domingo 15 de noviembre de 2026

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El arresto de Justo Aurelio Rivera Parrazales, el Señor de los Lamborghinis, revela una compleja red de poder. Vinculado a Amílcar Olán (círculo de AMLO) y al fallecido Daniel Flores Nava (cercano a Adán Augusto López), el empresario acumuló millonarios contratos de insumos médicos con gobiernos morenistas en Chiapas y con el priista Omar Fayad en Hidalgo. Acusado de lavado y nexos con el Cártel del Noreste y La Barredora, su ostentosa vida en Mérida terminó con un operativo federal el 17 de julio último destapando las conexiones entre el crimen organizado y altos funcionarios.

MÉRIDA, Yuc.– La captura del presunto lavador Justo Aurelio Rivera Parrazales apunta hacia algo más que el seguimiento de un empresario excéntrico. Una de las vertientes que han surgido es la de su alegada relación con Amílcar Olán, uno de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán venidos a millonarios durante el sexenio anterior.

Fuentes del Gabinete de Seguridad detallan que en la investigación sobre sus millonarios gastos en autos deportivos, relojes de alta gama y viajes internacionales se incluye una supuesta relación de compadrazgo con Amílcar Olán y sus vínculos con el fallecido Daniel Flores Nava, el empresario cercano al exsecretario de Gobernación y actual senador Adán Augusto López Hernández.

Flores murió en julio de 2023 al desplomarse el avión tipo Cessna en que se desplazaba en Veracruz, donde acompañaba a López Hernández cuando éste se encontraba en gira por el país en busca de la candidatura presidencial de Morena. Flores Nava fue uno de los contratistas de la refinería Dos Bocas, bajo la responsabilidad en ese momento de la ahora gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Rivera Parrazales fue detenido en un operativo federal el 17 de julio último bajo la imputación de vínculos y operaciones para el Cártel del Noreste y La Barredora, grupo delincuencial surgido durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco.

Originario de Hidalgo, en años recientes no sólo hizo ostensible su opulencia y las atenciones que le prodigaban funcionarios estatales como invitado en actos oficiales, particularmente en Chiapas.

Con más de seis mil seguidores en Instagram y 18 mil en TikTok, Rivera exhibió lujo y derroche con los que vivió sin contratiempos en esta ciudad, considerada la más segura de México.

Proveedor durante al menos la última década de insumos médicos y servicios clínicos para los gobiernos morenistas de Rutilio Escandón y el actual Eduardo Ramírez, así como en Hidalgo durante la gestión del priista Omar Fayad Meneses, Rivera Parrazales fue vinculado a proceso el 16 de agosto último por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

Meses atrás, algunas de sus apariciones y actividades públicas se desarrollaban en actos oficiales: fue invitado y tuvo intervenciones en eventos con los titulares de la Secretaría de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, y de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en su calidad de director general de la empresa Industrias Médicas Chiapanecas.

Así ocurrió entre julio y diciembre del año pasado, como resultado de un convenio para introducir un programa laboral con personas privadas de su libertad en centros penitenciarios.

También conocido como Tío Rivers y el Señor de los Lamborghinis, Rivera se movía entre Tuxtla Gutiérrez y Mérida; en esta última ciudad residía desde 2018, cuyas calles recorría escuchando corridos tumbados a bordo de sus lujosos autos y camionetas.

Rivera adquirió en 2020 la casa de San Ramón Norte en Mérida, donde fue aprehendido en un operativo federal en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

La casa fue adquirida junto con la madre de sus dos hijos, cuyos nombres figuran como propietarios en la escritura pública número 400 de fecha 25 de junio de dicho año, consultada por Proceso.

Su presencia en el sur de México, específicamente en la península de Yucatán, se inició en 2017, cuando se mudó a Cancún, como él mismo expuso en su cuenta de Facebook.

Resonaban los tumbados en sus publicaciones

“Diez camionetas se miran atrás, cuido la plaza del señor Guzmán”, entonaba en noviembre de 2022 un grupo musical al interpretar la canción Siempre pendientes, de Peso Pluma y Luis R. Conriquez, que alude a la organización criminal liderada en su momento por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El grupo es considerado rival del Cártel del Noreste, al que se le vincula a Rivera Parrazales.

Otra canción se escuchó repetidamente en sus publicaciones en Instagram y Facebook en las que nunca aparece su rostro, pero sí los relojes que porta en la muñeca mientras volantea alguno de sus autos exóticos. Era el corrido La Capi, de Netón Vega: “Suena una llamada, el radio tronaba, gobierno cayó/ Si me manda el jefe, atizan la lumbre, prende el fogón/ Esto no se acaba hasta que se termine, el mando informó…”.

