domingo 15 de noviembre de 2026

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La nueva recomendación de la CNDH desestima todas las pruebas que vinculan a militares con los sucesos de la Noche de Iguala y para ello utiliza argumentos de López Obrador. Rosario Piedra Ibarra, una funcionaria desprestigiada hasta en el interior de Morena, ni siquiera consultó a los padres de los 43 ni se reunió con ellos antes de emitir esa recomendación; asimismo se le olvidó que hace tres años ella misma había señalado al Ejército entre las autoridades “que tuvieron mayor participación” en la desaparición de los normalistas.

BOGOTÁ.– La reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa no sólo busca exonerar al Ejército de su participación, sino que también tiene el propósito de devolver las investigaciones a los tiempos de la “verdad histórica”, según la cual los militares no tenían nada que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

Así lo plantea en entrevista con Proceso la exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela María Buitrago, quien sostiene que la recomendación 208VG/2026 de la CNDH es “una falta de respeto” contra los padres de los 43 normalistas porque, además, “los revictimiza”, al igual que a las más de 700 víctimas directas e indirectas de ese crimen.

Para Buitrago, la investigadora que más conoce ese caso, es paradójico y contradictorio que un organismo que tiene el deber constitucional de velar por el respeto a los derechos humanos e investigar conductas de servidores públicos (como los militares), “que afecten la integridad física de las personas”, acabe actuando como defensor de oficio de presuntos violadores de derechos humanos.

A la CNDH, dice la exministra de Justicia de Colombia y consultora internacional en derechos humanos, “no le compete asumir la defensa de ningún grupo de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, sino dedicar su esfuerzo a trabajar con las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014” en Iguala, Guerrero.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, una funcionaria desprestigiada hasta en el interior de Morena, ni siquiera consultó a los padres de los 43 ni se reunió con ellos antes de emitir esa recomendación el 9 de junio último, según dijeron dos de ellos a este medio.

Piedra Ibarra olvidó u omitió deliberadamente en su recomendación que en un informe de la CNDH del 29 de septiembre de 2023 había señalado al Ejército entre las autoridades “que tuvieron mayor participación en los sucesos” que desembocaron en la desaparición de los normalistas en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

En ese informe la CNDH, que ya estaba a cargo de la cuestionada psicóloga y militante de Morena, recriminó a la administración anterior del organismo haber dirigido “recomendaciones poco contundentes” a la Sedena, a los ayuntamientos de Iguala y Cocula y a la Fiscalía de Guerrero, y haberse negado a formular a esas instituciones exigencias acordes con “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos” que había cometido.

De manera categórica Piedra Ibarra reprochó a sus antecesores en la CNDH no haber exigido a la Sedena “una necesaria investigación exhaustiva de los elementos del 27 Batallón de Infantería (de Iguala) involucrados (en la desaparición de los normalistas), ya que, de acuerdo con la investigación realizada por esta comisión nacional, tuvieron participación en los hechos”.

“A pesar de eso –indicó la CNDH en el pronunciamiento de septiembre de 2023–, ocultaron información recabada en cada uno de los eventos en los que fueron partícipes, pero además no se proporcionó a las autoridades, lo que se traduce en la comisión de violaciones a los derechos humanos, atribuibles a los elementos castrenses”.

Es decir, la propia CNDH de Piedra Ibarra había señalado en 2023 que elementos del Ejército no sólo participaron en los ataques a los estudiantes en la Noche de Iguala, sino que, posteriormente, ocultaron información sobre esos hechos.

Insensibilidad, sesgo y falsedades

Ángela María Buitrago lamenta la “insensibilidad” de la funcionaria con el dolor de los padres y sostiene que muchas de las afirmaciones que hace Piedra Ibarra en la recomendación de 867 páginas constituyen “agresiones y vejámenes que lesionan la integridad de las víctimas y de las personas que representan a organismos internacionales y nacionales de derechos humanos”.

Pese al cúmulo de pruebas que sustentan la participación de los militares en esos hechos y de que 17 de ellos están detenidos o vinculados a proceso por ese caso, la presidenta de la CNDH incurre sistemáticamente en “falsedades, tergiversaciones e interpretaciones manipuladas y parciales de las evidencias”, indica la experta.

