domingo 15 de noviembre de 2026

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La captura de niños y adolescentes por el crimen organizado en Michoacán se ha sostenido durante las últimas dos décadas. En 2025 se registraron mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia. En los cinco años del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla suman 370, frente a 221 en el sexenio anterior. El gobernador habló de incorporaciones voluntarias, algo que activistas rechazan, pues para ellos todo reclutamiento de menores de edad es forzado.

MORELIA, Mich.– El sonido de las balas irrumpió en la localidad Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, el 30 de agosto último. A Jesús Chuchito Nini la vida se le escapó por la carne herida cuando, en la refriega, fue alcanzado por los disparos. El operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para capturar a su tío, Enrique Barragán Chávez, el R5, uno de los cabecillas del cártel de Los Reyes, cobró la vida de ambos.

A sus 15 años Chuchito Nini ya fungía como lugarteniente y jefe de escoltas del R5. Su caso es uno más en la participación de niños y adolescentes dentro de los grupos del crimen organizado en Michoacán, y es evidencia de cómo el reclutamiento forzado de menores ha prevalecido durante las dos últimas décadas en el estado.

En su Informe Anual del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, la Secretaría de Gobernación consignó para 2025 mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas de este fenómeno en Michoacán, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia.

Frente al caso de Chuchito Nini el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que en Michoacán “existen casos” de reclutamiento forzado, aunque buscó minimizarlos al señalar que algunos menores se incorporan voluntariamente a los grupos delictivos.

Julio César Franco Gutiérrez, del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), aclara que todo reclutamiento de niños y adolescentes es forzado “porque recordemos que no existe consentimiento aceptable en el caso de menores de edad para su participación con grupos delictivos”.

En este rango poblacional el crimen organizado ha encontrado “una cantera muy útil para sus intereses” –refiere Franco–, debido en parte a las reformas implementadas en 2008 al sistema penal, que dieron pie a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en 2012, y posteriormente, en 2016, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El activista lamenta: “Si bien se establece una serie de principios garantistas hacia este sector poblacional, que en teoría son muy buenos, en la práctica la delincuencia ha echado mano de ellos”. Subraya que esto demuestra la sofisticación del crimen organizado para analizar los marcos legales y hacer uso, a su conveniencia, de los mismos.

Los desaparecen para retenerlos

Cuando en julio último Evangelina Contreras Ceja, junto con sus compañeras del Colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), regresó de una búsqueda en fosas de Ario de Rayón, municipio de Zamora, supo que se había registrado un enfrentamiento en ese lugar en el que un hombre fue abatido. En la calle, seis adolescentes jugaban futbol y fueron desaparecidos.

“Estaban jugando, así nada más y se los llevaron. Solamente una mamá fue la que denunció y se movió para que le regresaran a su hijo. Se lo devolvieron todo golpeado, a los otros no, porque las familias no denunciaron. Yo creo que iban a reclutar a los niños, pero como vieron a la policía se hizo la balacera y el desorden, pero igual se los llevaron y sólo uno apareció”.

Este año en Michoacán 83 niños y adolescentes han desaparecido sin ser localizados, 51 de ellos hombres y 32 mujeres. Morelia es el municipio con más casos, 11 en total, seguido de Zamora (10 casos), Apatzingán (nueve), Uruapan (ocho), Puruándiro (siete) y Lázaro Cárdenas (siete). El resto se ha reportado en otros 17 municipios conforme a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Durante los cinco años del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla 370 menores de edad han desaparecido sin ser localizados. En el sexenio que le antecedió, el de Silvano Aureoles Conejo, fueron 221.

“Muchas personas no denuncian, saben que es reclutamiento y tienen miedo de que a sus niños se los asesinen. A veces la Fiscalía es parte del problema y puede ir a avisarles, pero también hay muchas posibilidades de que regresen con vida. A esos niños los van a traer reclutados, los van a deshumanizar por completo o los usan como carne de cañón y van a morir de todos modos. Por eso es mejor luchar y recuperarlos”, dice Evangelina.

Denuncia que en ocasiones es la propia Fiscalía General del Estado la que participa en el proceso de reclutamiento: “Se llevan a los niños por cualquier cosa, los familiares los ubican en barandilla y después resulta que ya no están, y cuando las familias reclaman qué pasó, les dicen que los dejaron ir, que algún amigo fue por ellos, pero ¿cómo vas a entregar a un menor de edad a alguien que dice ser su amigo y no un familiar?”.

Carne de cañón

El primero de noviembre de 2025, entre la gente congregada en la inauguración del Festival de Las Velas en Uruapan, Víctor Manuel se abrió paso hasta el alcalde Carlos Manzo Rodríguez sobre quien, en siete ocasiones, accionó la pistola calibre nueve milímetros que llevaba en la mano. Minutos después, ya sometido, fue abatido a sus 17 años en una ejecución extrajudicial captada en videos, por el jefe de escoltas del edil.

