El primer informe de Aureliano Hernández Palacios revela que su llegada a la ASF no significó una ruptura, sino una continuidad disfrazada: el ente fiscalizador abandonó su función de auditar el gasto para limitarse a validar la dispersión de recursos, una tarea administrativa sin capacidad de detectar irregularidades. Las 21 denuncias que presentó, enfocadas en municipios y sin tocar los grandes proyectos de infraestructura del sexenio pasado, funcionan como cortina de humo que oculta la debilidad estructural de una fiscalización cada vez más simbólica.
La primera entrega de informes de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó las sospechas de que el veracruzano no rompería con la controvertida gestión de su antecesor, David Colmenares Páramo. Se esperaba que devolviera al ente fiscalizador su función de supervisor independiente de los gobiernos, pero en lugar de auditar el gasto la ASF se limitó en verificar que el gobierno federal calculó y dispersó adecuadamente los recursos a los gobiernos estatales en 2025 y que éstos los distribuyeron conforme a sus obligaciones.
El 30 de junio último, día en que Hernández Palacios presentó los resultados de los primeros cuatro meses de su gestión al frente de la ASF, el ente fiscalizador entregó escasos 33 informes a los legisladores –uno por cada uno de los 32 estados y uno sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de entregar los fondos—, de los cuales derivaron apenas una solicitud de aclaración y seis observaciones, así como una irregularidad irrisoria de 1.4 millones de pesos, descubierta en Chiapas, equivalente a 0.0001% del total de recursos dispersados a los estados.
A modo de comparación: el año anterior, en la primera entrega de informes relativos a la cuenta pública 2024, la ASF de David Colmenares, que no obstante era criticada por el carácter superficial de sus auditorías, había elaborado 152 informes, de los cuales habían derivado 387 acciones –incluyendo 123 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 39 solicitudes para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigara a personas y empresas– y se habían determinado 662.5 millones de pesos en presuntas irregularidades.
Aunque la ASF no auditó el gasto público, y por lo tanto no era posible que determinara irregularidades, los gobiernos del Estado de México, de Morelos y de Tamaulipas, entre otros, utilizaron la primera entrega de reportes de auditoría para presumir en la prensa sus supuestas buenas gestiones, con titulares como “El Estado de México cumple”, “Morelos logra récord histórico” o “Registra Tamaulipas cero monto observado”.
Para tratar de ocultar la ausencia de fiscalización de los primeros informes de su gestión, el martes 30 de junio Hernández presumió ante la Cámara de Diputados que la ASF había presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades de cerca de 600 millones de pesos, y anunció otros recursos contra 30 servidores públicos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De acuerdo con una revisión de Proceso, la ASF presentó las denuncias el 26 de junio, es decir, escasos cuatro días antes de la primera entrega de informes. Estas denuncias derivan de nueve auditorías, relativas a las cuentas públicas de 2021, 2023 y 2024; cinco de ellas tienen que ver con malas gestiones municipales, una con un gobierno estatal (Nayarit), otra con una universidad (la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca), otra con una empresa paraestatal (Talleres Gráficos de México) y una sola con un ente federal, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador: la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Las denuncias referentes a los gobiernos municipales de Alvarado, en Veracruz; de Matehuala, en San Luis Potosí; de Maravatío, en Michoacán, y de Donato Guerra y Valle de Bravo, ambos en el Estado de México, tienen que ver principalmente con la falta de documentación que compruebe el uso de los recursos federales. En 2024, por ejemplo, el municipio mexiquense de Valle de Bravo gastó 40 millones 717 mil pesos de recursos federales en obras de construcción, pero no entregó la documentación necesaria respecto de los procesos de contratación de las empresas que realizaron los trabajos, lo que llevó la ASF a determinar que todos los recursos quedaban pendientes por aclarar.
El informe sobre la Cofepris es el más elaborado de todos: en esta auditoría de cumplimiento forense la ASF determinó irregularidades por 121 millones 934 mil pesos en contratos sobre el mantenimiento de inmuebles, en parte por una simulación en un proceso de licitación en el que compitió una maraña de empresas vinculadas entre sí; en los contratos revisados la ASF descubrió empresas que falsificaron los entregables justificativos de los servicios prestados, o que subcontrataron los servicios por los que habían sido contratados por la Cofepris.
