso se desmorone cuando lleguen las próximas elecciones presidenciales. Y eso implica mantener la unidad de Morena.
Además, alguien como el gobernador Rocha es obviamente muy cercano al expresidente López Obrador; los hijos de ambos son muy cercanos entre sí y socios comerciales. Así que existen esas conexiones políticas.
La presidenta Sheinbaum fue colaboradora cercana de López Obrador durante muchos años. Por tanto, ella se enfrenta a una especie de referéndum (sobre su gestión), y él tiene mucho control sobre ese referéndum; ella es cercana a él. Extraditar a Rubén Rocha resulta políticamente complicado –o imposible– por lo que ello implica para la unidad de Morena.
La acusación formal fue precedida por un largo proceso de preparación. Hacia marzo de 2025, la administración Trump estuvo presionando a la presidenta para que actuara contra Rubén Rocha, entre otros.
Hubo un largo proceso previo, con un flujo constante de altos funcionarios estadunidenses que venían a plantear el asunto, diciendo que esta presunta corrupción era excesiva, intolerable. Decían: “Hay que tomar medidas contra ellos”. Y ella no lo hizo. Y entonces llegaron las acusaciones formales.
Estados Unidos también se ha acorralado a sí mismo. Podría haber presentado los cargos y solicitado la extradición; pero, tras haber pedido públicamente la extradición, ¿qué hará Estados Unidos si ella no accede?
Estamos en un punto muerto. Si ella cede, parece débil. Si Estados Unidos cede y no logra conseguirlo, parece débil. En esta cuerda floja de la diplomacia no hay un término medio para ninguno de los dos países. O ella se rinde o Estados Unidos se rinde, pero no hay una solución conjunta.
–¿La revocación de visas es el aviso
de una escalada por parte de Estados
Unidos?
–Podría ser, pero no tiene por qué ser inevitable. El nivel de base probatoria necesaria para revocar visas es mucho menor que la de una acusación. Hemos visto a la administración Trump actuar mucho más políticamente para negar visas que antes y está usando una cláusula de hace varios siglos para invocar la seguridad nacional en términos muy amplios –tal como hizo López Obrador en otros contextos–, para revocar esas visas.
–¿La revocación de visas se decide
por la sospecha de formar parte de
organizaciones criminales?
–No tiene por qué ser eso. Existen diversas formas de hacerlo. El Departamento de Estado puede actuar por cuenta propia y basarse en una amplia variedad de factores. Ahora la administración Trump está utilizando las críticas hacia el propio Trump como motivo para revocar visas.
Pero también pueden darse situaciones en las que el Departamento del Tesoro o el de Justicia acudan al Departamento de Estado y digan: “Oigan, sospechamos que existen vínculos o colusión con grupos criminales; aún no estamos listos para presentar una acusación formal, pero suspendan la visa”.
–O por lavado de dinero
–Sí, absolutamente. Podría tratarse de una gran variedad de casos. Podría haber sospechas de actividades delictivas, así como un amplio conjunto de otros factores que podrían llevar a la revocación de la visa.
–¿Qué tan efectiva ha sido la decisión
del presidente Trump de designar a
los cárteles mexicanos como
organizaciones terroristas extranjeras?
–El gran cambio radica en que esta designación otorga al ejército estadunidense un mandato legal. Eso no significa que lo siguiente que haga el ejército sea abrir fuego. Pero sin esa designación no podría –la mayor parte de las veces– recopilar inteligencia, por ejemplo. Digo la mayor parte de las veces porque existe el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Fuerza de Tarea Antinarcóticos, centrada principalmente en la cocaína, en la que el Congreso autorizó al ejército estadunidense desempeñar un papel desde principios de los noventa. Ahora cuenta con un mandato ampliado para dicha recopilación y existe una posibilidad prima facie de una mayor acción militar.
También se ha ampliado la prioridad de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos para recopilar información más allá del ámbito estrictamente militar, y se ha intensificado el enfoque de los fiscales y del Departamento del Tesoro.
Existen cláusulas relativas al apoyo material. Sin embargo, con la etiqueta de terrorismo, todo esto cobra una urgencia y una prioridad máximas. El FBI o la CIA perseguían a Al-Qaeda con mucha más energía, determinación y prioridad, y los fiscales estadunidenses construían su reputación y carrera persiguiendo a Al-Qaeda mucho más que a los cárteles mexicanos. Ahora las condiciones se han equiparado.
En ambas circunstancias –y particularmente bajo la designación de organización terrorista extranjera– se aplican cláusulas rigurosas sobre el apoyo material. Esto significa que si alguien entrega un lápiz, un oso de peluche, una taza de café o un vaso de agua a un miembro del Cártel de Sinaloa (CS) o del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está infringiendo las cláusulas estadunidenses sobre apoyo material.
