En comunidades rurales de Apatzingán la guerra entre grupos criminales es parte de la vida cotidiana: caminos sembrados de minas, ataques con drones, balaceras, desplazamientos y casas marcadas por las explosiones. Las autoridades presumen planes, operativos y Bases de Operación Interinstitucional que han convertido escuelas en cuarteles, pero los militares destacamentados dicen carecer de órdenes para intervenir. El saldo es inocultable: muertos, amputados, una población aterrorizada y pueblos semivacíos porque familias abandonan su vida y tierra para sobrevivir.
APATZINGÁN, Mich.– Ese mediodía de abril Carmen Zepeda Ontiveros notó un brillo extraño en las calles de El Guayabo, en el municipio de Apatzingán. El tono arenoso que circunda las casas, a distancia, mostraba un amarillo que destellaba con los rayos de un sol sofocante; no bien descendió de su vehículo supo el porqué: el lugar estaba cubierto por una alfombra de casquillos que se perdía en el horizonte.
Han pasado 15 meses desde que Carmen, activista y regidora en Apatzingán, se puso a levantar balas de Barrett calibre .50, de AK-47 y AR-15 para llevárselas a la cabecera municipal y poner una denuncia ante la Fiscalía General del estado sobre la violencia que azota las localidades del municipio. Nada ha pasado con la querella, como nada ha pasado con los planes de paz anunciados por las autoridades. La realidad de violencia se ha tatuado en el ánimo y piel de quienes habitan la región.
El Guayabo, El Morado, El Alcalde, Cueramato, Las Bateas, Las Tinajas, Las Cahuingas, San Fernando, Holanda, Loma de Hoyos, Acatlán, entre otras localidades ubicadas en la zona sur-suroeste del área rural de Apatzingán, no han visto los resultados prometidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presentó en noviembre de 2025, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. Tampoco los vieron sobre su Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, que incluyó la atención a la extorsión en el ciclo productivo del limón.
Los caminos que conducen a las localidades de Apatzingán son una bomba de tiempo. La disputa por el territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios, que se ha intensificado en los dos últimos años, mantiene asolados a los habitantes de la región, no sólo por los ataques por aire con drones, o bien directos mediante comandos, sino también por la proliferación de la siembra de minas explosivas. Los muertos suelen ser los pobladores.
En el municipio gobernado por la morenista Fanny Arreola Pichardo también tienen presencia Cárteles Unidos, los Blancos de Troya y el Cártel de Zicuirán. La estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en el primer semestre de este año 45 víctimas de homicidio doloso, 115 de lesiones culposas y 239 de robo, además 18 personas han sido desaparecidas sin ser localizadas conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas.
El desplazamiento de personas por la violencia es frecuente: a finales de junio el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) reportó 225 víctimas de desplazamiento forzado de tres localidades y a mediados de mayo consignó 668 personas de al menos cinco poblados en esa condición.
Frente a la crisis humanitaria en Apatzingán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, más allá de declarar que se atiende a las víctimas, ha omitido una posición clara y firme al respecto; es su secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, quien escuetamente refiere que los desplazamientos son por “temas de inseguridad por los grupos delictivos que al parecer están forzando la salida de ciertos pobladores”.
“Sin órdenes para intervenir”
Las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), lejos de atenuar la violencia en la región han generado otras problemáticas, como el desalojo de escuelas para ser usadas como cuarteles. Frente a los llamados de auxilio de los pobladores la respuesta de los militares e integrantes de la Guardia Nacional es común: no intervienen porque no tienen órdenes de hacerlo.
Las escuelas en Acatlán, San José de Chila, El Alcalde, Las Bateas y El Guayabo han dejado de dar clases, en ellas se han instalado las BOI con militares acuartelados, que permanecen resguardados en caso de ataque. De acuerdo con Zepeda, las bases son itinerantes en una lógica de rondines, con lo que en mayo último justificó el retiro de la ubicada en Acatlán, lo que abrió las puertas al día siguiente a ataques a las comunidades aledañas y desplazamientos.
En agosto de 2025 el gobernador inauguró en Apatzingán las instalaciones del 27 Batallón y tres compañías de la Guardia Nacional, para “contribuir a fortalecer el esquema de seguridad en el municipio y la zona de Tierra Caliente”. Antes, en febrero, había inaugurado otro cuartel militar en el Tianguis Limonero.
“¿Por qué el gobierno, si puede, no nos apoya? Está bien que tienen que cuidar a sus muchachos, pero ellos sí traen con qué defenderse, ellos sí traen equipo, entonces ¿por qué no nos apoyan?”, apunta Soledad, de 65 años, desplazada de la localidad de Acatlán, a 42 kilómetros de la cabecera municipal. Su nombre, como el de todas las víctimas consignadas en este reportaje, ha sido cambiado por motivos de seguridad.
