lunes 16 de noviembre de 2026

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Lo que comenzó como una promesa de confort y descanso se trocó en un laberinto legal y económico para decenas de jubilados extranjeros en Los Cabos. Mediante contratos de fideicomiso, Rancho San Lucas les prometió casas de lujo, pero los inmuebles presentan graves fallas estructurales, carecen de servicios básicos y los residentes deben pagar tarifas exorbitantes. Jennifer Lynn Hayes, quien invirtió más de dos millones de dólares, hoy libra una batalla legal contra Prime Real Estate of Cabo y Banca Mifel. De manera extraña, los casos se ventilan en tribunales de la Ciudad de México, donde los demandados han obtenido ventajas.

Extranjeros retirados, principalmente estadunidenses, pensaron que compraron casas de descanso a pie de playa en Los Cabos, Baja California, y en realidad terminaron envueltos en un fraude millonario en el que no son dueños de los inmuebles, pero sí están obligados a cumplir condiciones que incluso contravienen la Constitución.

Se trata de los residentes de Rancho San Lucas, Los Cabos, proyecto inmobiliario de lujo de la empresa Prime Real Estate of Cabo, SA de CV, propiedad de Grupo Rancho San Lucas, del fallecido empresario Francisco Ramón Bulnes Malo, hoy representado por su esposa, la estadunidense Holly Ann Regan, y el abogado Ruy Edgar Lara Diez.

El complejo inmobiliario promete a los interesados adquirir terrenos a pie de playa en Los Cabos para la construcción de casas de lujo. Sin embargo, el ambicioso proyecto ha presentado problemas de construcción y falta de servicios por los que, incluso, los residentes llevaron sus quejas ante el municipio de Los Cabos.

De acuerdo con documentación a la que Proceso tuvo acceso, el proyecto inmobiliario está enfocado en la “venta” de terrenos en los que Rancho San Lucas construiría casas de lujo a pie de playa.

Actualmente en Los Cabos hay 13 mil 428 residentes extranjeros, de los cuales 54.6% son estadunidenses (siete mil 331), de acuerdo con cifras difundidas por la Dirección Municipal de Turismo de dicho ayuntamiento.

En 2019 una de las clientas de Rancho San Lucas fue la estadunidense Jennifer Lynn Hayes, quien pagó más de dos millones de dólares por dos terrenos en los que, se le dijo, serían construidas sus casas de descanso y actualmente mantiene un litigio activo contra Prime Real Estate of Cabo y Banca Mifel en el que busca recuperar su dinero y evidenciar el fraude del que, afirma, fue víctima.

En Rancho San Lucas algunos residentes extranjeros se han quejado de la falta de infraestructura, servicios públicos y agua potable porque el condominio no cuenta con red de abasto y drenaje, lo que obliga a los residentes a contratar pipas para tener acceso a este servicio básico.

El suministro eléctrico no está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sino que, contrario a lo dispuesto por la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), Rancho San Lucas realiza los cobros a través de la Asociación de Condóminos The Estates emitiendo recibos de hasta 17 mil pesos mensuales por el servicio.

Por ello, desde el año 2022 la Dirección de Turismo del gobierno municipal, mediante la coordinación de Atención a Residentes Extranjeros, ha sostenido reuniones con representantes de diversos condominios de lujo en la zona playera, incluido Rancho San Lucas, para tratar de poner solución a la problemática.

La “compra”

Jennifer Lynn Hayes conoció a Holly Ann Regan porque una de sus amigas, también estadunidense, se la presentó y desde ese momento la empresaria y Gregory Todd Reisdorf, director del Proyecto Rancho San Lucas, le hablaron de la posibilidad de comprar su casa ahí.

Sin embargo, en México el artículo 27 de la Constitución prohíbe a los extranjeros adquirir terrenos a pie de playa.

“En una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas”, señala la fracción I de dicho artículo.

