domingo 15 de noviembre de 2026

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En septiembre de 2011 un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por el Comandante Tornado, abandonó 35 cuerpos en pleno día sobre el bulevar de Boca del Río, Veracruz. El grupo había llegado 20 días antes con la orden de eliminar a Los Zetas y tomar el control de la plaza. En dos semanas secuestraron y asesinaron a 67 personas dejando 35 como mensaje público. Quince años después, el testimonio de un sobreviviente y una sentencia de 70 años de cárcel contra uno de los autores intelectuales permitieron reconstruir esos hechos de terror.

XALAPA, Ver.– Siete minutos bastaron para abandonar 35 cuerpos a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas de Boca del Río.

Era septiembre de 2011. Cinco vehículos bloquearon el tránsito mientras dos camionetas se detenían sobre el bulevar. Entre 10 y 15 hombres encapuchados descendieron, bajaron los cuerpos y los dejaron sobre el asfalto. Después huyeron hacia casas de seguridad, donde la instrucción era resguardarse y esperar nuevas órdenes.

El grupo llegó al puerto de Veracruz apenas 20 días antes. La orden provenía de César Cazarín Molina, alias el Comandante Tornado, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho –abatido el 22 de febrero último–: había que hacer una limpia de Los Zetas y quedarse con el negocio del tráfico de drogas.

En sólo dos semanas el comando secuestró y asesinó a 67 personas. Las víctimas eran señaladas, sin más prueba que una sospecha, de pertenecer o colaborar con el grupo rival. Treinta y cinco de ellas terminaron expuestas en Boca del Río, en una operación que tenía como finalidad enviar un mensaje público violento.

Quince años después la sentencia de 70 años de prisión contra Víctor Hugo “N”, identificado como uno de los autores intelectuales, permite reconstruir por primera vez, mediante las declaraciones de los propios sicarios, cómo se organizaron y ejecutaron aquellas semanas.

Los expedientes judiciales de la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada –consultados por Proceso– revelan la llegada del comando, el uso de casas de seguridad, el traslado de las víctimas y las órdenes que precedieron a los asesinatos. También recuperan la voz del único sobreviviente: un hombre que soportó días de cautiverio y tortura, que fingió estar muerto y pudo contar lo ocurrido dentro de uno de esos inmuebles.

La planeación

A finales de agosto de 2011 Alfredo Carmona, el Capi, recibió dos mil pesos para viáticos, la instrucción de trasladarse al puerto de Veracruz y ponerse bajo las órdenes del Potro, jefe de plaza de la organización.

Carmona ingresó al grupo en 2009 como chofer y halcón, según declaró ante las autoridades. En Veracruz se integraría a un comando que después sería conocido como Los Matazetas, brazo armado del CJNG. Eran los primeros años del gobierno de Javier Duarte y Los Zetas mantenían el control criminal de buena parte del territorio.

Cuando el Capi llegó la operación ya estaba en marcha. Un grupo había preparado viviendas, vehículos y distribución de tareas. Uno de sus integrantes se hizo pasar como empresario constructor y, mediante dos empresas falsas, rentó 12 casas en varios fraccionamientos de Veracruz y Boca del Río.

Los integrantes del comando llamaban “oficinas” a esas viviendas. Eran casas de seguridad utilizadas para concentrar a los sicarios, almacenar armas y mantener cautivas a las personas que consideraban integrantes, informantes o colaboradores del grupo contrario. Algunas serían asesinadas dentro de esos inmuebles.

Desde Jalisco y distintos puntos de Veracruz llegaron sicarios, halcones y operadores encargados de la logística. Entre ellos había también un venezolano. La paga alcanzaba los 18 mil pesos mensuales, además de bonos y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Cada integrante tenía una función: vigilar, conducir, conseguir vehículos, custodiar las casas o participar en los secuestros y asesinatos.

La estructura de aquella operación quedó registrada en expedientes judiciales consultados por Proceso, algunos de los cuales han permanecido cerca de 14 años en litigio. Las declaraciones permiten reconstruir cómo los integrantes del comando fueron distribuidos en las viviendas y quedaron bajo el mando del Potro, quien decidía cuándo podían salir, a quién debían buscar y qué hacer con las personas detenidas.

Testigos, cuya identidad permanece bajo reserva, señalaron que el Potro –de quien no se tiene notificación de su detención– fue jefe de plaza en Alvarado desde 2009. Junto con un hombre apodado el Charly, identificado como segundo encargado de la zona, reclutaba policías para la organización y coordinaba el cobro de cuotas.

