domingo 15 de noviembre de 2026

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Durante el Mundial de Futbol 2026, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, se convirtió en el principal interlocutor con familias buscadoras, pero su gestión derivó en una ruptura marcada por cercos policiales, acuerdos incumplidos y denuncias de manipulación. Mientras el gobierno de Clara Brugada buscaba proyectar una imagen de orden ante el torneo internacional, aplicó una lógica de contención uniforme que equiparó a las víctimas de desaparición con otros movimientos sociales.

Durante el Mundial de Futbol 2026 el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, quedó en el centro de una contradicción de la administración de Clara Brugada: mientras el gobierno capitalino buscaba proyectar ante el mundo la imagen de una ciudad preparada para albergar el torneo internacional de futbol, el funcionario local encabezó una interlocución con las familias buscadoras que terminó entre cercos policiales, acuerdos incumplidos y denuncias por manipulación. Cravioto se convirtió así en el rostro de la primera gran ruptura entre las víctimas y la administración morenista en la capital del país.

El quiebre comenzó antes del primer silbatazo de la justa deportiva, cuando varios movimientos sociales advirtieron que el torneo les ofrecía una oportunidad excepcional para colocar sus demandas bajo la mirada de audiencias masivas alrededor del planeta.

Ante un escaparate de tal magnitud, las familias comenzaron a preparar protestas para visibilizar la crisis de desapariciones en México. De la misma manera lo hicieron miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos, agrupaciones de campesinos, habitantes del pueblo de Santa Úrsula e incluso un contingente del Bloque Negro.

En los días previos a la inauguración del Mundial, la Ciudad de México ya se había convertido en un punto de convergencia de conflictos sociales.

Director regional del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Rodrigo Peña explicó en entrevista con Proceso que ese escenario modificó por completo la lógica con la que el Gobierno de la Ciudad de México enfrentó las protestas.

“Fue un despliegue pensado desde el punto de vista de la contención de la movilidad y de la realización del torneo; a partir de ahí es que empiezan a ordenarse el resto de las prioridades”, considera.

Cravioto Romero apareció como principal interlocutor del gobierno local con las familias buscadoras y, en general, para administrar o contener las movilizaciones que se articularon alrededor del Mundial.

Para el también especialista en seguridad y procesos de construcción de paz, uno de los errores políticos decisivos consistió en que la Secretaría de Gobierno respondió a conflictos de naturaleza distinta mediante una misma lógica de contención.

Esa política se materializó en los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que colocaron a las familias buscadoras frente a formaciones policiales semejantes, por su dimensión y equipamiento, a las desplegadas durante movilizaciones como las de Ayotzinapa o el 2 de Octubre, históricamente marcadas por disturbios y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza pública.

“Había una desconsideración sobre todo para la logística del operativo de la policía porque los forzaron a tratar a todas las manifestaciones de la misma manera, como una amenaza, como un riesgo para el Mundial mismo. Queda como antecedente que las madres buscadoras fueron colocadas en el mismo nivel de otros movimientos sociales sin considerar, por supuesto, el capital político y la legitimidad que tienen las madres buscadoras y la causa que representan”, sentenció Peña.

Crónica de la ruptura

La interlocución entre César Cravioto y las familias buscadoras comenzó en la antesala del torneo internacional, con la promesa de que ambas partes encontrarían una forma de compatibilizar el derecho a la protesta con el operativo desplegado para el Mundial.

Menos de un mes después, la relación colapsó bajo el engaño: cada manifestación estuvo precedida o seguida por una mesa de diálogo que el gobierno no usó para conciliar, sino para administrar la contención y dilatar el conflicto.

Tres días antes de que el Mundial comenzara en la capital del país, los familiares acudieron a una reunión convocada por la Secretaría de Gobierno. Ahí dialogaron con Dolores González Saravia, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), y Luis Gómez Negrete, comisionado de Búsqueda. De acuerdo con los testimonios recabados, la conversación avanzaba hacia la construcción de acuerdos hasta que Cravioto entró en la reunión.

Sin mediar diagnóstico, el secretario clausuró cualquier posibilidad de que las familias se acercaran al perímetro del Estadio Ciudad de México (Azteca) durante las jornadas mundialistas, decretando de manera tajante que la denominada “última milla” era intransitable para las víctimas de desaparición.

“En ese momento nos levantamos de la mesa porque se negó a proporcionar las condiciones de seguridad; nosotros consideramos que le faltó al respeto a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos que estaba intermediando. No hubo diálogo ni justificación; simplemente nos contestó con un portazo en la cara”, relató Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas Ojeda, desaparecido en el Ajusco en noviembre de 2024.

