lunes 16 de noviembre de 2026

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La disputa entre TV Azteca y sus acreedores internacionales recuerda un episodio de 2007, cuando Ricardo Salinas Pliego y el empresario Massimo Covarrubias usaron el concurso mercantil de Grupo Fertinal para desviar 116 millones de dólares hacia empresas de papel en Suecia y Bélgica en perjuicio de acreedores. La maniobra fue validada por un juez y dejó a los acreedores comunes con quitas de 95%; hoy, los tenedores de bonos de TV Azteca temen que Salinas Pliego repita la fórmula: dar prioridad a créditos como el otorgado por AlterBank para vaciar la masa concursal antes de que ellos puedan cobrar lo que se les debe.

Los acreedores internacionales de TV Azteca advirtieron a la justicia de Nueva York que los operadores de la televisora de Ricardo Salinas Pliego pueden utilizar el concurso mercantil en México para eludir el pago de 680 millones de dólares que le reclaman, y señalan en particular la contratación de un crédito de 290 millones de dólares en enero último con un oscuro banco instalado en la isla de Santa Lucía llamado AlterBank.

En el concurso mercantil TV Azteca dio a ese crédito (más otro en nombre de una empresa mexicana llamada Numchi Servicios, que derivó de un crédito con Banco Azteca, otra empresa de Ricardo Salinas Pliego) prioridad sobre las demás deudas del grupo, que la empresa evaluó en total en 24 mil 858 millones de pesos.

Esas deudas incluyen nueve mil 178 millones de pesos –o 532 millones de dólares– que TV Azteca reportó como adeudo a los acreedores internacionales, reunidos en un fideicomiso en el Banco de New York Mellon, a quienes busca reembolsar solamente 10% de lo debido, según denunció el fideicomiso ante la justicia de Nueva York.

Esa maniobra, una de las que el fideicomiso denunció a principios de junio último –también señaló otros movimientos sospechosos de TV Azteca en el contexto del concurso mercantil–, hace eco a una operación similar orquestada por Ricardo Salinas Pliego y el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer en 2007 durante el concurso mercantil de la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal, y que terminó con el desvío de 116 millones de dólares de una póliza de seguro hacia empresas de papel controladas por Salinas Pliego en Suecia y en Bélgica.

En aquel entonces Fertinal estaba ahogada en deudas y llevaba cinco años en concurso mercantil; entre sus 154 acreedores destacaba Bancomext, institución a la que debía 61 millones de dólares. Bancomext tenía prioridad sobre los pagos de cualquier recurso que entraría en las cajas de la empresa, según el contrato de crédito celebrado en noviembre de 2000 por el banco de desarrollo del Estado.

Tras el paso del huracán Juliette, en septiembre de 2001, Fabio Covarrubias demandó a la empresa holandesa ING para cobrar la póliza de un seguro alegando que el huracán había destruido parte de una mina controlada por la empresa en Baja California. Covarrubias no pidió el valor de los estragos, de alrededor de 15 millones de dólares, sino el valor del monto total del seguro, por 300 millones de dólares.

Más allá de la historia rocambolesca del cobro del seguro (que incluyó una intensa campaña mediática de TV Azteca contra ING y la emisión de órdenes de aprehensión internacionales contra los directivos de la transnacional por parte de jueces locales en México), después de que un juez finalmente determinó que ING pagaría 116 millones de dólares a Grupo Fertinal, dos compañías de papel controladas por Salinas Pliego entregaron supuestos préstamos a la empresa por 228 millones 300 mil dólares.

En el concurso mercantil Grupo Fertinal dio a estos préstamos una prioridad sobre los acreedores “comunes” del grupo, a los que reembolsó con quitas de 95%, lo que encolerizó a varias de ellas, como Finanzas Monterrey, que denunció que la celebración de los contratos de crédito representaba “un fraude para los acreedores”.

El juez hizo caso omiso y validó la operación: los 116 millones 565 mil dólares de la póliza del seguro fueron a parar directamente en un fideicomiso (el número F470) que los dispersó hacia las compañías de papel de Salinas Pliego para reembolsar los préstamos supuestamente otorgados. El capítulo del concurso mercantil marcó el arranque de la historia de Salinas Pliego en Grupo Fertinal, la cual culminó con la compra de la empresa por parte de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por 635 millones de dólares.

Serias preocupaciones

Las decenas de documentos que los acreedores de TV Azteca entregaron a la jueza Barbara Moses, y que Proceso consultó, muestran que los tenedores de bonos temen que el equipo de Salinas Pliego realice una estrategia idéntica para evitar el reembolso de sus deudas.

Este caso empezó hace más de cinco años, cuando TV Azteca dejó de pagar los intereses de un bono de 400 millones de dólares que emitió con la sucursal del Bank of New York Mellon en Londres el 9 de agosto de 2017, con todas sus filiales en garantía.

