domingo 15 de noviembre de 2026

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Organizaciones civiles denuncian que las redadas se han vuelto cada vez más violentas y que, además de las muertes de Lorenzo Salgado y Joan Sebastian Guerrero, dejan secuelas profundas: sólo en Texas unos ocho mil niños dejaron inconclusos sus estudios por miedo a las detenciones, y que las solicitudes de ayuda por deportación pasaron de 23 a más de 23 mil en un año. Activistas acusan al gobierno de Claudia Sheinbaum de reaccionar sólo ante las tragedias y señalan que la red consular, particularmente en Houston, ha dejado desprotegida a la comunidad mexicana frente a los abusos de las autoridades estadunidenses.

SALTILLO, Coah.– El homicidio del mexicano Lorenzo Salgado Araujo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston retrata el clima de terror que vive la comunidad latina en Estados Unidos por los operativos que, además de ser cada vez más violentos, dejan otras graves secuelas: se calcula que en esa ciudad, durante el gobierno del presidente Donald Trump, más de ocho mil niños dejaron inconclusos sus estudios por temor a las detenciones, de ellos o sus padres, y se incrementaron de forma exponencial las peticiones de ayuda para deportación, ante el temor de la separación de las familias.

Representantes de organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes, así como integrantes de barras de abogados, reprochan que el gobierno mexicano no es contundente en su posición y los consulados no están apoyando a la comunidad, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el pasado el 13 de julio que son 17 mexicanos los que han perdido la vida bajo resguardo del ICE en la actual administración de Trump.

Además, cuestionan que a más de una semana del homicidio de Salgado Araujo –ocurrido el 7 de julio en el East End de Houston, bajo el argumento de que se resistió a un arresto– las autoridades de Estados Unidos no han revelado la identidad del responsable.

En entrevista con Proceso, Martina Grifaldo, directora ejecutiva de Alianza Latina Internacional, así como César Espinoza, director ejecutivo de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), coincidieron en que durante el gobierno de Trump las redadas en busca de migrantes han escalado en una extrema violencia, por ello Estados Unidos se ha convertido en un lugar donde no hay garantías y la afectación a la economía parece no importar, pese a la falta de mano de obra en sectores como el comercio y la construcción.

Frente a las muertes del mexicano Lorenzo Salgado, de 52 años, y el colombiano Joan Sebastian Guerrero, ambos por elementos del ICE, Espinosa y Grifaldo afirman que las detenciones se realizan tan agresivamente que la población está invadida por el miedo, que cunde en la vida cotidiana de miles de familias migrantes.

Según datos proporcionados por Grifaldo, sólo en el estado de Texas alrededor de ocho mil niños dejaron de asistir a clases entre el ciclo escolar pasado y el actual.

Por su parte, Espinoza confirma que, ante el clima de violencia contra la población migrante, de 23 solicitudes de ayuda por deportación que recibieron en Houston en 2023, pasaron a 23 mil 685 el año pasado.

Mientras que otra crisis surgió en las propias organizaciones de defensa de los derechos de migrantes: algunas desaparecieron o se paralizaron porque dependían de fondos federales que el gobierno de Trump les retiró.

Terrorismo doméstico

“La comunidad está muy alarmada, estamos muy desilusionados y sobre todo muy espantados porque tenemos un terrorismo doméstico que nunca pensamos que iba a pasar en Estados Unidos, el país de la libertad y de los derechos”, dijo Grifaldo, quien afirma que el discurso de Trump siempre fue agresivo y que a su llegada a la presidencia lo puso en práctica al iniciar las acciones violentas y discriminatorias contra los extranjeros, a quienes además ha criminalizado.

Ambos activistas sostienen que más allá de medidas de control migratorias se trata de una política contra los derechos humanos, en la cual se utiliza una corporación como el ICE, cuyos elementos no están capacitados para realizar este tipo de labores.

También denunciaron que entre quienes participan en las detenciones y ataques hacia los migrantes se encuentran los llamados cazarrecompensas, quienes traen cubierta la cara, actúan de forma criminal y violenta contra las personas.