Buitrago señala que Piedra Ibarra también hace gala en el escrito “de sus sesgos políticos e ideológicos” y de su fe lopezobradorista. A lo largo de la recomendación menciona 120 veces al expresidente Andrés Manuel López Obrador, con su nombre y con sus siglas, AMLO; cita su libro ¡Gracias! y reproduce de manera casi textual la tesis del líder de Morena sobre el caso Ayotzinapa.

Al igual que lo hace López Obrador, la presidenta de la CNDH niega que el Ejército haya participado directamente en la desaparición de los 43 normalistas; afirma que no hay evidencia de que militares hayan atacado a los estudiantes y descalifica las investigaciones del GIEI porque los expertos “se empeñaron en demostrar la responsabilidad del Ejército”.

Lo cierto es que el GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) –creada por López Obrador y repudiada por él mismo cuando las investigaciones apuntaron hacia los militares– no sólo se empeñaron en demostrar la responsabilidad del Ejército en la
desaparición de los 43, sino que la probaron con testimonios de miembros de la institución castrense y con documentos de inteligencia de la propia Sedena. Por eso hay militares detenidos y sujetos a proceso por desaparición forzada.

Pero según la CNDH, los informes del GIEI, seis en total, “se han vuelto referentes de la ‘Anti-Verdad Histórica’”. Es como si Piedra Ibarra reprochara al grupo de expertos el haber demostrado que la “verdad histórica” fue un invento de Peña y de su procurador, Jesús Murillo Karam, quien permanece detenido desde el 19 de agosto de 2022 por su presunta participación en la desaparición de los normalistas.

En su intento por absolver al Ejército, la psicóloga le otorga a la institución militar el papel de propietario de la verdad. Por ejemplo, si la Sedena asegura en un escrito que no tenía a ningún soldado como estudiante encubierto en la normal de Ayotzinapa, Piedra Ibarra concluye que, en efecto, es falso que un militar haya sido habilitado como espía en ese plantel.

Pero las evidencias la desmienten una y otra vez. Un documento de la propia 35 Zona Militar de la Sedena en Chilpancingo, Guerrero, acredita que el soldado de infantería Julio César López Patolzin cumplía en la normal funciones de Órgano de Búsqueda de Información (OBI, como llama el Ejército a sus espías) cuando ocurrieron los hechos. Incluso ese 26 de septiembre envió reportes a sus superiores. Pero fue uno de los 43 jóvenes desaparecidos.

De acuerdo con Buitrago, la presidenta de la CNDH “carece de argumentos técnicos y criminológicos” para exonerar a los militares y por eso arremete con todo tipo de descalificaciones contra el GIEI, la CoVAJ, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Pro, entre otras organizaciones nacionales e internacionales.

Además, en su recomendación retoma la narrativa lopezobradorista de que todo lo malo que ocurre en México es culpa del neoliberalismo y que hay intereses internacionales oscuros que atentan contra “el proyecto de transformación” de la 4T.

En ese saco mete al GIEI, a la CIDH, a la ONU y a la OEA, a quienes ubica como partícipes en Redes Transnacionales de Activismo (RTA) y como parte de una campaña internacional para “debilitar” al Ejército mexicano.

Bolas de humo

Ángela María Buitrago, doctora en derecho, criminóloga y exfiscal, dice que un hecho importante a tomar en cuenta es que las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, y esto lo sabe la presidenta del organismo.

“Lo que hace, entonces, la señora Piedra Ibarra, al eximir de responsabilidad a los militares, al decir que no hay pruebas sobre la Sedena, es generar mucho ruido, y a casi 12 años de la desaparición de los muchachos el tema no debería ser la participación de los militares, eso ya está suficientemente demostrado, sino que ya deberíamos estar en otro estadio de la investigación”, asegura le experta.

Esa recomendación, indica, “nos devuelve al año 2015, cuando la PGR de aquel entonces inventó una ‘verdad histórica’ según la cual los militares no tuvieron ninguna participación en esos hechos, no tuvieron información de los mismos, y todo fue cometido por el grupo criminal Guerreros Unidos, por policías municipales y por autoridades locales, lo que es una verdad parcial”.

