domingo 15 de noviembre de 2026

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El traslado de víctimas entre entidades dificulta la coordinación de autoridades y la búsqueda de las familias. Jalisco es punto de origen de casos recientes de adolescentes llevados a Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Sinaloa. Más de 60% de los desaparecidos en México tiene entre 10 y 25 años. La falta de un delito específico de reclutamiento forzado mantiene un vacío legal que obstaculiza investigar y atender estos casos.

Guadalajara, Jal.– Dos hermanos de 15 y 16 años fueron privados de la libertad y llevados a una casa de seguridad en Lomas de Tesistán, en Zapopan, Jalisco. Ahí fueron encadenados y golpeados. El inmueble contaba con dos cuartos acondicionados como celdas, con grilletes y diversos objetos utilizados para torturar, entre ellos tablas y machetes.

Los adolescentes estaban cautivos junto con dos hombres adultos, quienes habían sido privados de la libertad cuando estaban reparando un vehículo.

El sitio fue descubierto el 12 de julio último, luego de que se reportaran movimientos sospechosos. El operativo estuvo a cargo del Ejército.

“Fue personal del Ejército mexicano que en su momento logró la liberación de estas personas. Desde luego consideramos que es una casa de seguridad dadas las condiciones en que se encontraba y los objetos que en su momento se llegaron a encontrar en el lugar. Eran dos cuartos tipo celdas. Había grilletes, se encontraron diversos objetos relacionados con tortura, tablas, machetes y cosas de esas. Lamentablemente no se logró la detención en ese momento de alguna persona”, declaró el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos.

De acuerdo con el fiscal, los dos adultos contaban con denuncias previas por desaparición. En el caso de los adolescentes no existía un reporte formal porque su madre apenas se disponía a denunciar cuando recibió la notificación del Ejército sobre su localización.

El hallazgo llevó a las autoridades hasta otra propiedad, ubicada prácticamente “a la vuelta” de la casa de seguridad, a media cuadra. En ese inmueble fueron encontrados más de un centenar de equipos de cómputo interconectados mediante cableado industrial, que se sospecha operaba como un call center o centro de monitoreo.

Ante las características del sitio y la posibilidad de que estuviera relacionado con actividades de lavado de dinero, la Fiscalía del estado notificó a instancias federales y dio la información a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República.

Lo ocurrido en Lomas de Tesistán es una de las expresiones más extremas del fenómeno: adolescentes privados de la libertad, trasladados a inmuebles utilizados como centros de cautiverio y sometidos a violencia.

Otros casos revelan una dinámica distinta: jóvenes contactados en su entorno cotidiano, amenazados, llevados por la fuerza o atraídos mediante falsas ofertas de empleo y posteriormente trasladados a otras entidades.

Jeremy fue llevado de Tonalá a Mazatlán

El 15 de julio de 2026, aproximadamente a las 4:45 de la tarde, Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, salió de su casa en el fraccionamiento Hacienda Real, en Tonalá, Jalisco. Llevaba únicamente una mochila. Su motocicleta se quedó en la vivienda.

Un mes antes había comenzado a trabajar como repartidor en un negocio de mariscos de la zona de la Central Camionera de Guadalajara. Había dejado la secundaria porque ya no quería estudiar y decidió comenzar a trabajar. Con lo que ganaba en la marisquería pagaba esa motocicleta.

Fue en ese entorno donde comenzaron los contactos que lo buscaban por teléfono y también de manera presencial. Le pedían que acudiera a un punto y, cuando se negaba, lo amenazaban.

“Ven, ven, ven”, le decían, de acuerdo con lo que le relató a una mujer de confianza con la que Jeremy trabajaba.

El adolescente no contó directamente a su familia lo que estaba ocurriendo. Se lo confió a esa mujer, quien le aconsejó que hablara con su mamá. Jeremy se negó porque no quería preocuparla ni darle problemas.

Al día siguiente de su desaparición, sus hermanos y su novia recibieron mensajes supuestamente enviados por Jeremy. En ellos decía que los quería mucho, que se iba y que ya no había nada que hacer. También señalaban que lo trasladarían a otro estado.

La madre de Jeremy, Marisela Anaya Gallardo, acudió a la Fiscalía del Estado la mañana del 16 de julio para denunciar la desaparición de su hijo.

