domingo 15 de noviembre de 2026

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En Las Choapas, las comunidades de Constitución Mexicana e Ignacio López Rayón, a menos de tres kilómetros del pozo Krem-1, padecen las consecuencias de un accidente que Pemex ya había previsto como su peor escenario. El 5 de marzo de este año el pozo sufrió un descontrol que mantuvo una llamarada durante 150 días y liberó gas tóxico compuesto por metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Los cultivos de maíz y plátano se perdieron, el ganado quedó sin pasto y los árboles frutales dejaron de producir. La respuesta de Pemex ha sido sólo paliativa.

LAS CHOAPAS, Ver.– En sólo dos años la perforación del pozo Krem-1 cambió la vida en comunidades rurales de Las Choapas. Primero fueron los daños al camino y a sus arroyos. Después el descontrol del pozo, que mantuvo una llamarada durante cinco meses y liberó gas e hidrocarburos sobre el territorio, con daños a la fauna, la vegetación y actividades productivas de la zona.

Habitante de la comunidad Constitución Mexicana, ubicada a unos tres kilómetros del pozo e incorporada desde hace tres años al Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas, Luis Domínguez asegura que nadie les preguntó si aceptaban la instalación del proyecto en su territorio.

Antes de perforar el Krem-1EXP, Pemex consideró el descontrol total del pozo como uno de los tres escenarios de riesgo del proyecto. En sus planes, lo peor que podía ocurrir era una la falla del conjunto de preventores y la liberación incontrolada de hidrocarburos, con posibilidad de incendio, explosión y daños en un radio superior a dos kilómetros. Y fue lo que pasó.

El 5 de marzo último el pozo ubicado entre los ejidos Ignacio López Rayón y Constitución Mexicana sufrió un descontrol. Durante más de 150 días una llamarada y, posteriormente, las emanaciones de gas afectaron a comunidades dedicadas principalmente a la ganadería y al cultivo de maíz y plátano.

El Krem-1EXP fue concebido como un pozo exploratorio para confirmar si en el subsuelo existía un yacimiento de petróleo y gas con condiciones económicas para ser explotado. La perforación fue programada para alcanzar una profundidad de tres mil 380 metros.

El proyecto incluyó la construcción de un camino de acceso de 5.7 kilómetros, una plataforma de perforación de 80 por 140 metros y una presa de quema. En conjunto, la infraestructura ocuparía 13.46 hectáreas.

Dentro de un radio de 10 kilómetros del Krem-1 existen 29 localidades habitadas por al menos tres mil 431 personas. De ellas, una tercera parte vive a menos de cinco kilómetros del pozo.

La devastación

Eustaquio vive a un kilómetro del pozo; lo que antes veía como un paisaje verde ahora parece un desierto. “Se parece a Arizona, a un desierto”, dice, aunque nunca ha estado ahí. Lo que observa es que donde antes había árboles y ganado pastando ahora sólo quedan campos “pelones”. Sus 80 hectáreas se encuentran dentro de lo que Pemex clasificó como zona cero después de la explosión del 5 de marzo. Oficialmente el incendio quedó controlado hasta el 2 de agosto último.

En esas tierras Eustaquio criaba ganado y cultivaba plátano. Tras la explosión y el descontrol del pozo asegura que perdió la producción, tuvo que trasladar a sus animales y dejó de recibir ingresos.

Los árboles frutales tampoco produjeron con normalidad. Su familia observó afectaciones en los aguacates, pasto, plantas y vegetación cercana al río. “Todos los árboles frutales se quemaron. Pasó la temporada del aguacate y no hubo producción”, denuncia.

La comunidad de Eustaquio, La Guadalupe, se encuentra a unos tres kilómetros del pozo. Sus habitantes aseguran que después de la explosión nada volverá a ser igual. “Haga de cuenta que no había día ni noche. Cuando explotó pensamos lo peor; muchos nos fuimos, pero luego regresamos porque, a dónde íbamos a ir. Con el paso de los meses aprendimos a vivir así, con el olor, el fuego y la contaminación”.

Aunque el pozo ya fue apagado, Marco Palma y su familia, habitantes de la comunidad Ignacio López Rayón, aseguran que todo cambió. “Esta temporada es para nosotros de abundancia, de mucho verde, pero eso ya no está”, dice.

Parte de su cultivo de maíz no terminó de desarrollarse, el grano se oscureció y la familia perdió aproximadamente la mitad de la cosecha. Durante tres meses se quedó prácticamente sin pasto para alimentar al ganado. Los árboles frutales, potreros y vegetación se secaron, incluso en las zonas cercanas al río.

