domingo 15 de noviembre de 2026

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Claudia Sheinbaum enfrenta el legado de conflictos sociales que dejaron los megaproyectos impulsados durante el gobierno de López Obrador. De Sinaloa a Yucatán, comunidades indígenas se movilizan contra gasoductos, plantas de amoniaco, fracking y polos industriales que consideran una amenaza a sus territorios y formas de vida. El movimiento ¡Aquí No!, que resiste en las bahías de Ohuira y Topolobampo, se ha convertido en referente nacional de esta lucha, mientras denuncia una estrategia gubernamental que divide comunidades, coopta liderazgos e impone consultas a modo para sacar adelante los proyectos.

Heredera de conflictos sociales por megaproyectos gestados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una serie de movilizaciones de grupos indígenas que, en su momento, creyeron en la promesa de la Cuarta Transformación de que los pueblos originarios recibirían apoyo y respeto a sus territorios.

Desde el norte del país, donde se defiende el Golfo de California de gasoductos que nacen en Estados Unidos y atraviesan territorios ancestrales y sagrados, así como la construcción de plantas de amoniaco en Topolobampo y Durango, pasando al centro del país, en San Luis Potosí y la región totonaca de Veracruz con la oposición al “fracking sustentable”, y en comunidades de Puebla y de Tlaxcala, que se oponen al Polo de Economía Circular, las resistencias de pueblos originarios contra megaproyectos agropecuarios, turísticos y de movilidad ferroviaria se mantienen también en entidades del sureste y la Península de Yucatán.

Sin duda, ¡Aquí No! es el movimiento social que ha llamado poderosamente la atención por su defensa férrea del sistema lagunar de las bahías de Ohuira y Topolobampo, al norte de Sinaloa, de la construcción de plantas de producción de amoniaco y metanol que sus integrantes denominan “proyectos de muerte”.

A partir del 1 de junio cientos de indígenas de comunidades y ciudadanos de Topolobampo y de Los Mochis, del municipio de Ahome, se movilizaron para defender su sistema lagunar oponiéndose, primero, al ingreso a territorio sinaloense de equipo importado para la construcción de una planta dispuesta para producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco a cargo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman; y después, montando un campamento a las puertas de la instalación industrial para detener la edificación.

Las medidas extremas ocurren luego de que los integrantes de ¡Aquí No! han tocado pacíficamente todas las puertas posibles para advertir del peligro que representan los megaproyectos industriales para este sistema lagunar, declarado internacionalmente como sitio Ramsar 2025, por su riqueza ambiental.

Han litigado en el Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para defender su derecho a ser consultados sobre el territorio indígena; han recurrido a 11 relatorías de la ONU que, en septiembre de 2025, validaron los temores de indígenas, pescadores y prestadores de servicios turísticos sobre los riesgos ambientales que representa GPO, y han viajado a Alemania para presentar una protesta a directivos del banco alemán de desarrollo KfW IPEX, por financiar el proyecto con alrededor de 860 millones de dólares, y pasar por alto la oposición de los pueblos originarios que serían afectados por la planta de amoniaco.

Hasta que lo vieron reaccionaron

“La ciudadanía reaccionó cuando llegaron esos artefactos, esos aparatos que pretendían instalar, esos reactores que tienen unos 60 a 70 metros; faltaba algo visual fuerte, y desde allí se empezó a ver diferente esta lucha, esta resistencia en la que están pueblos originarios y ciudadanía en general”, cuenta Felipe Montaño, gobernador indígena quien desde hace 13 años ha enfrentado presiones y amenazas para abandonar su lucha, que lo han llevado a portar chaleco antibalas proporcionado por el Mecanismo federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El bloqueo de los trabajos de construcción de la planta de amoniaco y la demostración de fuerza obligaron a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, a dialogar el 12 de junio con integrantes de ¡Aquí No!, compromiso que había pospuesto durante más de un año, derivándose mesas de diálogo entre autoridades, la empresa y los opositores al proyecto, a partir del 17 de julio, encuentros presididos por el subdirector de la Comisión Nacional del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, nombrado representante del gobierno federal.

En las mesas salieron a relucir denuncias de los integrantes de ¡Aquí No! sobre los obstáculos a su lucha a partir del gobierno de López Obrador, la utilización de programas sociales y de Servidores de la Nación en favor de Gas y Petroquímica de Occidente, así como las estrategias para dañar el tejido social mediante la imposición del Estado de gobernadores indígenas no reconocidos en asambleas, para condicionar apoyos sociales a cambio de respaldo a la empresa; la marginación de programas sociales a comunidades opositoras al proyecto; las irregularidades en el ejercicio participativo y la consulta pública de 2023, así como las amenazas y ataques a líderes del movimiento de resistencia.