La negativa no desactivó la movilización. La noche del 10 de junio, en la víspera de la inauguración, familias buscadoras de todo el país se concentraron en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Textitlán, para iniciar la primera de las cinco protestas mundialistas que encabezaron.

El objetivo era avanzar hacia el estadio, pero cientos de policías de la SSC, provistos de equipo antimotines, cascos y escudos, bloquearon su recorrido. La escena que dejó ese choque dio la vuelta al mundo: madres y padres desconsolados suplicando de rodillas ante los uniformados: “Déjennos pasar, por favor, vean el dolor de cada uno de nosotros”.

Cravioto se presentó en el punto cobijado por el blindaje policial. Lejos de operar una salida política, hizo oídos sordos a las súplicas e intentó persuadir a las familias para que desistieran.

La indignación escaló y la tensión estalló cuando un grupo de jóvenes, ajeno a los colectivos, encaró al secretario. Desbordado por el reclamo social, el funcionario terminó huyendo a pie, protagonizando una carrera de varios metros entre gritos de repudio.

A partir de entonces, la ruptura se consolidó partido a partido:

El 11 de junio, el día de la inauguración con el encuentro México vs. Sudáfrica, las familias se concentraron otra vez en Textitlán, donde una vez más encontraron un importante despliegue policial que les impidió avanzar. Ese día lograron burlar el cerco cuando cruzaron un puente peatonal y se incorporaron a otro contingente de buscadores, procedente de Puebla y otros estados, con el que llegaron hasta el primer bajopuente frente al estadio.

“En esa ocasión también nos dimos cuenta de que efectivamente la Secretaría de Gobierno acordaba distinto con cada grupo”, explicó Vargas; cuestionó el porqué las autoridades permitieron al otro contingente acercarse más al recinto.

El 24 de junio, día del encuentro de México vs. Chequia: la noche anterior a dicho partido las familias volvieron a reunirse con Cravioto y dieron su palabra de mantener el carácter pacífico de la movilización. Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025, recordó que el secretario se comprometió a conducir el diálogo con “verdad” y “honestidad”.

Sin embargo, las promesas se diluyeron a la mañana siguiente. El 24 de junio, durante la manifestación, la Secretaría de Gobierno utilizó los términos de la reunión previa para impedir que reporteros y fotógrafos acompañaran el avance de las familias.

En ese punto el subsecretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa, justificó el bloqueo argumentando que el acceso de la prensa no se había incluido explícitamente en el acta de la noche anterior.

Las familias denunciaron de inmediato la manipulación de su posición aclarando que jamás pactaron marchar sin medios ni autorizaron al Gobierno a decidir en su nombre. “Ahí nos quisieron utilizar a nosotros”, sostuvo Fernando Vargas.

El 30 de junio, para el juego México contra Ecuador: en el día del tercer partido de la Selección Mexicana en la capital del país algunos colectivos ya se resistían a volver a las mesas, pero en una nueva reunión, realizada el día anterior al encuentro deportivo, Cravioto ofreció permitirles llegar por primera vez hasta las puertas 1 y 2 del estadio.

El día del partido, antes de iniciar ese recorrido, las familias participaron en una protesta frente a la estación Ermita del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Ahí, mientras intentaban acordar con las autoridades la liberación de algunos carriles, policías motorizados, equipados con cascos y escudos, se abalanzaron tres veces sobre el contingente para quitarle sus lonas y replegarlos.

Las grabaciones difundidas por los manifestantes mostraron jaloneos y empujones contra madres y padres buscadores, entre ellos Vargas y su esposa, Sandra Ojeda. El padre de Olin habló sobre la agresión: “Yo responsabilizo a la Secretaría de Gobierno de esta agresión que tuvimos más que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque la Secretaría de Gobierno encabezada por César Cravioto siempre estuvo presente y dirigiendo todas estas restricciones”.

La agresión fue interpretada como una amenaza institucional y disuadió a decenas de buscadoras de continuar hacia el estadio. Sólo cinco familias llegaron a las puertas 1 y 2. Así, el acceso ofrecido por Cravioto se cumplió cuando la intervención policial ya había desarticulado el contingente.

El 5 de julio, para el juego de México vs. Inglaterra, la agresión en Ermita definió la última jornada. Por primera vez durante el Mundial los buscadores desistieron de marchar hacia el estadio por considerar que ya no existían garantías de seguridad para ellos. Trasladaron la protesta a Paseo de la Reforma, de la Estela de Luz a la Glorieta de los Desaparecidos, pero incluso lejos de la “última milla”, policías con cascos y escudos les cerraron momentáneamente el paso antes de llegar al Ángel de la Independencia. Después los dejaron continuar, pero el contingente interpretó esa acción como intimidatoria.

