Entre contradicciones oficiales y silencios institucionales el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán permanece blindado por la Presidencia y la FGR, pese a que sus sobrinos fueron señalados como líderes de una red de huachicol fiscal. No obstante los audios que lo vinculan con denuncias internas y reuniones con mandos que terminaron asesinados, nunca presentó denuncia formal ni ha sido citado a declarar. La protección alcanza a figuras políticas como Adán Augusto López, mencionado por testigos, y revela la complicidad de funcionarios de diversas dependencias en un esquema que defraudó al fisco.
Entre la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la República (FGR) existe un cerco de protección en torno del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien, pese a saber que existía una red de huachicol operando al interior de la dependencia nunca denunció formalmente, además no ha sido citado a declarar como testigo y no forma parte de las líneas de investigación en el caso.
Desde hace dos años que se dio a conocer el asunto tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la FGR han caído en contradicciones sobre las razones por las que Ojeda Durán no es investigado por ese caso ni se le ha citado a declarar.
En septiembre del año pasado Alejandro Gertz Manero, entonces titular de la FGR, afirmó que dos años antes, es decir, en 2023, Ojeda Durán denunció “problemas” en diversas áreas de la Secretaría de Marina (Semar) y solicitó investigar a su personal, lo que llevó a descubrir la red de huachicol fiscal en la que sus sobrinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son señalados como líderes.
“Nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo lo íbamos a resolver; se empezó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo”, relató el entonces fiscal Gertz Manero en conferencia de prensa del 7 de septiembre de 2025.
Sin embargo, Ojeda Durán nunca presentó denuncia formal sobre la red de huachicol fiscal y la carpeta de investigación se inició hasta el 24 de julio de 2024.
En el mismo acto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de 14 personas, entre ellos marinos en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios, por supuestamente estar vinculados con el huachicol fiscal, quienes habían sido señalados luego de un decomiso “histórico” realizado en Tamaulipas en marzo de 2025.
Entre los detenidos se encontraba Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de Rafael Ojeda Durán, señalado de liderar la red que se dedicaba a traficar combustible etiquetándolo como aditivo para facilitar su traslado y reducir el costo arancelario, defraudando así al fisco.
Desde su detención y hasta la fecha, Farías Laguna ha afirmado que él no tiene nada que ver con la red y que fue vinculado a proceso por delincuencia organizada para cometer tráfico de combustible (huachicol) sin suficientes pruebas.
El 17 de febrero último el portal Aristegui Noticias difundió un audio en el que se escucha a Ojeda Durán hablando con el contralmirante Rubén Fernando Guerrero Alcántara, quien fue asesinado luego de denunciar la red.
En la reunión se escuchan otras dos personas que no han sido identificadas, pero la autenticidad de las voces de Ojeda Durán y Guerrero Alcántara ya fue verificada por la FGR y el material forma parte de la carpeta de investigación (Proceso, 12 de mayo de 2026).
La reunión fue concertada por el propio Fernando Farías Laguna –actualmente detenido en Argentina y en espera del inicio de su proceso de extradición–, a solicitud de Guerrero Alcántara, pues no podía acudir con su jefe inmediato, el entonces director de Operaciones Aduanales, Felipe Solano Armenta, quien supuestamente forma parte de la red criminal.
En el audio el exsecretario exige a Guerrero Alcántara un informe por escrito de las irregularidades que estaba denunciando.
“O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso, o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”, dijo Ojeda luego de escuchar la relatoría del contralmirante Guerrero.
Las reuniones entre los hermanos Farías Laguna y el contralmirante Guerrero son señaladas por la FGR en la carpeta de investigación como elemento para acreditar delincuencia organizada.
Eso, pese a que Fernando Farías Laguna le informó a su tío directamente por mensaje de texto sobre la existencia de un grupo de funcionarios y empresarios dedicados al robo de combustible.
El 12 de mayo último, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán no es investigado por la FGR porque él presentó una denuncia ante la propia Fiscalía contra la red de huachicol.
Sin embargo, ese mismo día fuentes ministeriales confirmaron a Proceso que el exmando naval nunca presentó ninguna denuncia formal sino que únicamente se reunió con Gertz Manero, como indicó el exfiscal en el año 2025, para hablar sobre las irregularidades al interior de la Marina y sobre el tráfico de hidrocarburos.
Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, ha dado a conocer en diversas ocasiones que la única denuncia que existe en la carpeta de investigación es una denuncia anónima que se realizó con un video elaborado con inteligencia artificial, titulado “Mx.pais.huachicol”.
Más involucrados
De acuerdo con el esquema de huachicol fiscal descrito por la FGR en la solicitud de orden de aprehensión contra los hermanos Farías Laguna y otras 11 personas, consultada por Proceso, la red no hubiera podido operar sin contar con la complicidad de funcionarios de otras dependencias.
Sin embargo, la investigación únicamente apunta a responsabilizar a funcionarios (en activo y retirados) de la Marina y de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Aunque la red podría llegar a las dependencias encargadas de emitir autorizaciones, ingresar el producto y supervisar que todo esté en orden, tales como la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), las unidades navales de Protección Portuaria y el propio Petróleos de México (Pemex), además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha tenido personal en las aduanas.
Según la investigación de la FGR, funcionarios de esas dependencias pudieron ser omisos en obligaciones cuando estaban ante algún procedimiento irregular.
Adán Augusto López, las menciones
Además del silencio gubernamental sobre el exsecretario Ojeda Durán, el mutismo también ha beneficiado al senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien tampoco ha sido citado a declarar ante el Ministerio Público ni siquiera como testigo.
El nombre del senador es mencionado por los testigos protegidos de la FGR por llevar relación estrecha con uno de los integrantes de la red de huachicol fiscal.
Sin embargo, ninguna de las menciones del tabasqueño lo señalan directamente como cómplice de la organización, pero tampoco lo deslindan por completo.
De acuerdo con la orden de aprehensión en el caso, los muelles fiscales principales utilizados para el arribo de los buques de combustible etiquetado como aditivo fueron el 289 y 290 del puerto de Tampico.
El muelle fiscal 289 estaba concesionado a Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño que impulsó la precandidatura presidencial de Adán Augusto.
La concesión fue otorgada a su empresa Tampico Terminal Marítima, constituida en junio de 2020, mes en el que obtuvo la concesión y que tiene como accionistas a Constructora Veasa, Multiservicios RYC, Acuitab y VOS Grupo Constructor, empresas en las que Vera Ochoa y sus familiares aparecen como accionistas, apoderados o administradores únicos.
Acuitab fue constituida en la notaría número 27, propiedad de Adán Augusto López Hernández, según documentos públicos.
De acuerdo con la declaración del extitular de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres Joaquín, testigo de la FGR, acudió en al menos 13 ocasiones a unas oficinas ubicadas en Plaza Laguna para recoger 1.7 millones de pesos que se le pagaban como sobornos para permitir la entrada de los buques.
Indicó que allí coincidió con un hombre de apellido “Capiterucho”, identificado como el responsable de recoger los sobornos que se pagaban al concesionario del muelle por permitir el atraque de buques.
Según los documentos consultados, Antonio Dávila Capiterucho era el administrador único de Tampico Terminal Marítima, empresa concesionaria del muelle 289.
En la carpeta de investigación el testigo identificado como “Santo” declaró a la FGR que el muelle fiscal 289 tenía como representante legal a Dávila Capiterucho, quien además coordinaba el arribo de los barcos en conjunto con ASIPONA.
“‘Capiterucho’ permitía el atraque de buques en el recinto fiscal 289 en donde se descargó la mezcla de hidrocarburo del buque OWL4. Asimismo ‘Santo’ señala que no recuerda el nombre del cesionario 289, sin embargo, un Almirante del Puerto de Tampico, Tamaulipas, le advirtió que tuviera cuidado con ellos, ya que estaban trabajando con miembros de la delincuencia organizada y que el dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández”, cita la FGR en la carpeta de investigación.
Según los testigos de la FGR, el muelle fiscal 290 fue cesionado a una empresa denominada Consorcio Integral de Comercio Exterior, SA de CV, que cuenta con dos registros ante el RPCC, uno en Veracruz donde aparece como socia de Administración de Servicios Comunes Portuarios, SA de CV, propiedad de Enrique Homs Quiroga y Ramón Gómez Barquín.
Y un segundo registro en Tamaulipas en el que sus accionistas son Alfonso Díaz de Vega, José Fernando Con y Ledesma, José Manuel Álvarez Cueto y Valentín Homs Rojo.