“Sabemos que la vida está en juego. La empresa está arropada por los gobiernos municipal, estatal y federal. Sabemos que los gobiernos saben hacer corrupción y saben desaparecer también a la gente, pero nos hemos mantenido en una posición aceptando nosotros dar la vida si la resistencia así lo requiere. Estamos decididos a quedarnos permanentemente en el plantón. La solución es que la planta de amoniaco no va, no por capricho de las comunidades originarias, sino porque han violentado tratados internacionales y leyes que nos corresponden como pueblos y comunidades originarias”, dice con seriedad Felipe Montaño, quien acepta que ¡Aquí No! se ha convertido en un referente a nivel nacional.

Carlos Rodríguez Wallenius, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Desarrollo Rural, es autor de Defender los territorios frente al despojo. Luchas socioambientales y disputa de proyectos de sociedad de México, y experto en la documentación de resistencias indígenas y comunitarias durante los últimos ocho años.

Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco, Rodríguez Wallenius advierte en entrevista que con los gobiernos de la Cuarta Transformación los pueblos se están enfrentando a un modelo que denomina “Neodesarrollismo”, en el que el actor al que se confrontan las resistencias es al Estado en toda su dimensión, ya no a las empresas privadas respaldadas por el Estado, como ocurre en el “Neoliberalismo”.

“Con la Cuarta Transformación es el Estado el que asume las pérdidas y los costos políticos, pero el capital es el que va a ser beneficiado por los resultados de esos megaproyectos, en los que no va a invertir nada en hacer esos megaproyectos; bueno, aquí el peor es el Ejército, la Marina. Lo estamos viendo en la construcción del Tren Maya y el Tren Interoceánico, administrando hoteles del mundo Maya, los aeropuertos mexicanos”, destaca el investigador.

Rodríguez Wallenius describe casos de resistencias en el sureste, el centro del país y la Península de Yucatán, donde los pueblos han recurrido a la movilización política, el litigio estratégico, la exigencia de la consulta indígena y el respeto al medioambiente, así como la coalición con organizaciones civiles para defender el territorio.

Movimientos que se han enfrentado a una fórmula muy afinada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que los megaproyectos se lleven a cabo: “La 4T divide a las comunidades, negocia con las mesas directivas de los ejidos, copta los liderazgos, hace consultas a modo, situaciones que están generando tensión en las comunidades, sobre todo en donde no están de acuerdo; no priorizan las necesidades de las comunidades, no les consultan si quieren hacer megaproyectos”, resalta.

El experto señala que cada vez está quedando claro que “la Cuarta Transformación no es ese discurso populista, que va siempre a beneficiar a la población, sino que se va a caracterizar cada vez más como un gobierno que su fundamento es apoyar el crecimiento económico y las empresas que tengan mejores condiciones… Si eso permite redistribuir algo de la riqueza a través de programas sociales, podrían cumplir un poco con su discurso político”.

Sin embargo, cada vez es más evidente que “para que el modelo de la 4T pueda continuar, tiene que incumplir muchos de sus principios, porque lo primero es que funcione la economía, y eso va a generar muchos conflictos, y eso lo estamos viendo con el fracking; para que avance, la 4T se va a tener que oponer a las comunidades que le han exigido congruencia”, puntualiza Carlos Rodríguez Wallenius.

En el número XXXVI de Proceso, correspondiente a junio último, pobladores de la huasteca de San Luis Potosí y totonacas de Veracruz se declararon en alerta máxima luego de que en octubre del año pasado se diera a conocer el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que contempla la perforación de pozos para extraer gas y petróleo, conocido como fracking, llamado eufemísticamente por la 4T “exploración de hidrocarburos no convencionales”.

La alerta entre las comunidades que serían afectadas en la huasteca potosina subió de nivel, luego de que a principios de julio se diera a conocer un oficio firmado por el representante legal de Pemex, Rubén Antonio Aranda Benítez, fechado el 27 de mayo en Villahermosa, Tabasco, en el que solicitaba el permiso de 17 alcaldías para guardar y usar explosivos.

La alarma se generó al identificar que los 17 municipios que recibieron la petición son los mismos que Pemex identificó como susceptibles de ser afectados por el fracking, técnica que estaría siendo sometida a consulta a un grupo de expertos, como lo ordenó la presidenta Claudia Sheinbaum, y del que hasta ahora se desconocen sus conclusiones.