Víctor Manuel fue el ejecutor material del homicidio, en el entramado de una red operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para asesinar a Manzo conforme han evidenciado las investigaciones del caso.

Niños y adolescentes en Michoacán han sido utilizados como carne de cañón por la delincuencia organizada y grupos de autodefensa en un fenómeno que se mantiene y se ha transformado durante una veintena de años, desde que Felipe Calderón Hinojosa dio inicio desde este estado a la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El estudio “Análisis de Contexto sobre la Trata de Personas y Reclutamiento por Grupos de la Delincuencia Organizada de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Michoacán”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, presentado este año, documenta esta problemática desde 2006.

Ahí se expone cómo la violencia se agudizó con el crecimiento de La Familia Michoacana y, posteriormente, Los Caballeros Templarios que incorporaron menores de edad como halcones, transportistas de droga y combatientes, mediante amenazas, coacción, adoctrinamiento y promesas de dinero o pertenencia. A partir de 2013 las autodefensas también reclutaron adolescentes para participar en enfrentamientos, y aunque estas prácticas disminuyeron en algunos periodos el reclutamiento persiste en zonas rurales y urbanas, con nuevos métodos que incluyen redes sociales, pagos y amenazas a las familias.

Al respecto, Julio Franco, del OSHRA, apunta que la diferencia entre el reclutamiento por autodefensas y delincuencia radica, principalmente, en el propósito. Mientras algunas autodefensas surgieron legítimamente para recuperar la seguridad que el Estado no garantizaba y proteger a sus comunidades, otras fueron financiadas, armadas e instrumentalizadas por grupos criminales para debilitar rivales y facilitar su expansión territorial. En ambos casos, subraya, hubo incorporación de menores.

El activista destaca además cómo en Michoacán, dentro de las organizaciones criminales, se han registrado células específicas integradas por menores de edad.

El 30 de enero de 2022, tras un enfrentamiento entre 18 integrantes del CJNG y elementos del Ejército Mexicano, en la comunidad Ojo de Agua del municipio de Zamora, dos de los atacantes fueron abatidos sin que se informara su edad, y entre los detenidos se reportaron al menos ocho hombres y mujeres de entre 13 y 17 años, el resto no superaba los 21 años.

Violencia y narcocultura

Édgar y Marco abordaron el taxi que los esperaba en su comunidad, Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, para llevarlos rumbo a Apatzingán. Esa mañana del 29 de mayo último los adolescentes de 13 y 14 años viajaron para ser reclutados por el CJNG, luego de recibir “una oferta de trabajo”. Tras la movilización comunal y familiar, vía bloqueo de una carretera durante un par de días, ambos fueron localizados ya con el pelo a rape, pero a salvo.

Las centrales de autobuses son lugares de tránsito de menores en vías de reclutamiento. En Morelia la Dirección de la Terminal de Autobuses, en coordinación con la Secretaría Municipal de la Mujer, dentro del programa “Punto Naranja”, ha interceptado y devuelto a sus familias a 18 niños y adolescentes que viajaban solos, con probabilidades de ser víctimas de reclutamiento.

“Es muy difícil decir con certeza si es o no reclutamiento porque los chavos no te cuentan nada, absolutamente nada”, aclara Nuria Hernández Abarca, secretaria de la Mujer en Morelia, “lo que se hace es contactar a los padres para regresárselos”. Informa que los lugares destino son Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Nueva Italia.

“La violencia está normalizada, así se transita, por el deseo de tener cosas”, refiere Yuritsikiri Campos Anguiano, profesora de Telesecundaria en la Meseta Purépecha. “Mis alumnos quieren un iPhone, su mayor sueño es tener una troca para poner corridos tumbados, entonces son carne de cañón. Si llegan y les dicen ‘te voy a dar un iPhone y vas a tener esto y lo otro’, pues los niños dicen sí, va. En ese sentido las familias no tienen elementos para contrarrestar porque los papás están tratando de resolver sus propias vidas, sus propios problemas económicos”.

La Fiscalía General del Estado reporta 40 menores de edad vinculados a proceso por delitos de alto impacto entre agosto de 2025 y junio de 2026. Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la institución, ha informado que entre estos casos las investigaciones evidencian el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para participar en delitos como el homicidio y el secuestro.

Yuritsikiri Campos considera como motivación de este fenómeno dos grades razones: el dinero y la llamada narcocultura. “Los muchachos tienen el rollo de decir: voy a darle al 100 y voy a tener lo que yo quiero, aunque después tenga que morir. En el fondo es la desesperanza sobre su futuro; y entonces una trabaja como profesora todos los días con eso”.