Esto quiere decir que no pueden ser dueños directos de tierras o aguas a pie de playa, por lo que, conforme a las leyes mexicanas, pueden hacerlo vía fideicomisos.

Es así como Prime Real Estate of Cabo logró promocionar sus terrenos y casas de lujo entre extranjeros mediante la firma de un fideicomiso en el que Banca Mifel, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, es el propietario real de los inmuebles y los extranjeros únicamente tienen derecho a utilizarlos como casa-habitación.

Ese tipo de operaciones comúnmente son conocidas como “tiempos compartidos” y, en el caso de Rancho San Lucas, son adquiridos por un periodo de 50 años prorrogables por cuantas veces quiera el interesado.

Así, el 22 de noviembre de 2019 Jennifer Lynn Hayes firmó un contrato de fideicomiso con Prime Real Estate of Cabo, al que pagó dos millones 360 mil 175.99 dólares americanos, esto es, 45 millones 433 mil 387 pesos al tipo de cambio de aquel entonces, para la construcción de una casa-habitación de dos pisos con alberca, terraza descubierta, cochera, jardines, patio interior, barda y andadores.

Jennifer no habla español, por lo que fue auxiliada por la traductora Miriam Angélica Ambrosio Briones, quien le fue designada por Holly Ann Regan y es representante legal de Primer Real Estate of Cabo, según consta en actas públicas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) consultadas por Proceso.

Luego de firmar el contrato, la traductora le indicó a Jennifer que cualquier asunto relacionado con la casa debía reclamarla a Banca Mifel por ser la responsable de mantenerla en buenas condiciones para ser habitable y que cada año el banco debía rendirle cuentas de la misma, y si no lo hacía ella debía solicitarlo incluso vía telefónica.

La ciudadana estadunidense afirma que la intérprete nunca le informó que el contrato de fideicomiso incluye la cláusula Calvo, disposición contenida en el artículo 27 constitucional, que establece que los extranjeros que quieran adquirir bienes o concesiones de explotación de minas o aguas mexicanas deben renunciar a la protección de su gobierno bajo pena de perder sus derechos o beneficios adquiridos.

El paraíso se trocó en infierno

En octubre de 2024 Jennifer Lynn Hayes demandó a Prime Real Estate of Cabo y a Banca Mifel debido a que una de las casas que compró está inhabitable por fallas en la construcción.

De acuerdo con la demanda, a la que Proceso tuvo acceso,  la casa no tiene buena ventilación, lo que causa la acumulación de humedad y generación de moho que pone en riesgo la salud de quien la habita; mala instalación eléctrica y de gas con riesgo de explosión; reblandecimiento de los cimientos por filtraciones de la alberca, y materiales de baja calidad, entre otros problemas.

“El inmueble es una verdadera pesadilla por todos los defectos que tiene la construcción y los materiales de ínfima calidad utilizados, que hacen imposible destinarlo para fines residenciales, dado que ni siquiera se puede respirar en el inmueble por toda la humedad existente, principalmente en las recámaras, baños, clósets, etc., entre tantos otros defectos”, relató en su demanda de rescisión del contrato de fideicomiso.

Como le fue indicado por la intérprete que le fue designada por Holly Ann Regan, Jennifer intentó comunicarle a Banca Mifel de los primeros desperfectos que detectó, pero le dijeron que debía arreglarlo directamente con Rancho San Lucas.

Mediante correos electrónicos la mujer reclamó a la constructora los vicios ocultos del inmueble, sólo fue atendida en una ocasión para una reparación y después las respuestas de la constructora sólo alargaron la situación.

Fue así como Jennifer buscó asesoría legal con los abogados José Antonio González y Hernán de Jesús Martínez Peña, quienes luego de revisar el contrato de fideicomiso le indicaron que ella no puede, por ley, realizar ninguna reparación en su casa porque perdería todos sus derechos.