Yesenia Jocabeth Antonio Pérez, del Comité Comunitario el Agua y del Servicio, Desarrollo y Paz (Sedepac), recuerda que para enfrentar la amenaza que representa el fracking en la huasteca potosina, más de 300 comunidades de la región han declarado sus territorios libres de fracking a través de asambleas comunitarias, documentos que tienen valor jurídico.

Unidos por el amor a la tierra

Recuerda que desde 2015 los pobladores tienen experiencia en evitar el avance del fracking, lo que ya se ha hecho en otras ocasiones en que se han bloqueado los caminos a maquinaria que pretendía explorar zonas que serían impactadas por la fracturación hidráulica.

“Nosotros estamos bien unidos por el amor a nuestra tierra, a nuestra cultura. Nos hemos informado y sabemos que nuestro territorio se podría contaminar, y eso nos preocupa”, dice Yesenia.

Ante la expectativa que existe por conocer el informe de expertos a quienes la presidenta Claudia Sheinbaum encomendó hallar un “fracking sustentable”, la defensora del territorio advierte que no es negociable la oposición de las comunidades indígenas de la huasteca potosina a la fracturación hidráulica.

“Lo único que podrían decirle a la presidenta es que el fracking no entra en la huasteca, todos estamos dispuestos a luchar porque sabemos lo que puede pasar. Hemos visto casos de derrames (de hidrocarburos) en los que Pemex no se hace responsable, y ahí está el problema, se sigue contaminando, y nos afecta en la salud, en los alimentos que consumimos porque no hay fracking sustentable, por eso le decimos a la presidenta que aquí no pasan”, reitera Yesenia Antonio Pérez.

La determinación de las comunidades indígenas de “poner el cuerpo” para defender su territorio está relacionado con “la cancelación del diálogo” con el Estado y la cada vez más estrecha posibilidad de utilizar la vía legal con esos fines, alerta Claudia Ignacio Álvarez, directora de la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas de la UNAM.

Purépecha originaria de Michoacán, Ignacio Álvarez es también integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos (RSDH), desde donde ha podido documentar el despojo y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas por la minería, por los productores de aguacate, por el crimen organizado y recientemente por agricultores de berries (fresa, arándano, frambuesa, zarzamora) de exportación.

La defensora hace un balance de la política de Estado que ha puesto en jaque a las comunidades indígenas, que han sido “desmovilizadas y desorganizadas” por la proliferación de programas sociales, como Sembrando Vida o las pensiones y becas.

“Todos esos programas han dividido a las comunidades, porque siempre son beneficiadas las que respaldan las tomas de decisión gubernamentales y terminan haciendo trabajo político electoral, y cuando llegan a imponerse los megaproyectos, las comunidades están muy divididas”, advierte Ignacio Álvarez.

“Lo que vemos en este gobierno y el anterior es que hay una mirada muy clara de buscar inversión extranjera como una vía para poder obtener recursos para el Estado. Hay una lógica de privatización del Estado que tiene ya muchos años ocurriendo y que ahora es muy evidente y está afectando los derechos de los pueblos.

“Esta alianza coordinada del Estado con las empresas permite una recaudación mayor de fondos necesarios para los programas sociales, que tienen una lógica político-electoral”, sostiene Claudia Ignacio.

La defensora apunta que si antes la vía del amparo era el mecanismo por el que se defendían los pueblos, cada vez es más complicado litigar ante las reformas judiciales y constitucionales, sin contar con el cierre de la interlocución política, lo que deriva en “poner en juego la vida”.

“Yo soy indígena, pero me hice defensora de derechos humanos en un entendido de que ampliaba las posibilidades de las comunidades, pero cada vez vemos que hay muchas comunidades, organizaciones y colectividades que están en una reflexión muy dolorosa de que no queda otra alternativa que poner el cuerpo, y cuando una lo asume, es porque sabes que las implicaciones pueden ser violentas y que en muchos de los casos va a ser, porque nos van a echar el crimen organizado, porque nos van a echar al Ejército, porque nos van a desalojar, porque la empresa va a mandar a su gente.

“Terminan siendo los costos muy altos para quienes defienden el territorio y ése es el escenario que estamos viendo, es el contexto en el que estamos, donde la violencia está ganando terreno a la democracia y eso no va a dejar nada bueno, de ahí que no toca más que llamar a los pueblos y comunidades a que dialoguemos entre nosotras, porque la interlocución con el Estado está muy limitada”, sentencia Claudia Ignacio Álvarez.