De hecho, en lo que único que difiere la nueva versión de la CNDH de la “verdad histórica” es en que los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula y luego sus restos arrojados al Río San Juan –como aseguró la PGR de Peña–, sino que los estudiantes fueron detenidos y trasladados a diferentes lugares.

Lo que hace Piedra Ibarra, de manera deliberada o no, es “poner obstáculos a la investigación con una ‘recomendación’ de 867 páginas en la que dice, sin ningún sustento y con falsedades, que no hay pruebas contra los militares”.

De acuerdo con Buitrago, la CNDH busca que las pruebas que están en los seis informes del GIEI, en los dos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y en los expedientes de la Fiscalía Especial se pongan en duda para “enredar más el caso e impedir que se llegue a la verdad”.

En noviembre de 2024 Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la CNDH pese a las críticas a su gestión de 2019 a 2024, en la que se le acusó de haber destruido la autonomía de la CNDH en detrimento de los derechos de las víctimas. Ya con Claudia Sheninbaum como presidenta electa, Piedra Ibarra contó con el apoyo de López Obrador para que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, operara la reelección de la morenista.

¿Operación de Estado?

Ángela María Buitrago recuerda que los intentos para exonerar a los militares del caso Ayotzinapa han sido impulsados desde los más altos niveles del Estado mexicano en tres diferentes gobiernos: el del priista Enrique Peña, y los de los morenistas López Obrador y Claudia Sheinbaum, en cada uno de los cuales las investigaciones de la Noche de Iguala han llegado, en los hechos, hasta donde el Ejército ha querido.

En la llamada “verdad histórica” de Peña, por ejemplo, los militares fueron liberados de toda culpa.

Y cuando los investigadores del GIEI desmontaron con pruebas esa “verdad” fueron objeto de una campaña de descrédito de medios y columnistas afines a la Sedena, varios de los cuales sostienen todavía que los militares no participaron en esos hechos y que los 43 estudiantes fueron incinerados en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula y que no quedó ni rastro de su ADN.

En 2023 López Obrador volvió a proteger a los militares cuando avaló la negativa de la Sedena a entregar 853 documentos de inteligencia al GIEI y a los padres de los 43. El entonces mandatario morenista denunció, incluso, como en el sexenio de Peña, un supuesto plan de organismos internacionales para desacreditar a la institución castrense.

Y en este sexenio la presidenta Sheinbaum se ha plegado a la narrativa lopezobradorista y también ha respaldado la versión de la Sedena de que ya no tiene más documentos que proporcionar a los investigadores y a los padres, pese a que un juez federal ordenó a esa secretaría entregar los 853 folios que, según las evidencias, ha ocultado esa institución.

Para Buitrago, la más reciente recomendación de la CNDH es un capítulo más de estos intentos del Estado mexicano de librar de toda culpa a la Sedena, pese al cúmulo de evidencias que vinculan a la institución militar con los hechos de la Noche de Iguala, con los grupos de crimen organizado involucrados y con el ocultamiento de información que ocurrió después de la desaparición de los 43 estudiantes.

La exintegrante del GIEI dice que es válido preguntarse si existe un plan concertado de las más altas instancias del Estado mexicano para blindar a los militares –tanto al Ejército como a la Marina– de las irregularidades que cometieron en el caso Ayotzinapa, o si las investigaciones “han llegado a un punto en el que las autoridades políticas prefieren dejar esto quieto porque se puede saber esto o aquello”.

Es probable también, señala, que esas autoridades hayan decidido “dejar esto quieto porque las están amenazando o porque creen que si siguen adelante se las van a cobrar”.

El peso de las evidencias

Ángela María Buitrago ha investigado desde 2015. Ella descubrió que la antigua PGR colocó pruebas falsas en el río Cocula para sustentar la llamada “verdad histórica”, y sabe quiénes y por qué son los responsables de ese crimen de lesa humanidad.

Buitrago, consultora de la ONU y de la OEA en materia de derechos humanos, está convencida, porque así lo indica la evidencia, de que militares mexicanos participaron, “por acción u omisión”, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014.

Sabe que varios de ellos estaban vinculados con la delincuencia organizada y que la Noche de Iguala, cuando por orden del entonces titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos, daban pormenorizado seguimiento a las actividades de los normalistas en Iguala, actuaron como cómplices del grupo criminal Guerreros Unidos y de los policías que atacaron, secuestraron y desaparecieron a los jóvenes.