La ASF no informó qué criterios utilizó para presentar denuncias sobre estas nueve auditorías específicas, y no sobre las 18 mil 295 solicitudes de aclaración y pliegos de observación que la ASF tiene pendientes, o por los 777 mil 880 millones de pesos de presuntas irregularidades que el ente fiscalizador observó en el pasado, y que no han sido solventadas por los gobiernos, a los que se deben sumar otros 86 mil 847 millones de pesos pendientes de recuperarse.
Estructura intocada
El nombramiento de Aureliano Hernández Palacios, el 10 de marzo último, despertó sospechas entre los observadores de la ASF, quienes coincidían en la necesidad de romper con el sistema de auditorías “a modo” instalado por David Colmenares, que consistía en negociar con los gobiernos –federal, estatales y municipales, sin importar el partido político– para realizar informes de auditoría superficiales y sin observaciones susceptibles de causar problemas políticos para los mandatarios.
La gestión de Colmenares se caracterizó por su reticencia a fiscalizar las grandes obras del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas y el Tren Interoceánico, pese a los cuestionamientos sobre las adjudicaciones y la calidad de las obras –los trenes han descarrilado y la refinería se ha incendiado–, y que sus costos se triplicaron con el avance del sexenio.
Era difícil pensar que Hernández Palacios encarnaría una ruptura con el modus operandi de Colmenares, dado que él mismo fue, durante los últimos ocho años, una pieza clave en la estructura del oaxaqueño, en la que fungió primero como director general de Gasto Federalizado “D”, y luego como auditor especial de Gasto Federalizado. De hecho, en una denuncia presentada por un alto funcionario de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) el año pasado, el ahora titular de la ASF fue acusado de negociar con gobiernos locales para realizar auditorías a modo.
Hernández llegó a la titularidad de la ASF después de un proceso de selección opaco, realizado en apenas tres semanas –contra cuatro meses para el nombramiento de Colmenares– y que culminó con una elección extraña, en la cual recibió 98% de los votos de la Cámara de Diputados, con el aval de todos los partidos políticos.
Además del beneplácito de todas las fuerzas políticas del país, Hernández Palacios cuenta con sólidos vínculos con la llamada Cuarta Transformación, pues su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y su tío, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, fue procurador agrario durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y funge actualmente como director jurídico del IMSS.
“Es imposible que hagan auditorías integrales, primero porque no están autorizadas en la ley y segundo porque una auditoría debe revisar el ejercicio y la materialidad del gasto, no solamente quedarse sentados a observar cifras”, explica Muna Dora Buchahin, exdirectora general de Auditoría Forense entre 2010 y 2018.
Las acciones que Hernández ha tomado en sus cuatro meses al frente de la ASF muestran una continuidad con Colmenares y sus operadores, que siguen en la abultada nómina de la ASF, especialmente en el ejército de 201 altos funcionarios que cobran más de 100 mil pesos brutos mensuales. Mantuvo, por ejemplo, a su lado al político oaxaqueño Jaime Bolaños Cacho Guzmán, un incondicional de Colmenares, al que nombró asesor especial.
Dio el mismo cargo a la zacatecana Claudia Corichi García, exdiputada federal por Movimiento Ciudadano y extitular de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de la Fiscalización de la ASF bajo Colmenares, cargo que entregó a Ivone Henestrosa Matus, otra funcionaria que creció bajo el cobijo del oaxaqueño.
También guardó a Arely Gómez González –otrora titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– y mantuvo en la Unidad de Asuntos Jurídicos a Víctor Manuel Andrade Martínez, hermano de Virgilio Andrade Martínez, entonces titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien exculpó al expresidente Enrique Peña Nieto de cualquier irregularidad en el caso de corrupción de la Casa Blanca, construida y financiada por el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú.
En la UAJ, Andrade tiene como director general a Marco Fernando Mier Velazco, el hermano del senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de facto de la Cámara Alta.