Marco Palma asegura que durante varias semanas observó una capa aceitosa sobre el agua que utilizaban los animales. Las vacas comenzaron a adelgazar y, según su testimonio, quedaron “como anémicas”. Una murió y otras tuvieron que ser separadas de sus crías y alimentadas con concentrado para evitar que también se perdieran. La familia sostiene que nunca había enfrentado una situación similar.

Un censo preliminar de Petróleos Mexicanos contabilizaba 53 reses muertas, pero el registro continuaba. A ello se sumaban cientos de hectáreas con afectaciones. Pemex clasificó los impactos por zonas, de acuerdo con la distancia alcanzada y el nivel de daño, desde la zona cero hasta la cuatro.

Las comunidades también reportaron la aparición de residuos que describen como pequeños granos de sal sobre las plantas. Observaron, además, árboles secos incluso en la orilla del río, una zona que normalmente conserva humedad y vegetación durante buena parte del año.

Los habitantes describen una acumulación de residuos blancos sobre alambrados, láminas, plantas y pastizales. Eustaquio muestra los cercos ubicados cerca de su vivienda.

“¿Ve esos alambres? Están blancos por el salitre. Todo lo que es lámina está igual”, señala.

Durante algunos periodos, afirma, también cayeron pequeñas partículas de aceite sobre la vegetación. “Caía sal y aceitito. Nada más vea cómo están las plantas, el pasto y los árboles”.

“Nadie preguntó si queríamos  el pozo”

Son las seis de la tarde del 29 de julio. El sol cae rojizo sobre la comunidad Constitución Mexicana. La temperatura alcanza los 30 grados y un olor a gas invade el lugar. Faltan apenas cinco días para que, según lo previsto, el pozo Krem-1 quede cerrado por completo.

Durante la visita de Proceso a la comunidad, Luis Domínguez asegura que las emisiones le causan irritación en los ojos y la garganta, además de dolor de cabeza, náuseas y mareos. Son malestares que se repiten desde hace meses.

Una semana antes de la entrevista un hombre identificado como Benjamín presentó una reacción mientras trabajaba para una compañía en la zona, de acuerdo con el relato de Domínguez: “Se intoxicó porque se le hincharon los labios, la cara y los ojos. Trabajaba para la compañía y tuvieron que sacarlo”.

Benjamín había intentado permanecer en la comunidad porque ahí se encontraba su patrimonio, pero finalmente vendió sus propiedades y se trasladó a la ciudad de Las Choapas. Días después regresó para intentar trabajar nuevamente, pero los síntomas reaparecieron y tuvo que marcharse.

No es el único caso. “Algunas familias sí tuvieron que irse. Es difícil tomar esa decisión porque tu patrimonio lo construiste durante muchos años. Yo llevo más de 30 años aquí, prácticamente toda mi vida”, dice Domínguez.

Durante los meses en que el pozo Krem permaneció emanando gas, liberó una mezcla de hidrocarburos con propiedades inflamables, asfixiantes y tóxicas. La Manifestación de Impacto Ambiental del Pozo Krem-1 expone que el gas del yacimiento estaba compuesto principalmente por metano, además de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, este último considerado altamente tóxico.

Sin embargo, no existe información precisa sobre la composición y las concentraciones exactas ni el nivel de exposición de sus habitantes.

Uno de los puntos de mayor desconfianza entre la población es la medición para determinar la calidad del aire. Domínguez relata que personal del Instituto Mexicano del Petróleo instaló un equipo en la escuela de la comunidad. Sin embargo, asegura que permaneció apagado durante gran parte del periodo en que debía registrar las emisiones.

“Yo vivo aquí. El generador hace ruido y tiene que estar prendido las 24 horas. Lo encendieron como a las once del día, se fueron y alrededor de las dos se apagó. Regresaron hasta el otro día, otra vez como a las dos, a revisarlo. Todo ese tiempo estuvo apagado”, relata.

Consultada por Proceso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) confirmó que Pemex hizo estudios sobre la calidad del aire, agua, sedimentos y suelo sin que se detectaran condiciones anormales. Sin embargo, mantiene reservada la información sobre el incendio del pozo Krem-1EXP. Argumentó que la supervisión e inspección todavía estaban en trámite.

