Dos periodistas asesinados en Poza Rica y una comunicadora privada de su libertad en el sur del estado durante el primer semestre del año confirman que Veracruz sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras advierten que los mecanismos de protección muestran fallas graves. La gobernadora Rocío Nahle descartó que los crímenes estén vinculados al trabajo periodístico de las víctimas, lo cual agrava la percepción de impunidad entre el gremio.
XALAPA, Ver.– El asesinato de dos periodistas de la fuente policiaca en el norte de Veracruz y la privación de la libertad de una comunicadora en el sur, ocurridos durante los primeros seis meses del año, evidencian que pese a los cambios de gobierno el estado mantiene una crisis en materia de libertad de expresión, panorama en el que coinciden organizaciones defensoras de periodistas.
Los mecanismos de protección muestran fallas y dejan al descubierto la vulnerabilidad del gremio frente al aumento de la violencia y la disputa entre grupos de la delincuencia organizada en varias regiones del estado, alertaron organizaciones como Artículo 19, el Observatorio de Medios y Reporteros sin Fronteras (RSF).
Veracruz se mantiene como una de las entidades más letales para la prensa, con 33 periodistas asesinados y siete desaparecidos desde el año 2000 a la fecha.
“Las últimas tres desapariciones en el país y ahora los últimos dos asesinatos han ocurrido en la entidad federativa”, denuncian Artículo 19 y RSF.
Encima de todo, sobre estos crímenes la gobernadora Rocío Nahle afirmó que la Fiscalía investiga los casos independientemente de la profesión de las víctimas, aunque advirtió que las líneas de investigación no están relacionadas con su trabajo periodístico.
Ésta es la situación que viven desde hace meses periodistas de la zona norte de Veracruz, quienes trabajan bajo un clima de miedo constante. Tras el asesinato de sus compañeros en Poza Rica han optado por acudir en grupo a las coberturas, mantenerse vigilantes entre ellos y dejar de cubrir hechos que consideran de alto riesgo.
Periodistas de la región, cuya identidad se reserva por razones de seguridad, afirman que el gremio enfrenta desde hace años una relación tensa con corporaciones policiacas, además de un contexto de violencia creciente en municipios como Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones y parte de Tuxpan, por la reciente disputa territorial entre grupos delictivos.
“Ya le pensamos para salir”, dicen al describir el ambiente que se vive en la zona norte, donde en los últimos meses se han registrado privaciones de la libertad, homicidios y hechos violentos a distintas horas del día.
Los cuidados se intensificaron en enero pasado, tras el asesinato del periodista Carlos Castro, ataque que fue grabado y difundido por los agresores en un conocido restaurante de Poza Rica. Castro había contado con medidas de protección brindadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en 2024, pero no fueron renovadas.
A su asesinato se sumó la desaparición de sus amigas Wendy Portilla y Karime Murrieta, quienes fueron vistas por última vez después de salir del sepelio y permanecen sin ser localizadas hasta la fecha.
Hasta ahora la Fiscalía informó que existen dos órdenes de aprehensión por el crimen del reportero, pero no hay detenidos.
Cinco meses después, el asesinato de Luis Ángel López Valdés, de 28 años, volvió a encender las alertas para el gremio. El reportero, quien desde hacía unos meses cubría la fuente policiaca para el periódico Vanguardia de Veracruz, había solicitado medidas de protección por la “presencia velada de sujetos con características sospechosas”.
El video de la agresión también fue filtrado. De acuerdo con la Fiscalía, Luis Ángel recibió 18 impactos de bala. Hasta ahora se mantienen dos líneas de investigación, y como en el caso de Carlos Castro, tampoco hay detenidos.
El día de su asesinato le correspondía cubrir la guardia nocturna, de las 16:00 a las 2:00 horas. Según la Fiscalía, el ataque ocurrió poco después de la medianoche, cuando Luis Ángel manejaba su taxi, al mismo tiempo que realizaba labores como reportero.
“Yo todavía recuerdo que le marqué y le dije oye, ten cuidado, los policías andan muy sobre de nosotros, muy prepotentes, muy altaneros. Él me dijo que sí, que iba a tener cuidado”, relata un colega reportero.
Para explicar el contexto en el que trabajan, entre el hostigamiento policiaco y el crecimiento de la inseguridad, un periodista recuerda que días antes del asesinato de Luis Ángel se registró un intento de agresión contra otro comunicador durante una cobertura en la colonia Santa Emilia: “Quisieron llevarse a un periodista también. Afortunadamente estábamos varios compañeros y no se logró”.
Poza Rica, zona de disputa
Para Luis Ramírez Baqueiro, presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Poza Rica es una frontera de disputa territorial entre dos actores ilícitos que ejercen presión contra el gremio periodístico para imponer sus narrativas, establecer zonas de silencio y definir la agenda informativa.
Considera que no es casual que los dos homicidios de periodistas registrados este año hayan ocurrido en esa ciudad.
Ramírez explica que el caso de Luis Ángel López Valdés se vinculó a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar vigilancia regular en su domicilio, mantener monitoreo preventivo y permitirle acceso a un canal directo de alerta.
Sostiene que las medidas no fallaron, pues fueron definidas con base en la necesidad que el propio periodista reportó: “Lamentablemente el riesgo era mayor al valorado en su momento, con base en la información que él proporcionó”, argumenta.