Durante la búsqueda, el teléfono de Jeremy fue ubicado en Santa María de la Paz, Zacatecas. La familia recibió además información de que sería trasladado hacia El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con Marisela, la vicefiscalía le informó sobre la existencia de campamentos de reclutamiento en Zacatecas y sobre al menos siete menores que habrían sido reclutados entre esa entidad y Michoacán.

“Mi niño salió de aquí, de Jalisco. De aquí lo reclutaron, de aquí se lo llevaron”, afirmó la madre.

El 21 de agosto, 37 días después de aquella tarde, Jeremy fue localizado con vida, aunque con una lesión en una mano, en Mazatlán, Sinaloa, junto con Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, quien había sido reportado como desaparecido el mismo día que Jeremy, el 15 de julio, en Tlajomulco.

Jeremy y Dominic escaparon de un lugar ubicado en una zona identificada como un área “donde se han registrado numerosos casos de reclutamiento de jóvenes”, de acuerdo con lo que relató la representante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro Lugo, quien señaló que en el sitio podría haber otras víctimas, incluidos jóvenes extranjeros, por lo que las autoridades mantenían la búsqueda bajo reserva.

El caso de Jeremy permite observar otra característica de estas redes: el traslado de las víctimas entre entidades, una práctica que puede dificultar la coordinación de las autoridades y las labores de búsqueda de las familias.

Jalisco aparece como punto de origen de varios casos recientes en los que adolescentes han sido llevados a Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Sinaloa, según información recibida por familiares y expuesta por las autoridades.

Bruno Santiago Arámbula González y Héctor Figueroa, ambos de 15 años, fueron reportados como desaparecidos el 27 de julio en Lomas del Mirador, Tlajomulco, después de salir tras recibir una presunta falsa oferta de trabajo.

De acuerdo con la vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco, fueron trasladados primero a Zacatecas y después a Guerrero, y localizados con vida el 11 de agosto en Zirándaro. La autoridad reconoció que el traslado entre entidades forma parte de una dinámica utilizada por redes de reclutamiento para dificultar las búsquedas.

Otro caso es el de David Emiliano Salas Bonilla, de 14 años, reclutado y llevado a la sierra de Nayarit, según la vicefiscalía.

La versión surgió del testimonio de otro joven reclutado, localizado herido en un hospital de esa entidad, quien declaró que los adolescentes eran obligados a manejar vehículos y encartuchar armas.

Su madre, Martha Leticia Bonilla, rechazó que su hijo se hubiera incorporado voluntariamente. Aseguró que tras la desaparición recibió mensajes en los que amenazaban con matarla a ella y a otro de sus hijos. La última ubicación del teléfono de David Emiliano coincidió con el domicilio de un excompañero de secundaria, a quien identifica como presunto responsable de su captación.

“Son niños los que andan en la sierra manejando armas, encartuchando. No es justo. Mi hijo está enfermo. Yo quiero a mi hijo de regreso”, reclamó.

La Fiscalía de Jalisco informó a la familia que envió un oficio de colaboración a Nayarit. Bonilla consideró insuficiente esa medida y exigió la intervención del gobierno federal.

Los casos no son aislados. En México, más de 60% de las personas desaparecidas tiene entre 10 y 25 años, de acuerdo con Grace Fernández, de BÚSCAME (Buscando Desaparecidos México).

Al 20 de septiembre de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba 22 mil 827 personas de cero a 19 años desaparecidas y que permanecen sin localizar, 17.39% de las 131 mil 290 registradas en el país de todas las edades. Jalisco figura entre las diez entidades con más casos en ese grupo de edad.

Las rutas: de Jalisco a la sierra, y más allá

La vicefiscal en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, explicó que las investigaciones apuntan a una transformación en los mecanismos de traslado: los jóvenes son llevados a sitios alejados de las ciudades y de las principales vías de comunicación.

“Aparentemente todo nos orienta a que fueron sacados de Jalisco y muy probablemente convergieron en el estado de Zacatecas, y finalmente son localizados en Guerrero; eso no lo veíamos en casos de años pasados. Generalmente los movían a un estado y ahí permanecían, pero ahorita sí, en los últimos casos hemos visto la incidencia hasta de dos entidades diversas a Jalisco”, señaló.