Al lado de su marido crio a sus hijos entre las parcelas, el ganado y el trabajo en el cultivo de limón, pero la vida que construyeron terminó hace dos años con la violencia desatada por los ataques con drones y armas de grueso calibre que obligaron a los habitantes a huir.
“Yo tenía a mi esposo bien enfermo, él se desesperaba mucho por el calor y lo poníamos debajo de un arbolito. Empezamos a ver dronazos por donde quiera, primero se escuchaban retiradito, pero luego, desde un cerro levantaba el dron y dejaba caer las bombas. Acabaron primero con la escuela, ese día el maestro había salido con los niños a pasear, ahí dejaron caer el primer dronazo y luego ya era por todo el rancho. Mientras pasaban las dronaceras nos metíamos en el baño, porque sólo ése era de colado, así fue la vida de nosotros allí”.
Tras la muerte de su marido, Soledad permaneció en Acatlán entre ataques y atendiendo a una de sus hijas que enfermó por depresión, una anemia devino en leucemia y ahora recibe quimioterapias. Ellas fueron las últimas en desplazarse de la localidad; los militares les avisaron que no se iban a quedar porque no tenían con qué repeler los drones y que, si lo deseaban, se salieran con ellos. Así fue.
La negativa de los uniformados para intervenir parece ser la regla frente a los llamados de auxilio de la población. El 11 de julio último, tras llevar ayuda humanitaria a Acatlán y pasar por la curva de Ayacuato, Carmen Zepeda fue retenida y amenazada de muerte por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Luego de que la dejaron ir, unos kilómetros adelante se topó con un retén de la Guardia Nacional al que dio aviso de la presencia de hombres armados.
Uno de los elementos le respondió que no tenían órdenes para desplazarse, que no conocía el lugar que le estaba mencionando porque acababan de llegar ese día a Apatzingán. Le refirió que los habían mandado como refuerzo porque muchos soldados de ese batallón estaban desertando.
Cliseria, de 77 años, es desplazada de la localidad de Cueramato. En febrero acudió con su hija a El Alcalde para comprar el mandado para la fiesta en honor a la Virgen de Acahuato; en el camino un grupo de muchachos armados de entre 12 y 13 años les salió al paso para robarles el dinero que traían. “Le dije a mi hija: ‘No tengas miedo, que se lleven el dinero, yo ya estoy ruca y si me toca morir, pues ni modo, pero no nos va a pasar nada’. Ahí también tenían a un pobre señor gritándole para quitarle lo que traía.
“Como nos robaron, fui a Apatzingán a pedir prestado para comprar las cosas para la cena de la Virgen, y ahí me detuve donde están los soldados, les dije que de qué servía que estuvieran aquí, si adelantito de donde estaban nos habían robado. Me dijeron que nadie les había dicho nada y les respondí que eran culos, que fueran a ver.
“Les dije que si yo hubiera traído un arma, así como estoy de vieja, mato a esas lacras, ¡se lo juro por mi madre!, pero entonces me hubieran encerrado y hasta en el periódico me hubieran sacado”, confiesa molesta.
La vida rota
La carretera que lleva de la cabecera municipal a localidades como Las Tinajas, San Fernando, El Morado o El Guayabo es en su mayoría un delgado camino de tierra cargado de silencio; los cultivos de limón que lo flanquean lucen abandonados, con maleza crecida abrazando la soledad de los árboles.
En el trayecto es frecuente observar hombres transitar en motocicleta para vigilar a quien recorre el camino. Hay partes de pavimento destrozado por las minas terrestres que abundan en el lugar. Entre la vegetación, a lo alto, luce abandonada una pequeña techumbre que servía de puesto de vigilancia para el cártel de los Templarios.
En El Guayabo la gente está reunida en la plaza a la espera de la ayuda humanitaria que Carmen Zepeda logró recopilar el día previo a su visita. Además de despensas, gente solidaria de la cabecera municipal donó verduras, azúcar, arroz, ropa y enseres, así como galletas y dulces para los niños. Los pobladores hacen un anillo entorno de ella marcando distancia de un grupo de hombres vestidos de negro, que a unos metros observan la escena.
Las casas narran por sí solas la historia de guerra de la que El Guayabo –como muchas otras localidades de Apatzingán– es presa: los tablones de madera que hacen las veces de paredes lucen trozados, como si de ellos se desprendieran ramas rotas. Los muros de concreto y las techumbres de metal muestran las huellas de las balas y la letalidad de los explosivos arrojados con drones.