Dentro de las casas el Capi también ocupaba una posición de mando. Otros integrantes lo identificaron como responsable de una de las “oficinas” y como la persona que entregaba directamente los pagos.

Diez días después de su llegada el comando recibió su primera orden: matar a un joven acusado de asaltar a estudiantes y realizar labores de halconeo para el grupo rival. Tres días más tarde un reporte por radio señaló a dos hombres que presuntamente vendían droga y extorsionaban a propietarios de tiendas de abarrotes. El grupo salió a buscarlos y los asesinó.

Después de cada operativo la instrucción era la misma: regresar a las casas de seguridad, ocultar los vehículos y permanecer resguardados hasta recibir una nueva orden.

Los sicarios

Testimonios de cuatro detenidos, integrados en distintas causas judiciales, permiten identificar quiénes formaron parte del comando enviado a Veracruz. Tras ser capturados durante un operativo de la Marina, algunos relataron cómo fueron reclutados, qué tareas recibieron y cuál fue su participación en los
asesinatos.

No todos ocupaban el mismo nivel, pero ninguno era jefe máximo del cártel. Había choferes, halcones, custodios y hombres encargados de ejecutar a las víctimas. Algunos permanecían dentro de las casas de seguridad a la espera de instrucciones; otros participaban directamente en los secuestros y matanzas. Varios llevaban menos de un año dentro de la organización.

Por ejemplo, Fabián “N” declaró que fue reclutado en Jalisco en julio de 2011. Dijo que aceptó por necesidad de dinero. Al principio le entregaron un radio Nextel y le ordenaron vigilar el paso de patrullas. Un mes después fue enviado a Veracruz. Su primera ejecución ocurrió pocos días después. Un joven intentó escapar y Fabián le disparó dos veces. Más tarde recibió la orden de participar en el asesinato de 35 personas, cuyos cuerpos serían abandonados en Boca del Río.

Guillermo “N” contó que antes de integrarse al grupo fabricaba tablas de surf y construía palapas en Acapulco. Según su declaración, integrantes de Los Zetas lo amenazaron para obligarlo a vender droga. Se negó y huyó a Jalisco, donde fue reclutado por el cártel. Su primera tarea fue custodiar y preparar armas dentro de una casa de seguridad. En septiembre de 2011 también fue enviado a Veracruz para incorporarse a la llamada “limpieza” contra el grupo rival.

Algunos de los detenidos se negaron inicialmente a declarar. Sin embargo, otros integrantes del comando los identificaron, describieron sus funciones y los ubicaron dentro de la estructura que operaba en Veracruz y Boca del Río.

Las autoridades también recurrieron a pruebas periciales. Especialistas realizaron estudios biométricos y análisis lingüístico-espectrográficos sobre el video en el que un grupo armado anunció su aparición y declaró la guerra a Los Zetas en Veracruz. Los dictámenes concluyeron que las voces principales de la grabación correspondían, con características coincidentes, a por lo menos dos de los sicarios detenidos.

Las víctimas

Al mediodía del 20 de septiembre de 2011 los sicarios recibieron la orden de matar a unas 30 personas que permanecían secuestradas en una de las casas de seguridad. Poco después llegaron al inmueble otros cinco cuerpos, relató uno de los detenidos.

En sus declaraciones judiciales los integrantes del comando describieron cómo cumplieron la
instrucción:

“Los empezamos a asfixiar poniéndoles una bolsa de plástico en la cabeza y luego los encintábamos con cinta gris, de la gruesa, y les pegábamos en el estómago para que se murieran asfixiados. A mí me tocó ponerles las bolsas a cinco personas; no recuerdo bien a cuántas porque entré en shock, pasmado de ver tantos muertos y lo que estaba pasando. Así terminamos de matar a toda esa gente, que fueron aproximadamente 25 o 30 personas”.

Después desnudaron los cuerpos. Sobre el tórax y la espalda escribieron una marca: “Por Z”. El mensaje buscaba presentar a las víctimas como integrantes o colaboradores de Los Zetas, aunque en los expedientes no aparecen pruebas que acrediten que todas tuvieran vínculos con ese grupo criminal.

Once eran mujeres. El resto, hombres.

Semanas después comenzaron las identificaciones. Familiares acudieron ante las autoridades y reconocieron los cuerpos: “Era mi mamá”, “era mi hermano”, “era mi hijo”, se lee en las declaraciones incorporadas a los expedientes. Algunos ratificaron sus testimonios años más tarde. Otros pidieron no volver a ser buscados.