Desconfianza total

El 5 de julio la Selección Nacional perdió ante Inglaterra y quedó eliminada. Ese día terminó el Mundial en México. La resaca del torneo dejó, entre otros saldos, la consolidación de la desconfianza de las familias buscadoras hacia Cravioto y, mediante él, hacia el Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Después de semanas de reuniones, cercos y restricciones, los colectivos concluyeron que las autoridades nunca tuvieron la intención de garantizar su derecho a la protesta, sino de administrar su alcance.

Proceso recolectó los testimonios de tres madres y un padre buscador que asistieron a al menos dos reuniones con Cravioto y coincidieron en que los hizo sentir manipulados.

Fernando Vargas dice: “Fuimos agraviados, atacados. Estas reuniones implicaron una simulación, fue una escalada de violencia”.

La simulación que denuncia tuvo un efecto adicional: enfrentó entre sí a familias que habían conseguido articular una protesta común. Mientras unas negociaban con Cravioto, otras cuestionaban el diálogo; mientras un contingente permanecía cercado, otro recibía permiso para avanzar. Cada trato diferenciado produjo una expectativa distinta y abrió una nueva fractura entre ellos.

Vanessa Gámez atribuye esa dinámica a una estrategia deliberada de desunión, “porque obviamente la unión les da miedo, el que nos unamos para un frente común, pues empiezan a meter trabas, a meter jiribillas entre colectivos, entre personas, poniéndonos unos contra otros”.

Jaqueline Palmeros, madre buscadora y fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, dice que el movimiento está compuesto por numerosos colectivos y familias independientes, con diferencias y problemas internos de comunicación. Precisamente por esa fragilidad acusó al gobierno de aplicar el “divide y vencerás”.

“El hecho de que ellos traten a las personas como desaparecidos de primera, de segunda y de tercera ha sido algo que han puesto muy evidente”, denuncia.

Rodrigo Peña explica que no se trata sólo de una falla de interlocución. Negociar por separado permite al gobierno administrar políticamente la crisis sin resolver el problema que la origina: “Se diferencian los tratos, se construyen diferentes expectativas de resolución, se crea un sentimiento de un privilegio a un grupo o unos grupos sobre otros y con ello también se va construyendo la narrativa política al respecto.

“Es más eficiente manejarlo desde el punto de vista político que resolverlo desde una raíz mucho más práctica, por ejemplo, insumos forenses, acompañamiento y en última instancia el dolor mismo de las personas”, añade.

En el centro de la desconfianza quedó Cravioto. El secretario que ofreció hablar con la “verdad” quedó ante los ojos de las familias buscadoras como una persona “mezquina, indolente, mentirosa y desinteresada de la causa”.

Fernando Vargas resume las consecuencias de su actuación: “A mí me parece que está rota la relación con la Secretaría de Gobierno y yo invitaría a mis compañeras de los colectivos a que exijamos la renuncia del secretario de Gobierno. No tiene la pericia, ni la habilidad ni la voluntad de tratar las manifestaciones con grupos vulnerables como nosotros”.

Estrategia de Brugada

La confianza perdida durante el Mundial fue también la que la administración de Brugada había comenzado a construir con las familias mediante la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, que presentó al inicio de su gobierno, con una inversión de 255 millones de pesos para fortalecer las tareas de búsqueda, identificación forense y atención a las familias.

Derivado de ese plan, al cierre de esta publicación, se concretó la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). También comenzaron las exhumaciones en la fosa común del Panteón Civil de Dolores.

Sin embargo, permanecen pendientes el Centro de Resguardo Temporal, proyectado para recibir cinco mil cuerpos y cuatro mil restos óseos; el registro de personas fallecidas no identificadas y el plan de identificación genética mediante un banco de ADN.

Rodrigo Peña recuerda que la presentación de la estrategia generó una expectativa de colaboración entre las autoridades y las víctimas que no había observado antes en la capital.

Jaqueline Palmeros también reconoce que la presentación del plan permitió avanzar en la comunicación con el gobierno y en la construcción de acuerdos, pero lamentó que la respuesta desplegada durante el Mundial deshiciera parte de ese acercamiento.

“Habíamos avanzado en la comunicación y en el proyecto de estos acuerdos para el plan de búsqueda. Sin embargo, todas sus acciones durante el Mundial los descolocaron ante las familias buscadoras”, considera.

La contradicción quedó expuesta: el gobierno de la morenista inició con un intento por colocar a las víctimas en el centro y, ante la primera protesta que amenazó la imagen de la capital del país en un torneo internacional, las colocó detrás de cercos policiales.