Las vistas en sus publicaciones –las últimas del mismo día en que fue detenido– muestran algunos sus automóviles: un Land Rover Defender SUV, un Lamborghini Huracán, un Lamborghini Aventador SVJ / Huracán STO, un Acura NSX y una camioneta Lamborghini Urus.

Las imágenes corresponden a la bodega en la que tenía su colección de autos de lujo, conocida en Yucatán por aficionados a los arrancones. En uno de estos videos, que dura 12 segundos, se exhibe un conjunto de vehículos cuyo valor calculado es de un millón 440 mil dólares (unos 25 millones 920 mil pesos).

El día del arresto del Tío Rivers las autoridades federales también efectuaron el aseguramiento del predio, ubicado a las afueras de la comisaría de Komchén, en la capital yucateca.

Proceso constató que el inmueble permanece resguardado por las Fuerzas Armadas. La ubicación tampoco era un secreto. Incluso Justo Aurelio Rivera invitó a influencers para grabar videos donde se exhiben los vehículos y que se viralizaron. En octubre y noviembre, Missbosscollector y SupercarsMéxico, respectivamente, compartieron videos en los que se ve la fortuna que acumulaba en vehículos.

Justo se paseaba con sus vehículos en las zonas más exclusivas de Mérida, la mayoría ubicada al norte de la capital. Estacionaban sus autos para fotografiarlos a las puertas del restaurante Cienfuegos. Se veía a sus vehículos transitar en la avenida conocida como City Center por una plaza comercial.

La vida del Señor de los Lamborghinis no se caracterizaba por su discreción. Sus automóviles participaban en arrancones clandestinos, que hasta la fecha se efectúan con normalidad una vez por semana. Los llamados “Miércoles de hamburguesa” han sido un secreto a voces en Yucatán.

Aunque no se conoce una intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por estos eventos o sus participantes, en algunos videos se puede ver la presencia de patrullas estatales y de la Guardia Nacional sin que quede claro su papel en esos actos.

Esas carreras tomaron relevancia luego de que, en la madrugada del 14 de mayo último, dos jóvenes que competían fallecieron a consecuencia de un accidente.

En esos espacios de fingida clandestinidad, Rivera ganó fama por su colección automotriz, conducida por él o por terceros. En algunas fotografías en la que es etiquetada su cuenta de Instagram aparecen vehículos de su propiedad: Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO, con un precio que alcanza los cinco millones 200 mil pesos, y un Porsche 911 GT3 RS, con un costo superior a los cuatro millones 400 mil pesos.

Para junio último Justo Rivera creó un club automovilístico, TMT MID, que anunció en la cuenta de Facebook de Autos Exóticos en Mérida, donde se advertía que sólo se publicaban este tipo de unidades. Tras su captura la cuenta oficial del club fue dada de baja.

El ostentoso estilo de vida del Tío Rivers abarcó también el sector inmobiliario. Otra de sus propiedades, que fue cateada, se ubica en la privada La Rejoyada, residencial que se encuentra en la comisaría de Komchén, la misma área en la que tenía su bodega de automóviles.

El precio mínimo de una casa de una sola planta en dicho fraccionamiento es de ocho millones de pesos.

Asimismo presumió en redes fauna silvestre: un cachorro de león –de legalidad no acreditada– y un gato Bengala marmolado valuado entre 30 y 60 mil pesos. Ninguno de los dos animales figuró en el reporte oficial de bienes asegurados por la FGR.

Una de las sucursales de insumos médicos de Inmedicen –que al igual que los otros tres predios fue asegurada– se encontraba a menos de 100 metros del hospital del Centro Médico las Américas (CMA), cerca de la avenida Pérez Ponce, una de las más concurridas y famosas de Mérida.

Querétaro: la pista del Lamborghini verde

El nombre de Justo Aurelio Rivera Parrazales surgió con insistencia de manera pública cuando fue mencionado como una de las víctimas de un ataque armado ocurrido en Querétaro en marzo de 2025, a un vehículo de lujo, una camioneta Lamborghini Urus, de un llamativo color verde, con placas del estado de Chiapas, en el que fueron asesinados tres ocupantes y otro fue hospitalizado.

En su primer reporte la policía municipal de Querétaro dijo que en ese vehículo de lujo con placas de Chiapas había cuatro personas lesionadas. Al mismo tiempo comenzaron a difundirse fotos de la unidad baleada la madrugada del 8 de marzo.