Esto se vuelve muy complicado: ¿dónde se traza la línea? ¿Acaso un consumidor de drogas en Estados Unidos que compra fentanilo proveniente de México está brindando apoyo material a un grupo terrorista? Un fiscal estadunidense podría decir que sí. Y entonces ese consumidor podría terminar en prisión durante 40 años. No hemos visto a la administración Trump presentar cargos de ese tipo.
Del mismo modo, ¿qué pasa con alguien que se ve obligado a pagar una cuota de extorsión? Un productor de aguacates que exporta a Estados Unidos, pero que paga cada mes a La Familia Michoacana o a quien sea, en los tribunales se puede alegar coacción: “Lo hice porque, de lo contrario, me matarían o torturarían a mis hijos”. Esos temores son muy reales en México.
Los tribunales y jurados estadounidenses suelen desestimar el argumento de la coacción; los fiscales argumentan que otras personas viven en circunstancias similares y no han colaborado. Pero no hemos visto acusaciones descabelladas por parte del Departamento del Tesoro o el de Justicia.
–Parece que esta designación de los cárteles
mexicanos como organización terrorista
extranjera se mantendrá más allá de la
administración Trump.
–Es muy probable. Legalmente, una vez emitida, la medida sigue en pie. Y luego, una nueva administración puede volver a designar. Cuando llegue la próxima administración las designaciones permanecerán vigentes, pero la (nueva) administración tendría que tomar medidas activas para retirar la designación. Es necesario demostrar que una serie de factores han cambiado radicalmente.
No será fácil para la próxima administración retirar esa designación. Es muy difícil revertirla. Por ejemplo, con las FARC, de Colombia, Estados Unidos tuvo que demostrar la existencia del acuerdo de paz y detallar los acontecimientos previos antes de poder retirar la
designación.
Varias administraciones anteriores a la de Trump también consideraron esta designación. Ocurrió con Biden, con Obama y durante la primera administración de Trump. Y todas decidieron no llevarla a cabo, ya que es difícil revertir una medida así, dado que el gobierno mexicano se oponía rotundamente a ella. La administración Trump ha designado ya a más de 20 grupos en toda América Latina.
–¿Son realmente terroristas
los cárteles mexicanos?
–Depende de lo que signifique que un grupo sea terrorista. Pese a que hablamos de esto 25 años después del 11 de Septiembre, todavía no hay coherencia en esa etiqueta. La definición más común de grupo terrorista es que atacan a no combatientes. Los cárteles mexicanos ciertamente hacen eso. Son enormemente abusivos y violentos, y matan a civiles. Así que, bajo ese criterio, califican.
Otra definición es que buscan generar efectos psicológicos y terror psicológico. Eso ciertamente se observa. La naturaleza de sus acciones –como las del CJNG–, el descaro, los convoyes militares, el uso de drones es comparable a estar en una zona de guerra; e incluso con Sinaloa y los dos Culiacanazos.
Según los estándares internacionales de definición, sí, los grupos cumplen con ese criterio. ¿Se comportan de esa manera? ¿Aterrorizan deliberadamente tanto a la sociedad como al Estado? Sí, absolutamente. ¿Intentan generar efectos psicológicos? Sí. ¿Discriminan contra los civiles? No. O sea, ¿atacan únicamente objetivos militares? No. Vemos que los cárteles se vuelven mucho más brutales, mucho más violentos: el uso de drones como armas, los artefactos explosivos improvisados (IED). Todo esto se parece cada vez más a una insurgencia violenta.
–El gobierno de la presidenta
Sheinbaum dice que no hay
terrorismo en México.
–Sí, eso dice. Existe una tercera definición que plantea que la cuestión no es si se discrimina o no a los civiles, sino que se trata de ambición política. Por lo tanto, esto serviría para clasificar a los grupos motivados por intereses económicos como grupos criminales, mientras que aquellos con motivaciones políticas pueden clasificarse como grupos terroristas. No creo que ésa sea la forma correcta de abordarlo, porque se pasa por alto un aspecto crucial: los grupos criminales tienen efectos políticos. Tienen objetivos políticos y generan efectos políticos.
Estamos en un punto muerto. Si ella cede, parece débil. Si Estados Unidos cede y no logra conseguirlo, parece débil. En esta cuerda floja de la diplomacia no hay un término medio para ninguno de los dos países. O ella se rinde o Estados Unidos se rinde, pero no hay una solución conjunta.
Tienen metas políticas; actúan en función de ellas y generan efectos políticos. ¿Qué hay más político que eso? Dinero y balas en las calles. Es un efecto profundamente político. Tanto si se busca como si no, las consecuencias son profundamente políticas. Soy consciente de que el gobierno mexicano afirma que no existe terrorismo y se ha opuesto rotundamente a esta idea. Pero no creo que basarse en la definición de si la motivación es el dinero o la ideología sea realmente la mejor manera de analizarlo.
