El huachicol fiscal representa el más grande caso de corrupción no sólo en México, sino en América Latina: una red de contrabando de combustibles operada por militares, funcionarios, empresarios y cárteles que, durante el sexenio de López Obrador, causó pérdidas de unos 600 mil millones de pesos al erario. El estudio del consultor Ramsés Pech revela que la evasión de IEPS e IVA fue el principal mecanismo de daño, superando casos de fraudes como Cadivi en Venezuela y Lava Jato en Brasil. La promesa de “cero corrupción” fue rota por la Marina, Ejército y crimen organizado.
El huachicol fiscal, una red de contrabando de combustibles operada por oficiales de la Marina y el Ejército, funcionarios, agentes aduanales, empresarios, políticos y grupos criminales durante el primer gobierno de Morena, se ubica como el mayor caso de corrupción documentado en la historia reciente de América Latina.
Un estudio del consultor en temas energéticos Ramsés Pech calcula en 33 mil 500 millones de dólares, unos 600 mil millones de pesos, el daño causado por el huachicol fiscal a la hacienda pública de México durante el sexenio de López Obrador (2018-2024).
Ese monto supera las cifras de otros casos de corrupción a gran escala en Latinoamérica, como el fraude al Cadivi, el sistema estatal de administración de divisas en Venezuela (25 mil millones de dólares) y la Operación Lava Jato, en Brasil (12 mil 121 millones de dólares).
También es superior, en 900%, a la suma involucrada en la trama regional de sobornos y sobreprecios de obra pública de la constructora brasileña Odebrecht.
Una tabla elaborada por Proceso de los diez actos de corrupción que más daño fiscal han causado en América Latina este siglo expone que cuatro ocurrieron en México: dos durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012–2018) y dos en la administración de López Obrador, cuya promesa de “cero corrupción” terminó convertida en una contradicción difícil de ignorar.
Brasil figura en la lista con dos casos, y con uno aparecen Venezuela, Colombia y Argentina. A éstos hay que sumar el entramado de Odebrecht, que tiene dimensión regional, pues se extendió a varios países.
Las proyecciones de Pech sobre el daño financiero del huachicol fiscal se basan, principalmente, en la brecha que se produjo durante el sexenio de López Obrador entre las exportaciones de combustibles a México reportadas por Estados Unidos y las importaciones registradas en las aduanas mexicanas.
El cálculo del experto en mercados energéticos coincide con el de la procuradora fiscal mexicana, Grisel Galeano, quien en octubre último proyectó en una declaración a periodistas grabada en video por varios medios (https://www.facebook.com/watch/ ?v=1470991874117555) que el huachicol fiscal generó una afectación al erario de 600 mil millones de pesos, unos 32 mil 608 millones de dólares.
El caso estalló el año pasado, ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de que fuera decomisado en Altamira, Tamaulipas, un buque que, según un comunicado oficial, contenía 10 millones de litros de combustibles no declarados oficialmente en aduanas.
Esa cantidad es lo que Pech considera que ingresaba cada día a México en la modalidad de huachicol fiscal durante el sexenio pasado.
El experto en hidrocarburos señala que el principal daño a las finanzas públicas por el huachicol fiscal se produjo por la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), calculada en 29 mil 200 millones de dólares, y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ascendió a cuatro mil 300 millones de dólares.
“Entre 2019 y 2024 cada año se dejaron de pagar entre 98 mil y 121 mil millones de pesos (entre cinco mil y seis mil millones de dólares) de IEPS e IVA”, indica Pech, quien es director de Caraiva y Asociados, grupo que desarrolla proyectos energéticos en México, Estados Unidos y la Unión Europea.
Los cálculos de Pech tienen como fuentes, además de los reportes estadísticos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la Agencia Nacional de Aduanas de México, datos de instituciones mexicanas como la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El especialista en mercados de hidrocarburos señala que el huachicol fiscal durante el sexenio de López Obrador generó a México pérdidas anuales de más de cinco mil 500 millones de dólares, en promedio, y no sólo impactó los ingresos tributarios, sino la competitividad económica y la seguridad energética del país.
En la red criminal participaban de manera activa integrantes de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
Cultura de la corrupción
En el listado de los 10 mayores escándalos de corrupción en América Latina, que encabeza el huachicol fiscal, el segundo lugar lo ocupa, por su monto, el fraude a la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) de Venezuela, que según el exministro venezolano de Planificación, Jorge Giordani, costó 25 mil millones de dólares al Estado de ese país.