Cienfuegos había solicitado a principios de septiembre de ese año que toda la información sobre los normalistas de Ayotzinapa se la hicieran llegar en tiempo real porque sabía que los muchachos pensaban viajar a la Ciudad de México a conmemorar, el 2 de octubre, el 46 aniversario de la Masacre de Tlatelolco.

Los informes de los OBI (los militares encubiertos) llegaban casi en tiempo real a las oficinas del general Cienfuegos en la Sedena.

Y hay constancia de que el capitán José Martínez Crespo, quien trabajaba para Guerreros Unidos, acudió la noche del 26 de septiembre de 2014 a la comandancia de policía de Iguala, a donde habían sido trasladados varios normalistas, y que estos fueron entregados al grupo criminal.

Martínez Crespo está detenido y sujeto a proceso por desaparición forzada y delincuencia organizada, aunque la CNDH puso en tela de juicio las pruebas que existen contra él, incluso unas grabaciones de la DEA que lo señalan como colaborador a sueldo de Guerreros Unidos, y la geolocalización de su teléfono celular, que lo ubica esa noche en la comandancia de la policía de Iguala.

En el sexenio de Peña el general Cienfuegos mintió al Congreso y al país cuando dijo que los militares ni se enteraron de los hechos ni tuvieron ninguna participación en la Noche de Iguala porque el 27 Batallón de esa ciudad no tenía ni personal ni vehículos para atender la emergencia.

Esa falsedad quedó expuesta cuando otros militares aceptaron que desplegaron OBIS para seguir a los normalistas desde que salieron de Ayotzinapa hasta que llegaron a Iguala, donde reportaron al alto mando todos sus pasos y los diferentes ataques que sufrieron, pese a que el Ejército intervenía siempre que había episodios de violencia con uso de armas de fuego en la región de Iguala.

También había militares operando en el sistema de información y monitoreo C-4, mediante el cual el Ejército y las policías estatal y federal tuvieron conocimiento de los hechos en tiempo real. Pero ningún mando intervino para detener los ataques contra los estudiantes.

A Buitrago siempre le ha llamado la atención “que la Sedena haya monitoreado en tiempo real la situación en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y sabía lo que estaba pasando con los estudiantes, y aun así no evitó que los muchachos desaparezcan”.

La exintegrante del GIEI no sólo tiene la certeza de la participación de los militares en la Noche de Iguala sino de que ellos saben qué pasó con los normalistas y cuál fue su paradero.

Dice que en los documentos del CRFI (Centro Regional de Fusión de Inteligencia) que han ocultado los militares “se señala a dónde fueron llevados los muchachos”.

Según la recomendación de la CNDH, el CRFI no existía en septiembre de 2014, tal como lo ha sostenido la Sedena. En diferentes informes, el GIEI ha sostenido que, según la Sedena, el CRFI comenzó a operar en 2015, pero el grupo de expertos ha exhibido documentos que acreditan que eso es falso y que inició actividades en el primer semestre de 2014, meses antes de la desaparición de los normalistas, y estaba en plena operación en septiembre de ese año.

Piedra Ibarra también acusa al GIEI de haber desestimado, “desde un inicio”, la posibilidad de que los estudiantes hubieran sido llevados a dos funerarias en Iguala donde hay hornos crematorios, lo que es falso, ya que en sus dos primeros informes, en 2015 y 2016, los expertos pidieron a la entonces PGR profundizar esa línea de investigación “para determinar una eventual vinculación con los hechos y evaluar el posible destino de los normalistas desaparecidos”.

En su conferencia del 16 de junio, Sheinbaum le dio muchas vueltas a la pregunta del periodista de Rompevientos TV, Ernesto Ledesma, sobre si estaba dispuesta a reunirse con Buitrago para que ella le explique “qué hay en la investigación, porque tal vez la están malinformando”, y “qué es lo que realmente está demostrado”.

Sheinbaum dijo que puede hablar con Buitrago, “pero quizás es más importante que hable (con) el fiscal encargado de este caso (Mauricio Pazarán), para tener su visión de esta situación”.