Los días siguientes medios como el Diario Cambio 22, de Quintana Roo, el Diario de Yucatán o Meganoticias de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mostraron la imagen de una persona de playera roja, shorts café claro y mocasines, con la mano derecha en el faro de un Lamborghini idéntico, al que identificaron como Justo Rivera Parrazales y de quien señalaron que habría fallecido en el ataque ocurrido en Querétaro.

Las versiones periodísticas señalaban vínculos de Rivera Parrazales con el exgobernador de Chiapas y actual cónsul general de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas, así como con el empresario Amílcar Olán, cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades de Querétaro sólo confirmaron las versiones extraoficiales de que Diego Méndez Velázquez, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias el Chango Méndez”, fundador del grupo criminal La Familia Michoacana que semanas atrás había sido enviado a Estados Unidos por el gobierno mexicano, se encontraba entre las víctimas mortales.

Sin embargo, nunca desmintieron o aclararon la información en torno de si Justo Aurelio Rivera Parrazales era el propietario del vehículo atacado y si ese día iba con el hijo del Chango Méndez.

–¿Esta persona está vinculada con algún grupo criminal o alguna orden de aprehensión? –preguntó una reportera sobre la persona hospitalizada.

–Nosotros no tenemos un dato específico que confirme que tiene un mandato judicial vigente –dijo el fiscal sobre el herido, cuyo nombre nunca reveló.

En julio último, cuando se conoció la detención de Rivera Parrazales, el gobernador Mauricio Kuri González defendió al fiscal Víctor Antonio Hernández:

“Cuando fue este evento la fiscalía fue muy clara, hubo dos personas del sexo femenino que habían perdido la vida y una persona hombre, que nunca se señaló que era esta persona (Justo Aurelio Rivera Parrazales), eso lo señaló un periodista. No sabemos con qué dato lo dijo, pero ya aquí ya vemos que tenía razón la Fiscalía General del Estado (…) la fiscalía siempre dijo, nunca dijo el nombre, ya salió el nombre, pero nunca dijo que era esta persona, al contrario, se desmintió cuando dijeron que era esa persona”, aseguró.

Días antes, el periodista Claudio Ochoa Huerta hizo referencia a la supuesta muerte de Rivera Parrazales en su columna de El Universal, con el título “¿Escondieron un asesinato en Querétaro?”.

El fiscal no reveló la identidad de la persona que había sobrevivido al ataque de marzo de 2025: “Tenemos una persona lesionada que ha sido directamente sujeta a una intervención médica que al día de hoy (11 de marzo de 2025) puedo confirmar que se encuentra, al parecer, sin ninguna complicación médica al respecto”.

Representantes de la prensa buscaban saber más sobre lo sucedido, pero Hernández fue esquivo. A la fecha, ese ataque, en el que tres personas fueron asesinadas, “se sigue investigando a través de una carpeta de investigación que se encuentra integrada aquí en la Dirección de Acusación de la Fiscalía General del Estado”, dijo Víctor Hernández el 21 de julio.

Hidalgo: la ruta millonaria de Inmedicen

Inmedicen, SA de CV, constituida en julio de 2015 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, figuró en procedimientos de contratación de los Servicios de Salud de Hidalgo tres años después, en el sexenio del hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses (2016-2022).

La revisión de los registros públicos de la dependencia permitió identificar, sólo en 2018, tres adjudicaciones para equipo médico y de laboratorio en las que la firma está mencionada: una por 15 millones 41 mil 720 pesos; otra por cuatro millones 872 mil pesos, y una tercera por 42 millones 582 mil 905 pesos.

En conjunto, los fallos representaron 62 millones 496 mil 625 pesos y la firma envió una carta de interés para participar, aunque no se haya presentado a las Juntas de Aclaraciones que se realizaron en un inmueble del bulevar Panorámico de Pachuca.

Los contratos derivados de esos procedimientos no están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el repositorio digital histórico del Ejecutivo estatal. No obstante, el Acta de Fallo a la licitación pública nacional No. EH-SSH-N168-2018, firmada el 24 de diciembre por los miembros del Comité de Adquisiciones del sector Salud, refiere que le fueron asignadas una serie de partidas por los 15 millones 41 mil 720 pesos.

Lo mismo sucedió con la adjudicación No. EH-SSH-N114-2018, por 42 millones 582 mil 905 pesos, para mantenimiento de equipo médico, con cargo al Ramo 18, cuyo fallo en favor de Inmedicen se dio el 24 de octubre.

Respecto de la licitación pública número EH-SSH-N134-2018 por 4.8 millones de pesos para la adquisición de equipo médico y de laboratorio, no se encontró el acta correspondiente.