“Lo más alarmante es que hay personajes que andan deteniendo a nuestra comunidad y que realmente no son ni siquiera agentes federales. Son personas que no tienen entrenamiento, están llenas de odio y con un chaleco hacen lo que están haciendo ahorita: acabando con la gente”, asegura Grifaldo.

Espinoza considera que el gobierno estadunidense contrata personas literalmente de la calle, “sin preparación, y muchas veces con odio hacia los migrantes. Es una receta perfecta para que sigan ocurriendo tragedias”.

A eso, advirtió, hay que sumarle que los más de 20 mil elementos que conforman el ICE fácilmente podría ser un importante ejército que constantemente contrata a más personas “para hacer el mayor daño posible”.

Estas condiciones, coinciden ambos, generan un ambiente hostil en los espacios públicos y privados. “La gente ya no quiere salir al mercado; no quiere llevar a sus hijos a la escuela. Existe un terror palpable”, advierte el representante de FIEL, quien llegó a Estados Unidos a los cinco años y lleva poco más de tres décadas viviendo en ese país.

Hoy asegura que, si en ese momento fue un lugar difícil para vivir, ahora se torna cada día imposible hasta para personas que, como él, obtuvieron la residencia y ahora ven una crisis por el temor de sufrir algún ataque por el color de piel o hablar español.

La directora ejecutiva de Alianza Latina Internacional reitera que hay un clima de incertidumbre, en lo laboral y migratorio, que viven miles de familias que llegaron de México, entre otros países, y quienes tienen hasta cuatro décadas viviendo en Estados Unidos y jamás pensaron que tendrían que regresar a su lugar de origen.

“Además de los niños que dejaron la escuela, ya no se ve a familias en los parques. Vas a los complejos de apartamentos y no ves a nadie. Las redadas caen de sorpresa y los agentes del ICE se meten a las construcciones, a los restaurantes a sacar a la gente y llevarla detenida”, sostiene Grifaldo.

Tras la muerte de Salgado, el 7 de julio último, y del colombiano Joan Sebastian Guerrero, ocurrida una semana después, los abogados de algunas ciudades norteamericanas también han alzado la voz.

Bianca Santorini, una de ellas, se dijo inconforme de que, a más de una semana del ataque al mexicano, el gobierno de Estados Unidos no haya identificado al agente que le dio muerte, lo cual sigue revictimizando al hoy occiso, pero además han visto irregularidades en los procesos de detención y los que llegan a corte.

“Observamos personas detenidas sin acceso efectivo a un abogado, audiencias programadas y llevadas a cabo de manera que resulta prácticamente imposible presentar una defensa, y acciones coercitivas que tratan las garantías procesales fundamentales como opcionales. Ésta es una observación profesional realizada por abogados que comparecen ante los tribunales semana tras semana”, señaló en un comunicado leído durante una de las protestas realizadas tras la muerte del mexicano.

Jesús Suday, abogado que lleva varios casos de trámites de asilo y protección de derechos a migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran en Estados Unidos, ha cuestionado fuertemente la operación del ICE.

El argumento de que el agente que le quitó la vida al mexicano no contaba con cámara corporal generó controversia sobre la legalidad de las acciones que llevan a cabo los integrantes de ICE, además de dudas sobre el recurso destinado a la dependencia.

“ICE ha recibido miles de millones de dólares adicionales para supuestamente expandir operaciones, contratos de agentes y aumentar recursos. ¿Cómo es posible que no haya fondos para cámaras corporales? Si el gobierno tiene el poder de detener personas y usar fuerza letal, deben tener ciertos métodos y está obligado a tener cámaras corporales (porque) la transparencia va a proteger a la comunidad y al agente que estuvo involucrado”, señaló.

La verdad, añade, “no debería depender de confiar ciegamente en ciertas versiones. La verdad debería estar respaldada por evidencia. Es absurdo que cualquier profesión que tenga la capacidad de quitarle la vida a otra persona no tenga sus cámaras corporales”, señaló.

Para el abogado es relevante que los policías cuenten con dichas cámaras para que no haya duda sobre la legalidad de detenciones o agresión con armas de fuego contra las personas que no atiendan sus llamados de identificarse o detenerse.

Consulados paralizados

En el ámbito gubernamental no hay alguna dependencia que pueda investigar los casos de abusos contra los migrantes y por ello no se conocen de sanciones contra responsables de las muertes dentro y fuera de los centros del ICE.

