Una contradicción entre dos artículos constitucionales pone en riesgo la llegada de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2027. Mientras el artículo 94 (producto de la reforma judicial) fija una presidencia de dos años renovable por voto popular, el artículo 97, que permaneció intocado, establece un periodo de cuatro años elegido por el pleno de los ministros. Ante el silencio del Poder Legislativo y del Ejecutivo sobre cómo destrabar el conflicto, la decisión podría recaer en el propio pleno de la Corte, donde las pugnas internas y la falta de orden entre los ministros complican cualquier salida clara.
En una escena nunca vista en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la sesión del 9 de julio último, la ministra Lenia Batres Guadarrama se levantó de su lugar mientras el ministro Giovanni Figueroa Mejía intervenía en el máximo tribunal de justicia del país. Batres ignoró la argumentación del ministro y se acercó a su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien, en lugar de poner orden, se puso a conversar con la ministra.
Figueroa tuvo que detener su exposición para llamar la atención de los participantes en el diálogo mientras algunos ministros se sorprendieron por el desaire a su homólogo, en tanto que otros hacían muecas de franca molestia. La escena se completó cuando la autodenominada “ministra del pueblo” regresó a su lugar y al momento de intervenir no sabía qué tema se estaba discutiendo y se puso a leer apuntes de otro caso.
El hecho ocurrió a un mes de que Batres y Figueroa protagonizaron un desencuentro en el que la ministra acusó a su compañero de tener “algún tema particular” con ella, porque le pidió que el engrose de uno de sus proyectos quede claro con las modificaciones acordadas en el Pleno.
“Yo agradezco que se aclaren las veces que sean necesarias, ministra, para que en el engrose no tengamos resistencias”, dijo entonces el ministro.
Figueroa indicó que su insistencia deriva de que en otras ocasiones Batres ha dejado los engroses finales sin cambios.
“Parece que el ministro Giovanni tiene el día de hoy algún tema particular con su servidora”, comentó Batres.
“No, con su proyecto”, respondió rápidamente Giovanni Figueroa sin que el ministro presidente pudiera intervenir para calmar el disenso.
Más que anécdotas, los hechos han sido expresiones del estilo y gestión de la ministra Batres y de su influencia en Aguilar, a quien debe suceder en septiembre de 2027, según la reforma judicial del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la llegada de Batres a la presidencia del tribunal constitucional de México es objeto de controversia dentro y fuera de la Suprema Corte debido a que la reforma que impuso el “voto popular” para la elección de los ministros se contradice con la Constitución política.
La reforma judicial estableció en el artículo 94 constitucional que la presidencia de la Corte durará dos años y que se renovará conforme al número de votos obtenidos en las urnas. Aguilar fue el primer presidente de la nueva Corte por haber obtenido el mayor número de sufragios en la elección del 1 de junio de 2025: seis millones 195 mil 612 de un padrón electoral de 103 millones 75 mil de electores.
Según esa disposición, Lenia Batres Guadarrama –abiertamente afín a Morena– debe ser la presidenta de la Corte para el periodo 2027-2029, al haber obtenido el segundo lugar en la elección conocida como la del “acordeón”.
Sin embargo, al aprobar la reforma constitucional Morena y sus aliados dejaron intocado el artículo 97 de la Carta Magna, según el cual la presidencia de la Corte durará cuatro años y que el ministro presidente será electo por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Es decir, ese artículo sigue vigente más allá de la reforma de López Obrador.
Eso ha generado que públicamente se especule sobre la posibilidad de que Batres Guadarrama no llegue a la presidencia de la SCJN, pues hasta ahora ni el Poder Legislativo ni la presidenta Claudia Sheinbaum han dicho públicamente cómo se va a resolver la contradicción entre los dos artículos constitucionales.
Si el Poder Legislativo tiene intenciones de arreglar el problema, tendría que hacer una reforma constitucional que sea aprobada por la mayoría de los congresos locales y promulgada por el Ejecutivo federal, incluso, un día antes de que Aguilar Ortiz cumpla dos años de ministro presidente, lo que ocurrirá el 1 de septiembre de 2027.
En esa eventual reforma el Congreso de la Unión podría dejar vigente la rotación de la presidencia de la Corte conforme al artículo 94 derogando la parte que lo contradice en el 97 constitucional, o cambiar las reglas definitivamente y dejar subsistente el mecanismo de cambio de ministro presidente conforme a lo que establece el artículo 97.
Si el Congreso de la Unión decide no asumir esa responsabilidad, podrá declarar oficialmente que el Pleno de la Corte debe hacerse cargo; si no lo hace, el propio ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz puede someter a consulta de sus compañeros que decidan cómo operará el cambio de presidencia, si conforme al 94 o al 97 constitucional.
