domingo 15 de noviembre de 2026

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El desplazamiento forzado interno en México continúa sin una ley que lo regule, pese a dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a un amparo pendiente en la Suprema Corte. Desde 2006 más de 386 mil personas han sido desplazadas por la violencia, según la CMDPDH, y sólo en 2025 se sumaron casi 16 mil casos más, de acuerdo con un informe de la Ibero. Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentran la mayoría de los desplazamientos, atribuidos en más de 80% de los casos al acoso del crimen organizado.

Durante la autollamada Cuarta Transformación ni el Ejecutivo federal, el Senado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación han querido enfrentar el problema del desplazamiento forzado en México, que afecta a casi medio millón de personas y que ha propiciado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2020, después de 14 años de iniciada la guerra contra el narcotráfico emprendida durante el gobierno de Felipe Calderón y luego de dos recomendaciones de la CIDH, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Pero casi seis años después la minuta está congelada en el Senado.

También existe un amparo que busca obligar al Congreso para que legisle en materia de desplazamiento forzado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pospuesto en dos ocasiones la discusión del proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos, quien rechaza la recomendación de la CIDH para pedirle al Senado que legisle.

Pese a no haber datos oficiales, puesto que el gobierno federal carece de un registro nacional de víctimas de desplazamiento forzado, asociaciones de derechos humanos e instituciones educativas han documentado que estos movimientos migratorios se deben principalmente a la violencia ocasionada por grupos delictivos.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detalló en su monitoreo que desde 2006 hasta finales de 2022, 386 mil 197 personas han sido desplazadas en México por violencia.

El informe “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, calculó que en 2025 tan sólo 15 mil 795 personas abandonaron sus localidades, en 83.6% de los casos por acoso del crimen organizado.

De acuerdo con el informe, tres estados concentran la mayor parte de las personas desplazadas documentadas: Sinaloa, con seis mil 195; Chihuahua, con cuatro mil 492 personas, y Michoacán, con tres mil 363.

Asimismo destaca Guerrero con 785 personas, Jalisco con 360, Oaxaca con 319, Chiapas con 203, San Luis Potosí con 67 y Sonora con seis personas desplazadas.

Alejados de los desplazados, cercanos al gobierno

El 6 de noviembre de 2023 el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) promovió ante la justicia federal un amparo para que se legisle en materia de desplazamiento. Al negársele, tramitaron un recurso de revisión y un tribunal colegiado ordenó enviar el caso a la SCJN para que analice ordenar al Congreso a que legisle en la materia o retome la reforma aprobada en 2020 en la Cámara de Diputados.

En el amparo el CNLE detalló que el desplazamiento forzado interno afecta principalmente a grupos vulnerables que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia por causas externas como violencia, desastres naturales o megaproyectos.

Recuerda que en 2013, 2015 y 2022 la CIDH emitió recomendaciones al Estado mexicano para expedir la legislación federal y la estatal en la materia.

El proyecto estuvo a cargo de la ministra María Estela Ríos González, integrante de la actual conformación electa por primera vez por voto popular. Según la propuesta, la ministra buscará que el Pleno de la Corte declare que el Congreso de la Unión no está obligado a legislar en materia de desplazamiento forzado porque las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes.

La discusión del proyecto se ha pospuesto sin explicaciones en dos ocasiones: el 10 de marzo y el primero de junio últimos.

La directora del CNLE, Mariana Calderón Aramburu, explicó en entrevista que, con esa propuesta, la ministra Ríos González incumple con su obligación de acercar la justicia a la gente, en este caso, a las víctimas de desplazamientos forzados.

“El desplazamiento es una de las problemáticas más complejas que tenemos en el Estado mexicano, más complejas, más profundas y más delicadas”, afirma.

De igual manera, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, en el estado de Guerrero, Teodomira Rosales, realata a Proceso que cuando el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, fue electo, ella se reunió con él y le habló de la urgencia de legislar el desplazamiento forzado en el país.

La activista en derechos humanos, que ha sufrido en tres ocasiones desplazamiento forzado, consideró que la llegada de Aguilar Ortiz era una esperanza para esas comunidades. Sin embargo, ante la inactividad de la Corte sobre el tema, consideró que es porque tiene que alinearse a las órdenes del gobierno federal.

“Hay muchas personas en distintos estados de la República o en Estados Unidos o en otros países que andan sufriendo por este tipo de delito”, lamenta.

En entrevista, la senadora del PRI Claudia Anaya, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que cuando la Corte deja de representar al derecho de los ciudadanos para representar el interés de un grupo político, se va diluyendo la defensa de los derechos de los ciudadanos, ya que reacciona a una necesidad del gobierno.

“Si el gobierno necesita más dinero, la Corte o alguna ministra se pronuncia por gravar herencias, aunque no sea un tema de su competencia legislativa. Ya ni siquiera reaccionan dándole una secuencia lógica a su pensamiento anterior. Reaccionan a necesidad de lo que ve que el gobierno necesita. Si el gobierno no quiere que se hable de una problemática, como es la de desplazados, pues entonces ellos no van a urgir al Congreso a que se legisle”, explicó.

Desde AMLO, la congeladora

El 29 de septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

La reforma reconoce que se deben garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado interno. También establece la creación de un programa nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno.

Además, fija la creación del Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno mediante el cual el Poder Legislativo tendría que asignar anualmente recursos económicos para su operación en el presupuesto de egresos.