Tanto Grifaldo como Espinosa señalaron que los discursos del gobierno mexicano llegan tarde y sólo cuando hay una tragedia ven su reacción, como lo ocurrido con Salgado Araujo. Afirman que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado sola a la comunidad mexicana en Estados Unidos y es evidente que la red consular no le brinda protección.

La directora de la Alianza Latina se refirió específicamente a la actuación de la cónsul mexicana en Houston, María Elena Orantes, quien prácticamente le ha negado ayuda a la comunidad frente a los agravios de las autoridades de Estados Unidos.

“Desafortunadamente las autoridades mexicanas, hablando de la cónsul aquí en Houston, no han hecho absolutamente nada por la comunidad, incluso hicimos una petición para recabar firmas con el fin de que abriera un día más porque la gente se abalanzó a sacar la doble ciudadanía de los niños, pero simplemente no había citas para nada. Luego también les piden un montón de documentos que las personas no tienen en ese momento, como por ejemplo una identificación actual o un acta de nacimiento”, explicó.

Sostuvo que los trámites causan pérdida de tiempo y dinero a los mexicanos, puesto que las autoridades en los consulados los obligan a sacar los documentos en sus lugares de origen. Al no contar con esos documentos, la comunidad mexicana queda prácticamente desprotegida y al ser detenida por autoridades de Estados Unidos es deportada.

Entre el 10 y el 15 de julio, las autoridades migratorias norteamericanas informaron que habían sido detenidas 10 mil personas que fueron enviadas a los centros de detención en espera de definir su situación.

Grifaldo afirma que seguramente la mayor parte son mexicanos y, de confirmarse la deportación, dejarían al resto de sus familias en territorio norteamericano.

La separación de las familias es uno de los impactos que no son atendidos por las autoridades mexicanas. La activista afirma que, al deportar al varón, las mujeres se ven obligadas a vender lo poco que tienen; algunas se encuentran embarazadas y no pueden seguirlo porque incluso están en riesgo de ser detenidas al cruzar los puentes internacionales por alguna deuda con el sistema de salud.

Mientras que Espinosa sostiene que desafortunadamente el gobierno mexicano no es constante en su posición para exigir que cese la serie de violaciones a los derechos de sus connacionales.

“Es muy importante que el gobierno mexicano se involucre porque ya es una cuestión binacional e internacional. Hasta ahora que hay una muerte se interesan, pero no hubo una posición previa. Ahora es el momento más que nunca de que México pida que se nos respeten nuestros derechos y nuestras vidas como seres humanos y con ello prevenir que haya más tragedias, y también es necesario que haga una manifestación allá, porque es importante que no nos olvidemos de los connacionales que aportan muchísimo a la economía y al desarrollo de México”.

Grifaldo concluye que la aportación de la comunidad mexicana a la economía de ciudades como Houston es muy importante y se caracteriza porque son personas trabajadoras y resilientes.

“Si regresan a México no será porque sean criminales, sino porque ya no pudieron resistir estas condiciones y lo único que pedimos es que no los abandonen”, dijo al referirse al programa que el gobierno mexicano impulsó para recibir a los connacionales deportados con el apoyo de dos mil pesos, así como llevarlos a su lugar de origen, donde muchos ya no cuentan con un hogar ni con familia e intentan ingresar de nuevo a Estados Unidos por zonas de alto riesgo.

Para el activista de la FIEL también es importante que las autoridades de México entiendan que la gente que es deportada y que hizo casi toda su vida en Estados Unidos desconocerá la cultura y el idioma y se enfrentará a empezar sin nada en un lugar que no conoce.

En tanto, estas organizaciones, al igual que profesionistas en el ámbito legal y de los derechos humanos, seguirán con las movilizaciones para exigir justicia por el homicidio de Salgado Araujo, pero también contra la ola de violencia que Trump sigue impulsando contra la población migrante.

El 16 de julio último cientos de personas acompañaron a la familia de Lorenzo Salgado en un complejo funerario en el barrio de East End, donde vivió. Dos cascos de obrero y un mariachi enmarcaron la exigencia de justicia que despidió al inmigrante mexicano asesinado.