En el cuarto que su padre enfermo comparte con sus hijas, un hijo y sus nietas, Irene (de 65 años) mira los tablones de la pared desgajados a causa de la explosión de una bomba que aventaron desde un dron a un costado de su casa. Cuando en mayo último comenzó el ataque todos se refugiaron en el baño. En la prisa por ponerse a salvo, su padre, de 87 años, cayó y se fracturó la cadera. “Como a las cinco o seis de la mañana mi hijo consiguió un carro y nos fuimos con el doctor para que operaran a mi papá porque le faltaba sangre; se iba a morir ahí. Ya luego le pusieron medio litro porque se me puso bien malo”.
Con cobijas y plásticos cubren los huecos abiertos en las paredes. En otras viviendas han colocado telas en el interior para disimular los daños que los impactos dejaron en muros y techos.
La Casa de Salud está sin uso, por lo que, de requerir atención médica, deben salir del poblado. “Antes nomás venía la enfermera de El Alcalde a dar medicina, vacunas y todo, pero ya ni ella puede venir para acá porque destrozaron el puente del río y ya no se puede pasar. Vive uno con el Jesús en la boca. ¿Cómo cree que pasamos las noches? Oímos los dronazos, no hay una noche en que no se oigan para abajo, para allá o para acá”, narra Irene.
De más de 200 habitantes que habitaban en El Guayabo, hoy permanecen sólo 47, de ellos 12 son niños que no tienen clases porque en su escuela están acuartelados los militares. Los uniformados no salen cuando se dan los ataques, ahí permanecen, guarnecidos; al pasar frente al lugar puede observarse en el patio su ropa interior y sus uniformes colgados en unos tendederos improvisados.
“Lo que hago es rezar y pedirle a mi Dios y a la Virgen que nos ayuden y que nos cuiden. Cuando mi hijo se va a trabajar le echo la bendición y me quedo con el pendiente porque ya varios que van para Apatzingán han caído. Uno no sabe si van a regresar o cómo van a regresar”, se lamenta Irene.
En el paso de la muerte
Don Joaquín, de 56 años, sintió en el rostro la dura cachetada de los cristales de su camioneta hechos añicos. No tuvo tiempo ni de encomendarse a Dios cuando escuchó el estruendo de la explosión y percibió el gemido del metal al abrirse bajo sus pies en el vehículo en que viajaba con su esposa.
En el camino que conduce de la localidad de El Guayabo a la cabecera municipal de Apatzingán, la tarde del pasado 19 de junio una de las llantas delanteras de su camioneta activó una de las minas terrestres sembradas en la carretera. En medio del infortunio corrió con suerte: tanto él como su esposa sufrieron heridas menores. En su caso, la principal secuela fue la afectación en la audición causada por la explosión; como remedio a tal mal, la instrucción del médico que lo atendió fue que dejara de pensar en lo ocurrido.
“Estamos como en el paso de la muerte, va caminando uno y no sabe ni dónde le puede tronar”, confiesa don Joaquín, quien tras sufrir la explosión de la mina dio aviso a elementos de la Guardia Nacional, quienes le aseguraron que iban a resguardar el lugar; no fue así. A las dos horas, a 200 metros, una nueva detonación embistió una camioneta que transportaba una cuadrilla de cortadores de limón. Leonel, el joven conductor, resultó gravemente herido, por lo que tuvieron que amputarle la pierna.
Reportes del OSHRA y periodísticos consignaron el 23 de mayo dos jornaleros muertos por la explosión de una mina en la comunidad de Las Cahuingas, mientras que en Loma de las Piedras el operador de una retroexcavadora resultó herido por la misma causa. El 22 de junio otros dos jornaleros fallecieron tras la detonación de una mina mientras laboraban en un campo de cultivo en Cueramato. El 29 de junio se reportaron dos explosiones más: una en El Alcalde, donde un adulto mayor resultó herido, y otra en El Guayabo, en la que murió un soldado. El 23 de julio un hombre más perdió la vida por la misma causa en la comunidad de Acatlán.
“De los que a mí me consta porque estuve en sus funerales y sigo en contacto con sus familias, hay un maestro que perdió la vida en Las Bateas; está Armando, quien murió cortando limones en su parcela en El Alcalde, lo mismo que Freddy, que perdió la vida en La Puerta de Alambre”, narra Carmen Zepeda, quien además de ser regidora forma parte del Frente Popular Francisco Villa.