Eso, debido a que realizar reparaciones o modificaciones son actos que sólo pueden hacer los dueños de los inmuebles y ella, conforme al contrato, no es dueña sino únicamente una “ocupante” de la casa. Y que, contrario a lo que le fue indicado por la constructora, debía exigirle a Banca Mifel realizar todas las modificaciones y reparaciones necesarias para hacer habitable la casa porque el contrato así lo indica.

“Son fines del presente fideicomiso: 1.- Que el fiduciario (Banca Mifel) conserve la propiedad del inmueble fideicomitido (la casa). 2.- Que el fiduciario permita a la fideicomisaria (Jennifer Lynn) el uso y aprovechamiento de los mismos sin concederle DERECHOS REALES, a fin de que los destine para FINES RESIDENCIALES”, señala el contrato de fideicomiso consultado por esta casa editorial en la cláusula Octava.

Los abogados advirtieron que el contrato incluye varias cláusulas que responsabilizan a Jennifer Lynn Hayes de realizar todas las reparaciones o modificaciones a la casa para mantenerla habitable, es decir, realizar actos que corresponden al propietario, aunque no tenga todos los derechos que normalmente tendría si fuera dueña del lugar. Ella afirma que jamás fue informada de la existencia de esas cláusulas.

“El tramposo contrato de fideicomiso todas y cada una de las obligaciones fiduciarias (de Banca Mifel) de manera inconstitucional e ilegalmente se le cargaron a la fideicomisaria (Jennifer Lynn), siendo que mi representada, por ser extranjera, carece de derechos reales sobre el patrimonio fideicomitido, es decir, carece de derechos de dueño sobre el inmueble”, comentó el abogado José Antonio González.

Para el 3 de abril de 2024 Jennifer solicitó por escrito a Banca Mifel hacerse cargo de todos los desperfectos, pero el banco nunca respondió y por eso decidió emprender acciones legales.

Para ello, aunque el fideicomiso se firmó en Los Cabos, Baja California (el inmueble objeto del contrato también está allá al igual que la constructora y el banco con los que Jennifer Lynn firmó), el documento establece en la cláusula 36 que en caso de conflicto legal se someterían a la jurisdicción de la Ciudad de México, es decir, al Poder Judicial encabezado por Rafael Guerra Álvarez.

La demanda de rescisión del contrato fue admitida a trámite por la jueza Décimo Primero de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México, Minerva Tania Martínez Cisneros, quien durante el juicio concedió ventajas a los demandados, razón por la que fue denunciada por los abogados de Jennifer ante la Fiscalía capitalina y ante el extinto Consejo de la Judicatura.

“En una audiencia en la que le indiqué a la jueza que está denunciada y que incluso ella ya había autorizado representantes legales, le pedí que se excusara porque no era posible que ella continuara conociendo del caso”, explicó el abogado José Antonio González en entrevista para Proceso.

En la denuncia contra la jueza, los abogados indicaron al extinto Consejo de la Judicatura que la jueza difirió una audiencia de manera ilegal para dar más tiempo a Banca Mifel de preparar una de sus pruebas.

“Cuando la apoderada legal del fiduciario le pidió a la jueza una prórroga para exhibir la pericial con la que afirmó no contar en el momento de la audiencia, prórroga que concedió de facto sin fundar ni motivar su determinación, violando flagrantemente el primer párrafo del artículo 1390 Bis 38 del Código de Comercio que ordena que la audiencia en ningún caso puede suspenderse ni diferirse por falta de preparación de las pruebas admitidas”, indica el escrito.

Aunque desde su demanda el representante legal de Jennifer Lynn indicó a la jueza que su cliente no habla español y que por eso le fue designada una intérprete para firmar el contrato de fideicomiso, en el juicio Primer Real Estate of Cabo ofreció una confesional, que es someter a un interrogatorio a la ciudadana estadunidense, pero al ofrecerla no asignó un perito traductor para poderla realizar.