De acuerdo con la CEAPP, este año se han otorgado 20 medidas de protección a reporteros, al menos cinco de ellas en la zona norte. Sin embargo, periodistas beneficiarios consideran que estas acciones no son suficientes.
“Te dicen que te dan medidas de protección, pero en tu domicilio. Hasta los mismos policías te dicen que ellos no pueden pasar o estar al pendiente todos los días… Si bien te va, cada tres días se van a dar sus vueltas”, dice uno de los beneficiarios.
En la región, sólo el periodista Ricardo Villanueva, del periódico Presente Veracruz, cuenta con medidas de protección más duras. Villanueva fue secuestrado en abril de 2023 por hombres encapuchados y liberado horas después. Sus medidas fueron otorgadas por el mecanismo federal.
Ramírez reconoce que será necesario evaluar el funcionamiento de las medidas de protección otorgadas en Veracruz, así como posibles omisiones, fallas de coordinación o deficiencias institucionales.
El caso de Roxana Guzmán en el sur
Respecto de la comunicadora Roxana Guzmán, sustraída de su domicilio en Nanchital de manera violenta por un grupo armado, el titular de la CEAPP aclara que no existía una solicitud previa que permitiera valorar algún tipo de riesgo.
“A su mamá Rubicelia Ramírez y a su núcleo familiar se le dictaron medidas urgentes y provisionales y posteriormente se otorgaron otras para su domicilio, acceso al canal de alerta de seguridad, monitoreos preventivos y acompañamiento y asesoría jurídica”, explica.
Reporteros de la zona sur coinciden en que la comunicadora tenía varios años viviendo fuera de Veracruz y recientemente había regresado para iniciar una página de noticias.
Sayda Chiñas, periodista y actual presidenta de una asociación de periodistas de la zona sur, no describió una crisis generalizada en la región, pero sí reconoció que el gremio ha aprendido a cuidarse y a tomar decisiones preventivas antes de cubrir hechos de riesgo.
“Yo creo que ya aquí todos aprendimos a cuidarnos, a qué cosas ir a cubrir y qué cosas no, o cómo hacer las coberturas de manera segura”, expresa.
Falta de voluntad y una comisión en riesgo de desaparecer
Para la académica Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, quien ha estudiado la violencia contra la prensa en Veracruz durante varias décadas, los patrones registrados durante los gobiernos de Javier Duarte y Fidel Herrera no han desaparecido por completo.
“Ya no son tan evidentes. Sin embargo, persiste una actitud de indiferencia e incluso de sospecha por parte de las personas en el poder sobre los ataques a periodistas. Persiste la violencia simbólica desde las altas tribunas del poder, la cual se replica en todos los niveles de gobierno”, explica en declaraciones a Proceso.
Del Palacio advierte que la precariedad laboral de quienes trabajan en medios de comunicación sigue siendo grave, sobre todo en los lugares más alejados de la capital.
“La falta de preparación de quienes cubren temas sensibles los lleva a ponerse en riesgo. Se sabe que quienes son más vulnerados son aquellos que operan desde medios propios, digitales, o que publican en perfiles de redes sociales y que no tienen un perfil profesional claro”, señala.
Los recientes asesinatos de periodistas también abrieron un debate sobre la eficacia de la CEAPP, creada en 2012, tras los primeros asesinatos de periodistas en Veracruz.
Balbina Flores Martínez, representante de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, considera que la comisión debe realizar sus propias valoraciones y una revisión interna para explicar por qué siguen asesinando periodistas en la entidad.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, el diputado Esteban Bautista, dijo que el presidente de la CEAPP será llamado a comparecer para rendir cuentas sobre las medidas de protección ofrecidas a los reporteros de Poza Rica Carlos Castro y Luis Ángel López Valdés, asesinados este año.
Al debate también respondió la gobernadora Rocío Nahle, quien sostuvo que serán los propios periodistas quienes decidan qué hacer con la
comisión.
Cuestionado sobre las críticas, Luis Ramírez afirma: “Reestructurarla para volverla más eficaz, sí; desaparecerla, no, ya que erosionaría aún más los derechos a la libertad de expresión e información”.
Periodistas de la zona norte coinciden en que el debate no debe centrarse únicamente en desaparecer la comisión, sino en definir qué institución asumiría la protección del gremio y con qué capacidades.
“Mínimo ahí está la comisión. De lujo no, pero ahí está, y mínimo te contesta y te orienta legalmente. Ahora, si no están ellos, ¿quién queda? ¿En dónde nos acobijamos o a quién le marcamos?”, expresó un periodista de la región.
En el sur, Sayda Chiñas también rechazó la desaparición de la CEAPP: “No estoy en favor de que la desaparezcan porque es lo mínimo que tienen algunas personas… El tema ya se politizó, están metiéndole mano grupos políticos para golpear al gobierno. Eso pasa todos los años que se analiza esta situación”.
La académica Celia del Palacio coincide en que desaparecer la comisión sería un error.
“Lo ideal sería tener un organismo independiente del poder, con recursos que no salgan de las arcas gubernamentales –al menos no en su totalidad– y con capacidad de llevar a cabo la investigación de los casos”, dijo.
Recordó que existe una cifra cercana a 90% de impunidad en los casos de asesinatos o ataques contra periodistas, y hay varias fallas: “No se destina el dinero suficiente para atender los casos y en muchas ocasiones las personas que deberían proteger y defender derechos no están capacitadas para hacerlo”.