Indignada, refiere que el ayuntamiento no ha apoyado a las familias de las víctimas fatales ni para los funerales. El 20 de julio, en sesión de Cabildo, por encargo de Leonel que perdió una pierna por la explosión de una mina, le regresó a la alcaldesa Arreola las muletas que le mandó como apoyo, “aquí se las regresa, dice que muchas gracias, que no le sirven porque son de juguete, ya se cayó con ellas”.
Frente a la proliferación de minas, el OSHRA ha echado a andar campañas como “Pasos Seguros”, en donde recomienda: “Si detectas algo extraño, tierra removida o hilos atravesados en el camino, mantén la calma, observa a tu alrededor y alerta del peligro a las personas cercanas, no tomes fotografías ni utilices aparatos electrónicos cerca, esos dispositivos podrían activar el explosivo”.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dijo durante la última gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, el 3 de julio, que entre noviembre de 2025 y junio de 2026 fueron localizados y desactivados 625 artefactos explosivos improvisados en el estado, y que se estaban realizando acciones de desminado en el camino que conduce de El Guayabo a El Alcalde. Dos semanas después, una persona murió en ese lugar a causa de una detonación.
“Una de las víctimas que más me duele es Armando. Era un muchacho de 28 años, con un niño de dos añitos y una esposa joven. Ellos estaban desplazados, cuando el gobierno dijo que ya era seguro regresar a El Alcalde, su padre, Alejandro, y su madre, Josefina, decidieron volver. Armando no quería irse, pero si la familia regresaba, él también lo hacía. Al día siguiente fue a su parcela y ese mismo día explotó; fue muy horrible”, lamenta Carmen Ontiveros.
Decir adiós
El llanto sofoca la voz de Josefa, de 62 años, al resentir la distancia de una de sus nietas que está en la cabecera municipal. El 5 de mayo ella y su familia, al igual que la mayoría de los habitantes, salieron huyendo de Cueramato –a una hora de distancia de la cabecera municipal– por un ataque de hombres armados que incluyó explosivos tirados con drones.
“Empezaron a aventar bombas y a tirar balazos; la balacera seguía muy cerquita y todos nos salimos porque caían muy cerca de las casas. Nada más se quedaron unas personas que tienen su casa de material y es más segura; pero la mayoría la tenemos de lámina y da miedo, porque ya hemos visto cómo las dejan: con hoyos bien grandes. A familias de nosotros que viven en La Loma de los Hoyos también les pasó”, señala Josefa, quien permanece desplazada en El Morado, donde habitantes del lugar han dado cobijo a víctimas como ella.
Las personas de las localidades se dan apoyo entre sí cuando una es atacada y la gente resulta desplazada, en otra encuentran cobijo solidario, algunas más lo encuentran en la cabecera municipal, todo con ayuda de la población y personas como Carmen Zepeda.
Luz, de 11 años, está refugiada en la cabecera municipal. En familia salió huyendo de Cueramato y se quedó sin su fiesta de graduación de la primaria que ya estaba organizada. Recuerda al niño que le gustaba y al que ahora sólo ha podido ver ocasionalmente, al igual que a algunas de sus amigas.
“Estamos tristes, desanimados, porque allá en Cueramato podíamos estar todos juntos y ahorita nomás uno que otro se ve”, lamenta al recordar la vida en su localidad, a la que no ha vuelto. El día de la entrevista, por la noche, Luz fue picada por un alacrán en el lugar en que está refugiada. Su familia la llevó al Centro de Salud, pero no había suero para aplicarle, entre los conocidos se organizaron para conseguir el medicamento y atenderla.
Los riesgos para las personas desplazadas en Apatzingán son múltiples. El 25 de julio, Artemio, de 14 años, desplazado de Acatlán, fue secuestrado en la cabecera municipal al salir a la tienda. A su familia le pidieron 200 mil pesos por liberarlo, el accionar inmediato de los desplazados y gente solidaria para denunciar y visibilizar el caso permitieron su localización a la medianoche.
“Nosotros le teníamos mucha fe a la presidenta Sheinbaum y nos quedó mal, nos está quedando mal. Pensábamos que iba a cambiar las cosas, que iba a hacer algo, y vemos que no”, confiesa Cliseria, desplazada de Cueramato.
Con las manos cubriendo su rostro para proteger su identidad, pide a Dios que le dé licencia a Claudia Sheinbaum para acudir a Apatzingán y que conozca la gravedad de la realidad que ahí se vive. “Que venga para que vea que está tan lejos de nosotros y que sepa del miedo con el que vivimos los que estamos al pie de la lumbre, porque a nosotros ya se nos cayeron las alas del corazón”.