Parte del dinero de este bono serviría para pagar un bono contratado en 2013, según indicó Norma Urzúa Villaseñor, directora del área de Fusiones y Adquisiciones de TV Azteca, en un escrito que entregó a la jueza Moses el 1 de junio último. En su carta, Urzúa explica que TV Azteca precisó, en la emisión de bonos, que sólo personas o entidades no estadunidenses podrían comprar los títulos, y ello “para evitar los riesgos de litigación en Estados Unidos”, ya que “TV Azteca estaba altamente expuesta ante las leyes federales bursátiles de Estados Unidos”, debido a un fraude muy sonado cometido en 2003 por Salinas Pliego y su entonces socio Moisés Saba con la deuda de su compañía Unefon.

En febrero de 2021 TV Azteca dejó de pagar los intereses del bono, lo que derivó en una demanda ante una corte de Nueva York. Aunque refrendó su disposición a negociar, TV Azteca emprendió una larga estrategia legal para evitar el pago –que incluyó un amparo otorgado por un juez de la Ciudad de México, que congeló el juicio durante tres años– y en agosto de 2024 incumplió con el reembolso de los 400 millones de dólares.

En noviembre de 2025 la justicia de Estados Unidos finalmente desechó la validez del amparo y obligó a TV Azteca a responder las acusaciones de sus acreedores internacionales, y en febrero último urgió a la televisora a terminar con la fase de evidencias para iniciar ya el juicio. Acorralada, TV Azteca anunció, el 26 de febrero, que su consejo de Administración había solicitado un concurso mercantil voluntario para “sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos”.

Los acreedores pegaron el grito en el cielo: el 5 de marzo último expresaron sus “serias preocupaciones” ante la justicia de Nueva York y advirtieron que TV Azteca podría utilizar el concurso mercantil para declararse en insolvencia, lo que le permitiría congelar sus bienes “para frustrar cualquier resolución del juicio sobre los bonos no pagados”.

En los documentos que entregaron a la justicia de Estados Unidos a lo largo de las últimas dos semanas, los acreedores denunciaron que TV Azteca se negó en reiteradas ocasiones a enviarles información en torno del concurso mercantil, que finalmente obtuvieron el pasado 14 de mayo vía un recurso ante la justicia de México.

Al analizar los documentos del concurso mercantil, los abogados de los acreedores se percataron de que TV Azteca había contratado un crédito de 290 millones de dólares con AlterBank, con un vencimiento temprano, apenas cuatro días antes de anunciar el concurso mercantil, al que dio varias garantías.

TV Azteca, por su parte, expuso que ese crédito tuvo la finalidad de pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los créditos fiscales que la empresa arrastraba desde años atrás, y que originaron la ruptura entre Salinas Pliego y los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. De los más de 32 mil millones de pesos de créditos fiscales determinados a las empresas de Salinas Pliego, le tocaron ocho mil 692 millones de pesos a TV Azteca.

Quita sustancial

Los acreedores denunciaron que el préstamo de AlterBank “podría ser una transferencia fraudulenta”, pues aseguran que esta “institución financiera alternativa” creada en 2023, con sede en la isla caribeña de Santa Lucía –donde tiene apenas tres empleados, ya que sus ejecutivos viven en Florida–, no tenía los fondos suficientes para otorgar un crédito de esta magnitud. Aparte, señalaron que AlterBank dio el crédito a TV Azteca pese a que la compañía había anunciado, apenas un mes antes, que no tenía liquidez para pagar sus deudas.

Respecto de AlterBank, los acreedores indicaron que su fundador, Juan Francisco Ramírez, había sido condenado por un caso de defraudación con otra empresa suya, llamada Nodus International Bank, y que su nuevo dueño, Augusto César Chávez Castillo, un venezolano radicado en México, “no tiene experiencia aparente en controlar una institución financiera”.

Los abogados del fideicomiso también aseveraron que no existe información sobre los activos que controla AlterBank, una compañía que ofrece, según su propia información, “productos de comercio internacional para empresas pequeñas y medianas”, y que las autoridades de Puerto Rico determinaron en 2024 que la empresa no tenía capacidad para recibir cualquier nuevo cliente.

Para los acreedores, la estrategia de TV Azteca con el crédito a AlterBank consistiría en “frustrar el pago de los bonos”, pues la televisora dio al crédito una prioridad superior a la de los bonos. “En caso de validarse, el préstamo reduciría el monto que el fideicomiso recibiría durante el concurso”, denunciaron.

De acuerdo con la propuesta de convenio preliminar de pago a acreedores, entregada por TV Azteca, se trata de un plan para pagar sus deudas con sus acreedores prioritarios con una tasa preferencial –incluso adelanta que contratará créditos contra la masa durante el concurso mercantil–, mientras que los demás, incluyendo los tenedores de bono, serán reembolsados “mediante una quita sustancial, que podrá alcanzar 90% del monto reconocido de dichos créditos”.