Cinco años de conflictos por las instalaciones

Para Luis Domínguez el problema no comenzó con el accidente. La relación entre Pemex y Constitución Mexicana se deterioró desde que se iniciaron los trabajos de apertura y construcción de las instalaciones, en 2022.

“Parece que todo iba bien hasta el accidente, pero en realidad todo inició mal”, afirma.

Domínguez, quien fue agente municipal de la comunidad, asegura que Pemex negoció directamente con algunos propietarios de las parcelas por donde pasarían los trabajos, pero no informó al conjunto de la comunidad sobre el proyecto, las operaciones ni los posibles riesgos.

Según su relato, entre 40 y 50 ejidatarios debieron ser convocados para discutir el permiso de paso. Pero no se realizó una asamblea ni se obtuvo una autorización colectiva para establecer la vía ejidal utilizada por el proyecto.

“Nosotros le llamamos permiso de vía de paso ejidal. No existe. Violaron la ley ejidal o los derechos de la comunidad”.

A ese conflicto se suma la ocupación del camino utilizado históricamente por los habitantes para llegar a sus parcelas, trasladarse a caballo y atender al ganado. Los accesos instalados para las operaciones petroleras dificultaron durante años el tránsito de los productores.

Domínguez denuncia que uno de los daños más graves ocurrió en el arroyo Garrobo, una de las fuentes de agua de la comunidad. Las fotografías que muestra retratan un nacimiento abundante que, durante la temporada de lluvias, formaba una pequeña cascada.

De acuerdo con su testimonio, la construcción de la infraestructura petrolera afectó alrededor de 16 hectáreas de terrenos ejidales. En esa zona se encontraba el arroyo, cuyo cauce quedó obstruido por piedras y tierra removidas durante los trabajos.

Los habitantes presentaron quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la ASEA. “Nos apoyó un abogado. Nos hicieron imprimir todas las fotografías y especificar los daños, pero hasta ahora nada”, señala.

Según la ASEA, mantiene abiertos tres expedientes relacionados con las denuncias de habitantes de Constitución Mexicana.

La agencia indicó a esta reportera que en sus actuaciones en el pozo Krem-1EXP “no se ha circunstanciado” afectación al arroyo Garrobo ni a los terrenos por la construcción del camino de acceso al pozo.

Después de que se declarara oficialmente el control del incendio, la ASEA hizo una verificación el 6 de agosto último. Según su reporte, durante el recorrido encontró el cauce del arroyo libre y con flujo normal, sin obstrucciones, hidrocarburos, iridiscencias ni olores anormales.

La contaminación

El investigador Mikhail Zhizhin, del Payne Institute for Public Policy de la Colorado School of Mines, calculó que hasta el 6 de julio se habían quemado aproximadamente 252 millones de metros cúbicos de gas.

CartoCrítica, una organización civil experta en investigación de temas petroleros y de minería, considera que la cifra puede ser conservadora porque no se asignó volumen a los días sin observaciones satelitales válidas. La quema de ese volumen de gas habría generado alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono, una cantidad comparable con las emisiones anuales de unos 110 mil automóviles.

En su informe sobre el pozo Krem-1, CartoCrítica, mediante imágenes de Sentinel-2, comparó la vegetación existente en junio y julio de 2026 con la observada durante el mismo periodo de 2025.

El análisis identificó una mancha continua de afectación centrada en el pozo, con daños que disminuyen conforme aumenta la distancia y que se extienden aproximadamente hasta 1.5 kilómetros.

Dentro de un radio de dos kilómetros se contabilizaron al menos 270 hectáreas afectadas: ocho hectáreas de suelo calcinado, 120 hectáreas de vegetación muerta y 140 hectáreas de vegetación dañada, pero todavía viva.

El informe considera que la cifra es conservadora porque dejó fuera terrenos sin vegetación desde antes del accidente y áreas que no pudieron observarse con claridad por la presencia persistente de humo y nubes.

Pablo Montaño, director de Conexiones climáticas, organización experta en cambio climático y defensa de territorio, explica a Proceso que el volumen liberado hasta el 21 de julio habría sido equivalente al consumo anual de gas de entre 170 mil y 250 mil hogares europeos, donde este combustible se utiliza ampliamente para calefacción. “Imagínese: hasta un cuarto de millón de casas podrían haber utilizado durante un año entero el gas que se estuvo liberando. Es muchísimo”.

Advierte que el accidente del Krem fue extraordinario por su duración. “¿Y qué hace Pemex? Niega su responsabilidad”, denuncia.