Carmen Chinas Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la UdeG, confirmó ese patrón: las redes pueden trasladar a los adolescentes entre Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Sinaloa, lo que exige coordinación entre fiscalías.

El patrón no se limita a Jalisco. Forma parte de una dinámica regional documentada por organismos internacionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica al llamado Corredor del Pacífico –Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa– como una región donde las desapariciones están estrechamente relacionadas con el crimen organizado.

Cecilia Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, señaló que sobrevivientes proporcionaron información sobre al menos 33 sitios usados presuntamente para captación y adiestramiento en territorio jalisciense.

“Continúa esta práctica de llevarlos de un estado a otro”, advirtió.

La escala del fenómeno en Jalisco queda documentada en las cifras oficiales: uno de cada cinco desaparecidos históricos en la entidad tiene entre 0 y 19 años, y los hombres de 15 a 19 años concentran 698 de los mil 171 casos registrados entre 2019 y 2025, frente a 165 mujeres del mismo grupo.

La distribución cambia de forma abrupta a partir de los 15 años: entre menores de esa edad los casos son prácticamente iguales por sexo, pero al pasar al grupo de 15 a 19 años los casos entre hombres se multiplican por siete.

El comportamiento se agravó en 2025: las desapariciones de mujeres de 15 a 19 años aumentaron 138% respecto de 2024, y las de hombres de 0 a 14 años crecieron 90 por ciento.

Los datos provienen del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD), administrado por la Comisión de Búsqueda de Jalisco, y deben leerse con cautela frente al RNPDNO: la serie histórica federal refleja una caída abrupta en 2022-2024 que coincide con el periodo en que Jalisco dejó de enviar información al registro nacional, entre marzo de 2022 y marzo de 2025.

Cómo captan: de las falsas ofertas de empleo a las maquinitas

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, reconoció un cambio en las estrategias de captación: la edad de las víctimas ha disminuido y los puntos de contacto se han diversificado. Ya no se limitan a redes sociales, sino que también incluyen plazas comerciales y
restaurantes.

Las falsas ofertas de empleo constituyen la modalidad más señalada por autoridades, familias y especialistas. El mecanismo quedó expuesto tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, en marzo de 2025.

La investigadora Elena Azaola, antropóloga y especialista con más de 40 años de trayectoria en el estudio de la violencia, identificó otro mecanismo: comercios con maquinitas de juego, muchas veces impuestas por los propios grupos criminales, donde los captadores identifican a niños que pasan horas sin supervisión familiar.

“Estos niños están siendo observados por esas personas que controlan esos sitios”, señaló.

Primero les dan monedas para que sigan jugando y después, de forma gradual, drogas como anfetaminas, lo que puede generar una doble dependencia y aumentar su vulnerabilidad al enganche. Azaola urgió a tipificar el reclutamiento como delito.

Javier Espinosa, integrante del colectivo Caso Maverick en Aguascalientes e impulsor de la Unión RIAPD (Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas), que agrupa a 130 colectivos de 26 entidades, señaló que el panorama ha cambiado en dos décadas: de actividades menores como el “halconeo” a roles dentro de las estructuras criminales, con adolescentes que pueden desempeñarse como escoltas a los 15 años o manejar explosivos a los 18.

Los métodos de captación también se modernizaron, con redes sociales y videojuegos.

Para prevenir el reclutamiento, la estrategia del gobierno de Jalisco contempla materiales informativos en centrales camioneras, mercados y escuelas, además de acciones coordinadas con Guardia Nacional, Sedena, policías municipales y Fiscalía.

La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya Sánchez, informó que Jalisco relanzó la campaña “No es lo que parece” y monitorea redes sociales para detectar cuentas utilizadas para ofrecer estos trabajos.

La evidencia física de hacia dónde pueden conducir estos mecanismos está también en los ranchos bajo investigación.

En Zapopan, el Ejército aseguró un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, donde fueron detenidos seis hombres –uno de ellos, con ficha de desaparición– y decomisadas armas, equipo táctico y objetos que indican la presencia de personas.

El inmueble es investigado para determinar si era utilizado para concentrar, adiestrar o reclutar personas para una organización criminal.