Las necropsias determinaron que las víctimas llevaban entre seis y ocho horas muertas cuando fueron abandonadas sobre el pavimento. Eran las 17:35 horas del 20 de septiembre cuando el comando dejó los 35 cuerpos en Boca del Río y escapó en cuestión de minutos.

La orden posterior fue resguardarse. Las calles estaban tomadas por operativos militares y los integrantes del grupo debían permanecer dentro de las casas de seguridad hasta nuevo aviso.

En los días siguientes aparecieron otros 14 cuerpos en varios puntos de Veracruz y Boca del Río. Esos asesinatos, sin embargo, no fueron atribuidos formalmente al mismo comando dentro de las causas judiciales consultadas.

Un día después, el 21 de septiembre, Veracruz fue sede del XI Encuentro Nacional de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que se prolongó hasta el día 23. Desde el World Trade Center de Boca del Río el entonces gobernador Javier Duarte afirmó:

“Los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico: van a prisión o pagan con su vida haberse ido por el camino del crimen”.

Mientras el gobierno presentaba los asesinatos como parte de una disputa entre delincuentes, el comando seguía operando. La matanza no había terminado. En los días siguientes sería todavía mayor.

Detenciones

Los relatos aparecen dispersos en distintas causas penales y no coinciden en todos los detalles. Pero permiten reconstruir lo ocurrido la noche del 5 de octubre de 2011, cuando la Marina cercó una de las casas de seguridad utilizadas por el grupo en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.

Una de las versiones señala que los sicarios estaban comiendo cuando escucharon la alerta desde la planta alta: “¡Hay marinos arriba!”.

Al verse rodeados y en desventaja decidieron no enfrentarse. Salieron y se entregaron a los elementos navales.

Otra declaración sostiene que los marinos realizaban un recorrido cuando observaron a un hombre con un rifle AR-15 colgado al hombro. Al notar su presencia, el hombre corrió hacia la vivienda y gritó: “¡Nos cayeron los marinos!”.

Los elementos lo siguieron hasta el inmueble. Ahí detuvieron a seis personas y aseguraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de más de mil 500 cartuchos.

Las detenciones condujeron a otras dos casas de seguridad.

En la primera, los marinos encontraron 20 cuerpos. Dieciséis estaban semidesnudos y apilados dentro de un jacuzzi. Varias de las víctimas tenían los ojos vendados y las manos y los pies atados. Dos eran mujeres.

En el segundo inmueble hallaron otros 11 cuerpos distribuidos entre el baño, la sala y una recámara. Las víctimas tenían cinchos de plástico blanco y heridas en el cuello provocadas mediante un torniquete, según las descripciones incorporadas a los expedientes. Entre los cuerpos había dos mujeres, una de ellas embarazada.

Las escenas mostraban que los asesinatos habían ocurrido poco antes. Las necropsias establecieron que varias de las víctimas llevaban menos de seis horas muertas cuando fueron localizadas.

Los marinos comenzaron a revisar los cuerpos. Entonces descubrieron que uno de ellos todavía respiraba.

Entre las víctimas estaba el único sobreviviente de la masacre.

“Me hice el muerto”

“Los patrones dicen que los maten”, escuchó desde el piso de abajo.

Después, uno por uno, los cautivos fueron llevados al baño. Él fue el segundo de unas 20 personas retenidas en aquella casa.

“Me pusieron de rodillas, me ‘tronaron’ la cabeza, me acostaron y me cortaron el cuello con un cuchillo de sierra. Al sentir que me desangraba por la herida, me hice el muerto”, declaró ante el juzgado.

Los agresores creyeron que había fallecido. Lo dejaron en el suelo y continuaron con las demás víctimas. Inmóvil, escuchó gritos, órdenes y movimiento de los sicarios. Oyó que llevaban tres cabezas y que debían meterlas en bolsas. También escuchó que tenían hachas y que planeaban trasladarse a un hotel porque, según dijeron, policías estatales les habían avisado por Nextel que helicópteros de la Marina se aproximaban.

Cuando el grupo abandonó la vivienda permaneció tendido entre los cuerpos y la sangre. Cerca de una hora después volvió a escuchar pasos. Esta vez eran elementos de la Marina que irrumpían en la casa de seguridad.

No podía pedir ayuda. Tenía una herida de 24 centímetros en el cuello. Como pudo, movió las piernas hasta llamar la atención de uno de los marinos. El elemento se acercó, confirmó que seguía vivo y le entregó una hoja y un lápiz. Él escribió su nombre y el de su padre, un mando militar.