El escrito, presentado por Rafael Rodríguez Sánchez el 9 de marzo último, plantea que la propuesta busca “preservar a TV Azteca como negocio en marcha, proteger el valor económico de la masa concursal y maximizar la recuperación para los acreedores en términos reales y los miles de empleos y familias que dependen de (la televisora)”, y advierte que “la liquidación desordenada de la empresa resultaría en una destrucción sustancial de valor”.

De hecho, en la solicitud de concurso mercantil TV Azteca pidió al juez decretar 11 “providencias precautorias” para proteger a la televisora durante el proceso. Algunas de ellas parecen dirigidas a los tenedores de bonos –como la televisora solicitó la “suspensión inmediata” de cualquier embargo, la instalación de un candado impediría la ejecución de “cualquier garantía y/o gravamen suscrito”– y otras al gobierno mexicano, pues incluye la petición de prohibir la cancelación o cualquier afectación a las concesiones y permisos de la televisora.

El otro acreedor prioritario, según el documento del concurso mercantil presentado por los acreedores internacionales, es una empresa mexicana llamada Numchi Servicios, SA de CV, que recuperó un préstamo original de 109 millones de dólares otorgado por Banco Azteca a TV Azteca.

Eso caso resulta extraño, según los tenedores de bonos, quienes señalan que “TV Azteca está impugnando la transferencia del préstamo de Banco Azteca a Numchi, pese a que TV Azteca y Banco Azteca forman parte del mismo corporativo, lo que representa una razón más para sospechar que el préstamo fue fraudulento y/o diseñado para frustrar el reembolso de los bonos”.

Numchi Servicios es una empresa filial de otra compañía llamada Consultores Profesionales Corporativos, SA de CV, del empresario Rafael Maza Fernández, que recibió contratos por más mil millones de pesos del Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para realizar juicios de recuperación de cobranza. El hombre aparece como dueño de una veintena de empresas en diversos sectores, desde las cobranzas, la venta de alimentos hasta los desarrollos inmobiliarios.

Televisión Azteca III

Ante la corte de Nueva York el abogado mexicano Fernando Del Castillo, uno de los representantes de los tenedores de bonos, señaló que el concurso mercantil podría llevar a TV Azteca a vender sus subsidiarias para pagar a sus acreedores prioritarios, lo que abriría la puerta a una segunda estrategia para Salinas Pliego en su pleito con los acreedores internacionales.

En los documentos entregados a la justicia de Nueva York los acreedores señalan que años después de emitir sus bonos TV Azteca creó una nueva sucursal, llamada Televisión Azteca III, SA de CV, a la que entregó la concesión de la televisión abierta, el activo más valioso de toda la compañía, así como los bienes inmobiliarios de la televisora.

A diferencia de las demás sucursales, Televisión Azteca III no forma parte de las empresas que TV Azteca puso en garantía del bono, por lo que “el fideicomiso no puede reclamarle sus obligaciones derivadas del bono, incluyendo el concurso mercantil”, advirtieron los acreedores. “Otros acreedores de TV Azteca podrían aprobar un plan en el concurso mercantil que podría resultar en la venta de subsidiarias, como Televisión Azteca III o sus activos”, agregan.

En otras palabras: los acreedores advirtieron que TV Azteca podría aprovechar el concurso mercantil para vender Televisión Azteca III –con todo y la concesión de televisión– con tal de reembolsar los supuestos préstamos de AlterBank y Numchi, para luego declararse insolvente para reembolsar el bono, dejando a los acreedores con una empresa y sus filiales, que serían en realidad un cascarón.

En caso de suceder, esta estrategia haría eco a otro caso de antaño, el desmantelamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación, del que se benefició el grupo corporativo de Ricardo Salinas Pliego: años antes de que Gastón Azcárraga Andrade, dueño de Grupo Posadas y entonces propietario de la compañía aérea, solicitara el concurso mercantil en 2010, había separado los activos valiosos y los había vendido, con el objetivo de llevar a Mexicana de Aviación a la quiebra sin indemnizar a los trabajadores.

Durante esta maniobra Azcárraga creó cinco compañías de papel a las que transfirió las acciones de Mexicana de Aviación, y las vendió a Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, en diciembre de 2008, por 613 millones 487 mil pesos; durante los cinco años siguientes la compañía de Salinas Pliego vendió estas compañías de papel y reportó más de 27 mil millones de pesos de pérdidas en sus resultados contables para evadir el pago de impuestos, pretendiendo que las acciones valían una fortuna.

Como resultado de la venta de las acciones y de los demás bienes de Mexicana de Aviación, cuando la empresa suspendió sus actividades e inició su concurso mercantil, en 2010, ya no tenía activos ni liquidez, pero sí muchas deudas con proveedores y con sus trabajadores.