El 25 de enero de 2019 Salud Hidalgo otorgó a Inmedicen el contrato VET-001-2019, por un millón 296 mil 616.60 pesos, para la adquisición de vehículos y equipo terrestre.

Un mes después, el 26 de febrero, la dependencia otorgó mediante licitación pública el contrato EML-011-2019, por 255 mil 200 pesos, para adquirir 12 camas destinadas al Hospital Integral de Zimapán.

Pero el contrato mayor identificado ese año es el EML-433-2019, por 21 millones 71 mil 632 pesos, destinado a equipo médico y de laboratorio para hospitales y unidades de Tula, Ixmiquilpan, Huichapan, Atlapexco, Pachuca, Actopan, Jacala, Cinta Larga, Tlanchinol, Apan y Huehuetla, además de las regiones Huasteca y Otomí-Tepehua.

De acuerdo con el acta de una asamblea registrada ante el Registro Público de Comercio, en febrero de 2019 Rivera Parrazales renunció a su cargo y facultades dentro de Inmedicen.

Sin embargo, un contrato posterior de Salud Hidalgo, fechado en diciembre de ese mismo año, todavía lo identificó como representante legal de la empresa.

En julio de 2020, durante la emergencia sanitaria, Inmedicen volvió a ser contratada por el sector Salud Hidalgo para el equipamiento del Hospital Montable de Respuesta Inmediata, por un millón 276 mil pesos, según el contrato EML-160-2-2020.

Entre los procesos en los que fue incluida está el que coordinó el Ejecutivo para “Adecuaciones y Área Covid en el Hospital Materno Infantil”, así como “Rehabilitación del Centro de Salud del Ejido de Palizar”.

En Chiapas, proveedor consentido

Además de ser relacionado con esquemas de contratación durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, documentos oficiales muestran que empresas en las que Justo Rivera figura como representante legal mantienen convenios y registros vigentes con instituciones de la actual administración estatal, del también morenista Eduardo Ramírez.

Uno de esos documentos corresponde al Convenio General de Colaboración en Materia de Industria Penitenciaria, Capacitación y Trabajo, suscrito el 11 de julio de 2025 entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y la empresa Industrias Médicas Chiapanecas, SA de CV (Inmech), representada legalmente por Justo Aurelio Rivera Parrazales.

El convenio establece una vigencia de cinco años, que se cumplen hasta 2030, y tiene como propósito desarrollar acciones de capacitación, instalación de maquinaria y generación de trabajo remunerado para personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del estado, como parte de los programas de reinserción social.

“En coordinación con Industrias Médicas Chiapanecas, llevamos a cabo la firma de convenio para fortalecer los centros penitenciarios, a través del programa ‘Reparando Vidas’, con la cual, se busca capacitar, incluir y ayudar al sistema penitenciario”, anunció el secretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el 21 de julio de 2025, en el anuncio oficial del convenio, en el que fue flanqueado por Justo Aurelio Rivera Parrazales.

Seis meses después, el 23 de diciembre, “Reparando vidas” era inaugurado en el Centro estatal de reinserción social 14, El Amate, en Cintalapa.

Esa vez Rivera acompañó a la secretaria de Gobierno y Mediación del estado, Dulce María Rodríguez Ovando, además del titular de Seguridad, Óscar Aparicio, quien en el acto y en sus redes haría una mención específica del empresario: “Agradezco al director general de Industrias Médicas Chiapanecas (Inmech) Justo Rivera Parrasales (sic) por sumarse a los trabajos que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer nuestro Sistema Penitenciario”.

Industrias Médicas Chiapanecas aparece inscrita en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La administración municipal está encabezada por Ángel Torres Culebro, quien anteriormente ocupó diversos cargos en el gobierno de Rutilio Escandón, entre ellos la Dirección General del DIF Chiapas y la Secretaría de Obras Públicas.

La misma empresa también formalizó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Chiapas en octubre de 2025. En dicho acuerdo Rivera Parrazales aparece igualmente como representante legal de Inmech.

De acuerdo con la documentación pública disponible, al menos cuatro empresas vinculadas con Rivera Parrazales obtuvieron contratos con el gobierno de Chiapas: Industrias Médicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Inmedicen y Servimedic del Sureste.

La presencia de Rivera en Chiapas era regular, no solamente para los negocios, sino también se daba tiempo para el entretenimiento: todavía en diciembre pasado fue un asiduo asistente al palenque en la feria estatal, donde se le vio acompañado de funcionarios estatales en presentaciones como la del cantante Julión Álvarez.

La feria, por cierto, contó con las ambulancias de Inmech para la asistencia médica de los visitantes.