Posición de Pemex

La respuesta de Pemex a las comunidades afectadas ha sido parcial. Aunque durante la contingencia se instalaron brigadas de atención médica, los habitantes aseguran que el personal no llevaba medicamentos suficientes para atender los síntomas relacionados con las emisiones del pozo. Hasta ahora, tampoco existe un conteo preciso de las personas que presentaron afectaciones en la salud.

Tras meses de daños y falta de acuerdos, las comunidades realizaron plantones y bloqueos para exigir una respuesta. Los pobladores señalan que antes de las protestas recibieron promesas, visitas de supervisión y participaron en reuniones que concluyeron sin compromisos definitivos.

El ejidatario Eustaquio explica que la decisión de bloquear los caminos surgió ante la pérdida de ingresos y la necesidad de cubrir los gastos para trasladar y alimentar al ganado que sobrevivió a la contingencia.

Durante una reunión con el alcalde de Las Choapas, Jesús Uribe, Pemex entregó mobiliario para una escuela y prometió pavimentar más de 20 kilómetros de la avenida principal. Sin embargo, los habitantes sostienen que esa obra también beneficia las operaciones de la propia empresa.

Durante un recorrido de Proceso por esa vía fue posible observar el tránsito constante de pipas, tráileres y maquinaria pesada utilizada en las labores relacionadas con el pozo Krem-1.

Pemex también informó que ya cuenta con un censo de daños en la denominada zona cero y que continuará el levantamiento de información hasta llegar a la zona cuatro. De acuerdo con lo comunicado a los pobladores, una vez concluidos los censos, la empresa tendría un plazo de 45 días para pagar las afectaciones por pastizales quemados y animales muertos.

Sin embargo, poco se ha explicado sobre lo que ocurrirá después del cierre del pozo. Las comunidades todavía desconocen cuándo comenzarán las evaluaciones integrales para determinar el daño ambiental, qué institución verificará los resultados y cuál será el programa de restauración de los terrenos, cuerpos de agua y ecosistemas afectados por la explosión y los meses de emisiones.

Pablo Montaño, de Conexiones climáticas, dice que el cierre del pozo Krem-1 no significa que la emergencia haya terminado. Después de casi cinco meses de fuego y emisiones, todavía se debe verificar que no existan fugas, determinar qué sustancias respiraron las comunidades y evaluar los daños acumulados en la salud, economía, agua, suelo, cultivos y fauna.

CartoCrítica en su informe sobre el pozo Krem-1 también aclara que los satélites no pueden determinar la calidad del aire que respiraron directamente los habitantes, la composición química del agua ni la relación entre el incendio y las afectaciones a la salud denunciadas por las comunidades.

Por ello, el informe plantea como pendientes el monitoreo de partículas finas en las localidades, el muestreo independiente y certificado de ríos y arroyos, la documentación clínica de los síntomas y una evaluación formal de los daños ambientales y productivos.

También recomienda preservar las imágenes y mediciones satelitales como línea base para los trabajos de remediación y el deslinde de responsabilidades.

“La evidencia se acumula: cada día prolonga la cicatriz en el suelo”, dice.

La ASEA asegura haber hecho cinco “actos de autoridad” desde que el incendio salió de control. Aseguró haber verificado que Pemex puso en marcha un programa de monitoreo ambiental en las poblaciones cercanas y observó trabajos de contención, recuperación y limpieza en cuerpos de agua.

La agencia no reportó haber encontrado contaminación por hidrocarburos ni mediciones fuera de la norma del aire, agua o sedimentos, además de que Pemex reportó análisis por debajo de los límites máximos permitidos. Los expedientes, sin embargo, los mantiene reservados.

Hasta ahora no hay información oficial sobre el número de personas afectadas, las hectáreas reconocidas, los cultivos incluidos, el ganado muerto o enfermo, los daños a los arroyos y manantiales ni las medidas de vigilancia sanitaria para la población.

Tampoco se conocen estudios independientes sobre las sustancias que llegaron al agua, suelo y vegetación, ni el tiempo de exposición de las comunidades y cuáles podrían ser las consecuencias a mediano y largo plazo.

Ahora las familias deberán esperar 45 días después del censo para recibir una compensación.

Eustaquio resume la incertidumbre que permanece entre las familias: “Estamos peleando por nuestras cosas, nuestros bienes y el sustento de nuestras familias. No sabemos cómo vamos a quedar, ni si en dos o tres años nos va a atacar una enfermedad por lo que estamos respirando”.