La reforma también obliga a crear el Registro Nacional de Personas Desplazadas y fija las atribuciones, así como la distribución de competencias entre la federación, entidades, municipios, organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones
duraderas.

Pese a que la ley fue avalada por unanimidad, la minuta enviada al Senado quedó congelada el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y permanece así hasta la fecha.

Todavía el 6 de septiembre de 2023 la entonces senadora morenista Nestora Salgado hizo un llamado a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda, para que dictaminaran la minuta en el Senado.

Explicó que la minuta es fundamental porque constituye uno de los pendientes más importantes en materia de derechos humanos y representa un mecanismo para garantizar la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno. El escrito de la legisladora fue ignorado.

En los pasillos del Senado la crisis de desaparecidos se diluye entre la euforia de algunos legisladores por gobernar su estado natal o ser presidentes de la Mesa Directiva del Senado.

La crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en las sierras de Sinaloa, Chiapas o Guerrero tampoco trastocan a los legisladores que en la actual legislatura priorizaron incluso iniciativas de reforma enviadas por el expresidente López Obrador, como la reforma al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos, la prisión preventiva oficiosa o la entrega de pensiones del Bienestar.

Por parte de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum aprobaron reformas como el Plan B de la reforma judicial, la reducción gradual de la jornada laboral, el límite de jubilaciones de pensionados del Estado o la ley que faculta al Congreso para legislar en materia de feminicidio.

Incluso los legisladores abrieron un periodo extraordinario, del 26 al 28 de mayo, para cambiar las fechas de la elección judicial de 2027 a 2028.

Proceso consultó sobre la minuta a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la morenista Celeste Ascencio, quien pidió licencia el 23 de septiembre último para buscar contender por la candidatura de la gubernatura de Michoacán. La legisladora se desconcertó y sólo mencionó que la revisaría, pero que en ese momento no estaba en la agenda.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, afirmó que en la semana del 13 de julio de 2026 se reuniría con la Comisión de Derechos Humanos para ver las minutas, trabajos pendientes y ahí definir una ruta de trabajo.

El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien en 2020 presidió esa misma junta, pero en el Senado, dijo a este reportero no saber por qué no se ha aprobado.

“No ha pasado. No se ha aprobado todavía. Yo creo que está en el Senado. ¿Por qué no se aprobó en el Senado? No me acuerdo. Es que hay muchas leyes, pero déjame checarlo a ver si la podemos desempolvar”, comentó.

En el oficialismo, un asunto relegado

Para la senadora del PRI Claudia Anaya el tema no es prioridad para el partido oficialista.

“Cuando llega Morena con su aplastante mayoría todo tipo de modificación constitucional se toma de manera unilateral o deja de ser tomada con consideración de la oposición; las constitucionales y las secundarias. Luego por eso ya no tenemos incidencia en qué legislación queremos que se saque adelante”, detalló.

La legisladora tricolor también recordó que su estado ha padecido desplazamiento forzado, por lo que fue necesaria la legislación local para atender a las víctimas.

“No todas las entidades federativas han tenido, afortunadamente, este problema, en Zacatecas sí lo tuvimos en 2021 y 2022.

“Bajaron a toda la gente de la sierra y en Jerez, particularmente, hubo muchos documentales nacionales al respecto de cómo varias comunidades quedaron abandonadas porque la gente prefería abandonar su tierra a exponerse a algo llamado ‘la leva’, parecido a la Revolución, que iban y se llevaban a los jóvenes. Entonces, antes de exponer a sus familias, la gente terminaba abandonando sus pueblos”, expuso.

De acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México de 2021 de la CMDPDH, se calcula que al menos 28 mil 943 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse internamente debido a la violencia en México.

Entre los tres estados con más desplazados por violencia se encontraba Zacatecas, con tres mil 693; arriba de ese estado se encontraba Chiapas, con siete mil 117, y el estado que más personas desplazadas tuvo ese año fue Michoacán, con 13 mil 515. Entre los tres estados se concentra 84% de los desplazados registrados en 2021.

En el vacío, las leyes estatales

En México cinco estados de la República han legislado en la materia: Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca. Sin embargo, activistas de derechos humanos aseguran que estas medidas son insuficientes.

Teodomira Rosales explicó que la buena intención de los Congresos locales se ha quedado en eso, ya que no tienen recursos y la delincuencia organizada sigue imperando cuando las personas van a denunciar.

“En Guerrero tenemos el desplazamiento tipificado como delito, pero las víctimas desplazadas no denuncian. Incluso el mismo gobierno obliga a las personas a que no denuncien como desplazamiento. ¿Por qué? Porque se tiene que investigar, se tiene que dar con los responsables que ocasionan este tipo de delito.

“Muchas víctimas pierden la vida en el transcurso del desplazamiento, o antes de desplazarse son extorsionados, son reclutados, son asesinados. Entonces obviamente no ha funcionado. La persona que puso la primera denuncia por desplazamiento en 2022 la tarde de ese mismo día su hermano fue asesinado”, explicó.

La activista señaló que en los demás estados donde se ha reformado sobre el tema la situación es similar y las víctimas siguen sin la reparación del daño.

“En todos los estados es lo mismo. Los gobernantes están cortados con la misma tijera. En Oaxaca, por ejemplo, que salió el año pasado la ley, pues hasta ahorita no se ha cumplido, están en la reglamentación, pero todavía no se cumple, las víctimas siguen estando igual”, lamentó.