Cinco días antes, el 1 de octubre de 2011, había sido secuestrado en un fraccionamiento del puerto de Veracruz. De acuerdo con su declaración ministerial, una patrulla de la Policía Estatal lo interceptó. Agentes encapuchados lo esposaron, le vendaron los ojos y lo entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en una casa de seguridad.

Por capturarlo, según relató, los sicarios pagaron a los policías. Durante cinco días permaneció atado en la planta alta de la vivienda. Lo golpeaban en las nalgas con una tabla y un palo, cortaban cartucho frente a él y le introducían armas en la boca para obligarlo a confesar.

Sus captores aseguraban que era marino y que vendía droga. Él negó ambas acusaciones.

En una ocasión le retiraron la venda y la cinta que cubría su cabeza. Alcanzó a observar a varios de sus captores: algunos estaban encapuchados; otros tenían la cabeza rapada. También vio que en la casa mantenían retenidas a cerca de 20 personas, entre hombres y mujeres.

Días después todos recibieron la misma sentencia: “Los patrones dicen que los maten”. Pero él fue el único sobreviviente. Su testimonio fue clave para determinar el modus operandi del comando.

Un largo camino judicial

El 7 de octubre de 2011, dos días después de los operativos en las casas de seguridad, la Secretaría de Marina presentó ante los medios a ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. También informó la captura de 12 hombres señalados como miembros de Los Zetas, entre ellos el supuesto nuevo jefe de plaza en Veracruz.

Las detenciones parecían cerrar una operación que había dejado decenas de personas asesinadas. En realidad, abrieron un proceso judicial que se prolongaría durante más de una década.

En 2022 un juzgado dictó sentencia contra seis de los detenidos del CJNG por su participación en los hechos de 2011. La resolución fue apelada y el litigio continuó.

Los acusados, procesados por delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, denunciaron que fueron torturados. También alegaron que la Marina los detuvo el 5 de octubre, pero tardó más de 36 horas en ponerlos a disposición del Ministerio Público. Durante ese periodo, afirmaron, fueron golpeados y obligados a declarar.

Estos señalamientos causaron que algunas declaraciones fueran excluidas de los procesos. Los expedientes comenzaron entonces un recorrido de apelaciones, amparos y reposiciones, mientras los acusados permanecían recluidos en penales federales.

El episodio más reciente ocurrió en abril último, cuando un tribunal ordenó reponer uno de los procesos desde su inicio. Entre las solicitudes de la defensa estaba conocer la identidad de los marinos que rindieron declaración y de los testigos protegidos que señalaron a los detenidos como integrantes del CJNG.

De las ocho personas capturadas, dos recuperaron la libertad. Una era un taxista que, según la causa penal, era obligado bajo amenazas a trasladar comida y otros artículos a las viviendas. La otra era un agente inmobiliario que había servido como intermediario para rentar las casas de seguridad.

Hasta ahora, una de las sentencias más relevantes es la dictada contra Víctor Hugo “N”, detenido en 2019. Aunque se negó a declarar, otros testigos lo identificaron como una pieza central de la estructura y como uno de los hombres que transmitían las órdenes para ejecutar las matanzas.

Su defensa sostuvo que había sido confundido con otra persona. El argumento fue desestimado y, en 2025, recibió una condena de 70 años de prisión. El fallo también estableció el pago de 248 mil pesos como reparación del daño para cada una de las víctimas.

Otro de los hombres encarcelados es César Cazarín Molina, el Comandante Tornado, operador del CJNG y señalado en los expedientes como uno de los mandos que ordenaron el desplazamiento del comando hacia Veracruz. En junio de 2024 fue condenado a 60 años de cárcel por secuestro y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En las causas penales aparece, además, Erick Valencia Salazar, el 85. Tanto él como Cazarín Molina fueron señalados como parte de la estructura desde la que se ordenó la llegada del grupo armado a Veracruz en septiembre de 2011.

Aquella incursión cambió la historia reciente del estado.

Después de la aparición de los 35 cuerpos y de las matanzas descubiertas en las casas de seguridad, los gobiernos federal y estatal anunciaron el operativo Veracruz Seguro. Militares, marinos y elementos de la Policía Naval tomaron el control de las calles de Veracruz y Boca del Río.

Pero la violencia no terminó.

La matanza de septiembre de 2011 no fue el final de una disputa. Fue el comienzo de una violencia que se extendió durante años y dejó a Veracruz convertido en un territorio de desapariciones, entierros clandestinos y procesos judiciales que continúan.