Durante los 11 años que operó ese sistema cientos de militares y políticos chavistas, empresarios y operadores de casas de cambio se volvieron millonarios de la noche a la mañana al colocar en el mercado, a tasas subsidiadas, la avalancha de dólares proveniente de la bonanza petrolera que vivió Venezuela entre 2002 y 2014.
Venezuela y México se caracterizan, a escala regional, por los altos niveles de impunidad de los políticos y funcionarios públicos implicados en casos de corrupción.
En Brasil, por ejemplo, la “Operación Lava Jato” llevó a la cárcel a dos expresidentes –Fernando Collor de Mello y Luiz Inácio Lula da Siva, quien luego sería absuelto y se reeligió como mandatario— y el caso Odebrecht envió a prisión a los expresidentes de Perú Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como a la líder opositora Keiko Fujimori.
En Venezuela el régimen chavista ha protegido a los principales involucrados en el caso Cadivi, incluso al general Manuel Antonio Barroso, quien dirigió el organismo entre 2006 y 2013.
El profesor de la Universidad de Chile Francisco Pino, quien desarrolla una investigación sobre indicadores de corrupción para la Red Anticorrupción Latinoamericana, dice que la impunidad en Venezuela es “caso aparte” por la naturaleza antidemocrática del régimen y porque un elemento de cohesión del chavismo es la libre extracción de recursos públicos.
Y agrega que en México los organismos de transparencia y rendición de cuentas “no están funcionando” o fueron eliminados por Morena en las reformas constitucionales de 2024 o están “capturados” por el partido oficial.
“Si las instituciones permiten la corrupción y si el poder político interfiere en la autonomía de los organismos, eso fomenta una cultura de mayor corrupción”, señala el doctor en economía de la Universidad de Boston.
Y en México ni siquiera el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán ha sido investigado por el huachicol fiscal, pese a que dos de sus sobrinos y oficiales de la Armada fueron piezas clave en esa trama, según la acusación de la Fiscalía General de la República.
Lista negra
El tercer mayor asunto de corrupción en América Latina, por su monto, fue la llamada “Operación Lava Jato”, un esquema criminal de sobornos, malversación de fondos públicos y lavado de dinero que involucró a empresarios, políticos, funcionarios públicos y directivos de la estatal Petrobras.
La Policía Federal (PF) de Brasil calculó el daño fiscal de Lava Jato (lavado de autos en portugués) en 42 mil millones de reales brasileños, equivalentes a 12 mil 121 millones de dólares de 2015, año en que se hizo el cálculo.
En el cuarto lugar de la lista de hechos de corrupción en América Latina aparece el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que tiene una dimensión regional, pues la red de sobornos a cambio de contratos de obra pública que articuló esa compañía se extendió a varios países, desde Argentina hasta México, pasando por Venezuela, Colombia y Perú, entre otros.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el monto de los sobornos y sobreprecios de las obras obtenidas por Odebrecht llegó, al menos, a tres mil 336 millones de dólares.
El quinto asunto de corrupción más oneroso para un país en la región es el del desfalco de dos mil 400 millones de dólares en el prepuesto público para ampliar e la Refinería de Cartagena (Reficar) en Colombia.
Le siguen la “Operación sin descuento” en Brasil, que afectó a miles de jubilados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por mil 195 millones de dólares y tres casos de corrupción pública en México: los de las empresas Segalmex y Agronitrogenados y “La estafa maestra”.
Los desvíos de fondos en la estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada por López Obrador para llevar alimentos baratos a la población, llegaron a 874 millones de dólares.
El fraude en Agronitrogenados y “La estafa maestra”, ocurridos en el sexenio de Peña Nieto, causaron daños al fisco mexicano por 760 millones de dólares y 383 millones de dólares, de manera respectiva.
La lista la cierra “La causa de los cuadernos”, un entramado de sobornos que operó en Argentina durante los gobiernos de los presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y que está cuantificado entre 160 millones de dólares y 220 millones de dólares.
El país con mayor afectación fiscal por los 10 casos de corrupción que aparecen en la lista es México, con 35 mil 517 millones de dólares, seguido de Venezuela (25 mil millones de dólares) y Brasil (13 mil 316 millones de dólares).
Luego aparecen Colombia (dos mil 400 millones de dólares) y Argentina (entre 160 millones de dólares y 220 millones de dólares).