Esta opción pone aún más en incertidumbre la presidencia de Lenia Batres, pues las confrontaciones con sus compañeros operan en su contra debido a que no sólo ha tenido momentos ríspidos con Giovanni Figueroa sino con el resto de sus compañeros por sus propuestas, como la reapertura de asuntos que ya han causado estado, a la que la mayoría se ha manifestado en contra.
O su posición más reciente para imponer impuestos a las herencias y a las cuentas individuales de retiro (las Administradoras de Fondos para el Retiro, Afores) contra la que incluso el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García ha hecho videos explicando que no va a suceder y que la mayoría en el pleno ya la rechazó.
Ambas propuestas también ya fueron rechazadas públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al interior de la Corte la influencia de Batres sobre Aguilar Ortiz ya rebasó la percepción de que ambos tienen criterios afines, sino que en los pasillos del máximo tribunal prevalece la idea de que la ministra es quien realmente impone su voluntad.
Además, el “aval ciudadano” que dio a Aguilar la presidencia y su estrategia de no confrontarse con sus compañeros tampoco le han servido para controlar los debates en el Pleno que cada semana está en el ojo público por comentarios desafortunados o peleas entre sus integrantes.
“Los primeros meses yo creo que estaba dirigiendo con bastante fluidez el debate en la Corte”, dijo en entrevista con Proceso Luis Tapia, profesor de Amparo en la Universidad Iberoamericana de Torreón, Coahuila.
“Ahora esta deferencia para no generar conflicto que utiliza el presidente actual le está cobrando factura. Me da la impresión de que no quiere pelearse, no quiere generar situaciones incómodas, pero eso está haciendo que se vea una Corte desordenada, que no tiene un debate estructurado y genera una percepción de que las decisiones no son serias, que la Corte no es un tribunal serio, y eso es preocupante”.
La curva de aprendizaje de los nuevos ministros que llegaron mediante las listas conocidas como “del acordeón” parece no terminar desde su incorporación a la Corte hace casi un año, el 1 de septiembre de 2025.
Para el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, no es un problema que recaiga sólo en los hombros de quien ocupe la Presidencia de la Corte, sino de todos los integrantes del Pleno.
“Puede ser que el ministro Hugo Aguilar no ejerza completamente sus funciones de presidente, pero también que los ministros no sigan un orden en las discusiones porque no tienen una comprensión cabal de lo que están discutiendo y que, parece, existe una serie de pugnas internas que en lugar de resolverse como tales se están resolviendo en las discusiones públicas o se están manifestando en las sesiones públicas. Creo que es una combinación de factores que está produciendo un desorden en el tema”, considera.
“Puedes tener un ministro presidente ordenado y que pueda poner cierto orden, pero si las personas están discutiendo cada quien lo que se le da la gana, hablan a la hora que quieren hablar, se equivocan, no tienen claridad de lo que están discutiendo, lo que están votando, por muy presidente que seas es muy difícil que logres imponer un orden ante tan tremendo desorden”.
Cossío Díaz advierte que mientras predominen los conflictos personales entre los integrantes del Pleno, independientemente de quién ocupe la presidencia de la Corte, el escenario no es nada prometedor para nadie.
“Puedo entender que las personas tengan rivalidades, compromisos, procedencias políticas distintas, todo eso se puede entender, no se trata de ir a la Corte a hacer amigos, pero sí me parece que hay ciertas formas que tienen que ver con la subordinación de las condiciones personales al funcionamiento del
órgano.
“Si las sesiones van a ser utilizadas para para estarse golpeando, para estarse señalando los defectos que no tienen que ver sobre la discusión de los asuntos, si es para atacarse en términos políticos, pues sí resulta muy difícil la gobernabilidad de una institución, cualquiera que sea el presidente. No estoy diciendo con uno o con otro, pero pues si todo el tiempo van a estar ahí dando descontones unos a los otros, pues es muy difícil francamente que el órgano pueda tener un buen funcionamiento”.
El ministro alerta que este desorden dentro de la Corte impacta directamente en los justiciables, porque mientras los ministros utilicen los debates de los asuntos en demostrar las incapacidades de sus compañeros o en demostrar su propia inteligencia y capacidad, quienes sufren son las personas implicadas en cada caso en el que está de por medio su libertad, su patrimonio o cualquiera de sus derechos.
“Al final de cuentas resulta perjudicado el ciudadano, luego la imagen institucional de la Suprema Corte y, en tercer lugar, el funcionamiento del Estado mexicano. Porque si no se pueden resolver bien los asuntos en la Suprema Corte o la gente decide no llevar allá sus asuntos, pues hay que preguntarse ¿dónde se van a resolver los conflictos que no se están pudiendo resolver mediante los litigios que están siendo llevados a la Suprema Corte? Ése sí es un problema de gobernabilidad general del país”, lamenta.