Grupos de poder
A la par de que conservó la estructura de Colmenares, Hernández hizo algunos cambios en la ASF para ascender a personas cercanas a él –trabajaron juntos en sus tiempos en la Tesorería capitalina del perredista Miguel Ángel Mancera–, como Isaac Ortiz Calzada, el encargado de la Secretaría Técnica de Fiscalización, quien fue coordinador de la Tesorería de la Ciudad de México durante el gobierno de Mancera, o Alejandro Serrano Cortés, hermano de Héctor Serrano Cortés, polémico exsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, primero con Marcelo Ebrard y luego con Mancera.
Entre los nuevos cuadros de la ASF que entraron o ascendieron con Hernández destaca José Arturo Lozano Enríquez, nombrado titular de la recién creada Unidad de Inteligencia y Análisis del Gasto, quien fue subsecretario de Ingresos y director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) durante el final del sexenio del priista Alfredo del Mazo Maza.
Hernández ascendió a Alfonso Damián Peralta al frente de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas. Ahí, el hermano de Esthela Damián Peralta (otrora consejera jurídica de Claudia Sheinbaum Pardo y ahora aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena) colocó a varios funcionarios de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, de la que fue titular hasta su nombramiento en la ASF, el 7 de abril último, así como al político oaxaqueño Gustavo Marchelo Benecchi Loyola, quien fungió como subsecretario de Egresos en la administración estatal de Alejandro Murat Hinojosa.
También figuran Rafael Hernández Alarcón, extitular de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y exfuncionario de la Ciudad de México (en las administraciones de Mancera y de Claudia Sheinbaum Pardo), quien funge como auditor especial de Gasto Social, Educación y Salud; Carlos Humberto Toledo Zaragoza, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chiapas durante el mandato de Manuel Velasco Coello, recién nombrado titular de la Unidad Especializada en Seguimiento e Investigación, o Juan Roberto Castillo Cruz, excolaborador de Hernández, quien lo nombró en la Auditoría Especializada a Municipios.
Aureliano Hernández Palacios mantuvo o escaló a personajes vinculados con algunos grupos de poder, tanto en la llamada Cuarta Transformación (especialmente entre los liderazgos legislativos) como en sectores de la oposición, en línea con el modelo de Colmenares.
Ascendió por ejemplo a Samali Andrea Pérez Horowich, sobrina de Ricardo Monreal Ávila –es hija de Juan Pérez Guajardo, cuñado de Monreal–, como coordinadora de servicios especializados en la Dirección General de Difusión y Vocería, donde cobra un salario bruto mensual de 134 mil 905 pesos. Monreal, quien controla la Cámara de Diputados –la autoridad de tutela de la ASF–, ya había contratado a la joven como asesora, con un ingreso de 115 mil 459 pesos mensuales, en el Senado en 2019, escasos días después de asumir como coordinador de Morena en esa cámara.
El titular de la ASF confirmó al político tamaulipeco Javier Villarreal Terán en la Dirección General de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos, la oficina encargada de la relación con la Cámara de Diputados y, por ende, con Monreal, de quien Villarreal fue asesor antes de lanzarse por una diputación local en su estado natal.
Aureliano Hernández se rodeó de varios personajes de Veracruz, su estado natal, algunos vinculados con el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Javier Herrera Borunda, quien preside la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a la que la ASF rinde cuentas. Hernández jaló de la UEC –una unidad que depende de la Comisión de Vigilancia– a su paisano Carlos Robles Saldaña, a quien entregó la muy estratégica Dirección General de Investigación y Auditoría Forense, encargada de realizar las indagaciones más especializadas sobre potenciales asuntos de corrupción.
Robles Saldaña fue director del DIF de Boca del Río durante la gestión del priista Salvador Manzur Díaz, quien fue señalado por la propia ASF de realizar desvíos multimillonarios durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, de quien fue secretario de Finanzas.
Manzur fue uno de los pupilos del exgobernador Fidel Herrera Beltrán (padre del diputado Javier Herrera) en Veracruz, pues formaba parte de un grupo al que la clase política local conocía como “los niños de la Fidelidad”. El mismo Fidel Herrera entregó, en mayo de 2009, una patente de notario público a Enrique Casazza Murillo, al que Hernández nombró asesor especializado.