“Los jóvenes no es que quieran ir a integrarse a un grupo delincuencial, la mayoría de los casos estaban buscando un trabajo honesto, y lo que sucede es que esas falsas ofertas de empleo los llevan al engaño y luego al reclutamiento forzado”, explicó Chinas Salazar.

La especialista cuestionó que las desapariciones se atribuyan inicialmente a decisiones voluntarias, pues eso puede retrasar las búsquedas y revictimizar a las familias.

Ese dilema tiene, según Irving Rosales, investigador de la Universidad Iberoamericana, una raíz estructural. El académico refiere que uno de cada 10 niñas y niños de 13 a 15 años habría reportado haber sido contactado por grupos criminales en México, y que más de 30 mil menores estarían involucrados en alguna forma de crimen organizado.

Rosales planteó que en situaciones de pobreza e instituciones débiles, el dilema puede ser más complejo que elegir entre escuela o trabajo.

Falla institucional

La desaparición de adolescentes continúa en aumento ante la ausencia de políticas de prevención, denunció Fernández, de BÚSCAME.

Indicó que mientras el sexenio de Enrique Peña Nieto cerró con un promedio de 12 desapariciones diarias, hoy la cifra se disparó a 45 al día, sostuvo.

La activista rechazó el discurso que revictimiza a los menores al atribuir su reclutamiento a una decisión propia. “Es la forma más vil y ruin de evitar la responsabilidad de investigar y buscarles”, afirmó.

Detalló que la mayoría son captados mediante violencia extrema y amenazas de muerte contra ellos y sus familias y que bajo la premisa de “cooperas o piso” son obligados a cometer delitos.

Pese al aumento, las autoridades reportan una baja en homicidios dolosos, lo cual Fernández califica como un espejismo estadístico: al no haber cuerpo localizado el delito no se contabiliza.

“La desaparición es el paradigma del crimen perfecto en México… el cuerpo está oculto en una fosa clandestina”, aseveró.

Lejos de fortalecerse, las instituciones de procuración de justicia enfrentan retrocesos. A principios de año la FGR sufrió una reducción de ministerios públicos que elevó la carga de trabajo de 60 a hasta 100 carpetas por agente.

Espinosa, de la Unión RIAPD, detalló además una evolución en los niveles de violencia: técnicas extremas para desaparecer cuerpos, desde la disolución en ácido hasta el retiro de tatuajes mediante tortura para evitar la identificación.

También manifestó que las familias buscadoras enfrentan ataques institucionales de gobiernos locales que buscan desacreditarlas para no afectar su imagen pública, lo que ha obligado a activistas a huir de sus estados de origen.

La ley pendiente

Hace dos años el Comité Universitario de la UdeG alertó que el perfil de las víctimas en Jalisco estaba cambiando: las desapariciones de varones, antes concentradas entre los 18 y 25 años, comenzaban a afectar a adolescentes de 15 a 19.

“Lo que ha sucedido desde ese comunicado hasta ahora, pues es que lamentablemente la situación ha confirmado este análisis preliminar”, afirmó Chinas Salazar.

El Congreso de Jalisco ya aprobó la Ley para Prevenir el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco.

Sin embargo, la falta de un delito específico de reclutamiento forzado mantiene un vacío legal que, según el colectivo Luz de Esperanza y la diputada de Movimiento Ciudadano Mónica Magaña Mendoza, dificulta investigar y atender estos casos.

Según el Sistema de Información Legislativa del Estado de Jalisco (Infolej), el intento de tipificar el reclutamiento suma al menos dos iniciativas integrales, presentadas en la pasada y la actual Legislatura.

Actualmente falta que el pleno apruebe la reforma para tipificar el delito, dictamen ya avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que propone una sanción de 15 años de cárcel por el reclutamiento y de 20 cuando se cometa contra menores de edad.

“En la ley, lamentablemente, así de anacrónico, no está ni siquiera el concepto. No existe”, dijo la
legisladora.

Magaña sostuvo que la tipificación permitiría distinguir los casos de fuero común de aquellos relacionados con delincuencia organizada, que corresponden a la Federación, y evitar que las investigaciones queden sin una ruta clara.

Las sanciones aún están en discusión, mientras también se analiza crear una instancia especializada para prevenir y atender el reclutamiento.