Por ello, los abogados de Jennifer solicitaron a la jueza declarar desierta la prueba por no estar preparada, pero la juzgadora dijo que ella no tenía conocimiento de que la mujer no hablaba español, aunque en una audiencia anterior dijo haber leído toda la demanda en la que se informa que desconoce el idioma castellano, y de oficio le asignó un perito traductor para poder desahogar la prueba de la empresa.

“Otra indubitable prueba más de la parcialidad de la jueza en favor de los codemandados, particularmente de la mercantil fideicomitente (Prime Real Estate of Cabo), es que al desahogar una pericial en valuación del inmueble dicha parte no nos corrió traslado (entregó copia) de su avalúo, dejándonos en completo estado de indefensión para contradecirla y la jueza denunciada, violentando el principio de contradicción que rige la materia, dijo que viéramos el avalúo en la pantalla, incluso oficiosamente nos limitó el derecho de interrogarlo”, expusieron los abogados.

Actualmente la denuncia contra la jueza está en trámite ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la CDMX y la Fiscalía capitalina integra carpeta de investigación.

El caso fue enviado al juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral encabezado por el juez Armando Ramos Balderas quien, pese a las irregularidades cometidas por la jueza Martínez Cisneros que causaron la solicitud de su excusa, no revisó el proceso para corregir errores y se limitó a resolver con las pruebas que existían hasta ese momento.

Fue así que el 6 de noviembre de 2025 el juez absolvió a Prime Real Estate of Cabo y a Banca Mifel por considerar que Jennifer incumplió con la obligación contenida en el contrato de hacer las reparaciones y modificaciones que la casa requería para que funcionara de manera adecuada.

Esto, pese a por ley estaba impedida, según lo que explicó el abogado de Jennifer.

“Es legalmente imposible que pueda ser propietaria del bien inmueble fideicomitido por estar ubicado en zonas restringidas para extranjeros, por tanto, aunque hubiere querido hacerlo, está legalmente imposibilitada para disponer del bien inmueble, porque tan sólo lo detenta para los fines propios del fideicomiso, mismos que son estrictamente residenciales, por ende, la ‘pacta sunt servanda’ (obligación de quienes firman un contrato a cumplir con todas sus obligaciones pactadas), no puede colocarse por encima del principio de supremacía constitucional, contenido en la restricción que ordena el artículo 27”, comentó.

El abogado consideró que las irregularidades del caso son producto de la corrupción que, afirma, existe en el Tribunal Superior de Justicia capitalino.

“Ningún juez se atrevería a resolver contrario a constancias procesales sin su venia (de Rafael Guerra), bien seguro de su impunidad pues su esposa Verónica de Gyvés Zárate es magistrada del Tribunal Federal de Disciplina Judicial, un tribunal inconstitucional que incluso está por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, acusó.

Los abogados de Jennifer Lynn tramitaron un amparo directo contra la sentencia del juez Ramos Balderas, pero afirman tener el temor de que la relación entre el presidente del tribunal de la CDMX y la magistrada de Gyvés sea utilizada para manipular el asunto en el Colegiado para que le nieguen el amparo a su clienta, quien después de todo este tiempo no ha podido recuperar ni siquiera el monto inicial de su inversión.

Proceso buscó a Rancho San Lucas y a la juez Minerva Tania Martínez Cisneros para conocer sus posiciones sobre el caso, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Banca Mifel indicó que, debido a que su participación en el fideicomiso es el de titular formal de las casas de Rancho San Lucas, “no tiene participación alguna en las decisiones de desarrollo, construcción, operación ni prestación de servicios del financiamiento.

“Los beneficiarios del fideicomiso –en este caso, los compradores del inmueble– son los titulares de los derechos de posesión, uso, goce y disfrute de la propiedad, y asumen las responsabilidades relativas a su mantenimiento y operación conforme a los términos expresamente pactados en el Contrato de Fideicomiso”, respondió.